Alexis Molina tenía apenas 10 años cuando su madre se salió abruptamente de su vida y en un abrir y cerrar de ojos su infancia entró en un torbellino. Se acabaron las tortillas con salchichas que lo recibían cuando regresaba de la escuela, las caminatas por el parque, los abrazos a la noche, cuando ella […]
Alexis Molina tenía apenas 10 años cuando su madre se salió abruptamente de su vida y en un abrir y cerrar de ojos su infancia entró en un torbellino.
Se acabaron las tortillas con salchichas que lo recibían cuando regresaba de la escuela, las caminatas por el parque, los abrazos a la noche, cuando ella lo acostaba. Este muchacho dulce tiene hoy 11 años y se pregunta por qué su padre llora tanto y por qué su madre no regresa a su casa.
«Fue a buscar unos papeles», cuenta al chico. «Y no regresó».
El padre de Alexis, Rony Molina, quien tiene una pequeña empresa de jardinería, nació en Guatemala, pero vive en Estados Unidos desde hace 12 años y sacó la ciudadanía. Alexis y su hermanito de ocho años, Steve, también son estadounidenses. Lo mismo que su hermanastra Evelin, de 19 años, pero su madre, Sandra Payes, estaba en el país ilegalmente y fue deportada a Guatemala hace un año y medio.
«¿Cómo puede ser que mi país no le permita a una madre estar con sus hijos, especialmente cuando son tan jóvenes y la necesitan?», pregunta Rony Molina. «Sobre todo teniendo en cuenta que son estadounidenses».
Es una pregunta que se hacen miles de familias en una época en la que las deportaciones han llegado a niveles sin precedentes y grandes cantidades de niños se quedan sin alguno de sus padres. Todo esto a pesar de que el presidente Barack Obama prometió que su gobierno deportaría únicamente a delincuentes y no separaría familias en las que alguno de los padres está en el país ilegalmente.
Casi 45.000 padres han sido deportados en los primeros seis meses del año, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (conocido por sus siglas en inglés, ICE).
Detrás de las estadísticas hay historias humanas desgarradoras: un bebé llorando que le es arrancado de sus manos a su madre y entregado a trabajadores sociales mientras esposan la madre, a quien un juez le retiró la custodia de sus hijos; adolescentes sollozando que ven cómo sus padres son sacados por la fuerza de sus casas; inmigrantes que desaparecen al caer en las redes de un sistema de detención que tradicionalmente los retiene en sitios alejados de sus casas, separados de sus familias por meses y que les niegan el contacto con los organismos sociales que decidirán el destino de sus hijos.
Al menos 5.100 niños que son ciudadanos estadounidenses viven con familias temporales en 22 estados, según el Centro de Investigación Aplicada, una organización de Nueva York que sigue estos casos.
Y una cantidad no determinada de estos niños son ofrecidos en adopción en contra de los deseos de sus padres, que, luego de ser deportados, generalmente no tienen nada que hacer cuando un juez estadounidense decide que los menores están mejor aquí.
Abogados especializados en temas de inmigración dicen que, a pesar del cambio de política del ICE, ven todos los días cómo se destruyen familias.
«No sabía lo que pasaba», cuenta Janna Hakim, al relatar lo sucedido una mañana de 2010, cuando fue despertada por fuertes golpes en la puerta de su departamento de Brooklyn. Era el primer viernes del Ramadán y su madre Faten, quien es palestina, estaba en la cocina preparando pastelitos que vende a negocios de la zona.
Janna, quien por entonces tenía 16 años, y sus hermanos nacieron todos aquí. Nadie sabía que su madre se encontraba en el país ilegalmente, ni que pendía sobre sí una orden de deportación capaz de acabar de un momento a otro con la vida confortable de toda una familia.
«Fue horrible, horrible», cuenta Janna al relatar que vio a su madre en un uniforme carcelario que no era de su medida, detrás de un vidrio en un centro de detención en Elizabeth, Nueva Jersey. Fue deportada tres meses después y su familia se desmoronó.
