Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
El mundo aguarda la próxima reunión programada de la junta de gobernadores de la Agencia Internacional para la Energía Atómica, en la que seguramente se adoptará la decisión de trasladar el expediente nuclear de Irán al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Hasta el momento de la celebración de esa reunión, que tan importante es a nivel regional y global, las capitales implicadas en la toma de decisiones globales están estudiando las sanciones que se podrían aplicar a Irán en respuesta a su persistencia en continuar desarrollando tecnología nuclear. Los vocablos «sanciones económicas» se han convertido de esa forma en palabras de última moda en los centros de investigación, en los medios y en los pasillos que registran actividad política, a pesar de la ausencia de acuerdo internacional sobre sus implicaciones y utilidad política. La lógica interna de las sanciones, a pesar de sus diversas definiciones, descansa en la utilización política de presiones económicas para conseguir que el Estado en consideración vuelva al redil. Seguidamente, las sanciones económicas contra Irán serán sólo una fase más en el desencadenamiento de una batalla que sobre su expediente nuclear se está orquestando, de momento, a través de medios no militares.
Las sanciones económicas no suponen un grupo uniforme de medidas a aplicar de forma generalizada sobre cualquier país que deba ser castigado. Se espera que los Estados miembros del Consejo de Seguridad, durante estos días y hasta el próximo 6 de marzo, sopesen diversas formas de sanciones y tengan en cuenta los efectos que pueden producir en la adopción de decisiones políticas en Irán. La lógica interna de las sanciones descansa en el supuesto de que los dirigentes políticos del país penalizado se someterán, hasta cierto punto, a las presiones externas con tal de mantener su autoridad política. La formulación clásica de sanciones económicas persigue restringir las transacciones económicas y suelen tener más éxito y ser más efectivas cuando la economía del Estado penalizado depende en gran medida de dichas transacciones.
Los efectos negativos sobre esos Estados penalizados pueden aparecer de varias formas, pudiendo implicar aumentos en los precios para los consumidores, subida de la tasa de desempleo y pérdidas para los empresarios. Dada la conexión orgánica entre la política y la economía, los efectos económicos negativos se trasladan directamente al frente político. Las ramificaciones económicas negativas de las sanciones se extienden a cuestiones consideradas de utilidad política por los órganos decisorios del país penalizado, que acaban finalmente afectando su prestigio político y pudieran provocar su sustitución. Es posible dividir las sanciones económicas, aún con cierto grado de simplificación, en tres tipos básicos: comerciales y de inversión, financieras y las denominadas «sanciones inteligentes».
Una inspección atenta del comercio exterior iraní sugiere que si se imponen sanciones petrolíferas y un bloqueo amplio, si se prohíben las exportaciones de petróleo y las inversiones en el sector energético, las consecuencias de todo ello podrían golpear duramente al régimen iraní. El petróleo supone del 80 al 90% de las exportaciones de Irán, y las exportaciones de petróleo contribuyen a financiar el 40 al 50% de los ingresos iraníes. Como Irán quiere ampliar su extracción de petróleo en los yacimientos hasta ahora conocidos y descubrir otros nuevos, esos planes necesitan de inversiones a gran escala en el sector petrolífero. Las sanciones petrolíferas, a la par que un corte de la inversión exterior en el sector energético (petróleo y gas), produciría, lógicamente, efectos de todo tipo en la economía de Irán.
Aún a pesar de la aparente solidez de este supuesto, la experiencia previa ha demostrado que los regímenes totalitarios no fracasan necesariamente a causa de un deterioro económico. En Irán, a pesar de la crisis del sistema político basado en el «gobierno de los clérigos», queda espacio para un margen de oposición y crítica por parte de los individuos y de las organizaciones civiles. Sin embargo, ni las personalidades ni los partidos pueden invertir políticamente en la situación económica para presionar al régimen, debido al equilibrio interno de los poderes en el país. A la luz de los sentimientos nacionalistas iraníes y de la insistencia en niveles amplios en el proyecto nuclear, es de esperar que este tipo de sanciones apuntalen de hecho la unidad nacional y hagan que el pueblo forme una piña alrededor de la bandera.
