“La Autoridad Palestina tiene los días contados”. Esta afirmación se repite con frecuencia últimamente, sobre todo desde que el 24 de junio matones de la Autoridad Palestina (AP) torturaron hasta la muerte a un conocido activista palestino, Nizar Banat, de 42 años, en Hebrón (Cisjordania).
No obstante, la muerte –o asesinato, según algunos grupos de derechos humanos palestinos– de Banat no es algo inusual. La tortura es el modus operandi en las prisiones de la AP, la forma en que los interrogadores arrancan las “confesiones”. La AP suele dividir en dos grupos principales a los prisioneros políticos palestinos bajo su custodia: activistas de quienes Israel sospecha que están involucrados en acciones contra la ocupación israelí y otros que han sido detenidos por criticar la corrupción de la AP o su servilismo ante la potencia ocupante.
Un informe de 2018 de Human Rights Watch habla de que la AP realiza “decenas de arrestos” por “haber publicado comentarios críticos en redes sociales”. Banat encaja perfectamente en esta categoría, ya que era uno de los activistas más persistentes y directos, cuyos videos y mensajes en redes sociales ponían de manifiesto y avergonzaban a la dirección de la AP de Mahmud Abás y a su partido gobernante, Fatah. A diferencia de otros, Banat daba nombres y exhortaba a adoptar medidas contra aquellos que derrochan el dinero público y traicionan las causas del pueblo palestino.
Banat había sido arrestado anteriormente por la AP en diferentes ocasiones. En mayo hombres armados asaltaron su casa con munición real, granadas aturdidoras y gases lacrimógenos. Él culpó de este ataque al partido Fatah, de Abás.
Su última campaña en redes sociales estuvo relacionada con las vacunas contra el covid-19 a punto de caducar que la AP había recibido de Israel el 18 de junio. A causa de las presiones de activistas como Banat, la Autoridad Palestina se vio forzada a devolver las vacunas israelíes, que habían sido consideradas como un gesto positivo por el nuevo primer ministro israelí, Naftali Bennett.
Los hombres de la AP cayeron sobre el hogar de Banat el 24 de junio con una violencia feroz que no tenía precedentes. Su primo Amman explicó que un grupo de cerca de 25 miembros de la seguridad de la AP asaltaron su domicilio, lo rociaron con gas pimienta estando en la cama y “comenzaron a golpearle con barras de hierro y garrotes de madera”. Luego le despojaron de su ropa y le arrastraron hasta un vehículo. Hora y media después su familia supo de la suerte sufrida por su hijo mediante un grupo de WhatsApp.
Tras negar su participación inicialmente y bajo la presión de miles de manifestantes por toda Cisjordania, la AP se vio obligada a admitir que Banat no había muerto “por causas naturales”. El ministro de justicia de la AP, Mohamed al-Shalaldeh, declaró a la televisión palestina que un primer informe médico indicaba que Banat había sido sometido a violencia física.
Esta revelación supuestamente explosiva pretendía demostrar que la AP está dispuesta a estudiar el caso y asumir responsabilidades por este acto. Sin embargo, nada más lejos de la verdad pues, en primer lugar, la AP nunca ha asumido responsabilidades por su violencia en el pasado y, en segundo lugar, porque la violencia es la piedra angular de la mera existencia de la AP. Las detenciones arbitrarias, la tortura y la eliminación de manifestantes pacíficos son sinónimos de los métodos de actuación de los miembros de la seguridad de la AP, tal y como han indicado numeroso informes de grupos de derechos humanos, tanto palestinos como internacionales.
Por tanto ¿es cierto que “los días de la Autoridad Palestina están contados?”. Para considerar esta cuestión es preciso examinar la base de la propia existencia de la AP y, asimismo, comparar su propósito inicial con lo que ha sucedido en años posteriores.
