Poblaciones y gobiernos se manifiestan contra la máxima autoridad de Washington. Aumenta la radicalización de las organizaciones de base.
Antes de tomar su primera decisión política desde la Casa Blanca, Donald Trump ya había recibido el mayor rechazo internacional que se recuerde contra un presidente de Estados Unidos recién asumido. El día siguiente de su investidura, la Marcha de las Mujeres convocada en Washington lograba replicarse simultáneamente en 70 países. A las concentraciones en Londres, París, Madrid, Bruselas, Atenas, entre decenas de ciudades europeas, se sumaron manifestaciones en puntos tan disímiles como México, Canadá, India, Australia o Kenia.
Para entonces, el 45º presidente de Estados Unidos todavía no había lanzado el decreto para prohibir la inmigración desde siete países de mayoría musulmana, ni confirmado que iba a completar la construcción del muro en la frontera con México, ni ratificado que se lo haría pagar a ese país. El movimiento de resistencia civil se masificó tras las órdenes migratorias y promueve movilizaciones y protestas en los próximos meses con réplicas en varios países.
Uno de los principales focos internacionales de protestas contra Trump es Londres. Justo cuando el eje Washington-Londres se vuelve fundamental por la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, decenas de miles de británicos salieron a las calles para repudiar las expresiones discriminatorias de Trump, el decreto migratorio contra los musulmanes y la anunciada visita de Estado que hará este año el flamante presidente. En sólo 24 horas se juntaron más de un millón de firmas para exigir que la primera ministra Theresa May no reciba a Trump.
México es el otro punto central de las manifestaciones contra el mandatario estadounidense. Sólo en un día bajo la consigna «Vibra México» se registraron marchas en 17 ciudades contra las políticas y declaraciones de Trump, cuyo eje fue el repudio a la construcción de la totalidad del muro fronterizo. Como en Gran Bretaña, las demandas también se trasladan al propio gobierno, que en el caso del presidente Enrique Peña Nieto agravan una situación ya de por sí extremadamente delicada por su desprestigio y la crisis económica y social que vive el país.
Los posicionamientos frente a Trump y sus medidas se han vuelto un tema de gran importancia para varios gobiernos y fuerzas políticas de distintos países. La relación con Rusia sigue navegando en aguas turbulentas luego del espionaje interno en el quedó involucrado el asesor de seguridad nacional Michael Flynn, obligado a renunciar antes de cumplir un mes en el cargo. Buscaba mejorar las relaciones con Moscú y encontró la férrea resistencia del poder estadounidense.
Otro ejemplo de los reposicionamientos frente a Trump fue el ofrecimiento del presidente Mariano Rajoy para ser «interlocutor» de Washington para América Latina, el Norte de África y Medio Oriente, que despertó un fuerte repudio dentro y fuera de España. La alcaldesa de Barcelona condenó la forma de actuar «servil» y «sin la menor dignidad» de su presidente. «Que quede claro: nosotros y nosotras no nos ofrecemos a colaborar cordialmente con Trump, sino con las redes de alcaldes, ciudades, mujeres, jueces, asociaciones, movimientos, artistas y profesionales de todo el mundo que se están organizando para resistirse a sus políticas», respondió Ana Colau. Partidos y dirigentes de otros países también se ven presionados a tomar posición de cara a sus poblaciones, o asumir el riesgo de mostrarse indiferentes.
El repudio generalizado a la figura de Trump tiene dos particularidades. Una es la hostilidad de la prensa liberal estadounidense, con el diario The New York Times y la señal televisiva CNN a la cabeza, que atacan al nuevo gobierno con una virulencia que no tiene antecedentes. Se apoyan en el rechazo mayoritario que manifiestan los propios estadounidenses: el 3 de febrero CNN dio a conocer una encuesta según la cual tras dos semanas en la Casa Blanca Trump tenía una desaprobación del 53% de los ciudadanos. Además, 60% se opone al muro y el 53% al veto migratorio.
El otro dato distintivo es el amplio arco ideológico desde donde se ataca a Trump. Defensores del libre comercio, sectores progresistas socialdemócratas, diversidad de organizaciones sectoriales, líderes políticos pro-estadounidenses, dirigentes que apoyan las guerras de Washington y organizaciones revolucionarias se entremezclan en una condena que parece unánime contra el mandatario estadounidense.
Resistencia interna
La orden migratoria de Trump, luego frenada tras sucesivas derrotas judiciales, permitió ratificar el clima social que se vive en el país desde que el presidente asumió en el cargo. Pero la inmigración no fue el único núcleo convocante de las numerosas acciones ciudadanas que tuvieron lugar en las principales ciudades desde el 20 de enero.