Nos puede servir de ejemplo la Yugoslavia de los años noventa. En aquella época, el gobierno Milosevic utilizó las sanciones económicas sobre Yugoslavia para justificar muchos poderes absolutos y actualmente sirven para alimentar las emociones nacionalistas serbias. La mafia yugoslava fue la principal beneficiada de esas sanciones, que aprovechó las asfixiantes condiciones de vida para acumular beneficios mientras que se producía la emigración del país de grandes segmentos de la clase media yugoslava. No fue sino hasta años después cuando se escapó de todo control el coste de mantener el liderazgo político en Belgrado, obligándoles entonces a ceder ante la voluntad de los sancionadores y a presionar a los serbio-bosnios para que aceptaran los Acuerdos de Paz de Dayton.
Aunque Yugoslavia, agotada económica y militarmente y fragmentada geográficamente, no puede compararse con la situación del Irán actual, uno no puede predecir completamente el grado hasta el que el régimen político iraní perdería legitimidad si se le acabaran imponiendo las sanciones. Ni tampoco se puede estimar el grado de compulsión necesario para hacerle cambiar sus políticas con tal de preservar el poder. Lo cierto es que a Irán se le van a imponer sanciones petrolíferas, que el precio de esta materia prima estratégica va a sufrir un alza sin precedentes y que esto va a afectar negativamente a la economía global. Irán es el cuarto mayor productor de petróleo del mundo, lo que le sitúa en una posición excepcional dentro del mercado energético global, despojando a las sanciones petrolíferas de cualquier viabilidad política real.
En contraste con las sanciones comerciales y de inversión, se espera que las sanciones financieras sobre Irán consigan una aceptación internacional más amplia con el objetivo fundamental de llegar a afectar intereses comerciales e industriales de alto nivel. Además de congelar los activos gubernamentales y los de las compañías e individuos de la nacionalidad del Estado penalizado, un aspecto importante de las sanciones financieras es que obstaculizan las inversiones estatales. Esas sanciones también complican las condiciones para la renegociación de los pagos de la deuda, lo que ampliará la crisis de la deuda exterior e impondrá presiones extremas sobre quienes tengan que tomar las decisiones económicas en el país. También supone presionar sobre las reservas de la moneda fuerte del país que se dedican a saldar los intereses y plazos de la deuda exterior.
En este contexto, los Estados industrializados pueden cortar los préstamos a la exportación concedidos a las compañías domésticas que se dedican a exportar al Estado penalizado. Las préstamos a la exportación son una de las facilidades que los gobiernos ofrecen a las compañías de sus países para cubrir los costes de los productos hasta que se reciben en el país importador, con objeto de aumentar su competitividad en el mercado global, a la vez que, consecuentemente, aumenta la atracción del país importador para los exportadores. Cortar esos préstamos a la exportación hacia el país penalizado coloca a los exportadores en una posición por la cual sus beneficios se van a ver cercenados. Esta forma de sanciones elimina la moneda del país penalizado de las juntas internacionales de cambio, lo cual no sólo complica las transacciones comerciales sino que también perjudica la reputación económica internacional del país.
A pesar de estas ramificaciones, las sanciones financieras no tendrán tanto peso en el caso de Irán como en el caso de otros Estados, ya que el aumento del precio del petróleo en los últimos meses ha llevado a Teherán a almacenar grandes reservas monetarias para poder lidiar con la confrontación nuclear. En el verano de 2005, incluso antes de la elección de Mahmoud Ahmadineyad, se hicieron ya diversos preparativos. Además, Teherán no es un cliente habitual a las puertas de las instituciones financieras que conceden préstamos. Aunque los siete Estados industriales más importantes han prohibido al Banco Mundial que conceda préstamos a Irán, el reducido tamaño de esos préstamos hace que las dimensiones políticas y económicas de esta medida sean extremadamente limitadas y no superen un nivel simbólico.
