Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
Ilustración de Nathaniel St. Clair – «Las sanciones son una forma de guerra».
Aunque el misterio de quién es el responsable del ataque a los dos buques petroleros en el Golfo de Omán sigue sin resolverse, está claro que la administración Trump ha estado saboteando los envíos de petróleo iraní desde el 2 de mayo, cuando anunció su intención de «hacer que las exportaciones petroleras de Irán se redujeran a cero, negándole al régimen su principal fuente de ingresos». La medida iba dirigida a China, India, Japón, Corea del Sur y Turquía, todas las naciones que compran petróleo iraní y que ahora se enfrentan a las amenazas de Estados Unidos si continúan haciéndolo. Puede que el ejército estadounidense no haya hecho volar físicamente por los aires a los petroleros que transportaban crudo iraní, pero sus acciones tienen el mismo efecto y deberían considerarse actos terroristas económicos.
La administración Trump está también perpetrando un robo masivo de petróleo al incautarse de 7.000 millones de dólares de los activos petroleros de Venezuela, lo que impide que el gobierno de Maduro pueda acceder a su propio dinero. Según John Bolton, las sanciones a Venezuela afectarán a sus exportaciones de petróleo por un valor de 11.000 millones de dólares en 2019. El gobierno de Trump amenaza también a las compañías navieras que transportan petróleo venezolano. Dos compañías, la una con sede en Liberia y la otra en Grecia, ya han sufrido sanciones por el envío de petróleo venezolano a Cuba. Sus barcos no están averiados, tampoco el sabotaje económico
Ya sea en Irán, Venezuela, Cuba, Corea del Norte o en algún otro de los 20 países bajo la bota de las sanciones de EE.UU., el gobierno de Trump está utilizando su peso económico para conseguir cambios de régimen o cambios políticos importantes en países de todo el mundo.
Letales
Las sanciones estadounidenses contra Irán son especialmente brutales. Si bien no han conseguido alcanzar el objetivo de cambiar el régimen, han generado crecientes tensiones con los socios comerciales de EE.UU. en todo el mundo e infligido terribles dolores a la gente común de Irán. Aunque los alimentos y las medicinas están técnicamente exentos de sanciones, las sanciones contra bancos iraníes como el Parsian Bank, el banco no estatal más grande de Irán, hacen que sea casi imposible procesar los pagos por bienes importados, y eso incluye los alimentos y las medicinas. La escasez resultante de medicamentos causará con seguridad miles de muertes en Irán que podrían evitarse, y las víctimas van a ser personas trabajadoras comunes, no ayatolás ni ministros del gobierno.
Los medios corporativos estadounidenses han servido de cómplices con el pretexto de que las sanciones son una herramienta no violenta para presionar a gobiernos específicos y forzar algún tipo de cambio democrático de régimen. En EE.UU., las noticias rara vez mencionan su impacto mortal en la gente común, se limitan a culpar de las crisis económicas resultantes únicamente a los gobiernos que son objeto de sus ataques.
El letal impacto de las sanciones es demasiado claro en Venezuela, donde las severas sanciones económicas han diezmado una economía que ya se estaba recuperando de la caída de los precios del petróleo, de los sabotajes de la oposición, de la corrupción y las malas políticas gubernamentales. Un informe anual conjunto sobre la mortalidad en Venezuela en 2018 elaborado por tres universidades venezolanas encontró que las sanciones de EE.UU. eran en gran parte responsables de al menos 40.000 muertes adicionales ese año. La Asociación Farmacéutica de Venezuela informó en 2018 de una escasez del 85% de medicamentos esenciales.
Si no fuera por las sanciones estadounidenses, la subida de los precios mundiales del petróleo en 2018 debería haber facilitado al menos un pequeño repunte en la economía de Venezuela e importaciones más adecuadas de alimentos y medicamentos. En cambio, las sanciones financieras de EE.UU. impidieron que Venezuela refinanciara sus deudas y privaron a la industria petrolera de dinero en efectivo para piezas, reparaciones y nuevas inversiones, lo que llevó a una caída aún más devastadora en la producción de petróleo que en los años anteriores de bajos precios del petróleo y depresión económica. La industria petrolera proporciona el 95% de las ganancias extranjeras de Venezuela, por lo que al estrangularla y al apartar a Venezuela de los préstamos internacionales, las sanciones, como era de prever y de forma intencionada, han atrapado al pueblo de Venezuela en una letal espiral económica descendente.
