Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
En los últimos años, desde que vimos el primer afgano con grilletes arrastrado hasta Guantánamo, el ejército estadounidense ha ido creando una red global de prisiones ubicadas en el extranjero, en una especie de islotes de alta seguridad en los que se mantiene a 14.000 detenidos fuera del alcance del derecho establecido.
Las revelaciones sobre torturas y detenciones arbitrarias durante largos períodos de tiempo se han ido ganando el rechazo de voces dirigentes, incluidas la del secretario general de Naciones Unidas y el Tribunal Supremo de EEUU. Pero las palabras más amargas llegaron desde dentro del sistema, desde algunas de las penitenciarías más importantes de EEUU
«No podía creer que vería de nuevo la luz del sol», manifestó el tendero Amyad Qassim al-Aliyawi a The Associated Press tras su liberación -sin cargos- el mes pasado. «El año y ocho meses que pasé entre los estadounidenses fue como estar viviendo en el infierno.»
Capturados en los campos de batalla, arrancados de sus camas a medianoche, secuestrados en las calles como sospechosos de pertenecer a la resistencia, decenas de miles de personas han pasado ya por los campos de detención estadounidenses, la gran mayoría de ellos situados en Iraq.
Muchos dicen que fueron capturados en redadas del ejército estadounidense, a menudo interrogados día y noche, para ser liberados meses o años después sin siquiera pedirles excusas, sin ofrecerles una indemnización o una explicación de por qué fueron encarcelados. Entre un 70 a un 90% de las detenciones en Iraq durante 2003 fueron «errores», dijeron en una ocasión oficiales estadounidenses a la Cruz Roja Internacional.
Los defensores del sistema, que ha aumentado sólo desde que las fotos de los abusos de los soldados en Abu Ghraib conmocionaron al mundo, dicen que es una desafortunada necesidad de los combates que tratan de pacificar Iraq y Afganistán y para mantener a los sospechosos de terrorismo fuera de juego.
Cada detenido por EEUU en Iraq «es detenido porque supone una amenaza para la seguridad del gobierno de Iraq, el pueblo de Iraq o las fuerzas de la coalición», declaró el Teniente Coronel del ejército estadounidense Keir-Kevin Curry, uno de los portavoces de las operaciones con detenidos llevadas a cabo por el ejército de EEUU en Iraq.
Pero docenas de antiguos detenidos, ministros del gobierno, legisladores, activistas por los derechos humanos, abogados y académicos en Iraq, Afganistán y EEUU dicen que el sistema de detención es con mucha frecuencia injusto y perjudica la guerra contra el terrorismo al inflamar el anti-americanismo en Iraq y en todas partes.
Construyendo a largo plazo
Los informes de abusos gravísimos tanto físicos como mentales, simbolizados por las infamantes fotos de la prisión de Abu Ghraib de 2004, se han ido apaciguando mientras el Pentágono rechazaba el uso de la tortura con los reclusos. Más recientemente, el pasado 6 de septiembre, el Pentágono publicó un nuevo manual de interrogatorios prohibiendo la desnudez forzosa, las capuchas, las posiciones estresantes y otras técnicas abusivas.
Ese mismo día, el Presidente Bush declaró que los puestos secretos de avanzada de la CIA en la red de prisiones habían sido vaciados, y que los 14 sospechosos de terrorismo que había en ellos habían sido enviados a la Bahía de Guantánamo, en Cuba, para que fueran allí juzgados por tribunales militares. Sin embargo, el Tribunal Supremo estadounidense se ha cargado ese sistema de tribunales y la Casa Blanca y el Congreso están ahora peleando sobre la estructura legal que deberán tener esos juicios.
Es posible también que las condiciones de vida de los detenidos sean algo mejores. El ejército estadounidense ha sacado a colación el caso de los aseos de Bagram en Afganistán: En un viejo y lúgubre edificio de esa base aérea, cientos de detenidos hacinados en jaulas comunales tienen ahora instalaciones de aseo cubiertas y cortinas para poder mantener la privacidad, en lugar de usar orinales frente a todos.
Cualquiera que sea el avance, pequeño o importante, lo que persiste es una sombría realidad.
Los grupos de derechos humanos han contabilizado docenas de muertes de detenidos por las que nadie ha sido castigado y que ni siquiera fueron explicadas en ningún momento. Las prisiones secretas -se desconoce su número y ubicación- permanecen disponibles para futuros detenidos. El nuevo manual que prohíbe la tortura no afecta a los interrogatorios de la CIA. Y miles de personas continúan pudriéndose en una especie de limbo, privados de uno de los derechos más antiguos y más extendidos, el habeas corpus, el derecho a conocer por qué se te mantiene en prisión.
