El juez señala que “el actual asedio militar en Gaza tiene como objetivo erradicar a todo un pueblo” y respalda el fallo de la Corte Internacional de Justicia al considerar que es probable “que la conducta de Israel equivalga a genocidio”
En un pronunciamiento inédito hasta ahora, un tribunal estadounidense –de California– ha considerado pertinente respaldar el fallo de la Corte Internacional de Justicia que considera que hay pruebas verosímiles para investigar a Israel por genocidio. La Corte Federal de Oakland “implora” –con ese verbo se ha expresado el juez en su escrito final– al presidente Joe Biden, al secretario de Estado Anthony Blinken y al de Defensa Lloyd Austin que “examinen los resultados de su apoyo inquebrantable al asedio militar contra los palestinos en Gaza”.
El pasado viernes el juez Jeffrey White determinó que no dispone de jurisdicción para ordenar al Gobierno de Washington lo que los demandantes habían solicitado: que cumpla “con su deber de prevenir, y no de promover, el genocidio que se está desarrollando contra el pueblo palestino en Gaza”. Pero confesó que tenía ante sí “la decisión judicial más difícil que jamás haya tomado” y optó por dedicar más tiempo de lo previsto a la audiencia de víctimas y familiares.
Su conclusión es que “las pruebas indiscutibles ante esta Corte concuerdan con la conclusión de la Corte Internacional de Justicia e indican que el actual trato dado a los palestinos en Gaza por parte del Ejército israelí puede constituir de forma plausible –[probable, verosímil]– un genocidio en violación del derecho internacional”.
Además, señala que “tanto los testimonios indiscutibles de los demandantes” como “el peritaje proporcionado por expertos” en genocidio, así como “las declaraciones hechas por varios oficiales del Gobierno israelí” indican “que el asedio militar en curso en Gaza tiene como objetivo erradicar a todo un pueblo y por tanto cae de manera plausible dentro de la prohibición internacional contra el genocidio”.
La demanda fue presentada en California el pasado mes de noviembre por el Centro de Derechos Constitucionales de Nueva York –una agrupación de abogados estadounidenses con enfoque de derechos humanos– contra el presidente Biden, el secretario de Estado Anthony Blinken y el de Defensa, Lloyd Austin, y ha tenido más recorrido de lo que algunos medios de EEUU preconizaban. En ella se personaron varias organizaciones de derechos humanos palestinas, así como palestinos a título individual, entre ellos varios familiares de víctimas en Gaza.
La denuncia concreta acusaba a los demandados de “no prevenir y ser cómplices del genocidio que está desarrollando el Gobierno israelí contra ellos, sus familias y los 2,2 millones de palestinos en Gaza”, e instaba a la Casa Blanca a bloquear su ayuda militar a Israel y a dejar de obstruir los intentos de la comunidad internacional de pedir un alto el fuego en Gaza.
Washington destina a Israel su mayor ayuda militar desde hace años: algo más de 3.800 millones de dólares anuales. A ello se suma desde el pasado 7 de octubre el envío de grandes paquetes de armas y municiones. Además, proporciona una contundente cobertura política y diplomática a Tel Aviv, hasta el punto de que en el Consejo de Seguridad ha vetado en varias ocasiones la exigencia mayoritaria de un alto el fuego inmediato en Gaza.
“EE.UU. opta por evitar sus obligaciones legales”
En su escrito final el juez Jeffrey White muestra frustración por no poder emitir una orden judicial, admitiendo que “hay casos raros en los que el resultado preferido es inaccesible para la Corte. Este es uno de esos casos”. Con ello hace referencia a lo que considera una falta de jurisdicción debido a precedentes constitucionales, algo que han cuestionado los abogados demandantes.
El juez señala en su instrucción que la jurisprudencia le impide inmiscuirse en los asuntos de la política exterior estadounidense, pero los letrados que representan la denuncia afirman que la ley de EEUU permite y exige juzgar las posibles violaciones por genocidio. “Aquí Estados Unidos está optando por evitar sus obligaciones legales vinculantes”, ha denunciado Katherine Gallagher, letrada del Centro de Derechos Constitucionales.
Jean Lin, abogada del Departamento de Justicia de Estados Unidos, argumentó durante la audiencia que el tribunal no dispone de jurisdicción para este caso y que los gobiernos podrían ser responsabilizados a través de Naciones Unidas. La Asamblea General de la ONU tiene capacidad para suspender a Israel de sus actividades –como hiciera en el pasado con la Sudáfrica del apartheid–, para pedir a sus Estados miembros que impulsen sanciones o para admitir a Palestina como Estado miembro de pleno derecho.