Un hermano de Janna de 13 años comenzó a orinarse en la cama, dijo la muchacha, y su hermano de 15 años se juntó con malas compañías y empezó a experimentar con drogas. Su padre, quien tiene una prótesis en una pierna y dependía mucho de su esposa, se tornó irritable y su madre, de vuelta en Ramala, donde vive de nuevo con su madre luego de 20 años de independencia, se desesperó. No podía dormir ni funcionar pues pensaba todo el tiempo en su familia.
«No soy una delincuente. Soy la madre de niños estadounidenses que me necesitan», dijo llorando por teléfono. «¿Cómo se explica que un país destruya familias así?».
Hay quienes dicen que toda la responsabilidad es de los padres, por haber ingresado al país ilegalmente, sabiendo los riesgos que iban a correr sus familias.
«Sí, son historias tristes», expresó Bob Dane, de la Federación por una Reforma Migratoria (Federation for American Immigration Reform), que postula mano dura con los extranjeros sin papeles. «Pero estos padres jugaron irresponsablemente con el futuro de sus hijos al ingresar al país ilegalmente, sabiendo que podían ser deportados».
«No deportarlos», sostuvo, «es premiarlos y se crean incentivos para que otros hagan lo mismo».
Otros, Obama incluido, dicen que separar a las familias está mal.
«Cuando madres que amamantan a sus hijos son separadas de sus pequeños, cuando los chicos regresan de la escuela y ven que sus padres se han ido… cuando sucede todo esto, el sistema no funciona y hay que cambiarlo», declaró Obama cuando se postuló por primera vez a la presidencia en 2008. Hace un año, dijo en Texas que habría que deportar únicamente a «personas violentas y gente convicta de algún delito, no a quienes simplemente tratan de sobrevivir».
El año pasado el ICE anunció una nueva política que daba discreción a los fiscales para que tomasen en cuenta factores como el tiempo que lleva una persona en el país, sus lazos con la comunidad y si esa persona tiene un marido, esposa o hijos estadounidenses antes de decidir si debe ser deportada.
«Eso nos dio mucha esperanza», manifestó David Leopold, asesor de la Asociación de Abogados de Inmigración (American Immigration Lawyers Association). «Ahora nos rascamos la cabeza preguntándonos dónde está esa discreción, pues nuestros abogados siguen viendo gente que es deportada pese a no tener antecedentes delictivos, incluidos padres de hijos estadounidenses».
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En el caso de Payes, luego de que su esposo Rony Molina se hizo ciudadano en 2009, un abogado de inmigración le recomendó a la mujer Sandra que se fuese a Guatemala, para que su esposo iniciase trámites para traerla al país legalmente.
Fue un consejo malo. Por más que no tenía antecedentes delictivos, le negaron la solicitud de visa. Desesperada, intentó ingresar a Estados Unidos otra vez ilegalmente con la ayuda de un coyote que le exigió 5.000 dólares, pero fue detenida en la frontera y deportada dos semanas después, en marzo de 2011.
Las personas que son deportadas y tratan de ingresar de nuevo ilegalmente son consideradas delincuentes y su retorno a su país de origen es una prioridad.
De vuelta en Guatemala vivió las mismas experiencias que tantos deportados: soledad, desconfianza y miedo en un país que a esta altura le resultaba extraño. Dice que su hermano fue secuestrado por individuos que pensaron que su esposo estadounidense debía tener dinero para pagar un rescate. Terminó yéndose a México, donde no tiene esperanza alguna y ha contemplado el suicidio.
«Quiero que me perdonen», declaró por teléfono entre sollozos. «Siento que me estoy volviendo loca. Extraño a mis hijos. No puedo vivir sin ellos».
