Traducido del inglés para Rebelión por J. M.
El proyecto del tranvía de Israel viola el derecho internacional, ya que está diseñado para servir a los asentamientos ilegales. ( Issam Rimawi / APA imágenes )
En marzo, el Tribunal de Apelaciones de Versalles rechazó una apelación en una disputa de larga data entre la Asociación de Solidaridad Francia-Palestina (france-palestine.org) y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), actuando contra las empresas francesas Alstom Transport, Alstom y Veolia Transport.
El fallo fue decepcionante en muchos aspectos, sobre todo por negarse a decidir la cuestión jurídica clave para la participación de las empresas en las actividades ilegales en la Cisjordania ocupada. También es muy problemático en su interpretación de las obligaciones jurídicas internacionales.
Sin embargo el Tribunal ha confirmado algunos puntos. El más importante es que la OLP puede presentar acciones legales contra las empresas que violen el derecho internacional humanitario, estableciendo un precedente importante para futuras acciones.
El Tribunal confirmó también que las corporaciones son objetivos válidos en casos de litigio civil y que las convenciones de Ginebra y de La Haya son aplicables en la conducta de guerra ante los tribunales nacionales de un tercer país. Estos puntos deben ser tenidos en cuenta por los abogados y los numerosos activistas que participan en la campaña mundial para inculpar a Veolia y Alstom por su participación en el proyecto del tranvía de la Jerusalén Oriental ocupada y otras actividades que colaboran en la integración de los asentamientos ilegales israelíes en la tierra de Palestina ocupada.
Un informe falso
Sin embargo, el periódico israelí Haaretz falseó estos puntos publicando en un artículo parcial y mal documentado del 28 de abril, «Según la justicia francesa el tranvía de Jerusalén no viola el derecho internacional » . El periódico afirmaba erróneamente que un tribunal francés dictaminó que el tranvía de Jerusalén no viola el derecho internacional.
El informe engañoso se basó en un párrafo de la sentencia de 32 páginas del tribunal y se tomó completamente fuera de contexto ( Traducción no oficial de la sentencia ). De hecho el tribunal no se pronunció sobre la ilegalidad del tranvía.
Los jueces confirmaron que los tratados internacionales como la Cuarta Convención de Ginebra y el Reglamento de La Haya de 1907 son aplicables a la ocupación israelí de Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén oriental. Sin embargo, en una serie de declaraciones confusas, ambiguas y legalmente cuestionables, los jueces «consideraron» que la potencia ocupante debe restaurar la actividad pública normal en el país ocupado, «reconociendo» que «la introducción de un medio de transporte público» podría llevarse a cabo por parte de una potencia ocupante.
Sorprendentemente, en apoyo de estos alegatos, los jueces se refirieron a «la construcción de un tren subterráneo en la Italia ocupada» durante la Segunda Guerra Mundial. Estas declaraciones, a fin de cuentas, tienen poca relación con el resto de la sentencia del tribunal. Además, en la medida en que el tribunal describe el derecho global de un ocupante a mantener la vida pública normal, los puntos mencionados son controvertidos. Pero el tribunal no tuvo en cuenta si el tranvía de Jerusalén cumple el propósito de dichas responsabilidades legales que tienen las potencias ocupantes.
El tribunal no se refirió al fuerte argumento legal de que el tranvía de Jerusalén viola el derecho internacional ya que ha sido diseñado por las autoridades israelíes para servir a los asentamientos ilegales en el Jerusalén Oriental ocupado y sus alrededores en lugar de mantener la vida pública normal o la infraestructura de los civiles que viven bajo la ocupación israelí.
La normalización de los crímenes de Israel
Es preocupante que los jueces franceses encargados de este caso en las diversas etapas no pudieran abordar la ilegalidad del tranvía de Jerusalén. No puede existir ninguna duda con respecto al papel del tranvía en la anexión israelí de Jerusalén Oriental.
Ya en 1980 el Parlamento israelí (el Knesset ) declaró por medio de una ley especial que «Jerusalén, completa y unida, es la capital de Israel». Además, con ocasión de la ceremonia de la firma del contrato oficial del tranvía de Jerusalén, el 17 de julio de 2005, el primer ministro Ariel Sharon dijo que «el tranvía ratifica a Jerusalén, para la eternidad, como capital del pueblo judío, la capital unida del Estado de Israel».
Sin embargo, según el derecho internacional, Jerusalén Oriental no forma parte de Israel, que la ocupó por la fuerza en 1967, y continúa siendo territorio ocupado. El estatuto de territorio ocupado de Jerusalén Oriental ha sido afirmado en repetidas ocasiones por las Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Corte Penal Internacional en su opinión consultiva de 2004 sobre el muro de Israel en Cisjordania, antes del comienzo de la construcción del tranvía. Organismos de la ONU, funcionarios de la ONU y la UE han pedido en numerosas ocasiones a Israel que acabe con la ocupación y detenga inmediatamente la expansión de sus colonias.
En un informe publicado el año pasado, el profesor Richard Falk, Relator Especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, menciona Veolia Environnement como una de las empresas que participan en violaciones graves, incluida la su participación en el tranvía, » Situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupado desde 1967 «.
