Para ilustrar este 50 aniversario de la muerte del entonces presidente del Consejo de Ministros de España, Luis Carrero Blanco, se rescata, tal cual, sin modificaciones, el impecable artículo que en ocasión del 40 aniversario escribió Petxo Idoiaga en viento sur n.º 131 de Diciembre de 2013. Su vigencia es total. Solo habría que sustituir el término “40 aniversario» por “50 aniversario” y añadir a la firma antigua, que Petxo Idoiaga es ahora catedrático “jubilado”.
Hacia las nueve y media de la mañana de ese día de diciembre, cuando el almi- rante Luis Carrero Blanco, presidente del Consejo de Ministros de España, via- jaba hacia su casa tras haber oído misa en la iglesia de San Francisco de Borja,, un potentísimo explosivo colocado por ETA a la altura del número 104 de la calle Claudio Coello acabó con su vida, lanzando por los aires, por encima de los tejados de un edificio anexo a la citada iglesia, el poderoso Dodge 3700 GT en el que viajaba. Operación Ogro llamó ETA al atentado.
Estamos ya en el 40 aniversario de aquel hecho, pero, aun así, vale la pena reflexionar sobre el mismo. Y, también, sobre el periodo que transcurrió desde el Juicio de Burgos de diciembre de 1970 (en el que la presión social e internacional obligó a Franco a echar atrás las nueve sentencias de muerte decretadas contra militantes de ETA y que marcó lo que tan certeramente Ernest Mandel llamó “el crepúsculo del franquismo»1) hasta el cambio de régimen, hasta la sustitución del régimen franquista por el actual régimen democrático de tan baja calidad.
Se trata, posiblemente, del periodo más rico en ilusiones, alegrías, resis- tencias, experiencias, debates y frustraciones en la historia de la izquierda del Estado español tras la derrota sufrida en la Guerra Civil y la masacre represiva posterior. Y aunque quizá solo nos parezca así a (algunos de) quienes lo vivi- mos, espero que valga la pena volver a reflexionar sobre el mismo.
Y en ese recordatorio no quisiera olvidar que, desde septiembre de ese año, LCR y ETA (VI) habían iniciado un proceso de fusión y contaban ya con una dirección compartida llamada, (¡oh la época!) “Buró Político Unificado de LCR-ETA(VI)” y que para ese proceso este fue el primer acontecimiento político de envergadura ante el que tomar postura común, postura que se analizará, también, en este artículo.
El atentado contra Carrero Blanco y la crisis del franquismo sin Franco
Habitualmente, el periodo llamado transición política española suele situarse en- tre el 20 de noviembre de 1975 (fecha de la muerte de Franco) y el 15 de diciem- bre de 1976 (fecha del referéndum sobre la Ley de Reforma Política del entonces presidente del gobierno Adolfo Suárez) o, más comúnmente, el 15 de junio de 1977 (fecha de las primeras elecciones generales del actual régimen democrático).
Pero sería más ajustado a la historia poner aquel 20 de diciembre de 1973 como la fecha de inicio de la Transición.
Carrero Blanco era la piedra angular del proyecto político del régimen franquista, del franquismo sin Franco; es decir, de la continuidad de dicho régimen tras la muerte del dictador que, al menos por puras razones biológicas, no podía quedar ya lejos. Había sido nombrado como presidente del gobierno el 14 de julio de 1973 y era la primera vez que Franco había separado la Jefatura del Estado y la Jefatura del Gobierno, concentradas férreamente en sus manos desde la guerra civil
Además Carrero Blanco había sido pieza clave en el nombramiento del príncipe Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón-Dos Sicilias como sucesor de Franco en la Jefatura del Estado, que, siguiendo la Ley de Sucesión de 1947, ratificaron las Cortes franquistas el 22 de julio de 1969. En su artículo primero, la citada Ley de Sucesión proclamaba que “España (…), de acuerdo con su tradición, se declara constituido en Reino”, y, en su artículo tercero, anunciaba que “en cualquier momento el Jefe del Estado podría proponer a las Cortes la persona que debía ser llamada a sucederle, a título de Rey o Regente”. El príncipe, que lo hizo a “título de Rey” y prestó ante esas Cortes franquistas juramento de “cumplir y hacer cumplir” las Leyes Fundamentales del Reino y los Principios del Movimiento Nacional –el ideario puro de la dictadura–, debía ser columna imprescindible de ese proyecto político del franquismo sin Franco y Carrero Blanco era el mejor enlace con él. Con la sentencia que se ponía entonces en boca de Franco “todo quedaba atado y bien atado”.
