La respuesta a esta pregunta por parte de los gobernantes israelíes, estadounidenses y otros más (de varios colores partidarios) es con franqueza que no. Ellos tienen que lidiar ahora con una pequeña contradicción ideológica: decir que Israel es un estado democrático, donde no hay discriminación ni ocupación, y contrastarlo con la realidad. Pero para eso están los mass media, el cinismo y la hipocresía.
Hablando de esto último, la Unión Europea dice que sí a la pregunta, pero no alumbran medidas efectivas para que eso sea posible. El responsable de Exteriores europeo, Josep Borrell, hace las declaraciones enésimas sobre que la prevista anexión de más territorios palestinos por la potencia ocupante aleja la viabilidad de dos estados, israelí y palestino, y la coexistencia pacífica. Pero no hay más. Ni corte de proyectos, ni dejar de tener comercio con las colonias o sanciones contra empresas, como la española CAF, que facilitan la ocupación.
El COVID 19 ha puesto un poco de visibilidad al drama palestino. Antes de declararse la alarma de la pandemia en la zona, los empresarios israelíes o de motu propio los trabajadores palestinos que trabajan en territorio israelí (o en las colonias, porque no tienen otra alternativa) entendieron que era preferible que no volvieran a sus hogares (cuestión que fue consentida) para que no peligrase la producción y también que se evitasen los contagios.
En esos momentos, se divulgaron las carencias sanitarias en los Territorios Ocupados Palestinos. El equipamiento y materiales sanitarios en Gaza, tras los ataques israelíes que han intentado llevar a la edad de piedra a este territorio con dos millones de habitantes, bloqueado desde hace más de trece años, son muy frágiles. Sólo hay 80 respiradores, generalmente ocupados por enfermos con patologías habituales. En Cisjordania están algo mejor pero el control territorial y el secuestro de las finanzas palestinas hacen depender de la arbitrariedad israelí su capacidad de tomar medidas.
Ya con el estado de alarma los israelíes expulsaron a los palestinos, sin acceder a las medidas de control de la temperatura a los trabajadores que regresaban que había dispuesto la Autoridad Palestina. Los colonos y las autoridades israelíes aprovecharon el confinamiento para destruir propiedades palestinas.
Contemporáneamente, el jefe de gobierno en funciones, Netanyahu, llegó a un acuerdo con el ‘centrista’ Gantz -general que lideró la matanza de palestinos de Gaza de 2014 con más de 2000 asesinatos- para formar una coalición, cuyo programa de gobierno, firmado también por el partido laborista, incluye la anexión del Valle del Jordán y más colonias y dejar las poblaciones palestinas inconexas, los bantustanes, empobrecidas. Estados Unidos lo ve como una decisión ‘interna’.
Acudir a la Corte Penal Internacional
Las respuestas palestinas y de los defensores de los derechos humanos e internacional son complicadas. La Autoridad Palestina, que coincide con la jerarquía de la OLP, cuya legitimidad proviene de los Acuerdos de Oslo, pretende que la comunidad internacional que apoyó Oslo sea coherente e infrinja sanciones al violador de los Acuerdos. El mantenimiento de esa institución y funcionarios sin poder dependientes de la arbitrariedad del colonizador y del cinismo europeo puede llevar a la inanidad y a la destrucción a la propia OLP por parte de los propios palestinos. La última carta de la AP es acudir a la Corte Penal Internacional acusando a Israel de crímenes de guerra. Alemania, Austria, Hungría y Chequia defienden ante la CPI que no existe Palestina y que no está legitimada la AP para demandar. Serán los mismos países, junto a otros europeos, que bloquearán cualquier medida sancionadora a este Israel que sigue profundizando la ocupación y la Nakba de todos los días.
Mientras, el 23 de mayo se produjo el primer muerto de coronavirus en Gaza, que lleva bloqueada 13 años con la anuencia y a la vista de todos.
Las organizaciones palestinas y las internacionalistas no tienen otra que el boicot a este Israel supremacista y apologeta del apartheid al que apoyan sus propios gobiernos
Santiago González Vallejo, Comité de Solidaridad con la Causa Árabe. Publicado originalmente en Mundo Obrero