Un estudio realizado por Jeffrey Sachs y Mark Weisbrot para el Centro de Investigación Económica y Política, titulado «Sanciones como castigo colectivo: el caso de Venezuela«, informó que el efecto combinado de las sanciones estadounidenses de 2017 y 2019 se proyectó para que provocaran hasta un inaudito 37,4 % de disminución en el PIB real de Venezuela en 2019, tras una disminución del 16,7% en 2018 y la caída de más del 60% en los precios del petróleo entre 2012 y 2016.
En Corea del Norte, muchas décadas de sanciones, junto a prolongados períodos de sequía, han dejado a millones de personas, de los 25 millones de habitantes que tiene el país, desnutridas y empobrecidas. Las zonas rurales en particular carecen de medicamentos y agua limpia. Las sanciones aún más estrictas impuestas en 2018 prohibieron la mayoría de las exportaciones del país, reduciendo la capacidad del gobierno para pagar los alimentos importados a fin de aliviar la escasez.
Ilegales
Uno de los elementos más indignantes de las sanciones de EE.UU. es su alcance extraterritorial. EE.UU. machaca a empresas de terceros países castigándolas por «violar» sus sanciones. Cuando EE.UU. abandonó unilateralmente el acuerdo nuclear con Irán y procedió a imponer sanciones, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos se jactó de que en un solo día, el 5 de noviembre de 2018, había sancionado a más de 700 personas, entidades, aviones y embarcaciones que hacen negocios con Irán. Con respecto a Venezuela, Reuters informó que, en marzo de 2019, el Departamento de Estado había «instruido a las comercializadoras y refinadoras de petróleo de todo el mundo para que redujeran aún más sus tratos con Venezuela o se enfrentaran a sanciones, aunque las operaciones realizadas no estuvieran prohibidas por las sanciones impuestas por el Gobierno estadounidense».
Una fuente de la industria petrolera se quejó a Reuters: «Ese es el modo de actuar de EE. UU. Ellos escriben las normas y luego te llaman para explicarte que también hay reglas no escritas que quieren que sigas».
Las autoridades estadounidenses dicen que las sanciones beneficiarán a los pueblos de Venezuela e Irán al presionarlos para que se levanten y derroquen a sus gobiernos. Teniendo en cuenta que el uso de la fuerza militar, los golpes y las operaciones encubiertas para derrocar a gobiernos extranjeros han resultado catastróficos en Afganistán, Iraq, Haití, Somalia, Honduras, Libia, Siria, Ucrania y Yemen, la idea de utilizar la posición dominante de EE.UU. y el dólar en los mercados financieros internacionales como forma de «poder blando» para lograr el «cambio de régimen», puede llevar a pensar a quienes formulan las políticas de EE.UU. en una forma de coerción más fácil de vender a un público estadounidense preocupado por la guerra y los aliados inquietos.
Pero pasar de la «conmoción y el terror» del bombardeo aéreo y la ocupación militar a los asesinos silenciosos de enfermedades prevenibles, desnutrición y pobreza extrema está lejos de ser una opción humanitaria, y no es más legítima que el uso de la fuerza militar bajo el derecho internacional humanitario.
Denis Halliday ocupó el puesto de Coordinador Humanitario de la ONU en Iraq de 1997 a 1998, y este último año fue nombrado Secretario General Adjunto de la Organización, puesto al que renunció en protesta por las brutales sanciones contra Iraq.
«Las sanciones totales, cuando son impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU o por un Estado a un país soberano, son una forma de guerra, un arma contundente que castiga de forma inevitable a ciudadanos inocentes», nos dijo Denis Halliday. «Si se extienden deliberadamente cuando sus mortales consecuencias son ya conocidas, pueden considerarse genocidio. Cuando la embajadora estadounidense Madeleine Albright dijo en 1996, en el programa de la CBS «Sixty Minutes», que matar a 500.000 niños iraquíes para intentar derribar a Saddam Hussein «valió la pena», la continuación de las sanciones de la ONU contra Iraq se ajustó a la definición de genocidio».
Hay dos Relatores Especiales de la ONU nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización, dos autoridades independientes y serias, que han estado investigando el impacto y la ilegalidad de las sanciones de EE.UU. en Venezuela, aunque sus conclusiones generales se pueden aplicar igualmente a Irán. Alfred De Zayas visitó Venezuela poco después de la imposición de las sanciones financieras estadounidenses en 2017 y elaboró un extenso informe sobre lo que encontró allí: impactos muy significativos debido a la dependencia de Venezuela a largo plazo del petróleo, a la mala gobernanza y a la corrupción, pero también condenó enérgicamente las sanciones y la «guerra económica» de EE.UU.