Pero sin la presencia de Carrero Blanco, el régimen franquista no pudo encontrar, tras la muerte del dictador, una persona que aglutinara, tras la estrategia continuista del franquismo sin Franco, el suficiente apoyo político, económico y religioso. Carlos Arias Navarro que le sucedió como presidente del gobierno y continuó como tal tras la muerte de Franco, terminó cayendo como un castillo de naipes ante los conflictos internos del propio régimen, el contexto internacional y las crecientes movilizaciones sociales.
Aquel mismo 20 de diciembre de 1973, el Tribunal de Orden Público (TOP) abría el juicio contra diez miembros de CC OO, detenidos el 24 de junio del año anterior en una reunión celebrada en el convento de los Oblatos de Pozuelo de Alarcón (Madrid) e incoados en el Proceso 1001/72 bajo la acusación de constituir la dirección de dicho sindicato. El atentado contra Carrero Blanco se produjo apenas 15 minutos antes del inicio de aquel juicio, en el que los diez de Carabanchel –nombre con el que se citaba a los imputados– representaban, de alguna manera, esas crecientes movilizaciones sociales.
Carlos Arias Navarro hubo de dimitir el 1 de julio de 1976 y Adolfo Suárez González, nombrado nuevo presidente el 3 de julio, varió el proyecto político continuista que aquél representaba, ante la evidencia de su fracaso y del riesgo de que todo el aparato del Estado terminara estallando y se produjera una ruptura democrática del mismo, una limpieza a fondo de todas sus estructuras y una radical exigencia de responsabilidades de los actos y actores de la dictadura. Adolfo Suárez González dirigió, por ello, una estrategia de cambio de Régimen (se le quiera llamar reforma democrática del franquismo o ruptura pactada con el mismo), dando paso a una democracia parlamentaria consensuada con la oposición política institucionalizada en la Plataforma de Organismos Democráticos2; esta democracia parlamentaria significó el cambio de Régimen, el fin de la dictadura, pese a que se comprometía a no limpiar las cloacas del franquismo ni a tocar algunas de sus estructuras fundamentales, la Monarquía, el Ejército, las Fuerzas de Seguridad del Estado y el Concordato con la Iglesia Católica en particular.
Por todo ello, sería más ajustado a la historia situar aquel 20 de diciembre de 1973 en que Carrero Blanco voló tan alto, como la fecha de inicio de la transición política española que culminaría –contra lo que tanto turiferario presenta como ejemplo histórico– en lo que el británico historiador hispanista, Paul Preston3 , ha denominado, con toda razón, “deficiente democracia”.
Debates en las izquierdas de aquel entonces
Se concuerde o se diverja con la fecha del inicio de la Transición antes señalada, al menos nadie resta hoy importancia política histórica al atentado contra Carrero Blanco (lo que, por cierto, plantea razonables dudas sobre los criterios de igualación en la evaluación de todas las víctimas de ETA o la elevación a criterio general que la posición ante todas sus acciones militares solo pueda ser pre-política). Pero, en todo caso, tiene su interés tirar de hemeroteca y recordar las opiniones que se vertieron y los debates que se produjeron.
La declaración de ETA reivindicaba la acción, en primer lugar, como respuesta a la muerte de nueve de sus militantes, pero añadía, específicamente, que “Luis Carrero Blanco (…) era la pieza clave para garantizar la estabilidad y la continuidad del sistema franquista. Es indudable –añadía– que sin él, se avivarán peligrosamente las tensiones en el seno del poder”.
El 21 de diciembre el Buró Político Unificado de LCR-ETA(VI) se expresaba así:
Tanto por el estímulo que la ejecución de Carrero supone para las masas, como por los efectos objetivos que su desaparición tendrá en el seno de la clase dominante, los efectos del atentado nos parecen positivos. Por ello, nuestro apoyo a la acción es total.