La AP fue fundada en 1994 como autoridad nacional transicional con el propósito de guiar al pueblo palestino a través del proceso de liberación nacional, siguiendo las “negociaciones del estatus final”, que deberían concluir a finales de 1999. Muchos años han transcurrido desde entonces sin que haya logrado el mínimo avance. Esto no quiere decir que la AP, desde el punto de vista de su liderazgo y de Israel, haya sido un completo fracaso, pues su aparato de seguridad ha seguido realizando el papel más importante de los que tenía asignados: la coordinación de seguridad con la ocupación israelí, es decir, la protección de los colonos judíos ilegales en Cisjordania y la realización del trabajo sucio de Israel en las áreas palestinas autónomas gobernadas por la PA. A cambio, ha recibido miles de millones de dólares de “países donantes” encabezados por EE.UU. y de los impuestos palestinos recolectados en su nombre por Israel.
Ese mismo paradigma sigue en marcha, pero ¿por cuánto tiempo? Tras la revuelta del pasado mes de mayo, el pueblo palestino ha mostrado una unidad nacional y una resolución sin precedentes que han trascendido las líneas partidistas y ha osado reclamar la destitución de Abás, relacionando acertadamente la ocupación israelí con la corrupción de la PA.
Desde las protestas masivas en mayo, el discurso oficial de la AP ha quedado empañado por la confusión, la desesperación y el pánico. Sus líderes, incluyendo a Abás, han tratado de posicionarse como líderes revolucionarios. Han hablado de “resistencia”, de “mártires” e incluso de “revolución”, al tiempo que renovaban su compromiso con el “proceso de paz” y los objetivos de Estados Unidos en Palestina.
Cuando Washington reanudó su apoyo económico a la Autoridad de Abás después de que el anterior presidente Donald Trump lo interrumpiera, la AP tenía esperanzas de restablecer el statu quo y recuperar una relativa estabilidad, abundancia financiera y relevancia política. Sin embargo, el pueblo palestino parece haber dado un paso adelante, como demostró en las protestas masivas, respondidas de forma violenta por el aparato de seguridad de la AP en toda Cisjordania, incluyendo Ramala, base del poder de la AP.
Incluso las consignas han cambiado. Tras el asesinato de Banat, miles de manifestantes en Ramala, representantes de todos los fragmentos de la sociedad palestina, reclamaron la salida de Abás, de 85 años, calificando a sus gorilas de baltajieh y shabeha (matones), términos acuñados por los manifestantes árabes en los primeros años de las diversas revueltas en Próximo Oriente.
Este cambio de discurso muestra un giro radical en las relaciones entre palestinos ordinarios –envalentonados y dispuestos a montar una sublevación masiva contra la ocupación israelí y el colonialismo– y su supuesto liderazgo corrupto, colaboracionista y servil. Es preciso señalar que ni un solo aspecto de esta Autoridad Palestina mantiene ni un ápice de credenciales democráticas, como muestra el hecho de que el 30 de abril Abás canceló las elecciones generales que debía celebrarse en mayo aludiendo excusas poco sólidas.
La Autoridad Palestina ha demostrado con creces ser un obstáculo para la libertad de Palestina y carece de credibilidad entre sus ciudadanos. Se aferra al poder solo gracias al apoyo de Estados Unidos y de Israel. Que sus días estén contados o no dependerá de si el pueblo palestino demuestra que su voluntad colectiva es más fuerte que la AP y sus benefactores. La experiencia histórica nos ha enseñado que, al final, el pueblo palestino se impondrá.
Ramzy Baroud es periodista y editor de The Palestine Chronicle. Es autor de cinco libros, el último de los cuales lleva el título de These Chains Will Be Broken: Palestinian Stories of Struggle and Defiance in Israeli Prisons (Clarity Press, Atlanta). El Dr. Baroud es un destacado investigador no-residente del Center for Islam and Global Affairs (CIGA) y del Afro-Middle East Center (AMEC). Su página web es: www.ramzybaroud.net
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