En este artículo la autora condena el genocidio de los pueblos originarios tomando pie en hechos recientes.
En Roraima, en plena selva amazónica, un grupo de garimpeiros violaron a una niña de 12 años. Ella murió. También jugaron con un crío de tres años en un río, probablemente también muerto, mientras su tía del resistía a la agresión violenta. Amenazaron a una comunidad entera y la obligaron a abandonar su territorio. La aldea Aracaçá, en la que vivían cerca de 30 personas fue quemada y abandonada.
Los hechos fueron denunciados el día 25 de abril por Júnior Hekurari Yanomami, presidente del Condisi- YY, quién lo denunció ante la Policía Federal, el Ministerio Público Federal, la Funai y el Ministerio de Salud, pidiendo que se abriese una investigación sobre lo acontecido en la aldea Yanomami. Dos días después, la policía llegó al lugar de los hechos y encontró la aldea incendiada. Según informaciones recogidas por los agentes, fueron los propios indígenas quienes prendieron fuego al lugar, razón por la que no se pudo encontrar ninguna evidencia del crimen. Alegan, además, que hay un pacto de silencio entre los indígenas para que nada de eso sea relatado.
Puede ser que ellos hayan sido amenazados o que hayan recibido algún dinero para no denunciar el caso. Vale. No obstante, la realidad, el hecho probado, es que todos abandonaron sus casas. Con todo, ese no es un caso aislado en Brasil. No son de hoy las primeras denuncias presentadas contra acciones ilegales y criminales de los garimpeiros en las tierras indígenas, acciones que incluyen actos violentos y violaciones contra las mujeres.
La Hutukara Asociaçao Yanomami divulgó un informe titulado «Ataques a los Yanomami: garimpo ilegal en Tierra Indígena Yanomami y propuestas para combatirlo», en el que se denuncia que entre 2020 y 2021 el garimpo ilegal avanzó sobre más del 46% del territorio indígena. Comparando con el período de 2016 a 2020 hubo un aumento del 3.350%, un dato terrorífico. Además, según esa asociación, la extracción ilegal de oro y casiterita en las tierras indígenas ha provocado una explosión de los casos de malaria y de otras enfermedades infecto-contagiosas y un aumento de la contaminación por mercurio de los ríos. Asimismo, de acuerdo con los datos de la Fundación Oswaldo Cruz, el 92% de la comunidad de Aracaçá tiene elevados índices de mercurio en sangre. Es un proceso brutal de destrucción que tiene incorporada toda esa carga de la violencia contra las mujeres, que son abusadas y emborrachadas con la promesa de comida.
Las comunidades denuncian que desde mayo de 2021 la violencia creció en el territorio Yanomami, debido a la presencia de más de 20 mil garimpeiros que, incluso, entregan armas de fuego a los indígenas y fomentan las peleas internas entre ellos. Un niño fue secuestrado por un garimpeiro que alegaba ser el padre. Y no pasa nada. El estado simplemente se inmiscuye y deja que la violencia siga sin freno en los territorios.
Es oportuno recordar que desde el comienzo del gobierno de Jair Bolsonaro los indígenas han sido retratados como gente perezosa que necesita entrar en el mercado de trabajo capitalista y contribuir al progreso de la nación. Su cultura es desacreditada y sus tierras han sido sistemáticamente invadidas, a base de hacer la vista gorda ante los abusos de los grileiros [usurpadores de tierras] y los propietarios de minas ilegales. A lo que hay que añadir el intento de revertir el proceso de demarcación de las tierras ya delimitadas y paralizar otros procesos de demarcación. Las tierras indígenas son espacios que han sido extremadamente protegidos por sus habitantes originarios, por eso son tierras fértiles y ricas en minerales. Esa es la razón de toda esta codicia.
La táctica es la misma desde la invasión: armas, violencia, cooptación, promesas de bienestar y un sistemático proceso de división. Los informativos de la televisión informan de los casos de violencia, pero no generan conmoción. Son noticias cortas, sin contexto, como si no ese hecho no encerrase una completa historia de terror, muerte y destrucción. Tampoco se hace ninguna mención a la política de destrucción que, instaurada por el gobierno federal, hace inviable la fiscalización y no da mucha crédito a la investigación de los crímenes contra los indígenas.
La escena de una niña indígena, de apenas 12 años, siendo violada por garimpeiros, parece llegar al corazón de muy pocos. Es solo una india, una maria-ninguem [maria-nadie, referencia a la canción de Carlos Lyra]. La policía dijo que no encontró evidencias. Entonces, ya está. En 2019, 113 indígenas fueron asesinados; en 2020, el número ascendió a 182. Todo eso pasa diluido en las noticias del periodismo brasileño. Los que protestan son los de siempre: las entidades indígenas, el Conselho Indigenista Missionário y las instituciones de Derechos Humanos. Gritos al viento mientras crecen los Clubs de Tiro y avanzan los cazadores de oro y otros minerales bajo la protección de grandes fazendeiros [hacendados], empresas multinacionales y gobernantes.
Una Yanomami fue violada y asesinada en Roraima. Una niña. No es primera y no será la última si la sociedad no se levanta en lucha junto con las comunidades indígenas. No estamos ante una batalla de los Yanomamis o de los pueblos indígenas, es una batalla que nos concierne a todos nosotros. ¡Esto tiene que acabar!
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.