En Stamford, mientras tanto, sus hijos también sufren. El menor llora todo el tiempo y el mayor se ha tornado irritable e introvertido. Un archivo del caso incluye testimonios de psicólogos y consejeros sobre la falta que les hace su madre, pero de todos modos le fue denegada una solicitud de visa por razones humanitarias.
«Todos los días ocurren tragedias como estas a medida que los padres son separados por la fuerza de sus hijos y desaparecen» de sus vidas, expresó Nina Rabin, profesora asociada de leyes en la Universidad de Arizona y quien el año pasado escribió el libro «Disappearing Parents: A Report on Immigration Enforcement and the Child Welfare System» (Padres que desaparecen: Informe sobre el servicio de inmigración y el sistema de cuidado del menor).
Rabin, quien es abogada de inmigración, dice que una de las peores experiencias de su vida fue presenciar la «cruel destrucción» de una familia mexicana a la que representó.
La madre, Amelia Reyes Jiménez, cruzó ilegalmente la frontera con César, su hijito ciego y paralítico a cuestas en 1995 para buscar una mejor atención médica para el pequeño, relató Rabin. Se radicó en Phoenix y tuvo otros tres hijos, todos ciudadanos estadounidenses. en 2008 fue detenida cuando su hijo incapacitado fue encontrado solo en su casa.
«Cuando me sacaron las niñas, pensé que me arrancaban el corazón», declaró durante una audiencia en un tribunal del servicio de inmigración. Contó cómo le arrancaron de los brazos a Erica, su bebé de tres meses, mientras los otros hijos, de 7, 9 y 14 años, gritaban «¡Mami!, ¡mami!».
Encerrada en un centro de detención, sin conocer sus derechos ni saber lo que sucedía con sus hijos, se declaró culpable de negligencia y a partir de entonces se pasó dos años luchando por conservar la custodia de sus hijos.
Dos veces los jueces de inmigración rechazaron el argumento de que «sus hijos sufrirían mucho si era deportada» y la mujer fue enviada de vuelva a México en 2010, dijo Rabin.
El año pasado le retiraron sus derechos de madre cuando un juez de Arizona dictaminó que no había hecho lo suficiente para reunir a la familia, algo que según Rabin era imposible en vista de que estuvo detenida por meses sin acceso a asesoría legal y sin que los servicios sociales le informasen acerca de lo que sucedía con sus hijos.
Los niños están en hogares temporales y seguramente serán ofrecidos en adopción. Reyes Jiménez trabaja en una fábrica de teléfonos celulares y llora constantemente por la pérdida de su familia.
Su caso está en un tribunal de apelaciones, pero Rabin dice que, suceda lo que suceda, la familia ya ha sido destruida.
«El caso de Amelia no es algo aislado. Todos los días pasan estas cosas», dijo Rabin.
Una de las razones de ello, afirmó, es la falta de coordinación entre las políticas de inmigración y de los servicios sociales, que generan «situaciones kafkianas» en las que padres e hijos son devorados por el sistema.
Muchos defensores de los derechos de los inmigrantes sin papeles recomiendan a esta población que planifique las cosas para la eventualidad de que sean deportados, dejando incluso poderes para que alguien se haga cargo de la custodia de sus hijos.
El ICE, mientras tanto, insiste en que hace lo posible por mantener la «unidad familiar».
«El ICE se esfuerza por evaluar los casos que puedan justificar el que una persona sea autorizada a permanecer en el país por razones humanitarias», afirmó la portavoz Dani Bennett. «En cuanto a los padres que son deportados, les corresponde a ellos decidir si se llevan a sus hijos o no».
Abogados de inmigración, no obstante, dicen que las cosas no son tan sencillas. Una queja frecuente es que sus clientes «desaparecen» y son enviados a centros de detención lejos de los sitios donde viven. Se les niega acceso a las audiencias en los tribunales de familia, a teléfonos y a abogados. Muchos inmigrantes sin papeles no conocen sus derechos ni saben que peligra la custodia de sus hijos.