«Si tú, ¡Dios no lo quiera!, eres un afgano inocente traicionado por un señor de la guerra rival, puedes terminar en Bagram y ya no hay forma alguna de limpiar tu nombre», dijo en Nueva York John Sifton, de Human Rights Watch. «No puedes tener un abogado que presente pruebas, ni puedes hacer nada para lograr salir de allí».
El gobierno estadounidense ha sostenido, como condición determinante, que puede retener a los detenidos hasta que la «guerra contra el terrorismo» termine.
«No creo que la cuestión sea la duración», dijo el almirante retirado John D. Hutson, anterior abogado de la Marina de EEUU. «Cuando lleguemos al ‘para siempre’, creo que pasará a ser examinado» por un tribunal, declaró.
La Marina está haciendo planes a largo plazo en Guantánamo. Se espera que este otoño se abra una nueva ala de máxima seguridad, con un presupuesto de 30 millones de dólares, en el complejo de la prisión allí, con una estructura de hormigón y acero que reemplazará a los campamentos que tienen un carácter más temporal.
En Iraq, los carceleros del ejército han dado ya un paso más al frente. El pasado mes abrieron un centro de detención de vanguardia en Campo Cropper por valor de 60 millones de dólares, cerca del aeropuerto de Bagdad. El ejército vigila a unos 13.000 prisioneros en Iraq, entre Cropper, Campo Bucca, en la parte sur del desierto, y Fort Suse, en el norte kurdo.
Ni prisioneros de guerra ni acusados criminales, son sólo «detenidos de seguridad», retenidos «por razones imperativas de seguridad», dijo el portavoz Curry, utilizando un anexo a una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que autorizaba la presencia estadounidense allí.
Cuestiones legales y de soberanía
El Presidente Bush manifestó la posición de EEUU en un discurso pronunciado el 6 de septiembre pasado.
«Esos son combatientes enemigos que han emprendido la guerra contra nuestra nación», dijo. «Tenemos un derecho bajo las leyes de la guerra, y tenemos una obligación con el pueblo estadounidense, la de detener a esos enemigos e impedirles que se incorporen a los combates.»
Pero hay otros opiniones que defienden que no hay necesidad de mantener a esos miles de prisioneros fuera de las leyes relativas a los prisioneros de guerra establecidas por las Convenciones de Ginebra.
El pasado mes marzo, el Secretario General de Naciones Unidas declaró que, en ese sentido, el alcance de las detenciones arbitrarias «no concuerda con las estipulaciones del derecho internacional que regulan la reclusión basada en razones imperativas de seguridad».
Mientras, los funcionarios del gobierno iraquí de Nuri al-Maliki, que lleva cuatro meses en el poder, dicen que el sistema de detención estadounidense viola los derechos naciones de los iraquíes.
«En tanto en cuanto la soberanía ha sido transferida a manos iraquíes, los estadounidenses no tienen derecho a detener a ningún nacional iraquí», dijo Fadhil al-Sharaa, un ayudante del primer ministro. «La detención debería ser llevada a cabo sólo con el permiso de la magistratura iraquí.»
No hay garantía alguna de que los 13.000 detenidos por los estadounidenses vayan a estar mejor bajo control del gobierno iraquí, que según funcionarios de Naciones Unidas, mantiene a 15.000 prisioneros.
Pocas cosas han cambiado a pesar de esas peticiones. Cuando el 2 de septiembre los estadounidenses devolvieron formalmente la prisión de Abu Ghraib a control iraquí, la cárcel se encontraba vacía pero sus 3.000 prisioneros seguían bajo custodia estadounidense, al haber sido trasladados al Campo Cropper.
La vida bajo vigilancia
Los casos de los iraquíes detenidos por EEUU son revisados por un comité compuesto por militares del ejército estadounidense y por funcionarios del gobierno iraquí. Los expertos recomiendan acusaciones criminales contra algunos y la liberación para otros. Con fecha 9 de septiembre, la Corte Criminal Central de Iraq había juzgado a 1.445 presos, condenando a 1.252. Por ejemplo, en la última semana de agosto, 38 iraquíes fueron sentenciados por acusaciones que iban desde posesión ilegal de armas a asesinato por el asesinato de un marine estadounidense.
Desde junio de 2004, han sido liberados casi 18.700 prisioneros, declara el mando ocupante, sin incluir muchos más que fueron retenidos y más tarde liberados por unidades militares locales y que no habían llegado a ser enviados a prisiones importantes.
