Traducido para Rebelión por Beatriz Morales Bastos
Comunicado de prensa del Centro de Recursos BADIL y del Centro sobre los Derechos de Vivienda y Desalojos (COHRE), 11 de mayo de 2005
Un grupo internacional de defensa de los derechos humanos advierte de que la solución de los dos Estado para el conflicto israelo-palestino que dura desde hace 57 años se ha hecho en inviable desde el punto de vista práctico debido a la continua expropiación de tierra palestina por parte de Israel y la negativa de éste a reconocer el derecho de los refugiados palestinos a recuperar a sus tierras y hogares tradicionales.
Esta es una de las principales conclusiones de «Administrar Palestina: Un historia de la apropiación judía israelí, sancionada por la ley, de las tierras y hogares en Palestina» , un nuevo informe publicado por el Centro sobre los Derechos de Vivienda y Desalojos, COHRE, un centro independiente cuya sede está en Ginebra, y el Centro de Recursos [para los derechos de los refugiados palestinos] BADIL. Este informe revela con descarnado detalle como los dirigentes sionistas y más tarde los sucesivos gobiernos israelíes manipularon las leyes otomanas y británicas, y el sistema legal israelí para desposeer de tierra y propiedades a los palestinos. El informe documenta claramente cómo Israel ha construido un marco legal interno cuyo objetivo es legalizar lo que a todas luces son políticas discriminatorias sobre la tierra y la vivienda.
Si continua la confiscación de tierras y si lo que Israel denomina su «muro de seguridad» acaba completándose tal como está planificado, la tierra palestina en las ocupadas Gaza y Cisjordania se reducirá a menos del 8% del territorio que comprendía el Mandato Palestino.
Cuando en 1948 se instauró el Estado de Israel, la población judía poseía menos del 10% de la tierra. A día de hoy estas cifras casi se han invertido, con el efectivo control militar israelí de todo el territorio del Mandato Palestino, y la posesión, uso o control de casi el 90% de la tierra tanto en Israel como en los Territorios Ocupados.
El director ejecutivo de COHRE, Scott Leckie afirmó: «Nuestra investigación revela que la ley israelí, lejos de proporcionar protección imparcial y un tratamiento igual a todos aquellos a quienes afecta, ha sido fundamental para la expropiación de las tierras y propiedades palestinas desde que el Estado de Israel fue declarado unilateralmente en 1948. Las leyes israelíes diseñadas para formular reclamaciones legales sobre las tierra y propiedades de los «ausentes» -el eufemismo israelí que designa a los refugiados palestinos desplazados a la fuerza- han permitido la confiscación a escala masiva de las tierras palestinas y su transferencia al control israelí «.
«En el período comprendido entre 1948 y1949 la formación de Israel estuvo seguida de más de 30 operaciones militares diferentes por parte de las fuerzas judío- israelíes, que llevaron a la huida o expulsión de más de 800.000 palestinos y a la destrucción de 531 ciudades y pueblos palestinos. El robo calculado de las tierras palestinas tanto por medio de medidas legales como por medio de la agresión militar, así como las continuas demoliciones de casas y la imposición de leyes similares a las del apartheid por parte de Israel difícilmente pueden dejar de ser considerados una cruel forma de limpieza étnica» afirma Leckie.
Hoy se sigue impidiendo que más de cinco millones de refugiados palestinos retornen a sus hogares y recuperen sus casas y sus propiedades. A pesar de que en los últimos años millones de refugiados en todo el mundo han vuelto a sus hogares de origen, como demuestran los casos de Bosnia-Herzegovina, Afganistán, Sudáfrica, Mozambique y Kosovo, Israel continúa oponiéndose rotundamente a que los refugiados palestinos reivindiquen sus reconocidos derechos a la restitución de sus tierra, sus casas y sus propiedades.
«Paradójicamente, si Israel quisiera devolver la tierra confiscada a los refugiados esto sería un proceso muy sencillo comparado con los programas de restitución de otros lugares del mundo. La mayoría de estas tierras continúan bajo el control público del Estado de Israel y no han sido transferidas a manos privadas; una gran parte de la tierra confiscada en 1948 continúa vacía y prácticamente todas las familias de refugiados palestinos conservan sus títulos originales de las tierras y las propiedades, y documentos que prueban su derechos de propiedad», afirma Leckie.
El informe demuestra que para 1949 Israel se había apropiado unos 20.500 kilómetros cuadrados de las tierras que pertenecían al Mandato Palestino utilizando leyes creadas para legitimizar la progresiva «nacionalización» de la tierra y de las propiedades. Los palestinos poseían individual o colectivamente aproximadamente el 90% de estas tierras (cerca de 18.850 kilómetros cuadrados), de los cuales aproximadamente el 85% (unos 16.000 kilómetros cuadrados) habían pertenecido a los pueblos palestinos despoblados.
