¿Una «red asistencial» para las clases populares?

Otro informe publicado recientemente por la Comisión Europea, y enmarcado en el programa «Educación y Formación 2010», (2) confirma esta valoración negativa. España está a la cabeza de la UE en abandono escolar prematuro y figura, además, entre los países de la UE donde más aumentó esta tasa de abandono y en el grupo con peores resultados en cuanto a objetivos educativos.

Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, el máximo representante de la IE recordó también que en el Estado español se invierte en educación un 4,7% del PIB, mientras la media de los países de la OCDE es de un 5,8%. Y no dudó en calificar esta diferencia, que se multiplica cuando se toma como referencia a los países más desarrollados de nuestro entorno, como «tremenda».

Fred Van Leeuwen proporcionó, además, otro dato especialmente significativo. «España es uno de los tres países de Europa con más alumnos fuera del sistema público de enseñanza». En el Estado español, uno de cada tres centros educativos es privado o concertado, con una tasa de matriculación en la enseñanza privada que alcanza un 25% en preescolar, un 33% en Primaria, un 29% en Secundaria (ESO) y un 13% en la Universidad. (3)

El abandono prematuro de los estudios y el fracaso escolar son consecuencias – según el secretario de la Internacional de la Educación- de las carencias de la enseñanza secundaria y de la desmoralización de los docentes. Estas conclusiones, en cualquier caso, recogen tan solo algunas de estas causas. Y es que es toda la red educativa pública del Estado -y no sólo la enseñanza secundaria- la que viene soportando un progresivo deterioro como consecuencia, en primer lugar, de su insuficiente financiación. Ante el generalizado desinterés por lo público de las administraciones competentes, las frecuentes quejas por la falta de infraestructuras o el mal estado de las mismas, por la masificación que sufre un gran número de colegios o por la imposibilidad de atender adecuadamente a la diversidad sin ampliar el actual número de profesores, han comenzado a provocar respuestas más contundentes.

En la isla de Fuerteventura, por ejemplo, la insostenible situación que vive la enseñanza pública, con falta de centros escolares y de los recursos más básicos o la ausencia de un claustro estable, condujo a la comunidad educativa a celebrar una manifestación, el pasado 3 de octubre, en la que se denunció el abandono al que la Consejería de Educación del Gobierno autónomo les viene sometiendo. Pese a las características singulares del caso, y a las importantes diferencias que existen entre unas y otras regiones, la precariedad que provocó esta movilización se ha instalado, de manera general, en la educación pública del Estado. Esta degradación se ve reflejada, obviamente, en las actitudes de quienes la sufren. Según los datos obtenidos por el conocido sociólogo Mariano Fernández Enguita, «los padres prefieren los centros privados por tres razones: distinción, servicios y disciplina». «Un tercio de la población – dice Fernández Enguita – quiere mandar a sus hijos a escuelas privadas. Y, en mi opinión, hay otro tercio que lo desearía pero, por cuestiones económicas, no puede».

Colegios concertados: «el botín constitucional de la Iglesia»

Los colegios concertados son centros privados a los que la Administración pública financia con cargo a los Presupuestos Generales. Esta financiación incluye el salario de los profesores, del personal de administración, servicio y mantenimiento y la conservación del centro, cubre hasta el 88% de su presupuesto, y tiene una serie de contrapartidas. Al menos, teóricamente. El sistema de conciertos les obliga a impartir la enseñanza gratuitamente y a aplicar un régimen de acceso y admisión de alumnos semejante al de los colegios públicos. En la práctica, sin embargo, no cumplen ninguna de estas obligaciones. Casi el 100% de estos centros cobran cantidades importantes a sus usuarios bajo el ambiguo rubro de «otros conceptos», que varían de unos colegios a otros. Puede tratarse de «donaciones» forzosas o bien de actividades extraescolares, aunque obligatorias y realizadas dentro del horario lectivo. Pero, sea como fuere, estudios realizados por varias asociaciones de consumidores, entre ellas la OCU, demuestran que llevar a un niño a un colegio concertado puede llegar a costar a los padres un 300% más caro que si optan por una escuela pública. En un centro concertado de primaria el gasto que deben asumir los padres por cada hijo es, de media, el triple que en un colegio público. La diferencia aumenta aún más en secundaria.