Las leyes estipulan que los estados le quiten los derechos de padre a quienes están ausentes 15 de 22 meses consecutivos, y en algunos casos el plazo es más corto todavía. Ha habido ocasiones en las que los consulados de otros países interceden para que una persona deportada no pierda la custodia de sus hijos.
en 2007, Encarnación Bail Romero perdió la custodia de su hijo de seis meses Carlos luego de ser detenida durante una redada del ICE en una planta procesadora de pollos en Misuri. Mientras estuvo detenida, el bebé permaneció bajo la custodia de familiares y posteriormente fue adoptado, en contra de la voluntad de la madre, por una pareja luego de que un juez dictaminó que el pequeño estaría mejor allí.
«Ingresar ilegalmente a un país y cometer delitos en este país no son un estilo de vida que pueda ofrecer estabilidad a un menor», escribió el juez David Dally.
La Corte Suprema de Misuri determinó el año pasado que esa decisión fue «una farsa» y que no se habían seguido los procedimientos correctos para quitarle a la madre la custodia de su hijo. Se dispuso un nuevo proceso.
Si bien Bail Romero tiene una orden de deportación, el gobierno guatemalteco le consiguió un permiso temporal para que permaneciese en Estados Unidos y luchase por la custodia de Carlos, quien tiene hoy 5 años y ha sido rebautizado Jamison por sus padres adoptivos. La mujer esperaba llevarse al pequeño a Guatemala y criarlo allí con sus otros dos hijos.
«Soy la madre de Carlitos», le dijo a un juez de Green County.
En julio, sin embargo, se rechazó su solicitud. El juez dijo que la mujer había abandonado a su hijo.
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En Sparta, pueblo de montaña de Carolina del Norte, la familia de Felipe Montes encara una batalla similar. Cuando el servicio de inmigración deportó a este jornalero mexicano de 32 años, sus tres hijos -todos estadounidenses- quedaron bajo el cuidado de su madre, una mujer nacida en Estados Unidos que tiene trastornos mentales. Dos semanas después, los chicos fueron ubicados en hogares temporales.
Montes y su esposa quieren que los niños vivan con el padre en México, donde Montes trabaja en una granja que produce nueces y comparte una vivienda con un tío, una tía y tres sobrinas.
Pero los servicios sociales le pidieron a un juez que le retire la custodia de sus hijos aduciendo que los menores harán una vida mejor en Estados Unidos.
«No tomo, no fumo, no me drogo», dijo Montes. «Siempre cuidé a mis hijos, siempre les di cariño».
El cariño de un padre es apenas uno de los elementos que entran en juego. Incluso cuando los niños permanecen con sus padres, las cosas no son fáciles. A menudo no hablan la lengua de su nuevo país y se retrasan en la escuela. Por otro lado, deben acostumbrarse a un nivel de vida inferior al que estaban habituados.
«No tienen el mismo acceso a cuidados médicos y a una educación», expresó Aryah Somers, abogada de inmigración de Washington que se encuentra en Guatemala con una beca Fulbright, estudiando el efecto de las políticas de inmigración de Estados Unidos en los menores. «Sus padres no están en condiciones de comprar los alimentos a que estaban acostumbrados y vemos muchos niños estadounidenses malnutridos, viviendo en condiciones que serían inaceptables en Estados Unidos».
Dieciseis de esos niños estadounidenses viven en el poblado de San José Calderas, en Guatemala, en una extrema pobreza, recibiendo muy poca educación y cuidados médicos. Sus padres figuran entre los casi 400 inmigrantes sin papeles detenidos en una redada del ICE en una planta procesadora de carne en Iowa en 2008. Los niños están malnutridos y apenas pueden leer y escribir en español o inglés, de acuerdo con Somers.
Pero tienen algo con lo que sueñan sus primos: un pasaporte estadounidense que les puede abrir las puertas a un futuro mejor. En cuanto tengan la edad apropiada -10 o 12 años-, muchos de ellos serán enviados de regreso a Estados Unidos por sus padres y el gobierno estadounidense, dijo Somers, tendrá que hacerse cargo de las repercusiones sociales, médicas y psicológicas derivadas del hecho de que se tuvieron que ir del país.