En este contexto, es útil señalar que Teherán no ha presentado ninguna solicitud de préstamos ante el Fondo Monetario Internacional y que, hasta ahora, Irán ha ganado una buena reputación internacional como país importador y mercado de productos industriales de alta calidad. Así, prohibir los préstamos a la exportación a las compañías europeas que desean exportar a Irán acabará afectando más a esas compañías que a Irán. Y como el riyal iraní no se puede cambiar en el mercado global más que a través de otras monedas, como ocurre con todos los Estados árabes que no son productores de petróleo, eliminarle de los consejos de cambio internacionales tendrá para él unos efectos muy limitados. Por todas estas razones, no se espera que las sanciones financieras consigan ningún beneficio inmediato o puedan influir con prontitud en quienes toman las decisiones políticas en Irán. Sin embargo, esas medidas, unidas a lo que se califica de «sanciones inteligentes», pueden provocar efectos a medio plazo.
Las «sanciones inteligentes» eligen sectores de elite dentro del país penalizado golpeando sus intereses y llevándoles a presionar al régimen político. En su estadio inicial, las sanciones inteligentes no entran en colisión con los ciudadanos del país penalizado, dándoles así una ventaja sobre otras formas tradicionales de sanciones económicas, ya que impiden que el régimen invierta y las utilice para vincular a las masas con los proyectos políticos del régimen. Las sanciones inteligentes afectan al régimen como un todo al presionarle y quitarle apoyos. Sin embargo, requieren, como todas las demás formas de sanciones, de coordinación internacional a niveles políticos y técnicos; algo que se obtiene y se soluciona con la cobertura de legitimidad internacional que da una resolución del Consejo de Seguridad.
Un manojo de sanciones inteligentes podría incluir el corte de exportaciones de productos tecnológicos avanzados a Irán, con el pretexto de que pueden ser usados con fines nucleares o militares, de forma parecida a la prohibición que se implementó durante la Guerra Fría sobre el bloque de Estados de Europa Oriental. También pueden extenderse la prohibición a que los aviones civiles iraníes aterricen en pistas internacionales, restringiendo las rutas aéreas y navales iraníes. Dentro de este mismo contexto, a los equipos deportivos iraníes (particularmente los referidos a lucha y fútbol, los dos deportes más populares en Irán) se les puede excluir de participar en campeonatos mundiales para que ese hecho afecte tanto a la opinión pública como a las elites iraníes. Esas sanciones podrían también incluir meter a miembros de las elites iraníes en las listas negras de entrada a varios países por todo del mundo. El significado político de esta medida es muy importante e implicaría que las políticas nucleares de Irán son causa de aislamiento internacional.
Expertos iraníes han valorado la fuga del capital iraní en aproximadamente 3 millones de dólares por año, lo que tiene dos implicaciones extremadamente importantes en este contexto. Por una parte, significa que el sector burgués del comercio -el bazar- no va a confiar en invertir en su propio país. Por otra, indica el relativamente algo grado de conexión entre el «capital del bazar» y los centros globales de capital a los que se envían anualmente millones iraníes.
El bazar, que ha sido históricamente hostil a las importaciones del exterior para los mercados iraníes, financió las dos revoluciones vividas por el país durante el siglo XX, la Revolución Constitucional de 1905 y la Revolución Islámica de 1979, debido al sometimiento de las autoridades políticas Qajar y Pahlavi al capital y los productos industriales globales. Sin embargo, la magnitud de la fuga del capital iraní señala que la animosidad hacia el capital global es limitada. El bazar tiene fe en los equilibrios estables en ciudades de todo el mundo; no quiere competir precisamente dentro de los mercados iraníes. Es decir, el arraigado carácter de la animosidad del bazar hacia Occidente, que ha sido algo específico de la política iraní desde la Revolución de 1979, es, de hecho, relativo.