Algunos de los que fueron liberados, por no ser considerados ya una amenaza, se unieron más tarde o se reincorporaron a la resistencia.
El proceso de revisión es demasiado lento, dicen los funcionarios de Naciones Unidas. Hasta el momento en que son liberados, a menudo las familias no saben dónde están sus hombres -los prisioneros son habitualmente hombres- o incluso ni siquiera saben si están en manos estadounidenses.
Un ex detenido, Muayad Yasin Hasan, de 31 años, capturado en abril de 2004 como sospechoso de ser un insurgente musulmán sunní, declaró que durante los 13 meses que pasó entre Abu Ghraib y Bucca, no le permitieron conseguir un abogado ni contactar con su familia, siendo interrogado sin descanso. Cuando preguntaba por qué estaba en prisión, declaró, la respuesta era: «Te tenemos aquí por razones de seguridad».
Otro prisionero liberado, Walid Abdul Karim, de 26 años, relató como sus guardias ejercían una autoridad absoluta.
«Cuéntanos quiénes atacaron a los estadounidenses en tu barriada», citó que le decía su interrogador, «o te tendremos en prisión durante 50 años».
Al igual que pasó con otros muchos, el confinamiento de Karim puede que sencillamente sirviera para fortalecer los apoyos a la resistencia contra EEUU. «Odiaré a los estadounidenses el resto de mi vida», manifestó.
«Con todo lo lóbregas y escondidas que están las cárceles en Iraq, es menos conocida aún la situación afgana. Informes de abusos y muertes aparecieron entre 2002-2004, pero aunque existen fotos de Bagram del estilo de las de Abu Ghraib, no se han filtrado. Se cree que el ejército estadounidense mantiene unos 500 detenidos, la mayoría afganos, pero al parecer también hay árabes, pakistaníes y de Asia Central.
EEUU planea ceder el control de sus detenidos afganos a principios del año que viene, cinco años después de invadir Afganistán para eliminar las bases de al-Qaida y derrocar al gobierno talibán. Mientras tanto, los prisioneros de Barran sobreviven en un vacío legal como el del resto de la red de detención de EEUU.
«Ha habido mucho silencio sobre Bagram y mucha menos discusión política sobre ese campo», dijo Richard Bennet, oficial-jefe de derechos humanos de Naciones Unidas en Afganistán.
Los detenidos liberados han contado cómo vivían en jaulas de 16 presos que tenían prohibido hablar los unos con los otros. Llevan los mismos monos naranja y las cabezas rapadas de los sospechosos de terrorismo de Guantánamo, pero carecen incluso de los escasos derechos legales que los prisioneros de la base en Cuba han conseguido. En algunos casos, han sido retenidos sin acusación alguna durante tres o cuatro años, dicen los activistas por los derechos humanos.
Guantánamo recibió a sus primeros prisioneros desde Afganistán -encadenados, con los ojos tapados- en enero de 2002. Fueron enviados hasta un total de 770 prisioneros. En la actualidad el número de afganos, árabes y de otras nacionalidades que hay allí es de 455.
Descritos como los prisioneros más peligrosos de la «guerra contra el terrorismo» de EEUU, sólo 10 de los prisioneros de Guantánamo han sido acusados de crímenes. Se prevén acusaciones contra otros 14 sospechosos de al-Qaida que fueron trasladados a Guantánamo el 4 de septiembre último desde prisiones secretas.
Sin embargo, los planes para juzgarlos están en compás de espera, debido a un fallo del Tribunal Supremo que se emitió en junio contra los planes de la administración Bush que quería utilizar tribunales militares.
El tribunal mantuvo que esos tribunales no estaban autorizados por el Congreso de EEUU y que violaban las Convenciones de Ginebra al derogar los derechos de los prisioneros. En un debate en ocasiones beligerante, la Casa Blanca y el Congreso están tratando de llegar a un acuerdo para llevar a cabo los juicios a partir de un nuevo plan que sea aceptable.
Desde la decisión de la corte y tras cuatro años de confusas reivindicaciones por las se postulaba que los sospechosos de terrorismo, denominados «combatientes ilegales», no contaron con protección del derecho internacional, la administración Bush ha dado algunos pasos para aceptar que los derechos legales y humanos de las Convenciones de Ginebra se extiendan a los militantes de al-Qaida encarcelados. Sin embargo, al mismo tiempo, la nueva propuesta de la Casa Blanca acerca de la actuación de los tribunales implica características controvertidas, como la de negar que los acusados tengan acceso a conocer alguna prueba en su contra.
