Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
En poco más de un mes, cientos de miles, tal vez incluso millones, de personas colmarán las calles en una ciudad tras otra, una localidad tras la otra, por todo EE.UU. Este 1º de mayo, marchas de trabajadores inmigrantes harán una importante demanda al gobierno de Obama: Termine con las políticas policiales draconianas del gobierno de Bush. Establezca una nueva política inmigratoria basada en los derechos humanos y el reconocimiento de las cruciales contribuciones económicas y sociales de los inmigrantes a la sociedad estadounidense.
Las marchas de este año continuarán la recuperación en EE.UU. de la celebración del 1º de Mayo, conmemorado en el resto del mundo como el día que reconoce las contribuciones y los logros de los trabajadores. Esa recuperación comenzó el lunes 1º de mayo de 2006, cuando más de un millón de personas repletó las calles de Los Ángeles, y cientos de miles más en Chicago, Nueva York y ciudades y poblaciones por todo EE.UU. El lº de Mayo en 2007 y 2008, inmigrantes y sus partidarios manifestaron nuevamente y marcharon en todo el país.
Una pancarta presente en casi cada marcha lo decía todo: «¡Somos trabajadores, no criminales!» A menudo estuvo en las manos endurecidas de hombres y mujeres que parecían venir directamente del trabajo en una fábrica, de la limpieza de un edificio de oficinas o de la vendimia. El letrero declaraba una verdad obvia: Millones de personas han ido a EE.UU. a trabajador, no a violar sus leyes. Algunos han llegado con visas, y otros sin tenerlas. Pero todos contribuyen a la sociedad de ese país.
Las manifestaciones han parecido espontáneas, pero han sido el resultado de años de organización, educación y agitación – actividades que han dado confianza a los inmigrantes, y a por lo menos algunas organizaciones la credibilidad necesaria para movilizar la acción de masas. Ese movimiento es el legado de Bert Corona, pionero de los derechos de los inmigrantes y fundador de numerosas organizaciones nacionales latinas. Entrenó a miles de activistas inmigrantes, enseñó el valor de la independencia política, y creía que los propios inmigrantes deben conducir la lucha por los derechos de los inmigrantes. La mayoría de los dirigentes del ala radical del actual movimiento por los derechos de los inmigrantes fueron estudiantes o discípulos de Corona.
Los inmigrantes, sin embargo, se sienten con la espalda contra la pared, y salieron de sus casas y lugares de trabajo para demostrarlo. En parte, sus protestas responden a una ola de propuestas draconianas para criminalizar la condición de la inmigración, y del propio trabajo para gente indocumentada. Pero las protestas hacen más que reaccionar ante una agenda particular del Congreso. Son la reacción acumulada a años de ataques y de denigración contra los inmigrantes en general, y contra mexicanos y latinos en particular.
En 1986, la Ley de Reforma y Control de la Inmigración convirtió en un crimen, por primera vez en la historia de EE.UU., la contratación de personas sin papeles. Los propugnadores arguyeron que la gente se irá si no puede trabajar legalmente. La vida no es tan simple.
La gente indocumentada forma parte de las comunidades en las que vive. No puede simplemente irse, ni debiera hacerlo. Busca los mismos objetivos de igualdad y oportunidad por los que los trabajadores en EE.UU. han luchado históricamente. Además, la mayoría de los inmigrantes, no tiene puestos de trabajo a los cuales volver en los países desde los cuales han venido. Rufino Domínguez, dirigente comunitario oaxacano en Fresno, California, dice: «El Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA) hizo bajar tanto el precio del maíz que ya no es económicamente posible plantar un cultivo. Venimos a EE.UU. a trabajar porque no hay otra alternativa.» Después de la aprobación del NAFTA por el Congreso de EE.UU., seis millones de personas desplazadas llegaron a EE.UU. como resultado.
En lugar de reconocer esta realidad, el gobierno de EE.UU. ha tratado de convertir la posesión de un puesto de trabajo en un acto criminal. Algunos Estados y comunidades locales, al ver la luz verde dada por el Departamento de Seguridad Interior, han aprobado medidas que van aún más lejos. El verano pasado, el Secretario de Seguridad Interior, Michael Chertoff, propuso una regla que requiere que los empleadores despidan a todo trabajador que no pueda corregir una discrepancia entre el número de Seguridad Social que el trabajador ha entregado a un empleador y la base de datos de SSA [Administración del Seguro Social]. La regulación presupone que esos trabajadores no tienen una visa de inmigración válida, y por lo tanto tampoco un número válido de Seguridad Social.
Como hay 12 millones de personas que viven en EE.UU. sin un estatus legal de inmigración, la regulación llevaría a despidos masivos, y a la paralización de numerosas industrias y empresas. También serían afectados ciudadanos y poseedores de visas legales ya que la base de datos de la Seguridad Social es frecuentemente inexacta. Bajo Chertoff, la Oficina de Inmigración y Aplicación de Aduana [ICE] ha realizado arrolladoras redadas en los sitios de trabajo, arrestando y deportando a miles de trabajadores. Muchos han sido acusados de un crimen adicional – robo de identidad – porque utilizaron un número de Seguridad Social perteneciente a otra persona para conseguir un empleo. Sin embargo, los trabajadores que utilizan otro número de Seguridad Social efectivamente depositan dinero en los fondos de Seguridad Social, y nunca cobrarán prestaciones pagadas por sus contribuciones.
