En muchas ocasiones, los gobiernos aprovechan el bajón de actividad veraniego para publicar resoluciones o dar luz verde a proyectos que les interesa que tengan poca repercusión mediática por su carácter polémico o controvertido.
El gobierno andaluz, encabezado por Juanma Moreno, ha dado a conocer, antes del cese de actividad en agosto, la aprobación de distintas medidas en favor de la privatización de los servicios públicos, la industria extractivista y el incentivo a actividades como la tauromaquia.
El pasado miércoles 2 de agosto el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicaba una subida de los precios de los comedores escolares, actividades extraescolares y aulas matinales ofrecidas por los centros educativos públicos de cara al próximo curso 2023/2024. Una subida realizada por parte de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación profesional que supondrá hasta un incremento del precio de estos servicios públicos del 4,2%. En el caso de los comedores escolares, el importe se elevará hasta 4,98 euros diarios; en las actividades extraescolares, la cuota mensual aumentará un 4,16%, hasta los 17,51 euros; mientras que los servicios de aula matinal aumentaran un 3,9%, lo que implicará un coste mensual para las familias de 17,51 euros.
El cambio de tarifas borra de un plumazo el acuerdo del pasado julio de 2022 que establece un tope de precios menor a estos servicios. La Junta de Andalucía ha justificado esta decisión alegando, en palabras de la consejera Patricia del Pozo, que “los costes del servicio público de comedor escolar, aula matinal y actividades extraescolares han tenido un importante crecimiento en los últimos años derivados tanto del aumento del coste de los alimentos y su distribución, como de los gastos de personal tras los sucesivos incrementos del Salario Mínimo Interprofesional”.
Sin embargo, los datos contradicen esta afirmación, ya que el pasado febrero de este año, tras la aprobación del SMI por parte del gobierno central, el secretario de CC OO obreras, Unai Sordo, apuntó que esta subida solo beneficia “al 18% de los andaluces”. El informe anual de este mismo sindicato, publicado en febrero de 2022, apunta que Andalucía sigue siendo una de las comunidades en la que los sueldos son más bajos. El salario medio anual de las andaluzas es 4.051 euros, menor que la media de España.
Desde la Confederación Andaluza de AMPA por la Educación Pública (CODAPA) han criticado este aumento de precios por parte de la Junta y exponen que “mientras se aumenta el precio del comedor escolar, la Junta premia las ofertas económicas más bajas a la hora de licitar la gestión de estos comedores”. Asimismo, denuncian que el gobierno andaluz busque el beneficio empresarial a través de “un menú barato y de mala calidad” para las alumnas de los colegios públicos andaluces. Según comenta la portavoz de la Confederación, Rocío Bejínez, “los niños y niñas de Andalucía seguirán comiendo la misma basura pero más cara”.
El pasado junio, el colectivo de AMPAs denunciaba la falta de implicación de la Junta de Andalucía en la licitación de los comedores de colegios públicos, ya que no se estaba llevando a cabo para asegurar “el derecho de las familias a un servicio de comedor desde septiembre”. Desde el ala progresista del parlamento andaluz, la parlamentaria y portavoz de Educación del grupo Por Andalucía, Alejandra Durán, ha exigido a la Junta que dé marcha atrás en esta subida de precios y ha recriminado a Moreno que “use el rodillo de la mayoría absoluta para asfixiar un poco más a las familias andaluzas”, ya que esta subida es la “tercera en dos años”. Los incrementos consecutivos han hecho que estos servicios aumenten en tan solo dos años un 9%.
Estos servicios ofrecidos por los colegios públicos son esenciales para las familias de clases trabajadoras para poder compatibilizar el trabajo con el cuidado de las infancias. Unas subidas que para muchas serán inasumibles en una comunidad en la que, según ha alertado Save The Children el pasado abril, la pobreza infantil se encuentra a la cabeza del estado español con un 29,4%.
Esta misma Consejería daba a conocer el pasado lunes 7 de agosto las ayudas de 17 millones de euros a la Formación Profesional, en muchos casos llevadas a cabo por entidades de enseñanza privada. El gobierno andaluz lleva unos años mimando especialmente a la FP dual y privada en detrimento de las formaciones públicas.