Y analizaba que
si solo parcialmente podía pensarse en Carrero como el hombre capaz de llenar –en los momentos cruciales de la sucesión– el hueco que dejaría la desaparición de Franco, el campo de las posibilidades se ve ahora más reducido.
En las antípodas de esta reflexión, el 21 de diciembre, el diario del Partido Co-munista francés, L’Humanité, publicaba una declaración del Pleno del Comité Eje-cutivo del PCE en la que podía leerse:
No es el general Franco el que desaparece, sino el que estaba destinado a garantizar la sucesión en la continuidad. La mano que lo ha decidido así no es todavía conocida; en cualquier caso, es la mano de profesionales experimentados y poderosamente cubiertos; no parece que sea la de los amateurs que, de manera irresponsable, reivindican la paternidad del atentado, ayudando así a encubrir a los auténticos autores de este.
Todavía dos meses después, pese a la confirmación de autoría de ETA (V), Mundo Obrero (órgano oficial del PCE) del 13 de febrero de 1974, mantenía el mismo argumento:
Los comentarios más extendidos coinciden con los que desde un primer momento hizo el Partido Comunista: que ha sido obra de servicios profesionales muy experimentados en esa materia y poderosamente cubiertos. Ha sido una demostración del enconamiento de los choques entre fracciones de las alturas del Poder.
La tesis de implicaciones ocultas, con la CIA en primer plano (la embajada norteamericana estaba cerca del lugar de autos), tuvo cierta aceptación en diversos mentideros informativos. También en alguna extrema izquierda, como el PCI (lo que fue luego PTE), que en su Mundo Obrero Rojo de febrero titulaba el tema como “un asunto poco claro”, enfatizaba que “la gente sencilla del pueblo sospechamos que había gato encerrado” y acudía como gran demostración a que “vecinos de la calle donde vivieron durante dos meses los escultores (sic) dijeron a la prensa que estos hablaban en perfecto castellano sin ningún acento especial”, lo que, evidentemente, a todas luces y sin lugar a dudas, distinguía, según los profundos conocimientos filológicos de aquel PCI, a los vascos de Albazisketa de los yanquis comechicles de la Central Intelligence Agency ubicada en Langley, Virginia, EE UU.
Como ocurría en Mary Poppins, entonar a pleno pulmón ese “supercalifragilisticoexpialidoso” permitía al PCE y a otros cuantos que también lo entonaron, el milagro de poder salirse por peteneras del descoloque que el atentado había provocado en sus pactistas agendas y cálculos políticos (como sucedía en el filme de W. Disney con las situaciones comprometidas). Además, Mary Poppins tenía la facultad de pronunciarlo al revés y decir “osodilaipxeocitsiligarfilacrepus” que podría ser la versión entonada desde la profunda filología del PCI.
Pero todo eso debe entenderse como el vértigo a lo que, muy acertadamente, planteó el periódico COMBATE –órgano Central de la LCR-ETA(VI)– en su n.º 22, de enero de 1974: “Con su desaparición, los planes de la Dictadura han sufrido un duro golpe y deberán ser remodelados, una vez más, en un momento en el que el franquismo está entrando en su agonía”. Razonaba, además, que las fechas posteriores al atentado deberían considerarse a todos los efectos “como un ensayo general de la desaparición del Dictador” y concluía diciendo que “sacar las lecciones para el movimiento obrero es algo insustituible para ponerlo en condiciones de asumir el salto adelante en la lucha de clases hacia el derrocamiento de la Dictadura”.
Eso fue, a todas luces, lo fundamental de la posición de LCR-ETA(VI) en este tema. Pero el mismo número de COMBATE añadía:
Esta valoración positiva no excluye –sino implica– la necesidad de proseguir el debate sobre el otro aspecto de la acción: su mayor o menor adecuación desde el punto de vista de la educación de los trabajadores en la necesidad de la violencia revolucionaria.
Y, aun insistiendo en el “apoyo político y no solo ‘frente a la represión’” al atentado, el artículo analizaba diversas acciones armadas de ETA a las que consideraba dominadas por una estrategia de vanguardista violencia minoritaria y desvinculadas de cualquier planteamiento de elevar el “nivel de conciencia de los trabajadores”, tema, sin duda, de importantes debates en LCR-ETA(VI) y, en general, en la izquierda organizada de aquella, anteriores y posteriores épocas4. De hecho, dentro de LCR-ETA(VI), la posición con más matices críticos al pleno apoyo político al atentado, fue la de su dirección en Euskal Herria, la de ETA(VI).