Los testimonios de víctimas y familiares
Entre los demandantes se encuentran la organizaciones palestinas de derechos humanos Defense for Children International, con sede en Ramala, Cisjordania, Al-Haq y varios palestinos de Gaza y Estados Unidos. Una de las declarantes presentes en la sala fue la periodista Laila El-Haddad, madre de cuatro hijos, periodista y escritora del estado de Maryland, con ochenta y nueve familiares muertos en Gaza por los ataques israelíes. Los supervivientes –tíos y primos de Leila– han tenido que desplazarse en varias ocasiones dentro de la Franja:
“El Ejército israelí mató a mi tía, a mis dos primos, hirió seriamente a otros primos. Mi tío no ha podido recuperar dos cadáveres, siguen bajo los escombros. Los familiares que tengo que aún están vivos sufren hambre, no disponen de agua potable, intentan sobrevivir como pueden”, explicó ante el juez.
“¿Cómo afecta esto a su vida?”, le preguntó una de las abogadas. “Consume todos los aspectos de mi día a día. Es una pesadilla en directo. Mi barrio fue destruido por los bombardeos israelíes el segundo día de la ofensiva. Yo solía pasear por allí todos los veranos cuando iba a visitar a los míos, compraba helados con mi madre y pistachos, íbamos a ver el atardecer en la playa y después a escuchar música en directo. Todo ha sido arrasado”, contestó El-Haddad.
“Estamos viviendo algo devastador y abrumador. El dinero de los impuestos que pago en este país es usado por mi Gobierno, que es cómplice de esta destrucción y de la matanza de mi familia. Esto hace que me sienta invisible, no escuchada, discriminada y deshumanizada. Biden podría hacer una llamada y poner fin a esto, pero ha decidido ayudar activamente”, continuó la palestina estadounidense.
Otro de los demandantes es el poeta y periodista Ahmed Abu Artema, que resultó herido por un ataque israelí en noviembre contra su propia casa en Gaza, en el que murieron su hijo Abboud de doce años, su sobrina, de diez años, la esposa de su padre, dos tías y una prima. Abu Artema fue el impulsor de la Gran Marcha del Retorno en 2018, una protesta no violenta que terminó con más de doscientos palestinos muertos y miles de heridos por el ejército israelí. Una investigación de Naciones Unidas concluyó entonces que “los soldados israelíes cometieron violaciones de los derechos humanos internacionales y del derecho humanitario. Algunas de esas violaciones pueden constituir crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad”.
También habló ante el tribunal el doctor Omar Al-Najjar, de 24 años. Lo hizo a través de Internet desde Rafah, el sur de Gaza, desde un hospital en el que más de dos mil nuevos pacientes al día requieren tratamiento por lesiones o enfermedades graves y donde escasean los medicamentos. “Lo he perdido todo en esta guerra”, lamentó Al-Najjar. “No tengo nada más que mi pena. Esto es lo que Israel y sus partidarios nos han hecho”.
La abogada demandante del Centro de Derechos Constitucionales, Katherine Gallagher, ha destacado que “el apoyo incansable de Estados Unidos a Israel está permitiendo la matanza de decenas de miles de palestinos y la hambruna que enfrentan millones. Si bien estamos totalmente en desacuerdo con el fallo jurisdiccional final del tribunal, instamos a la Administración Biden a que preste atención al llamamiento del juez para que se examine y ponga fin al apoyo de esta acción mortal en curso. Junto con nuestros demandantes, buscaremos todas las vías legales para detener el genocidio y salvar vidas palestinas”.
Mohammed Monadel Herzallah relató que ha perdido a siete miembros de su familia bajo los ataques israelíes, uno de ellos una niña de cuatro años. “Me siento deshumanizado… y el mundo está paralizado al respecto”, comenta en conversación con elDiario.es. “Actualmente mi familia carece de alimentos, medicinas y de las necesidades más básicas para sobrevivir. Seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para salvar las vidas de nuestro pueblo”.
Otra de las abogadas, Diana Shamas, ha destacado que “esto no tiene precedentes y es condenatorio que un tribunal federal haya prácticamente afirmado que Israel está cometiendo un genocidio mientras critica el apoyo ‘incansable’ de los acusados Biden, Blinken y Austin a los actos que constituyen ese genocidio”, dijo.
Khaled Quzmar, director general de la organización Defense for Children International, ha relatado en un encuentro con elDiario.es en Bruselas cómo el rostro del juez White “fue cambiando a medida que escuchaba los testimonios de las víctimas y sus familiares”.
Entre los testimonios ante el tribunal se incluyó el del profesor de Historia judía y experto en Genocidio y Holocausto Barry Trachtenberg, quien subrayó que el ataque de Israel a Gaza “ha sido financiado por el pueblo estadounidense, combatido con armas suministradas por Estados Unidos y alentado por una Casa Blanca cómplice. A diferencia de genocidios pasados, que fueron sentenciados mucho después de haber concluido, tenemos la oportunidad de detener este ahora. Lo que hace que esta situación sea tan única es que estamos viendo cómo se desarrolla el genocidio mientras hablamos… La razón por la que estoy pronunciándome es porque lo estamos viendo suceder ante nuestros ojos”.
A pesar de que se declarara sin jurisdicción, el pronunciamiento del Tribunal Federal estadounidense no tiene precedentes y supone un paso más en el creciente consenso en torno a la necesidad de detener los ataques israelíes en Gaza e investigar por genocidio a Israel.