Continúa la privatización en la sanidad
El proyecto de privatización de la salud pública andaluza emprendido por los gobiernos consecutivos del presidente andaluz, Juanma Moreno, tampoco ha parado durante la época estival. El pasado viernes 4 de agosto el BOJA publicaba un convenio firmado por la Junta de Andalucía y la mutua laboral Ibermutua “para potenciar la colaboración sanitaria en procesos de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes”, según el texto oficial. Este convenio da vía libre a que sean las mutuas privadas las que se encarguen en la totalidad de las bajas laborales.
El acuerdo entre la Junta y la entidad privada abre la puerta además a que se aumente a la colaboración con otras empresas, según el propio documento, que expone que “aquellas mutuas colaboradoras con la Seguridad Social que manifiestan su interés podrán formar parte de este convenio”.
Esta privatización de las bajas laborales ha sido denunciada por parte de los sindicatos CC OO y UGT. El portavoz de CC OO-A, Luis González, ha expuesto que esta decisión trata de “mercantilizar la baja laboral, dejando en manos de una entidad patronal un proceso que tiene consecuencias económicas para las empresas y que es una medida que forma parte del tratamiento del paciente”.
La consejera de Sanidad, Catalina García, ha defendido la medida alegando que esta “viene a garantizar la tutela efectiva de los derechos de los trabajadores. Sin embargo, la Junta ha firmado el convenio con Ibermutua una empresa cuyos trabajadores en la región de Murcia se manifestaron a finales de junio para exigir mejoras salariales. Además, en 2016 varios directivos de esta empresa fueron imputados por traficar con datos de sus trabajadores, antes de la fusión de la compañía en 2018 con la Mutua Gallega. En 2022, Ibermutua aumentó sus beneficios un 13,9% con respecto a 2021, ingresando un total de 1.492 millones de euros.
Esta medida se une a la extensa lista de políticas privatizadoras y recortes de la sanidad pública llevada a cabo por el gobierno de Juanma Moreno, que está dejando a Andalucía con una situación sanitaria alarmante. El pasado 3 de agosto, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, responsabilizaba a los recortes llevados a cabo por parte del gobierno andaluz de “la falta de médicos” en la comunidad.
Más minería, más toros
En un verano donde la sequía azota el territorio, generando una gigantesca preocupación en torno al medio ambiente en la comunidad, el gobierno andaluz muestra una inacción al respecto de esa problemática y además da luz verde a un proyecto que supone un peligro para los recursos naturales de Andalucía. El pasado 4 de agosto la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul otorgaba la Autorización Ambiental Integrada (AAU) a la construcción en las minas de Riotinto de una nueva planta industrial para la producción de metal puro, a pesar de la negativa de grupos como Ecologistas en acción y la Fundación Montescola.
La ampliación de la minería en la zona de Riotinto y en toda Andalucía es una de las propuestas económicas centrales del gobierno de Juanma Moreno, que ha proyectado la apertura de nuevos espacios para la extracción de metal. El objetivo de Moreno Bonilla es que Andalucía se sitúe como una reserva minera esencial para Europa, haciendo oídos sordos a las advertencias de los colectivos ambientales y al fantasma del desastre de Aznalcóllar, ocurrido hace 25 años y que ha sido clausurado con la impunidad de la empresa responsable. Desde Ecologistas en Acción exponen que “la Junta de Andalucía consintió en Aznalcóllar y permite ahora en Riotinto irregularidades que dejan secuelas durante décadas”.
Las políticas ultraliberales en muchas ocasiones van de la mano de políticas culturales conservadoras, y las últimas medidas al respecto del gobierno andaluz dan buena fe de ello. La Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa anunciaba el pasado 5 de agosto la puesta en marcha de un proyecto que pretende promover la tauromaquia a través de distintas subvenciones públicas a la red municipios taurinos de Andalucía, con el objetivo de “financiar actuaciones para la promoción y fomento de la tauromaquia, la mejora de su valoración social y su acercamiento a la ciudadanía en general y a la juventud en particular”.
Así, el verano andaluz ha estado plagado de políticas liberales y privatizadoras hechas públicas de forma disimulada, unos meses en los que el protagonismo se lo está llevando la falta de medidas de atención a la delicada situación hídrica del territorio. Se trata de unas acciones por parte del gobierno andaluz que pueden ser el presagio de un nuevo curso plagado de políticas similares que atenten contra lo público y el medio ambiente de Andalucía.