En su discurso del 6 de septiembre, Bush reconoció por vez primera la existencia de las cárceles secretas de la CIA, que se cree están establecidas en bases militares o en búnkeres en lugares como Egipto, Indonesia y el este de Europa. Esa red, destapada por periodistas, ha sido condenada por autoridades de Naciones Unidas e investigada por el Consejo de Europa.
Bush anunció que las cárceles clandestinas están ahora vacías, pero que seguirán constituyendo una opción futura para las detenciones e interrogatorios de la CIA.
Louise Arbour, directora de derechos humanos de Naciones Unidas, está instando a Bush para que suprima del todo las prisiones de la CIA, ya que auspician las «conductas abusivas». Señaló que siguen manteniéndose en secreto las técnicas de la CIA para extraer información de los prisioneros.
Mientras tanto, el talante del gobierno estadounidense a la hora de recurrir a las «entregas extraordinarias», traslado de sospechosos a otras naciones donde podrían ser torturados, no ha cambiado en absoluto.
Enjuiciamientos y Memorias
El descubrimiento de los sádicos abusos, torturas y muertes en Abu Ghraib hace dos años desencadenó una avalancha de cortes marciales sobre todo de soldados estadounidenses de baja graduación. En conjunto, unas 800 investigaciones de supuestos malos tratos a detenidos en Iraq y Afganistán han supuesto actuaciones contra más de 250 integrantes del personal en servicio, incluyendo 89 condenados en cortes marciales, dijeron diplomáticos estadounidenses en Naciones Unidas en el pasado mes de mayo.
Las críticas protestan por el hecho de que los castigos han sido demasiado suaves y muy escasos y, particularmente, por calcar métodos inhumanos de interrogatorio utilizados en sistemas de prisiones de islas remotas en políticas establecidas por funcionarios de alto nivel.
En sólo 14 de 34 casos, alguien ha sido castigado por el asesinato confirmado, o sospechado, de detenidos, informa el grupo de Human Rights First, con sede en Nueva York. La sentencia más dura para un caso de muerte por torturas fue de cinco meses en la cárcel. El grupo informó el pasado mes de febrero que en casi la mitad de las muertes de 98 detenidos no se informó nunca de la causa de la muerte o se alegó que era debido a causas indeterminadas.
Volviendo la vista atrás, EEUU reaccionó exageradamente en su trato a los detenidos tras el 11-S, dijo Anne-Marie Slaughter, una célebre experta estadounidense en derecho internacional.
Era comprensible, dijo el decano de la Universidad de Princetown, pero ahora «tenemos que restaurar un equilibrio entre seguridad y derechos que sea consecuente con quienes somos y con nuestras necesidades securitarias».
De lo contrario, dijo, «la historia volverá sus ojos hacia el pasado y dirá que dimos un giro peligroso y profundamente equivocado».
De vuelta a Bagdad, a la estación de autobuses Alawi, un centro neurálgico lleno de polvo y ruido lejos de las salas de reuniones de Washington y Ginebra, las mujeres se reúnen con debilitadas esperanzas siempre que se anuncia la liberación de un prisionero.
Mientras observaba hace poco en un autobús que venía del lejano Campo Bucca, una madre lloraba y contaba su historia:
«Los estadounidenses arrestaron a mi hijo, su hermano y su amigo», dijo Zahraa Alyat, de 42 años. «Les arrestaron el 16 de octubre de 2005. Se los llevaron a todos juntos y desde entonces no sé nada de ellos.»
El autobús fue aproximándose. Unas cuantas docenas de hombres descendieron de él, algunos con vendas sobre los ojos, algunos atados, ninguno llevaba equipaje, ninguno parecía tener una cara familiar.
Cuando las angustiadas mujeres se desparramaron una vez más, un antiguo prisionero, Bilal Kadhim Muhssin, de 18 años, divisó cerca a unos soldados estadounidenses.
«Estadounidenses», murmuró con miedo. «Oh, Dios mío, no pronuncies ese nombre», y corrió hacia el autobús municipal y hacia la libertad.
NOTA DEL EDITOR: El equipo de Associated Press en Bagdad y los escritores del grupo Andrew Selsk en San Juan, Puerto Rico; Matthew Penington, en Kabul, Afganistán; Anne Plumier Flaherty en Washington, y Charles J. Hanley, en Nueva York, han colaborado en la elaboración de este informe.
Texto original en inglés:
Sinfo Fernández es miembro del colectivo de Rebelión.