A pesar de la postura jurídica clara de la comunidad internacional, los tribunales franceses se han negado a aplicar la ley en este caso. La justicia francesa no tuvo en cuenta seriamente las violaciones denunciadas por la Asociación Solidaridad Francia-Palestina y la OLP y sugirió que el tranvía de Jerusalén podría cumplir legalmente la obligación de Israel de restaurar la actividad pública normal en el territorio palestino ocupado. Esto contribuye a una sensación de impunidad de los cómplices de Israel en violaciones del derecho internacional, una especie de normalización de los crímenes de Israel.
Los jueces no indicaron explícitamente que el asunto sólo se puede evaluar observando el cuadro completo, y es que el tranvía facilita la expansión de los asentamientos de Israel y refuerza la anexión ilegal de Jerusalén Oriental, actos que claramente y en repetidas ocasiones han sido declarados ilegales de forma unánime por la comunidad internacional.
Ahora Francia está acusada de complicidad en estas violaciones graves del derecho internacional humanitario al no cumplir con las obligaciones establecidas en la Opinión Consultiva de 2004 de la Corte Penal Internacional sobre el muro y los asentamientos de Israel, cuando pidió a todos los Estados que no contribuyan a la situación ilegal.
Victoria de la OLP
La OLP, como representante legítima del pueblo palestino, se unió a la Asociación de Solidaridad Francia-Palestina en la acción legal contra Veolia y Alstom en 2007.
Revocando las decisiones de los tribunales de primera instancia, el Tribunal de Versalles dictaminó que la OLP tiene capacidad legal para llevar este caso, a pesar de la afirmación de Alstom de que «es difícil establecer quién representa realmente a los palestinos, la Autoridad Palestina o la OLP».
El tribunal además reconoció que las empresas Alstom Transport y Veolia Transport eran «los auténticos acusados». En otras palabras el Tribunal confirmó que se pueden presentar acciones legales contra las empresas cuando se les acusa de actividades «ilegales que dañan sus intereses [de la OLP]».
El reconocimiento de la OLP como parte en el proceso judicial en Francia ha establecido un precedente importante para emprender acciones legales contra las empresas en Francia y en otros países.
El derecho francés
El Tribunal de Versalles afirmó que, según la ley francesa, sólo los Estados que han firmado las Convenciones de Ginebra de 1949 y el Reglamento de La Haya de 1907 pueden considerarse sometidos a las disposiciones de los tratados. Tomó la posición, muy conservadora, de que bajo la ley francesa las disposiciones contenidas en el derecho internacional humanitario no tienen efecto directo sobre los particulares y las empresas que no forman parte del conflicto.
Los tribunales nacionales de otros países han realizado diferentes hallazgos, declarando a actores no estatales, incluidas las empresas, responsables de violaciones de las Convenciones de Ginebra.
Principios, aunque sin obligaciones
El fallo del Tribunal aceptó las alegaciones de Veolia y Alstom de que no estaban obligadas por sus propios códigos éticos ni por el Pacto Global de las Naciones Unidas a tener una iniciativa de política estratégica para las empresas que se han comprometido a operar de una manera ecológica y socialmente responsable.
Los dos primeros principios del Pacto establecen que las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos en sus esferas de influencia y asegurarse de que no son cómplices de abusos de los derechos humanos. La importancia del Pacto Global fue explícitamente afirmada por el Relator Especial de la ONU Richard Falk en su informe de 2012 sobre las actividades de las empresas en los Territorios Palestinos Ocupados.
Pero el Tribunal de Versalles califica a estos principios de simples aspiraciones cuya «aplicación depende exclusivamente de la buena voluntad de las empresas». El Pacto Global y los códigos éticos sirven de marcos de referencia, afirmó el tribunal, y «sólo contienen recomendaciones y normas de conducta y no crean obligaciones ni compromisos con terceras personas que pueden exigir el cumplimiento».
El resultado de esta posición conservadora es que el Pacto Global no es una medida de evaluación del cumplimiento de las normas mundiales por parte de las empresas, pero se convierte en una excusa vergonzosa para moverse entre ellas.
Sin desanimarse
La OLP puede apelar el fallo Versalles ante el Tribunal Supremo francés (Cour de Cassation), pero a pesar de cualquier recurso nadie debe pensar ni por un momento que la sentencia de marzo vaya a desalentar al movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS).
Aunque sin olvidar los muchos defectos de la sentencia, al menos sienta el precedente histórico legal de que la OLP puede presentar demandas civiles contra empresas presuntamente cómplices de las violaciones de Israel del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.
Por otra parte, el movimiento BDS atraerá la atención del mundo sobre el hecho de que el Tribunal en realidad nunca se pronunció sobre la cuestión de la complicidad corporativa con las violaciones israelíes.
Guiados por todo esto, así como por la Opinión Consultiva de la Corte Penal Internacional de 2004, los informes del Relator Especial de la ONU, el análisis de las organizaciones de derechos humanos y juristas internacionales, todo lo cual ignoró el Tribunal de Versalles, movimiento BDS continuará luchando para que los gobiernos, empresas y otros cómplices rindan cuentas de su complicidad en las violaciones de los derechos del pueblo palestino por parte de Israel.
Adri Nieuwhof es defensor de derechos humanos con sede en Suiza.
Jeff Handmaker es profesor de Derecho, derechos humanos y desarrollo en el Instituto Internacional de Estudios Sociales (ISS) de la Universidad de Erasmus en los Países Bajos.
Daniel Machover es abogado y cofundador de Abogados por los Derechos Humanos Palestinos, con sede en Gran Bretaña.
rCR