En una semana dos primicias veraniegas, fruto de dos formas diferentes de trabajo colectivo, mostraron una visión de los Estados Unidos que se aleja de la encantadora sonrisa de Barack Obama y nos retrotrae a los peores años de la siniestra pareja Bush-Cheney. La primera fue publicada el 19 de julio por el diario The […]
En una semana dos primicias veraniegas, fruto de dos formas diferentes de trabajo colectivo, mostraron una visión de los Estados Unidos que se aleja de la encantadora sonrisa de Barack Obama y nos retrotrae a los peores años de la siniestra pareja Bush-Cheney.
La primera fue publicada el 19 de julio por el diario The Washington Post, bajo el título de Top Secret America, y es el fruto de un trabajo de investigación de dos años realizado por un equipo de periodistas y colaboradores del periódico coordinados por Dana Priest y William M. Arkin. Se trata de una descripción exhaustiva del complejo sistema de inteligencia, seguridad y vigilancia que se desarrolló en los Estados Unidos a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001. El informe describe un conglomerado caótico e hipertrofiado compuesto por 1.931 compañías privadas y 1.271 agencias gubernamentales que cuentan con 10.000 localizaciones por todo el país y que emplean a 850.000 ciudadanos que disponen de autorización especial para acceder a materiales secretos. Mucha gente y muchos organismos que solapan sus funciones y que ha menudo desempeñan el mismo trabajo, sin que hasta ahora nadie haya tenido una idea clara de sus dimensiones, al estar en buena medida subcontratado y privatizado.
Días después Wikileaks publicó -en un sitio web especial y en los diarios The Guardian, The New York Times y Der Spiegel– miles de ficheros y documentos secretos procedentes del ejército estadounidense y que aportan información detallada sobre acciones militares e incidentes producidos en Afganistán entre 2004 y diciembre de 2009. Eso sí, desde el punto de vista de quienes participaron en los mismos, lo que explica que se suavice o se oculte la información más comprometida. Como se ha señalado, la filtración no aporta mucha información que no se supiera ya, aunque los documentos puedan facilitar la vía judicial a quienes denuncian los crímenes de guerra cometidos por los ejércitos de la OTAN. Y el mero hecho de que se haya producido dice mucho acerca de cómo están los ánimos en el ejército estadounidense después de que el general Stanley McChrystal forzara su dimisión como comandante en jefe de las tropas de su país y de la ISAF con su entrevista a la revista Rolling Stone.
Si bien en ambos casos no se transmiten grandes novedades sí que se aporta una visión de conjunto a una serie de hechos, nombres y datos que los medios suelen despachar de manera fugaz, inconexa y descontextualizada. Así, Top Secret America nos muestra hasta dónde llega el sistema de vigilancia y espionaje vigente en Estados Unidos (con esa mezcla de control social y negocio privado), mientras que Wikileaks hace lo propio con una guerra neocolonial que no dice su nombre. Ambos proyectos invitan a detenernos por un momento y a que entremos a indagar en la cotidianeidad de un poder que hoy en día se nos presenta de manera difusa. Con un límite evidente. El que marca la prensa corporativa, que pretende realizar una detonación controlada para influir mejor en las políticas gubernamentales. Por ejemplo, The Washington post reducirá el debate sobre la vigilancia a un problema de eficacia y eficiencia, no de libertades, lo que al final se ha vuelto en su contra, con una reacción ciudadana muy tibia. Y con respecto a la filtración de Wikileaks, la prensa se ha centrado… en Wikileaks.
Pero lo que podemos atisbar con ambos reportajes son dos caras -interior y exterior- de una misma moneda. El concepto que mejor legitima hoy esta violencia del poder es, cómo no, el del terrorismo o extremismo, y éste es un terreno en el que, retóricas aparte, la administración Obama ofrece una penosa continuidad con su predecesor.
En junio la Corte Suprema de los Estados Unidos confirmó, por seis votos a favor y tres en contra, la disposición de la Patriot Act según la cual cualquier ciudadano que ofrezca consejos legales o asista de manera no violenta a organizaciones calificadas por el gobierno como terroristas (las famosas listas negras) podrá ser procesado igualmente como terrorista al entenderse que aporta un «apoyo material» a dicha organización. En el caso que aborda la sentencia, se trataba de una pequeña organización californiana -la Humanitarian Law Project– que asesoraba al PKK y a los Tigres tamiles en materia de resolución de conflictos, derechos humanos y ayuda humanitaria. Según la sentencia, un abogado no puede elaborar informes sobre la violación de los derechos de kurdos y tamiles o las posibles alternativas legales en la resolución de un determinado conflicto armado si ha sido solicitado por las organizaciones proscritas. Tampoco podrá asistirlas en la formulación de peticiones o alegaciones dirigidas a organismos internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Según la Corte Suprema, para que se aplique esta prohibición hay que probar primero que la actividad de apoyo está coordinada o controlada por el grupo terrorista. «Pueden hablar y escribir libremente [acerca de los dos grupos], acerca de los gobiernos de Turquía y Sri Lanka, los derechos humanos y el derecho internacional. Pueden realizar peticiones ante las Naciones Unidas«. Pueden hacer todo esto siempre y cuando lo hagan por su cuenta y no a demanda de las organizaciones. Una limitación muy débil de la arbitrariedad estatal.
Quien representaba al gobierno frente a la Corte Suprema fue la Procuradora General Elena Kagan, que ha sido propuesta por Barack Obama nada menos que para el puesto vitalicio de Magistrada de dicho tribunal. Kagan resumió el espíritu de la norma de manera admirable: «Hizbulá fabrica bombas. Hizbulá también construye casas. Lo que el Congreso decidió fue que cuando ayudas a Hizbulá a construir casas, también estás ayudando a Hizbulá a construir bombas. Esta es la teoría que hay detrás de esta disposición.» Elena Kagan es la misma mujer que en 2009 afirmó, al mejor estilo Rumfeld, que quien sea sospechoso de financiar a Al Qaeda (como si ésta fuera una empresa o un partido político) debería someterse a las leyes propias de la guerra, lo que para Kagan y el gobierno implica la posibilidad de detención indefinida sin juicio e incluso los asesinatos extrajudiciales, aunque se encuentre en un lugar que no sea una zona de combate. O lo que es lo mismo, en cualquier lugar del mundo, incluyendo los Estados Unidos. En el buen entendido, claro está, de que el «enemigo» sea siempre lo que el gobierno decida que sea. O deje de serlo.
Fuente: http://www.javierortiz.net/voz/samuel/retratos-del-poder