Por si este primer fraude de ley no fuera suficiente, los colegios concertados cometen otro de igual calibre en lo que se refiere a la admisión de los alumnos. Además de introducir un primer filtro mediante los mencionados cobros ilícitos, establecen criterios de escolarización destinados a configurar una clientela selecta, de la que excluyen sistemáticamente a inmigrantes, gitanos y niños de otras etnias desfavorecidas y a alumnos con bajo nivel socioeconómico, con necesidades educativas especiales o con bajo rendimiento académico. Así lo viene denunciando la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), sin que el Ministerio de Educación haya hecho nada para evitar que los propietarios de estos colegios continúen incumpliendo la ley flagrantemente. En la actualidad, alrededor del 75% de los hijos de inmigrantes están escolarizados en colegios públicos, mientras que los concertados sólo admiten a aquellos con mayores niveles socio-económicos.

Para sostener este elitista sistema de conciertos, las distintas Administraciones públicas del Estado destinaron, en el año 2003, 3692 millones de euros. Una cantidad que se ha incrementado anualmente, mientras se somete a la red pública de educación a una progresiva descapitalización.

Entre el 60 y el 70% de estos conciertos corresponden a colegios católicos, a los que se destina alrededor de 2500 millones de euros de los fondos públicos. Esta situación de dominio eclesial forma parte de lo que el fallecido jurista Joaquín Navarro Estevan denominó «el botín constitucional de la Iglesia». (3) Durante la mitificada Transición española, y al igual que el resto de los poderes fácticos del franquismo, la Iglesia católica logró que la Constitución de 1978 consagrara la secular posición de privilegio que habían consolidado, gracias a la fuerza bruta de la dictadura, durante casi cuarenta años de nacional-catolicismo. En un texto que Navarro Estevan calificaba con acierto como «criptoconfesional», la jerarquía católica consiguió en el ámbito de la enseñanza el marco legal para desarrollar un sistema que mantendría su hegemonía ideológica y moral, tanto como sus privilegios económicos.

Sin embargo, fue el gobierno psocialista de Felipe González el que aprobó, en 1985, la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación, reglamentando la enseñanza privada concertada sostenida con fondos públicos. Con esta ley, el PSOE cumplía con un compromiso adquirido con la Iglesia católica, al tiempo que renunciaba a realizar las inversiones necesarias para potenciar una escuela pública capaz de paliar las enormes diferencias culturales que existen entre los alumnos, los distintos «puntos de partida», en función de su procedencia social. La progresiva profundización de este sistema constituye la principal causa de la actual crisis de la educación en el Estado español. Equiparando el derecho de todos a la educación con el derecho a la «libre elección de centro escolar», la red pública de enseñanza con la «iniciativa social» privada, y aumentando la financiación de la segunda en detrimento de la primera, se ha ido configurando un modelo discriminatorio y eminentemente clasista, que contribuye de manera determinante a consolidar una sociedad cada vez más desigual. Por un lado, existe una red de centros privados-concertados a los que acceden alumnos procedentes de las clases más acomodadas y, en los de menor nivel, también los de una menguante e inestable «clase media» que se esfuerza hasta el límite por incluir a sus hijos en el grupo de los favorecidos. Junto a estos centros, financiados con el dinero de todos, los colegios públicos están condenados a convertirse -si la situación actual no se modifica- en una red asistencial para las clases populares, los inmigrantes y, en definitiva, para los sectores más desfavorecidos de la población. En la actualidad, el 72% de los hijos de obreros abandona los estudios después de la Enseñanza Secundaria Obligatoria. (4) El dato refleja significativamente quienes son los principales perjudicados por el modelo educativo español.

En Canarias, mucho peor

Si el Estado español es uno de los que peores resultados educativos obtiene dentro de la UE, Canarias -a su vez- se sitúa a la cabeza del Estado en tan lamentable récord. En cuanto al «fracaso escolar»- terminología recusada por algunos profesionales que prefieren hablar de un «fracaso social» con responsables bien identificados – el Instituto Nacional de Calidad Educativa lo sitúa en un 29% a nivel estatal, frente al 20% de la media europea. En Canarias, este porcentaje se eleva hasta el 38%. En el Archipiélago, tres de cada diez alumnos abandona la enseñanza obligatoria, cifra sólo superada en Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla.