«A pesar de que Estados Unidos apoya rutinariamente los derechos de los refugiados de todo el mundo a recuperar sus antiguas tierras, casas y propiedades, se niega a reconocer que los refugiados palestinos también deben disfrutar de sus legítimos derechos de propiedad. Si conceptos como derechos humanos e imperio de la ley han de ser de aplicación universal, la hipocresía de la postura de EEUU que explícitamente niega los derechos de propiedad a los refugiados palestinos es flagrante e injustificable», añade Leckie.
El estudio muestra cómo Israel utilizó la Ley de 1954 de Prevención de la Infiltración (Delitos y Jurisdicción) para expulsar a los «refugiados internos» (palestinos que fueron declarados ausentes de sus pueblos en el momento de la creación del Estado de Israel pero que permanecieron en Palestina). Estos «ausentes» fueron definidos como infiltrados y cuando eran capturados se les prohibía permanecer tanto en sus pueblos como en su propio país. Más recientemente se calcula que las confiscaciones de tierra palestina entre septiembre de 2000 y mayo de 2003 ascienden a más de 848 kilómetros cuadrados. Actualmente los 1.200.000 palestinos que tienen ciudadanía israelí (los llamados «árabes israelíes») y que constituyen aproximadamente una quinta parte de la población de Israel posee menos del 3% de la tierra.
El informe revela también que el gobierno israelí promulgó leyes sobre la tierra y la propiedad en las ocupadas Gaza y Cisjordania que les permitían tomar el control de otros 4.700 kilómetros cuadrados en estas zona. La construcción por parte de Israel de un muro de seguridad (diseñado para rodear toda Cisjordania) ha perjudicado muy gravemente a ciudades como Qalqilya, Tulkarem, Jenin y a los pueblos de los alrededores estas ciudades. Una vez terminado, la tierra confiscada para la construcción del muro reducirá la zona de Cisjordania en un 15%.
«En los últimos años Israel ha vuelto a utilizar sus leyes internas -respaldadas por la fuerza militar- para expropiar ilegalmente enormes cantidades de lo que quedaba de las tierras y propiedades palestinas. Con ello ha violado numerosos principios internacionales. A pesar de la casi universal condena por parte de la comunidad internacional, Israel continúa llevando a cabo prácticas y políticas discriminatorias sobre la tierra, la vivienda y la propiedad que hacen imposible desde el punto de vista práctico una paz justa y duradera», añadió Leckie.
El informe ilustra que aunque se pudiera negociar un acuerdo final, difícilmente sería factible un Estado palestino viable dada la exigua cantidad de tierra e infraestructuras disponibles, y la falta de contigüidad territorial. Estos problemas se ven agravados por la ubicua y prejudicial presencia de miles de asentamientos judíos estratégicamente situados, especialmente en Cisjordania, por el control territorial del anexionado Jerusalén Este y por la desmembración de Cisjordania en diferentes enclaves al norte y al sur sin conexión entre ellos. Siguiendo el controvertido Plan E-1 el inmenso asentamiento de Ma’ale Adumim va a expandirse y a anexionarse al «Jerusalén Metropolitano». Esto ratificará el aislamiento y control por parte de Israel de Jerusalén Este y abrirá una brecha en el centro de Palestina al crear un corredor israelí ininterrumpido desde Tel Aviv al Mar Muerto.
Leckie advirtió, «Este nuevo estudio concluye que lo poco que queda de la tierra histórica palestina está desapareciendo bajo nuestros ojos, como si Israel la estuviera borrando deliberadamente del mapa».
«COHRE y BADIL trabajan orgullosamente con distintos grupos israelíes que han iniciado la dolorosa tarea de reconocer el historial de violaciones de los derechos de la tierra por parte de Israel y la subsiguiente desposesión palestina. Como con el final de todos los conflictos de larga duración, una paz duradera entre israelíes y palestinos sólo será posible cuando los ciudadanos israelíes de a pie reconozcan sus errores del pasado, acepten el proceso de reconciliación y superen el temor a sus vecinos históricos. Esperamos que llegue el día en que ambas partes salgan del actual impasse de «nosotros contra ellos» para pasar a un futuro común y equitativo en que los derechos de ambos pueblos sea íntegramente respetados», afirmó finalmente Leckie.
[1] El 15 de mayo se conmemora en Palestina la Nakba, esto es, el aniversario de su obligada expulsión y de la confiscación de sus tierras, casas y propiedades a consecuencia del establecimiento del Estado de Israel (14 de mayo de 1948), al tiempo que se reivindica el reconocimiento e implementación de su derecho al retorno y la restitución de sus tierras, casas y propiedades tal y como reconocen el derecho internacional y la resolución 194 de Naciones Unidas [N. de la t.]