Poco después de que el gobierno venezolano denunció que los enormes apagones ocurridos en marzo fueran causados por ataques cibernéticos y electromagnéticos, Donald Trump firmó una Orden Ejecutiva que allanaba el camino para que se investigaran y defendieran las infraestructuras críticas de su país ante ofensivas extranjeras por pulso electromagnético. La iniciativa tomó por sorpresa […]
Poco después de que el gobierno venezolano denunció que los enormes apagones ocurridos en marzo fueran causados por ataques cibernéticos y electromagnéticos, Donald Trump firmó una Orden Ejecutiva que allanaba el camino para que se investigaran y defendieran las infraestructuras críticas de su país ante ofensivas extranjeras por pulso electromagnético.
La iniciativa tomó por sorpresa a muchos, ya que las armas de pulso electromagnético (EMP, por sus siglas en inglés) parecen cosa de películas y no amenazas reales.
Desde el año 2001, el Congreso de EEUU ha venido evaluando los posibles riesgos de un ataque con EMP contra EEUU mediante una Comisión integrada por científicos, ingenieros y operadores corporativos íntimamente ligados a la estructura del Departamento de Defensa y contratistas privados vinculados con el complejo industrial-militar.
Los informes producidos por la Comisión estudian un ataque EMP de gran altitud (la llamada Bomba de Arco Iris), capaz de producir un apagón con poder similar a la descarga de un rayo (50 mil voltios por metro) y a la explosión de una bomba atómica a unos 700 kilómetros de altura sobre el objetivo.
También se mencionan armas EMP en pequeña escala, con capacidad de dañar áreas específicas como el sistema eléctrico, las telecomunicaciones, la banca y las finanzas, la industria del petróleo y el gas, las infraestructuras de transporte, alimentos y agua, y los servicios de seguridad y emergencia, así como los de gobierno de cualquier país.
El primer informe ejecutivo de la Comisión fue publicado en 2004 con consideraciones bastante generales sobre las posibles consecuencias de la Bomba de Arco Iris sobre EEUU, en el que se califica al ataque EMP de «actividad terrorista» que usa una pequeña cantidad de armamento nuclear para producir un impacto catastrófico en la sociedad.
Los escenarios de colapso electrónico y eléctrico están descritos con prolijidad, y relacionados con algunos desastres naturales y provocados por el hombre que han ocasionado efectos similares en la historia reciente de Norteamérica.
Con la misma vehemencia con que EEUU se preocupa por los ataques electromagnéticos, que analiza como inminentes, el gobierno venezolano denuncia la posibilidad de un ataque con EMP contra el sistema de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, en Guri.
En el informe se hace hincapié en el hecho de que la red eléctrica de EEUU está profundamente conectada a todas las actividades de la sociedad y la economía, como en muchos otros lugares del mundo (incluyendo Venezuela). En EEUU, la distribución de cargas se divide en tres, siendo el estado (petrolero) de Texas el eje central de una red con 300 millones de usuarios que de ella dependen.
Ello significa que una modesta alteración al sistema eléctrico puede causar un colapso funcional, de consecuencias catastróficas.
Así como se denunció con respecto al ataque contra la Central Hidroeléctrica Guri, Estados Unidos sostiene que la red eléctrica de su país pudiera ser atacada «usando información de las operaciones en los sistemas de control», es decir, debe haber mano interna que asista la operación terrorista.
Es tanta la capacidad de una pequeña arma EMP que, sin el uso de la Bomba de Arco Iris, pudiera tener lugar un ataque a un objetivo preciso en el sistema eléctrico de Estados Unidos que deje sin luz al 70% de su territorio en un abrir y cerrar de ojos.
De hecho, la Comisión admite que un ataque pequeño de EMP puede causar estragos eléctricos y electrónicos similares a los que dejó el Huracán Katrina (2005), que dejó a unas 4 millones de personas sin luz en unos 233 mil km² de EEUU, un área equivalente al del Reino Unido.
Los medios antichavistas han ridiculizado las denuncias de ataques cibernéticos y electromagnéticos en Venezuela, lo que demuestra, o ignorancia sobre las nuevas tendencias de la industria militar con estas tecnologías en el contexto de una nueva «guerra fría», o que operan como blanqueadores de información y escenario ante unos consumidores de noticias sin ninguna lectura crítica de los hechos.
Ni la Comisión formada en 2001 ni la reciente Orden Ejecutiva de Trump se habían interesado por estas armas, ya sea por las vulnerabilidades propias o por sus prospectivas ofensivas en el futuro.
Pero la carrera armamentística y por el desarrollo tecnológico entre potencias hoy atraviesa por este esquema de armamentos que suena a películas de ciencia-ficción. Y esta industria armamentística forma parte de una dimensión mucho más actual que las mostradas por Hollywood.
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