Aún en plena crisis sanitaria y con los efectos de la paralización de la economía debemos pensar en cómo favorecer la reactivación económica y la reconstrucción ante los daños actuales y futuros de esta pandemia.
La paralización económica está siendo muy diferente sectorialmente, pero en términos generales está provocando una reducción del PIB y de las rentas de muchas personas. También, de forma complementaria, está provocando un aumento de gasto público, incluyendo la Seguridad Social.
Por otro lado, hay una disminución de gases de efecto invernadero que también produce costes y algunas empresas han mejorado su situación económica, aunque sean las menos.
Cuando mitigue la pandemia es necesario reconstruir y sería oportuno que desde los poderes públicos, con limitados recursos, se pondere qué políticas sectoriales, de palanca, son las más adecuadas, qué ‘plan de recuperación integral’ se debe hacer. En todo caso, el déficit público será grande y éste podrá ser paliado, en parte, si se reducen algunos gastos públicos menos prioritatios, si hay una mutualización de costes en el seno de la Unión Europea, pero, no lo olvidemos, tendremos que ser generosos con otros países que también sufran la pandemia o que, en todo caso, tienen un nivel estructural de desarrollo económico y social peor que el nuestro.
Para dosificar el coste de esta crisis en el tiempo y para el conjunto de la sociedad será necesario contribuir fiscalmente a ello. Y aquí, puede haber una discusión sobre el ritmo o el grado de sufragar la necesaria reconstrucción. Pero, si partimos de lo que ya está establecido por nuestra Constitución, de lo existente en el marco fiscal europeo, hay alguna respuesta y algún reto a resolver.
Entendemos que la fórmula a afrontar no puede venir por un aumento de las contribuciones sociales, ni para las empresas o trabajadores, porque no favorecería el empleo (ni la competitividad), y que deben ser los impuestos (y la deuda púbica) los que faciliten la recuperación inclusiva. Los nuevos impuestos previstos para el año 2020, transacciones financieras y digital, se deben implantar. Es necesario, y solidario, aumentar los potenciales ingresos con un aumento de los tipos de IRPF y aumentar los tramos del mismo. Se podría aprovechar para simplificar el impuesto haciendo una sola tabla de tipos impositivos, independientemente de cuál fuera el origen de los ingresos. También, como varios tratadistas fiscales han señalado, generalizar el impuesto de grandes fortunas que en nuestro país, para no inventar nada nuevo, sería revitalizar el impuesto sobre el patrimonio con unos tipos mínimos y una base imponible común para el conjunto de las Comunidades Autónomas. Sobre los beneficios empresariales, no por el simple hecho de tener actividad, se debe subir también los tipos impositivos efectivos del impuesto de sociedades y quizá, beneficiar a las microempresas, reduciendo la posibilidad de ser gravadas mediante módulos que ahora se verían desfasados y eso sí, con control de caja.
Por último, un apartado sobre fraude y elusión fiscal. Además de ampliar la plantilla y medios de la Agencia Tributaria (con una media de edad que puede provocar su colapso o no hacer correctamente sus funciones) hay que aprobar unas leyes contra la elusión y las guaridas fiscales, también llamadas paraísos fiscales.
La Unión Europea establece que cada país miembro es soberano para tener su propio sistema fiscal. Eso promueve la competencia fiscal de los impuestos directos a la baja. Además, los acuerdos de doble imposición, normativas distintas, empresas pantallas, facturación o cargos o precios de transferencia intra filiales de multinacionales, sean o no digitales, son aprovechados por éstas, con la complicidad de gobiernos y Estados que obtienen otros beneficios, como Países Bajos, Luxemburgo, Irlanda,(…,) para no pagar impuestos significativos por sus beneficios en ningún sitio, gratificando a personas concretas, los accionistas, que no quieren contribuir al bien común.
La UE tiene que resolver qué quiere ser. ¿Va a tener políticas de compromisos mutuos, de defensa del bien común o mantendrá la elusión fiscal y sólo un mercado común? La Unión Europea tiene medios. Puede aplicar el artículo 116 del Tratado de la Unión, que dice “En caso de que la Comisión compruebe que una divergencia entre las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de los Estados miembros falsea las condiciones de competencia en el mercado interior y provoca, por tal motivo, una distorsión que deba eliminarse, procederá a celebrar consultas con los Estados miembros interesados.
Si tales consultas no permitieran llegar a un acuerdo para suprimir dicha distorsión, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, las directivas necesarias a este fin. Podrán adoptarse cualesquiera otras medidas apropiadas previstas en los Tratados.”
Pero, además, y mientras tanto, al igual que es legal y legítimo hacer público la lista de grandes deudores a la hacienda pública, en las cuentas de resultados e información no financiera debe estar explicitado que las empresas publiquen su operativa en los paraísos fiscales y su base imponible en el resto de los países y que sus malas prácticas puntúen negativamente en la contratación pública y en la valoración social.
Estas y otras acciones, que favorecerán a las pymes cumplidoras de sus obligaciones fiscales, servirán para mejorar la fiscalidad europea, mitigar el diferencial de presión fiscal -al igual que provisión de servicios públicos, incluyendo la sanidad pública-, que España arrastra de cerca de 6 puntos del PIB y favorecer una reconstrucción inclusiva.
Santiago González Vallejo. Unión Sindical Obrera. Plataforma por la Justicia Fiscal