«Las sanciones y bloqueos económicos actuales son comparables a los asedios medievales de las ciudades», escribió De Zayas. «Las sanciones del siglo XXI intentan poner de rodillas no solo a una ciudad, sino a países soberanos». El informe de De Zayas recomendaba que la Corte Penal Internacional investigara las sanciones estadounidenses contra Venezuela como un crimen de lesa humanidad.
Un segundo Relator Especial de la ONU, Idriss Jazairy, emitió una contundente declaración en respuesta al fallido golpe de Estado respaldado por EE. UU. en Venezuela en enero. Condenó la «coerción» por parte de potencias externas por constituir una «violación de todas las normas del derecho internacional». «Las sanciones que llevan a la hambruna y a las carencias médicas no son la respuesta a la crisis en Venezuela», dijo Jazairy, «… precipitando una crisis económica y social… no ofrecen base alguna para la solución pacífica de las controversias».
Las sanciones violan también el Artículo 19 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, que prohíbe explícitamente la intervención «por cualquier motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro Estado». Añade que «prohíbe no solo el uso de la fuerza armada sino también cualquier otra forma de interferencia o intento de amenaza contra la personalidad de un Estado o contra sus elementos políticos, económicos y culturales».
El artículo 20 de la Carta de la OEA es igualmente pertinente: «Ningún Estado puede usar o alentar el uso de medidas coercitivas de carácter económico o político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener así ventajas de cualquier tipo».
Respecto a las leyes estadounidenses, tanto las sanciones de 2017 como las de 2019 contra Venezuela se basan en declaraciones presidenciales sin fundamento de que la situación en Venezuela ha creado una supuesta «emergencia nacional» en EE.UU. Si los tribunales federales estadounidenses no tuvieran tanto miedo de responsabilizar a la rama ejecutiva en asuntos de política exterior, un tribunal federal podría cuestionar y muy probablemente desestimar todo esto de forma incluso más rápida y fácil que en el caso similar de una «emergencia nacional» en la frontera mexicana, que al menos está geográficamente conectada con EE.UU.
Ineficaces
Hay una razón crítica más para evitar que el impacto de las sanciones económicas de EE.UU. en Irán, Venezuela y otros países afectados sea letal: no funcionan.
Hace veinte años, cuando las sanciones económicas estuvieron recortando el PIB de Iraq en un 48% durante cinco años y estudios serios documentaron su genocida coste humano, siguieron sin poder sacar del poder al gobierno de Saddam Hussein. Denis Halliday y Hans Von Sponeck, dos secretarios generales adjuntos de la ONU, dimitieron de sus altos cargos en la ONU por negarse a imponer aquellas sanciones asesinas.
En 1997, Robert Pape, entonces profesor en el Dartmouth College, intentó resolver las preguntas más básicas sobre el uso de sanciones económicas para lograr un cambio político en otros países a través de la recopilación y análisis de los datos históricos de 115 casos en los que esto se intentó entre 1914 y 1990. En su estudio, titulado «¿Por qué las sanciones económicas no funcionan?», concluyó que las sanciones solo habían tenido éxito en cinco de los 115 casos.
Pape también planteó una pregunta importante y provocativa: «Si las sanciones económicas rara vez son efectivas, ¿por qué los Estados siguen usándolas?»
Y sugirió tres posibles respuestas:
· «Quienes toman las decisiones que imponen sanciones sobrestiman sistemáticamente las perspectivas de éxito coercitivo de las mismas».
· «Los líderes que contemplan el recurso último a la fuerza esperan a menudo que el hecho de imponer primero sanciones mejore la credibilidad de sus posteriores amenazas militares».
· «La imposición de sanciones brinda por lo general a los dirigentes mayores beneficios políticos internos que el rechazo a los llamamientos a favor de dichas sanciones o del recurso a la fuerza».
Pensamos que la respuesta sea probablemente una combinación de «todo lo anterior». Pero creemos firmemente que ninguna combinación de estas razones, o de cualquier otra, puede justificar el coste humano genocida de las sanciones económicas en Iraq, Corea del Norte, Irán, Venezuela o en cualquier otro lugar.
Mientras el mundo condena los recientes ataques contra los petroleros y trata de identificar al culpable, esa condena global debería también centrarse en el país responsable de la guerra económica letal, ilegal e ineficaz que habita en el corazón de esta crisis: Estados Unidos.
Medea Benjamin es cofundadora de CODEPINK for Peace y autora de varios libros, entre ellos: Kingdom of the Injust: Behind the US-Saudi Connection.
Nicolas J. S. Davies es un escritor de Consortium News, investigador de CODEPINK y autor de Blood On Our Hands: the American Invasion and Destruction of Iraq.
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