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SOS Racismo estima que el 50% de las agencias no ofrecen pisos a la población extranjera

Recorrido de segregación inmobiliaria

Fuentes: Diagonal

Una investigación de SOS Racismo sobre vivienda e inmigración muestra un panorama de discriminación social fomentado por la Ley de Extranjería. La organización denuncia la estigmatización del colectivo. El acceso a la vivienda es probablemente el derecho básico más conculcado en el Estado español y también el más pervertido, después de décadas de especulación. La […]

Una investigación de SOS Racismo sobre vivienda e inmigración muestra un panorama de discriminación social fomentado por la Ley de Extranjería. La organización denuncia la estigmatización del colectivo.

El acceso a la vivienda es probablemente el derecho básico más conculcado en el Estado español y también el más pervertido, después de décadas de especulación. La vivienda libre está por las nubes, la de protección oficial es escasa e impone unas estrictas condiciones. Si para cualquier persona un techo es una necesidad esencial para desarrollar una vida plena, tener un espacio de intimidad y seguridad, para las personas inmigradas supone una ventana a buena parte del resto de sus derechos que limita la Ley de Extranjería. El empadronamiento permite acceder al sistema público de sanidad, educación y otras prestaciones, y demostrar el arraigo social: la principal vía por la que se regularizan las personas inmigradas sin papeles. Para reagrupar familiares la normativa también exige unas duras condiciones respecto a la vivienda.

Además de ese racismo institucional, las imágenes en los medios de comunicación de conflictos en barrios y escuelas identificados como guetos o de los llamados «pisos patera» estigmatizan aún más al colectivo y aumentan las actitudes de exclusión por parte de inmobiliarias y arrendadores. SOS Racismo Bizkaia organizó unas jornadas en Bilbao para abordar las diferentes caras de la discriminación en el acceso a la vivienda.

La organización antirracista presentó una investigación realizada a partir del análisis de anuncios de particulares e inmobiliarias, entrevistas en profundidad y una simulación: personas con acento autóctono y otras con acento extranjero llamaban para interesarse por anuncios de habitaciones en alquiler y contrastaban el trato recibido. Las conclusiones son contundentes: el 50% de inmobiliarias no oferta pisos a población extranjera; el 64% no los alquilan a inmigrantes, y en el 30% de las llamadas a anuncios la persona inmigrante recibía un trato diferenciado. Además, la mitad de arrendadoras imponía unas condiciones más duras a inmigrantes y el 45% les preguntaba por su país de origen. Entre otras dificultades, el estudio destaca el requisito del empadronamiento para solicitar una vivienda social, la exigencia de aval bancario y pago de fianza para alquilar un piso, y que las inmobiliarias sólo les ofrecen a las personas extranjeras una parte de su oferta. De fondo, el racismo estructural que provoca una Ley de Extranjería que «establece una dicotomía de ciudadanos de primera y de segunda, impide un acceso normalizado al mercado laboral e influye en el racismo social», recalcó Miguel Navarro, uno de los autores del estudio. Navarro enumeró algunas de las conclusiones de esa dinámica: crece la exclusión social y el ‘sinhogarismo’; la concentración en determinadas zonas de las ciudades y la figura estigmatizada del subarriendo. «Esa vulnerabilidad fomenta los abusos y refuerza la resignación el fatalismo», concluyó el integrante de SOS Racismo.

La segregación residencial fue uno de los temas más analizados en las ponencias. Al igual que Irene Molina, que se centró en el caso de Suecia, Juan Carlos Checa, profesor de Sociología de la Universidad de Almería, demostró con su análisis que, frente a la opinión mayoritaria, el racismo y las discriminaciones sutiles resultan más determinantes a la hora de formar guetos que los factores económicos y la preferencia de vivir junto a sus compatriotas.

Pedro Cabrera, sociólogo de la Universidad de Comillas, explicó las variables de exclusión residencial que exponen a las personas extranjeras a convertirse en sin techo. Además, criticó que en la intervención con personas en exclusión social severa se antepongan las políticas represivas a la asistencia social. El resultado, afirmó, es que la cárcel se convierte en el mayor proveedor de techo y comida para las personas con menos recursos.

 
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