Sin derechos, y señalados desde las instituciones, los refugiados sirios se han convertido en el chivo expiatorio de un país ahogado por las crisis económica y política.
Cambian la expresión cuando les digo de dónde soy, me dicen que no parezco sirio, y eso me ha salvado de mucha violencia”, cuenta Khaled con el escepticismo de quien a corta edad ya ha vivido demasiado. Elige un nombre falso: hacer oír su voz le ha causado dolores de cabeza y amenazas. Pero trata de entender el origen de un racismo que le ha hecho sentir que a los refugiados sirios en el Líbano los miran muchas veces “como a animales”: “Es un problema de la gente que piensa que está arriba frente a la que está abajo; van a señalar al trabajador, al pobre, no al que llega a Beirut en Mercedes”.
El millón y medio de refugiados sirios en el Líbano vive con temor una nueva oleada de racismo que ha dejado al menos un muerto, palizas grabadas en teléfonos móviles y redadas de ciudadanos anónimos que exigen a los sirios evacuar ciertos barrios bajo la amenaza de “salvar su sangre”, como rezan algunos carteles pegados en fachadas de viviendas. En un país en quiebra con crisis solapadas desde la explosión en el puerto de Beirut de 2020, con un Gobierno paralizado y en funciones incapaz de sacar adelante reformas que alivien los problemas creados por la misma clase política, el comodín de la inmigración siria es el perfecto chivo expiatorio para una sociedad en la que, según el Banco Mundial, el 80% de la población sobrevive en condiciones de pobreza extrema.
La violencia comenzó a mediados de abril tras el secuestro de Pascal Sleiman, representante de Fuerzas Libanesas, partido conservador cristiano. Su cuerpo, ya sin vida, fue encontrado en Siria, según el ejército libanés, que se apresuró a revelar detalles de la investigación en curso en su cuenta de Twitter. El organismo señaló a una “banda de sirios” como autores de lo ocurrido, provocando la reacción de, principalmente, seguidores de partidos cristianos, que salieron a las calles pidiendo venganza.
“Las instituciones permiten la violencia”, sostiene en conversación con CTXT una investigadora siria que también prefiere el anonimato por temor a represalias. “Existe una intencionalidad, la decisión consciente de usar a los sirios para canalizar el enfado de ciertos sectores de la población, echando la culpa hacia afuera”, continúa en referencia a la enemistad histórica entre partidos conservadores cristianos y la chiíta Hezbolá, que desde octubre se enfrenta en el sur del país a Israel.
Tras siete meses de guerra y con un país de minorías que cada cierto tiempo despierta el pasado de la guerra civil, el propio Hassan Nasrallah, líder de la milicia, se adelantó a cualquier señalamiento lamentando el secuestro de Sleiman y negando la autoría de su fuerza política. Apuntar a los sirios, entonces, era una manera de evitar mayores tensiones internas. “Los sirios son ‘objetivos sencillos’ de atacar, en el sentido de que no tienen derechos ni nadie que les defienda, y forman parte visible de la sociedad”, explica David Wood, analista de la organización pacifista International Crisis Group.
Las raíces del problema tienen también factores demográficos e históricos. El Líbano comparte casi 400 kilómetros de frontera con la vecina Siria, y es el país del mundo que mayor número de refugiados acoge per cápita: el Gobierno dejó de contar en 2015, pero se considera que la cifra asciende a cerca de un millón y medio para una población de apenas cuatro millones de libaneses. No hay que retroceder demasiado en el tiempo para comprender la enemistad entre ambos países: en 2005, la Revolución de los Cedros logró expulsar al ejército sirio del Líbano, tras casi tres décadas de ocupación en varias partes del país que comenzó en la época de la guerra civil. “En el imaginario libanés, los sirios o bien llevamos uniforme de la Armada o un mono de construcción. Pero el mismo régimen (de la familia Assad) que ocupó el Líbano es el que me ha expulsado a mí de mi país”, resume Khaled.
“Estamos acostumbrados, es algo cíclico, cada vez que hay un problema cargan contra los sirios. Estaba perseguido en mi país, y ahora también aquí. Y no tienes a nadie a quien acudir: ni al Ayuntamiento ni a la policía”, narra otro hombre sirio, de mediana edad, que fue secuestrado por bandas criminales que se aprovechan de la vulnerabilidad y desesperación de los refugiados. Por redes sociales, la mafia se hace pasar por Naciones Unidas y promete a las familias que serán reubicadas en otro país. Estos grupos operan con impunidad entre el Líbano y Siria, y los afectados no tienen ninguna ventanilla oficial a la que puedan acudir a pedir ayuda.
Desprotegidos por las instituciones y señalados desde tribunas mediáticas, el clima racista ha servido para acelerar la campaña gubernamental de deportaciones masivas: 13.772 personas fueron expulsadas a Siria en 2023, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. A mediados de abril, el primer ministro en funciones libanés, Najib Mikati, aseguró que “la mayoría de los sirios en el Líbano serán deportados cuando la comunidad internacional establezca zonas seguras en Siria”.
Determinar áreas para legalizar los retornos en Siria es la línea en la que el Líbano presiona a la Unión Europea junto a Chipre, país vecino que está recibiendo un número cada vez mayor de llegadas marítimas de sirios en pateras desde el norte del Líbano. Estos tres actores fotografiaron su buena sintonía en una visita en Beirut en la que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció un paquete de mil millones de euros en ayuda al país de los cedros con una partida especial para reformar el control fronterizo y el ejército.
El mismo ejército que, según ha denunciado Human Rights Watch, “deporta masivamente a miles de sirios, incluidos niños solos, en violación de la ley libanesa y de las obligaciones internacionales del Líbano con los Derechos Humanos”, explica por teléfono Ramzi Kaiss, investigador de la organización. “La normativa para obtener la residencia legal elimina de facto la posibilidad de regularización. Y esto tampoco evita la expulsión, ya que al menos el 17% de los deportados tenían papeles”, señala.
Khaled ha intentado varias veces regularizarse, pero todo son callejones sin salida. “No podemos volver a Siria, porque esas zonas seguras a las que pretenden devolvernos están bajo el control del régimen, donde el servicio militar es obligatorio; y aquí tampoco nos quieren”, comenta. Tras el sitio de Alepo huyó al Líbano junto a su familia y apenas una maleta. Se puso a trabajar con su padre de sastre, pensando que regresarían pronto. Más de una década después continúa cosiendo, sin papeles ni expectativas de conseguirlos, pese a las llamadas de atención que ha hecho a su empresa.
Con la última oleada de violencia pidió a su jefe no ir a trabajar, ya que vive en uno de los barrios donde más amenazas se produjeron contra los sirios: “Me dijo que esperara un par de horas y que si no iba me descontaría tres días de sueldo”. “Es una trampa, este país al que he dedicado toda mi vida de trabajo se ha convertido en una gran cárcel para los sirios”, concluye.