Una juez federal de la ciudad de Detroit ordenó hoy interrumpir de forma inmediata las escuchas telefónicas sin autorización judicial que el presidente de EEUU, George W. Bush, respaldó como arma fundamental en su lucha contra el terrorismo. La magistrada Anna Diggs Taylor emitió un fallo en el que considera que el programa de espionaje […]
Una juez federal de la ciudad de Detroit ordenó hoy interrumpir de forma inmediata las escuchas telefónicas sin autorización judicial que el presidente de EEUU, George W. Bush, respaldó como arma fundamental en su lucha contra el terrorismo. La magistrada Anna Diggs Taylor emitió un fallo en el que considera que el programa de espionaje puesto en marcha por el Gobierno dentro de EEUU es inconstitucional.
Según ella, viola los derechos a la libertad de expresión y a la intimidad de los ciudadanos, así como la separación de poderes que consagra la Constitución estadounidense.
«No hay poderes que no estén creados en la Constitución», señala la magistrada en su resolución judicial.
Su fallo se produce en respuesta a una denuncia presentada por la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU, en inglés) contra el controvertido programa de escuchas telefónicas y de control de correos electrónicos que el Gobierno de Bush puso en marcha después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
«Los demandantes se han impuesto y el interés público de este asunto es claro», añade la juez.
La ACLU había denunciado el programa en representación de un grupo de periodistas, abogados y profesores alegando que su trabajo se veía dificultado por las escuchas porque sus contactos en el extranjero, como fuentes o testigos potenciales, podrían mostrarse recelosos a compartir información por teléfono, por temor a estar siendo espiados.
Las críticas al programa van más allá de las organizaciones civiles como la ACLU, ya que también los políticos -especialmente los demócratas pero también algunos republicanos- cuestionaron el hecho de que el Gobierno se haya podido extralimitar en sus funciones.
El líder de la minoría demócrata en el Senado, Harry Reid, manifestó que la resolución judicial de hoy es «el último ejemplo de que la administración ha puesto en peligro nuestros esfuerzos en la guerra contra el terror».
Desde el Gobierno, el Departamento de Justicia, en representación de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) -que es la que puso en marcha el programa-, ya ha anunciado que apelará la resolución.
Ha reiterado, a través de un comunicado, que el conocido como «programa de vigilancia terrorista» es una «herramienta esencial» en la guerra contra el terrorismo, protege las libertades civiles y respeta la legalidad.
«En el conflicto actual con Al Qaeda y sus aliados, el presidente tiene la obligación primordial (…) de proteger a los estadounidenses». La Constitución otorga al presidente la autoridad necesaria para cumplir esa solemne obligación» y creemos que el programa es legal y protege las libertades civiles», añade la nota.
Sin embargo, el director ejecutivo de la ACLU, Anthony Romero, manifestó que la resolución «encara el abuso del poder presidencial y reafirma que los mecanismos de control del poder son necesarios para nuestra democracia».
Romero precisó a la prensa que la resolución de la magistrada supone «un paso más en el fracaso de la estrategia legal de la administración Bush en la lucha contra el terror».
Lo que está claro es que supone un claro revés judicial para el Gobierno, que podría repetirse si sale adelante otra demanda presentada por el Centro para los Derechos Constitucionales de EEUU (CCR, en inglés) ante una corte federal de Nueva York.
También un juez federal de San Francisco (California) aceptó el pasado 20 de julio una demanda que pone en entredicho el programa de espionaje interno del Gobierno y rechazó su afirmación de que, de seguir adelante con el caso, se podrían revelar secretos y obstaculizar la guerra contra el terrorismo.
Esa acción judicial fue presentada por el grupo privado «Fundación Frontera Electrónica» que acusó al Gobierno y a empresas telefónicas, entre ellas AT&T, de interceptar ilegalmente las comunicaciones de los estadounidenses sin la necesaria orden judicial.
La polémica en torno a este asunto fue desvelada por la prensa a finales de 2005, aunque cobró una mayor dimensión el pasado mes de junio, cuando el diario «USA Today» publicó que la NSA había creado una gigantesca base de datos.
En esa base se incluirían los registros de millones de llamadas, tanto de sospechosos de terrorismo como de ciudadanos comunes, en colaboración con las tres mayores compañías telefónicas del país.
El presidente Bush, que nunca confirmó ni desmintió la existencia de esa base de datos, sostuvo en varias ocasiones que el programa de espionaje interno tiene como misión localizar a terroristas y no husmear en la intimidad de los ciudadanos.