El pasado mes de septiembre, la consejera de Educación del Gobierno autónomo, Milagros Luís Brito, trató de justificar estos datos con no poca desvergüenza. Aludiendo a los «factores diversos» que, en su opinión, permitirían entender las «altas tasas de fracaso escolar», Luís Brito recurrió, como es propio de CC, a la socorrida excusa de la inmigración. Este fracaso se debe sobre todo, según la consejera, «a la existencia de un gran porcentaje de inmigrantes entre el alumnado canario», «chicos que apenas conocen las herramientas del lenguaje o que proceden de culturas donde se premia el trabajo y no el estudio». (5) Milagros Luís Brito se refirió también a la «carencia de elementos de diagnóstico, prevención y refuerzo en Primaria». Alguien poco informado podría deducir de las manifestaciones de la consejera que las carencias de estos elementos, o de los profesores especialistas en lenguas extranjeras y en atención a la diversidad que permitirían a los alumnos de otras nacionalidades superar sus dificultades de adaptación, corresponden a limitaciones «naturales» del archipiélago canario. Pero lo cierto es que se trata, sencillamente, de las consecuencias lógicas de unos presupuestos que no hacen frente a las necesidades reales de la mayoría de la población. Si en 1996 el gobierno autónomo invertía el 5,66% de su presupuesto en educación – reconociendo, aunque con una inversión insuficiente, que el secular atraso de las islas requería una atención especial dentro del Estado – en la actualidad el ejecutivo canario ha disminuido este porcentaje hasta un 4%. Y ello, cuando el PIB archipielágico no ha dejado de crecer en los últimos años, pasando de los 25000 millones de euros del 2000 a los 40000 actuales.

En sus declaraciones, Milagros Luís Brito se atrevió a ir bastante más lejos, poniendo claramente de manifiesto las concepciones de quienes nos gobiernan y, muy probablemente, sus planes de futuro. Para la consejera, otro de los factores principales que permitiría explicar el desproporcionado fracaso escolar de las islas es «el gran peso de la enseñanza pública en Canarias». (6) Preciso resulta reconocer que Luís Brito y sus compañeros de gobierno juegan con ventaja a la hora de hacer pasar por cierta esta demagógica afirmación. Disminuir la financiación de la educación pública justo cuando ésta necesitaría un incremento sustancial; evitar construir los nuevos colegios que exige el aumento poblacional permitiendo que los ya existentes se masifiquen hasta límites indignos y se deterioren progresivamente; o negar al profesorado canario una justa homologación salarial que contribuya a dignificar su tarea son, solamente, algunos de los procedimientos con los que la Administración cuenta para que la educación pública termine por convertirse en sinónimo de «fracaso escolar». El resultado perseguido, lograr el consenso social sobre la supuesta superioridad de lo privado o, para utilizar el eufemismo al uso, de la «iniciativa social», justificaría, a su vez, que la red pública de enseñanza termine por convertirse en una suerte de «beneficencia» para futuros subempleados.

En cualquier caso, y como hemos mostrado en el epígrafe anterior, esta dinámica no es patrimonio exclusivo de Canarias y tampoco de los partidos de la derecha tradicional. A nivel estatal, ninguna de las sucesivas reformas educativas promovidas por PP o PSOE se ha apartado de esta senda privatizadora que, en su último informe, ha venido a destacar el secretario general de la Internacional de la Educación.

Sobran evidencias para sostener, sin que se nos pueda tachar de catastrofistas, que si no se produce una acelerada toma de conciencia que sea capaz de revertir este proceso, el futuro inmediato puede depararnos la definitiva quiebra de la enseñanza pública en el Estado español.

Notas y referencias bibliográficas:

(1) «La enseñanza más privada. España es uno de los tres países de Europa con más alumnos fuera del sistema público». EFE.

(2) «España, a la cabeza de la UE en abandono escolar». Agencias.

(3) «25 años sin Constitución». Joaquín Navarro Estevan. Foca, ediciones y distribuciones generales, S.L., 2003.

(4) El 72% de los hijos de obreros no continúa estudiando después de la E.S.O, según el estudio «Desigualdades tras la educación obligatoria: nuevas evidencias», elaborado por el el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, Jorge Calero. EFE.