Se llamaba Diana Jaramillo y fue asesinada el 19 de junio. La lideresa comunitaria desarrollaba su labor de activista en el barrio 5 Estrellas de La Gabriela, en el municipio de Bello (Antioquía). La ONG Indepaz informó del crimen y recordó que, en una Alerta Temprana de septiembre de 2019, la Defensoría del Pueblo de Colombia ya advirtió sobre “la expansión de las AGC (grupo criminal Autodefensas Gaitanistas de Colombia) en la zona y la disputa abierta con otras organizaciones armadas como Los Caparrapos”.
Asimismo Indepaz recordó que, con la muerte de Diana Jaramillo, se elevan a 80 los líderes y defensores asesinados en 2021 y a 1.196 desde que el Gobierno colombiano y las FARC firmaran los Acuerdos de Paz en septiembre de 2016.
Un ejemplo de masacre, de las cerca de 50 registradas en 2021, se produjo en el municipio de Balboa (departamento del Cauca). Allí se encontró el 2 de julio los restos sin vida de tres jóvenes, dos de ellos –Yeison Benavides y Camilo Galíndez- residían en el Corregimiento del Mango y formaban parte de la Coordinadora de Procesos Populares y Comunitarios (CPPC), reportó Indepaz; los dos asesinados habían participado en las movilizaciones del Paro Nacional. Por otra parte, el 3 de julio la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú (ASODECAS) denunció el atentado mortal contra un campesino, José Gregorio Luquez, vecino de la vereda La Chica (municipio de Tierralta, Córdoba) y padre de tres menores.
Se trata de un “genocidio sistemático”, afirma Julián Gil, defensor de los Derechos Humanos en Colombia. Es integrante del Congreso de los Pueblos, movimiento social constituido en 2010 que lucha por “la Vida Digna desde la activa participación política en las organizaciones de base y la movilización permanente”. El activista está acogido en el Programa Valenciano de Protección Integral y Acogida de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Valencia Defensa). Se trata de una iniciativa gestionada por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)-País Valenciano y en la que colaboran once ONG, comités de solidaridad y sindicatos; cuenta con el apoyo y la financiación del Ayuntamiento de Valencia y Protect Defenders de la Unión Europea.
“Esta es la manifestación de Valencia (España) contra la violencia de Duque”, compartió el 8 de mayo en las redes sociales el senador Gustavo Petro, dirigente del movimiento progresista Colombia Humana. Se refería a la concentración masiva que tuvo lugar ese día en la capital valenciana, con el lema “SOS Colombia. Nos están matando. ¡Viva el Paro Nacional!” Asimismo, más de 70 organizaciones se adhirieron al manifiesto por el “cese de la brutal represión al pueblo colombiano”, promovida por la Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia y Valencia Defensa.
Una semana después, desde la misma plaza, otra manifestación recorrió las calles de Valencia hasta el consulado; convocaron la Marcha por Colombia las organizaciones Movice, Revivir, AESCO y Colectiva de Mujeres Refugiadas y Exiliadas. Durante la movilización se mostraron carteles con las consignas “Lejos pero no indiferente”; “Nunca había visto tantos valientes sin armas. Y tantos cobardes armados. #SOS Colombia” o “Por todo lo que nos une. Contra todo lo que nos separa”, con la bandera nacional en el trasfondo.
El 1 de julio el comité de solidaridad CEDSALA-País Valenciano organizó un conversatorio con Julián Gil, titulado Qué está pasando en Colombia. La movilización es el color de la esperanza. El activista recordó que la actual ola de protestas tiene como origen el proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno de Colombia, presidido por el derechista Iván Duque, que incluía, entre otras medidas, el incremento del IVA a determinados productos básicos y de los impuestos a las capas medias y clases populares. Ante las protestas y manifestaciones, Duque anunció el 2 de mayo la retirada de la reforma.
Los movimientos sociales también se han enfrentado en la calle al Proyecto de Ley 010 de 2020 para la reforma del sistema de salud, por considerar que profundizaría en su privatización (el Congreso archivó esta iniciativa el pasado 19 de mayo).