Las marchas contra el Presidente en su primer mes de gobierno coincidieron con el fuerte debate político sobre los secretarios (ministros) que lo acompañarán en su administración. Cientos de estudiantes universitarios y secundarios salieron a las calles para sumarse al rechazo de las políticas migratorias y, además, contra las propuestas educativas de Trump. La secretaria de Educación, Betsy DeVos, pasó ajustadamente el filtro del Senado gracias al voto de desempate del Vicepresidente. Sin antecedentes en políticas educativas y cuestionada por su rechazo a la educación pública, fue rechazada por todos los senadores demócratas y dos senadoras republicanas. Tom Price, el nuevo secretario de Salud y encargado de desmantelar el sistema Obamacare, también pasó ajustadamente el filtro del Senado con 52 votos a favor y 47 en contra. Ambos pasaron a integrar la lista de ministros nominados con menos apoyo en la historia estadounidense.
Cada vez que Trump decidió viajar a Palm Beach, su lugar elegido de descanso, fue recibido con manifestaciones de protesta. Allí se realizó una «Marcha por la Humanidad», para rechazar su presencia en la gala anual de caridad que organiza la Cruz Roja y advertir a esta institución que estaba compartiendo una cena con quien dispuso el cierre de fronteras a los refugiados y la destrucción del sistema de salud que, según denunciaron, dejará a 30 millones de estadounidenses sin seguro médico.
Por esos días se confirmó que varios jugadores de fútbol americano del equipo de los New England Patriots, campeones del Super Bowl, se negaron a visitar al Presidente y rompieron con una tradición según la cual la Casa Blanca invita a los equipos que ganan cada una de las grandes ligas deportivas del país. No fue un hecho menor: el fútbol americano es el deporte más popular del país y la final fue vista por más de 110 millones de personas.
A este cuadro se agregan las contundentes expresiones de rechazo de la gran mayoría de intelectuales y artistas estadounidenses, particularmente de actores y actrices de Hollywood conocidos en todo el mundo. Premiadas figuras como Robert de Niro, Meryl Streep, el director Michael Moore y muchos otros tomaron un papel activo y militante contra el nuevo mandatario al participar en actos públicos y campañas audiovisuales.
Agenda cargada de manifestaciones
Se espera que una de las convocatorias más importantes del primer semestre del año sea la «Marcha de los inmigrantes» del 6 de mayo. Unas 120 mil personas han confirmado su asistencia a través de las redes sociales bajo la etiqueta #WeAllBelong («Todos pertenecemos»). Sus organizadores aseguran que los estadounidenses no serán «intimidados por los ataques contra los inmigrantes y contra los que buscan oportunidades en el país».
El 22 de abril, Día de la Tierra, se movilizará la comunidad científica para denunciar que Trump «ignora la ciencia para perseguir agendas ideológicas que ponen en peligro el mundo». La marcha incluirá evidencias del cambio climático que el Presidente considera falsas. La Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia (Aaas), que publica la revista Science, pidió a Trump que incluya en su Gobierno a científicos «creíbles» y no «individuos que rechazan la evidencia científica en asuntos de crítica importancia pública como las vacunas y el cambio climático». Buena parte de la comunidad científica y activistas ecologistas se opusieron a la designación de Scott Pruitt al frente de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) por sus lazos con la industria de los combustibles fósiles y su desconfianza sobre los efectos del cambio climático, concepto definido por Trump como una «estafa inventada por China».
Una semana antes, el 15 de abril, se esperan varios miles de personas frente a la Casa Blanca para exigirle a Trump que haga públicas sus declaraciones de impuestos, como han hecho otros mandatarios tradicionalmente. Otros colectivos sociales se movilizan a diario para reclamar por sus derechos recortados tras la llegada de Trump.
El mandatario afirmó que respeta el derecho de protesta, pero en su cuenta de Twitter calificó a sus promotores como «anarquistas profesionales, matones y manifestantes pagados». Insistió en que «como Presidente, no tengo otro deber superior que proteger al pueblo estadounidense (porque) los terroristas radicales islámicos están decididos a atacar».
Una de las organizaciones de veteranos de guerra más grande del país advirtió sobre las consecuencias de las medidas contra los países de mayoría musulmana. «Tenemos hermanos y hermanas iraquíes que pelearon a nuestro lado. Y ahora se les ha cerrado la puerta de Estados Unidos en las narices. Es inmoral y es malo para nuestras tropas (que ahora) recibirán menos ayuda de los habitantes locales», dijo Paul Rieckhoff, fundador de la organización Veteranos de Irak y Afganistán (Iava), que reúne a 400 mil ex combatientes de las guerras posteriores a los atentados de 2001.