Somers, quien lleva ocho meses en Guatemala, dice que se ha topado con cantidades de deportados que se tuvieron que separar de sus familias, incluidos muchos que no tienen antecedentes delictivos y que fueron deportados luego de que se anunció que el ICE adoptaría una política discrecional.
Describió el caso de una mujer de Los Angeles, víctima de violencia doméstica, que fue deportada este año cuando la policía intervino para poner fin a una riña en su casa. Desesperada por reunirse con su hijo de 3 años, quien es ciudadano estadounidense, la mujer se fue a México, desde donde se propone intentar ingresar ilegalmente a Estados Unidos otra vez.
Somers dice que le recomendó no hacerlo, pero que la entiende. «¿Quién puede culparla?», preguntó. «Está frustrada, destruida».
Hay algunos indicios de que las cosas pueden estar cambiando. Somers dice que ha oído de casos en los que agentes del ICE suben a aviones que van a trasladar a deportados y sacan a personas que vinieron al país de niños y estudiaron. Acatan así la orden ejecutiva de Obama de junio, según la cual las personas que vinieron al país ilegalmente de niños y no tienen antecedentes penales pueden permanecer en el país y trabajar.
La secretaria de Seguridad Interior Janet Napolitano dijo que esa política es parte de un cambio mayor y que en el futuro el gobierno se enfocará en deportar a las personas violentas o que cometieron delitos.
En Chicago, Marilú González, coordinadora de la ofician de asuntos del inmigrante de la arquidiócesis católica romana, dice que ya vio un primer ejemplo de ese giro. Una mujer que vivía ilegalmente en el país fue detenida por manejar borracha y enviada a un centro de detención, pero no fue deportada, sino que se la liberó, con un monitor en un tobillo y sus hijos no fueron ubicados en hogares temporales, sino que los está cuidando una hermana que también se encuentra en el país ilegalmente.
«Esto no hubiese sucedido anteriormente. Hubiera sido deportada», comentó González, quien ha visto cientos de casos similares.
Por su parte Felipe Montes, el jornalero que quiere llevarse a sus hijos a México, recibió un permiso para permanecer en el país y pelear la custodia de los menores, aunque también debe portar un monitor en un tobillo.
De todos modos, apunta González, no hay consistencia en la nueva política ya que todo queda librado al criterio individual del agente del ICE y a mucha gente la parece particularmente cruel el que se considere prioritaria la deportación de una persona que regresó ilegalmente al país para estar con sus hijos.
La representante demócrata Lucille Roybal-Allard propuso una legislación que dificultaría el que se le quite a los padres la custodia de sus hijos. Dijo que le parecía «desgarrador el que en Estados Unidos, el status migratorio sea usado para separar permanentemente a las familias». Acotó que es «inhumano e inaceptable, sobre todo en un país que valora tanto la familia y la justicia».
Lucas da Silva, de 24 años, sabe bien el dolor que se experimenta cuando un padre es deportado. Recuerda vívidamente el día de 2009 en que su padre no regresó a casa luego de ir a su trabajo limpiando piscinas en Orlando, Florida.
«Hasta entonces, éramos una familia estadounidense normal», expresó. «Ahora, no sé si somos una familia».
Después de que su padre fue enviado de vuelta a Brasil, Lucas intentó ser el jefe de la familia, pero se sintió impotente ante el llanto de su hermana de 14 años, los sacrificios que hace su madre para sacar la familia adelante y el deterioro del matrimonio de sus padres.
Helen O’Neill es redactora nacional de la The Associated Press, basada en Nueva York. Puede ser contactada a través de features(arroba)ap.org.
«Todos están de acuerdo en que el sistema no funciona», dijo Lucas. «Pero nadie comprende que las familias también dejan de funcionar».