El bazar ha jugado un papel histórico a la hora de conformar la estructura política y social de Irán. Los principales dominios del sistema político iraní han sido predominantemente, y siguen siéndolo, variaciones políticas de melodías socio-económicas. Los intereses del bazar pueden ser así considerados como un valor detrás del que se alinean las personalidades dirigentes del estado iraní, sin que importen sus orígenes sociales. La burguesía comercial iraní, o bazar, es un pilar fundamental en la alianza que gobierna el país, que también incluye al sector del clero.
Considerando estos antecedentes, se espera que este tipo de sanciones consiga en verdad presionar los intereses, beneficios y activos de la burguesía iraní y afecten negativamente a la armonía de las dos alas del sistema político iraní. Dichas sanciones crearían un conflicto de intereses, aunque se necesitaría un período bastante extenso de tiempo para que un conflicto de ese tipo madure y cuaje, no se trata sólo de activarlo e invertir en él. Considerando la impaciencia estadounidense por sitiar a Irán y someterle a intensas sanciones, no se espera que esa modalidad específica de sanciones logre satisfacer a los halcones de Washington por al tiempo que necesitan para dejar sentir sus efectos.
Dados los problemas generales que producen todas y cada una de las modalidades de sanciones económicas, las sanciones inteligentes son realmente las que podrían lograr una mayor aceptación internacional en esta fase de presiones sobre Teherán. Sin embargo, las sanciones inteligentes y otras formas parecidas de sanciones económicas no son sino una herramienta de política exterior y no se pueden considerar como una alternativa a una estrategia que persigue claramente influir en la toma de decisiones políticas en Irán. Las sanciones económicas que Washington impuso sobre Irán en 1980 apoyan este argumento, ya que el bloqueo estadounidense fue neutralizado por el país, que abrió sus puertas a otras entidades internacionales. Las compañías estadounidenses resultaron de esa manera las más perjudicadas por las sanciones contra Irán. No se va a poder incidir en las ecuaciones iraníes de pérdidas y ganancias obligándoles a cambiar sus políticas si sólo se ponen en marcha las medidas estadounidenses. Entre 1998 y 2001, los efectos del bloqueo económico estadounidense se limitaron, tras efectuar una valoración realista, a pérdidas de 1 a 3,6 % del PNB iraní.
Es más probable que Washington se esfuerce ahora en imponer sanciones económicas de forma gradual sobre Irán, empezando con las sanciones inteligentes, siguiendo con las financieras para terminar con las de inversión y comerciales, todo ello en aras de conseguir dos objetivos: Primero, intensificar el bloqueo sobre Irán mediante resoluciones del Consejo de Seguridad, reduciendo su categoría legal a la de un Estado sometido a sanciones por los órganos de gobierno internacionales. El segundo, preparar a la opinión pública para la consiguiente escalada militar contra Irán bajo el pretexto de que las sanciones económicas no han tenido éxito a la hora de forzar a Irán a renunciar a sus ambiciones nucleares.
Las sanciones económicas que ahora preocupan al mundo no son nada más que una estación de paso para, unos meses más tarde, ampliar el campo de batalla hasta la discusión de los escenarios de un ataque militar. Aunque, originariamente, las sanciones económicas se implementaron de forma objetiva en base a normas de economía política, ahora están siendo utilizadas como alternativa ante la falta de estrategia estadounidense para tratar con Irán y sus alianzas regionales, a pesar de la enorme movilización de los medios contra el país. En esta ocasión, las sanciones que se decidirán contra Irán durante el mes de marzo entrarán en la historia por una puerta nueva – una puerta estadounidense. Y tendrán lugar no como respuesta a las posibilidades de la economía política, sino más bien como una expresión de la bancarrota política.
(*) El escritor es un analista político especializado en cuestiones iraníes.
Texto en inglés:
http://weekly.ahram.org.eg/2006/783/op112.htm