En la misma línea se expresaron dos ex secretarios de Estado, John Kerry y Madeleine Albright, además de varios ex altos funcionarios de seguridad nacional, entre ellos León Panetta, ex jefe de la CIA y del Pentágono. «El veto de Trump -sostienen- puede poner en peligro a las tropas de Estados Unidos».
Juegos de poder
Los gobiernos de varios estados también reaccionaron contra las primeras medidas de Trump. El fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson (demócrata), interpuso una demanda contra la orden ejecutiva sobre migración y refugiados y fue el primer Estado en dar ese paso. Ferguson es uno de los 16 fiscales estatales que a fines de enero suscribieron una carta en la que califican la orden de Trump como «inconstitucional, antiestadounidense e ilegal».
Lo mismo sucede con el estado de Minesota, también gobernado por demócratas, que alega que el veto de Trump supone un ataque a la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, donde se protege la libertad religiosa. Idéntico criterio utilizó para la demanda el Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses.
La fiscalía general del estado de Nueva York se unió a la iniciativa con el argumento de que «la orden ejecutiva del presidente Trump no sólo es inconstitucional y fundamentalmente antiamericana, sino que perjudica profundamente a nuestras familias, economía e instituciones educativas y de salud». El fiscal Eric Schneiderman dijo que «es clara» la intención de Trump «de discriminar a los musulmanes» y recuerda que en el 22,5% de los habitantes del estado de Nueva York (equivalente a más de 4,4 millones) son nacidos en el extranjero. De ellos, 15 mil personas provienen de alguno los siete países afectados con la prohibición: Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Irán y Yemen.
Otra demanda fue hecha por el fiscal general de San Francisco, Dennis Herrera, en nombre del alcalde de esta ciudad. Herrera denunció que Trump retiró los fondos federales a las que llama «ciudades santuarios», por tener normas más tolerantes sobre la deportación a los inmigrantes indocumentados. Es el caso de San Francisco, Los Ángeles, Chicago y Nueva York, entre otras. Por la misma razón Trump acusó al estado de California de estar «fuera del control» y amenazó con retirarle fondos federales en caso de que se declarase un «estado santuario».
Los demócratas también hacen su juego político y se acomodan rápidamente en su rol de oposición. Legisladores se movilizan con el argumento de «recuperar la decencia del país» y motorizaron varios proyectos de ley para bloquear las órdenes ejecutivas de Trump y realizar presentaciones ante la Justicia. Más de 100 diputados de la Cámara de Representantes advirtieron al secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, que del veto «depende la vida y el bienestar de muchos individuos y las alianzas con gobiernos extranjeros para combatir el terrorismo». También la Asociación de Abogados de Estados Unidos, que cuenta con más de 400 mil asociados, pidió a Trump retirar la orden contra ciudadanos extranjeros.
Sin dudas una de las demandas contra el veto migratorio que más sorprendió fue la de las principales compañías tecnológicas de Estados Unidos, entre ellas Apple, Facebook, Google, Netflix y Microsoft, que advirtieron a la Justicia sobre las consecuencias que tendría en su producción el decreto antinmigración. La presentación señala que la orden presidencial dificultará «reclutar, contratar y retener a algunos de los mejores empleados del mundo».
Acatar o irse
La disputa institucional alrededor de las decisiones del mandatario tuvo su primera víctima cuando Trump despidió a fines de enero a la fiscal general interina, Sally Yates, por afirmar que no estaba «convencida» de que la medida antinmigrantes «sea legal». También relevó de su cargo al director en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) puesto en el cargo en 2012 por Barack Obama. Seis mil de los 20 mil empleados del ICE se dedican específicamente a deportaciones. Trump anunció que contratará 10 mil nuevos agentes.
El último día de enero alrededor de mil diplomáticos estadounidenses de todo el mundo firmaron un documento para protestar contra el veto porque «amargará inmediatamente las relaciones en buena parte del mundo musulmán que considera que la prohibición ha estado motivada por la religión». La respuesta del Gobierno frente a todos estos casos fue: acaten la orden del Presidente o renuncien a sus cargos.