Según el servicio nacional de estadística (DANE), el 42,5% de la población colombiana se hallaba en situación de pobreza en 2020, frente al 35,7% en 2019. “Entre 2019 y 2020 fueron 3,5 millones de personas las que entraron en la pobreza monetaria, y 2,8 millones las que ingresaron en la pobreza monetaria extrema”, añade la citada fuente oficial en un comunicado. Antes de la pandemia, en 2018, el 44% de los hogares colombianos con niños, niñas y adolescentes no estaban cubiertos por ninguna prestación social, informa la CEPAL (Panorama Social de América Latina 2020).
Al día siguiente de iniciarse el Paro Nacional, el 28 de abril, el Congreso de los Pueblos manifestó: “Las calles y carreteras han vuelto a ser nuestras; la indignación popular ha estremecido el país como ya lo hiciera el 21N de 2019 (…); el descontento social crece y crece contra este mal gobierno en cabeza de Iván Duque y su titiritero Álvaro Uribe”. Y el 3 de mayo: “El tratamiento de guerra a la protesta nos llama a fortalecer la autoprotección y la defensa de los derechos humanos”.
Cumplidos dos meses de movilizaciones, Julián Gil subrayó en el acto de CEDSALA algunas “claves de la resistencia”. Por ejemplo la Asamblea Nacional Popular (ANP) en la que participaron –en la primera semana de junio- más de 2.000 delegaciones de comunidades campesinas y negras, indígenas, organizaciones populares urbanas, sindicatos, movimiento de mujeres y estudiantiles, entre otros colectivos. Reunidos en Bogotá, plantearon el avance hacia un “paro nacional indefinido”, que permita “continuar el combate al sistema capitalista imperialista, patriarcal, racista, colonial y neoliberal”. Se emplazaron a un segundo encuentro en Cali, entre el 17 y el 20 de julio, y convocaron movilizaciones para los días 14 y 20 de este mes.
En el conversatorio celebrado en Valencia también se hizo referencia al balance represivo. La Campaña Defender la Libertad. Asunto de todas informa de 84 homicidios de civiles en el contexto de la protesta social, entre el 28 de abril y el 30 de junio, de los que 28 son presuntamente atribuibles a las fuerzas de orden público; otros siete a “civiles” no identificados; y en 43 se desconoce la identidad del victimario. A ello se suman 1.790 personas heridas “por el accionar desproporcionado” de la Policía Nacional, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y civiles armados sin identificar.
“Es el mensaje que el poder está enviando al otro lado”, subraya Julián Gil. La Campaña ha registrado, asimismo, 84 casos de lesiones oculares; 114 de personas heridas por armas de fuego y otras 298 defensoras de los derechos humanos “agredidas” en el contexto de su trabajo de acompañamiento; asimismo, durante los dos meses de Paro, 808 mujeres fueron víctimas de la violencia policial. Respecto a las detenciones, 3.274, la mayoría en Bogotá, Defender la libertad afirma que a menudo se produjeron “de manera arbitraria” y 75 personas continúan desaparecidas.
La ONG Temblores ha registrado, a través de su plataforma GRITA y hasta el 26 de junio, al menos 4.687 casos de violencia policial; 228 casos de disparos de armas de fuego por parte de la policía; 48 de afecciones respiratorias por el lanzamiento de gases lacrimógenos y 28 víctimas de violencia sexual por actuaciones de la fuerza pública. Y apuntan, en total, 44 homicidios cuyo presunto agresor es un miembro de las fuerzas del orden.
Un informe de Temblores, Indepaz y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) de la Universidad de Los Andes, dirigido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informa de la “violación sistemática” de los derechos fundamentales y recomienda, entre otros puntos, “una reforma estructural de la policía para ponerla a tono con los estándares internacionales de derechos humanos. Se debe tratar de una fuerza civil que no siga actuando bajo la lógica del conflicto armado y la lucha contra el narcotráfico”.