La legislatura de Arizona ha aprobado una ley que requiere que los empleadores verifiquen la condición de inmigración de cada trabajador mediante una base de datos federal llamada E-Verify, que es aún más incompleta y llena de errores que la de la Seguridad Social. Deben despedir a trabajadores cuyos nombres sean señalizados. Y Mississippi aprobó una ley que convierte en un crimen que un trabajador indocumentado tenga un empleo, con penas de cárcel de 1 a 10 años, multas de hasta 10.000 dólares, sin libertad bajo fianza para todo el que sea arrestado. Los empleadores reciben inmunidad.
Muchas de esas medidas punitivas fueron incorporadas a propuestas para la «reforma integral de la inmigración» que fueron discutidas en el Congreso en 2006 y 2007. Las leyes integrales combinaban el aumento del trabajo policial, especialmente la criminalización del empleo de indocumentados, con inmensos programas de trabajadores temporales bajo los cuales grandes empleadores reclutarían trabajo temporal contratado fuera de EE.UU., llevando a los trabajadores al país con un estatus que les denegaría derechos básicos e igualdad social. Aunque esas propuestas fracasaron en el Congreso, el gobierno de Bush implementó algunas de sus provisiones más draconianas por orden ejecutiva y acción administrativa.
En su conjunto, esos factores han producido una inmensa reacción popular, que se ha hecho más visible en las marchas anuales y manifestaciones del 1º de Mayo. Nativo López, presidente de la Asociación Política Mexicano-Estadounidense y de la Hermandad Mexicana Latinoamericana, dice que «los numerosos inmigrantes y sus partidarios en las calles consideraron completamente inaceptables esos compromisos. Sólo conseguiremos aquello por lo que estemos dispuestos a luchar, pero la gente está dispuesta a luchar por toda la enchilada. Los legisladores y lobistas de Washington temen el crecimiento de un nuevo movimiento por los derechos cívicos en las calles, porque rechaza sus compromisos y hace demandas que van más allá de lo que ellos han definido como ‘políticamente posible'».
Las marchas han presentado un conjunto alternativo de demandas, que incluyen un genuino estatus legal para los doce millones de indocumentados en EE.UU., el derecho a organizarse para aumentar los salarios y obtener derechos en el lugar de trabajo, el aumento de la disponibilidad de visas para dar a los inmigrantes un cierto grado de igualdad social, especialmente visas basadas en la reunificación familiar; que no se expandan los programas de trabajo temporal, y una garantía de derechos humanos para los inmigrantes, especialmente en comunidades a lo largo de la frontera entre EE.UU. y México.-
Al mismo tiempo, el precio a pagar por el intento de expulsar a personas de EE.UU. que han llegado a ese país para sobrevivir será el aumento de la vulnerabilidad de los trabajadores indocumentados. Empleadores inescrupulosos utilizan esa vulnerabilidad para denegar el pago de horas extra o del salario mínimo, o para despedir a trabajadores cuando protestan o se organizan. El aumento de la vulnerabilidad resulta en última instancia en mano de obra más barata y menos derechos para todos. Después de deportar a más de 1.000 trabajadores en las plantas de empaque de carne de Swift, el Secretario de Seguridad Interior Chertoff llamó a combinar «un efectivo trabajo policial interior con un programa de trabajadores temporales.» El objetivo del gobierno es mano de obra barata para grandes empleadores. Deportaciones, despidos y programas de trabajadores temporales contribuirán todos a reducir el coste de la mano de obra y contribuirán a un clima de temor e inseguridad para todos los trabajadores.
Las acciones del 1º de Mayo destacan la importancia económica de la mano de obra inmigrante. Los trabajadores indocumentados merecen un estatus legal por ese trabajo – su contribución inherente a la sociedad. El valor que crean nunca es calificado de ilegal, y nadie sueña con quitárselo a los empleadores que se benefician con él. Pero la gente que produce ese valor es llamada precisamente eso – ilegal. Todos los trabajadores crean valor mediante su trabajo, pero los trabajadores inmigrantes son especialmente lucrativos, porque tan a menudo se les niegan muchas de las prestaciones conquistadas por los sindicatos y que se otorgan a los trabajadores nacidos en el país. El trabajador indocumentado promedio ha estado en EE.UU. durante cinco años. Después de ese tiempo, esos trabajadores han pagado un precio elevado por su falta de estatus legal, mediante bajos salarios y prestaciones perdidas.
«Los trabajadores indocumentados merecen un estatus legal inmediato, y ya han pagado por él,» dice López.
El 1º de Mayo, la ausencia de trabajadores inmigrantes de los sitios de trabajo, las escuelas y los negocios, demuestra su poder en el debate nacional de inmigración y envía un poderoso mensaje de que no serán excluidos del debate sobre su condición. Han rescatado de la anonimidad la lucha por el día de ocho horas, comenzado en Chicago hace más de un siglo por los inmigrantes de antaño. Superaron el legado de la guerra fría, en la cual las celebraciones del 1º de Mayo eran atacadas y prohibidas. Están recuperando las tradiciones de todos los trabajadores para el pueblo de EE.UU.
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David Bacon es escritor y fotógrafo. Su nuevo libro: «Illegal People – How Globalization Creates Migration and Criminalizes Immigrants,» acaba de ser publicado por Beacon Press.
http://www.zmag.org/znet/viewArticle/21008