Unos días más tarde el Senado confirmó al legislador republicano Jeff Sessions como fiscal general. El hombre es conocido por sus posiciones radicales contra las minorías y los inmigrantes. De su paso como fiscal para el distrito sur de Alabama (1981-1993) los demócratas le recordaron sus comentarios racistas y sus persecuciones judiciales contra los defensores de los derechos civiles de los afroamericanos. Desde el Senado -fue representante de Alabama por 20 años- confrontó contra los proyectos legislativos que pretendían encauzar legalmente a 11 millones de indocumentados que viven en el país. Se opone al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo y está a favor de la mano dura contra las pandillas y el narcotráfico. También se opuso al decreto de 2012 mediante el cual Barack Obama estableció el programa de Acción Diferida (Daca) que frenó la deportación de 750 mil jóvenes que llegaron al país siendo niños. Trump y Session prometieron eliminar este programa.
Otro aporte en el mismo sentido fue la elección del juez conservador Neil Gorsuchpara, vinculado a la derecha cristiana, antiabortista y defensor de la pena de muerte, para ocupar un cargo vitalicio en el Tribunal Supremo. Con él, el máximo órgano judicial volverá a tener mayoría conservadora.
En febrero el secretario de Seguridad Nacional se paseó por la frontera con México para estudiar el proyecto de construcción de los tramos faltantes del muro y felicitó a los agentes de la Patrulla Fronteriza con esta frase: «son quienes se ensucian todos los días haciendo el trabajo de la nación». El Presidente vincula todos los problemas de los estadounidenses (economía, narcotráfico, trabajo, violencia, corrupción) a los inmigrantes y azuza una mayor polarización social al interior del país.
Primeros impactos geopolíticos
Fuera de las fronteras, Trump genera el mismo repudio firme y diverso: trabajadores y sectores de las clases dominantes lo condenan desde distintas posiciones. Uno de los mayores peligros para Washington es que el rechazo al Presidente provoque una expansión del sentimiento antiestadounidense en poblaciones de distintas partes del mundo. En los países musulmanes eso será inevitable. Tras un breve período de distensión con Irán, el ayatolá Alí Jamenei respondió a Trump dando irónicamente las gracias por mostrar «el verdadero rostro de Estados Unidos».
La relación con Irán también se recalentó el 15 de febrero cuando Trump anunció que abandonaba la política de las últimas décadas de abogar por una solución de dos Estados entre Palestina e Israel. Ese día recibió en Washington al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y dijo que aceptará «una solución de uno o dos Estados», postura que abre un nuevo capítulo de confrontaciones internacionales.
Más allá de la situación particular surgida en torno a Rusia (ver Cortocircuitos…), para los gobiernos del mundo quedó en evidencia que las relaciones bilaterales con las nuevas autoridades de la Casa Blanca serán tensas y estarán signadas por la desconfianza. Según The Washington Post, en la primera conversación telefónica con el primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull, Trump lo reprochó por haber firmado «el peor acuerdo de la historia» sobre refugiados con Barack Obama, que obligaba a Estados Unidos a recibir inmigrantes provenientes de ese país; le dijo que era «de lejos la peor» conversación que había mantenido y colgó el teléfono a los 25 minutos de una reunión pautada para una hora. Australia es un aliado central para Estados Unidos.
Otro presidente cercano al país, el mexicano Enrique Peña Nieto, fue directamente humillado por Donald Trump. Luego que se pautara su visita a la Casa Blanca, el presidente estadounidense firmó la orden ejecutiva para la construcción del muro. Peña Nieto había decidido no cancelar el viaje, pero luego Trump publicó: «Si México no quiere pagar el muro, mejor que cancele su visita» y dejó al presidente mexicano sin opción.
Gobiernos de otros países cercanos a Washington, como Canadá y Japón, ya visitaron al multimillonario presidente. En la visita del japonés Shinzo Abe no hubo inconvenientes, aunque durante la campaña Trump había considerado que las relaciones comerciales eran desfavorables con ese país y necesitaban modificaciones. Sí hubo tensiones previas al viaje del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que había condenando enérgicamente el decreto migratorio de Trump contra países musulmanes y refugiados. Si bien en Estados Unidos el mandatario de Canadá eligió resaltar las visiones coincidentes en materia de economía y seguridad, no dejó pasar la oportunidad para destacar la bienvenida dada por su país a 40 mil sirios, días después de que su par estadounidenses frenara la recepción de refugiados.
Uno de los mayores cambios de Trump se produjo respecto de China. En campaña, había atacado reiteradamente la política económica del país asiático y tras ganar las elecciones se comunicó con la presidente de Taiwán (cuya independencia no reconoce China). Además, durante su presentación en el Senado, el canciller Tillerson amenazó con prohibir el acceso de China a las islas artificiales construidas en el mar del Sur de China, acción equivalente a iniciar una guerra.
Sin embargo, en una conversación telefónica mantenida con el presidente chino Xi Jinping en febrero, Trump se dio vuelta y se comprometió a respetar la política de «una sola China» (lo que implica negar la independencia de Taiwán). La reunión fue «larga y extremadamente cordial», según informó la propia Casa Blanca. Otra victoria de Pekín fue la salida de Estados Unidos del acuerdo comercial transpacífico (TPP), diseñado para quitarle espacio y mercados a China. Los países que iban a formar parte del acuerdo quedaron perplejos y Xi Jinping ya se prepara para ocupar parte del lugar abandonado por Washington.
Cambiante e imprevisible, Trump avanza con su hoja de ruta todo lo que puede. Las reacciones en su contra crecen dentro del país y tienen dimensión internacional. Con su gobierno comenzó también un período de mayor tensión, incertidumbre y desconfianza a nivel mundial.
Más jóvenes contra el sistema
Entre las múltiples consecuencias que provocó el triunfo de Donald Trump y su llegada a la Casa Blanca se destaca una mayor politización de millones de estadounidenses. Es sabido que organizaciones nacionalistas, ultraconservadoras y fascistas han crecido en los últimos años en los países desarrollados y que el triunfo de Trump tiene un núcleo de apoyo militante en la llamada «derecha alternativa», de posiciones xenófobas y racistas.
Menos conocido es el fenómeno que se ha desencadenado en las organizaciones políticas de izquierda, que experimentaron un rápido crecimiento ante el escenario planteado por el nuevo gobierno republicano. Con un activo papel en las protestas, distintas agrupaciones de Estados Unidos han recibido un creciente número de afiliados, particularmente de jóvenes.
Ya el año pasado, una encuesta de la universidad de Harvard difundida por los grandes medios había revelado que la mayor parte de la juventud estadounidense (de 18 a 29 años) rechaza el capitalismo (51%) frente a un 42% que lo apoya. Y un 33% aseguró que apoya el socialismo. El grueso de esos jóvenes apoyó durante las primarias al candidato Bernard Sanders, que levantó varias consignas de izquierda. Otro estudio de Harvard sobre el proceso electoral concluyó que «Sanders no está moviendo al Partido Demócrata a la izquierda, (sino que) hay una generación moviéndose a la izquierda», aunque agregó que hay más jóvenes que ahora se consideran «demócratas» gracias a él, que logró 14 millones de votos.
Alrededor de Sanders se formó un movimiento de lucha por un salario mínimo de 15 dólares la hora. También ganaron adeptos los reclamos de gratuidad de la educación en todos los niveles y por un seguro de salud pública, entre otras consignas clásicas de la izquierda que generaron entusiasmo.
La llegada de Trump a la Casa Blanca despertó en amplias franjas de la población la voluntad de asumir un mayor compromiso político-social y los jóvenes están a la vanguardia. Ahora las organizaciones anticapitalistas compiten con la socialdemocracia para captar a los nuevos militantes. La principal fuerza de la Internacional Socialista en el país, la DSA, pasó de ocho mil a 14 mil afiliados desde mayo de 2016 hasta enero, y en las dos semanas posteriores a la asunción de Trump sumó dos mil nuevos miembros. Algunos jóvenes que se integraron a la organización, citados por la prensa, declararon contra el capitalismo y reivindicaron el socialismo, pese a que la fuerza no combate el sistema. Agrupamientos revolucionarios como Alternativa Socialista, dijeron al medio Al Jazeera que desde la elección de Trump crecieron 30% sus afiliados. En el mismo sentido se expresaron desde el Partido Socialista de Estados Unidos y otras formaciones anticapitalistas, que vieron crecer la asistencia a sus actividades y captaron un renovado interés por la teoría marxista.
Si bien se trata de organizaciones pequeñas y sin peso nacional, la tendencia a organizarse en demanda de transformaciones sociales es evidente desde que estalló la última crisis económica y surgieron organizaciones como Occupy Wall Street y desde 2014 Black Lives Matter, que generaron muchas adhesiones entre los jóvenes.
En 2015 una encuesta de Gallup reveló que sólo el 38% de la población pensaba que los dos partidos del sistema hacían un «trabajo adecuado» y el 60% manifestó que es necesario un tercer partido político. La tendencia parece haberse profundizado tras el último proceso electoral.
¿Surgirá un nuevo partido de los trabajadores estadounidenses? La posibilidad parece lejana, pero las nuevas generaciones ya giraron a la izquierda.
Fuente: http://americaxxi.com.ve/index.php/news-item/repudio-mundial-a-trump-nota-de-tapa-de-marzo/