El análisis del efecto de la acción de ETA sobre la anunciada protesta contra el Proceso 1001/72 tuvo, en aquel entonces, bastante importancia en las diversas izquierdas. Que una acción armada de ese nivel, en un régimen dictatorial, acongoje a gente que estaba pensando salir a la calle y manifestarse en protesta contra el infame juicio a los diez de Carabanchel parece bastante normal. La propia condena a 162 años de cárcel que cayó sobre ellos es bastante ilustrativa del afán de venganza del régimen –del TOP en este caso– ante el atentado contra Carrero Blanco.
Pero hay más que analizar. La fuerza política con real capacidad de organizar una masiva movilización contra el juicio, el PCE, estaba muy empeñada en que aquella se produjera en cauces democráticos. El Partido temía más que a un nublado a movilizaciones desbordadas que produjeran barricadas y enfrentamientos con las Fuerzas de Orden Público y pudieran mostrarse lideradas por sectores radicales de los movimientos sociales y políticos. En la convocatoria previa del 12 de diciembre, ya había mostrado que por ese objetivo estaba dispuesto a limitar la propia movilización; y ese 20 de diciembre de 1973 lo hizo doblemente.
Posiblemente resulte voluntarista la posición de LCR-ETA(VI), diciendo que la coincidencia de fecha entre el atentado y el Proceso 1001/72,
no podía sino favorecer objetivamente una actitud ofensiva del movimiento –fuesen las que fuesen las intenciones de ETA (V) al realizar la acción– en un momento de desconcierto no solo de la burguesía como clase, sino también del aparato represivo.
Pero poca duda cabe del efecto demoledor, contra cualquier intento de protesta generalizada, que tuvo la actitud del PCE (que puso, en ello, todo su potencial de radio macuto) presentando el atentado como provocación de profesionales de distintos poderes del propio régimen a los que la reivindicación de ETA (V) sólo “ayuda a encubrir”.
La reconciliación nacional vs la ruptura democrática con el franquismo
Pero, con toda su importancia, el 20 de diciembre de 1973 es un momento que debe entenderse dentro de ese señalado periodo que va desde el Juicio de Burgos en diciembre de 1970, hasta las primeras Elecciones Parlamentarias de junio de 1977.
Tras el atentado a Carrero Blanco, la política represiva del régimen se endureció aún más. El 2 de marzo de 1974 el militante anarquista Puig Antich era asesinado, mediante garrote vil, tras un autentico juicio-farsa. En la madrugada del 25 de abril de ese mismo año, la voz de José Afonso en Rádio Renascença cantando Grândola Vila Morena abrió la Revolución de los Claveles en la vecina Portugal, sembrando tantas ilusiones y esperanzas en nuestros movimientos populares, como miedos y mayor cerrazón represiva en la dictadura. Quizá la mejor expresión de las ilusiones y esperanzas populares fue la Huelga General del 11 de diciembre en Euskadi, con una potente combinación de objetivos laborales, antirepresivos y democráticos, convocada por la izquierda radical y que, pese a la oposición del PCE y del sindicalismo oficial de CC OO tuvo en absoluto éxito. Y, sin duda, la más clara expresión de la cerrazón represiva fue el 27 de septiembre de 1975, cuando, pese a una enorme protesta interna e internacional, el régimen fusilaba –“Al alba, al alba”– a los militantes de ETA (p-m) Txiki y Otaegi y a los del FRAP Baena, Sánchez-Bravo y García Sanz. Dos meses después, el 20N, moría Franco. El 3 de marzo de 1976 –“Campanades a morts”– la salvaje intervención de la policía contra la asamblea de huelguistas reunida en la iglesia de San Francisco de Asís de Vitoria-Gasteiz producía cinco muertos y numerosos heridos y generaba un nuevo proceso de huelgas generales que, particularmente en Euskal Herria tenían un altísimo componente político de confrontación contra el franquismo. El 24 de enero de 1977, miembros de extrema derecha asesinaban a cinco personas en un despacho laboralista de Atocha vinculado a CC OO y al PCE; este, con una extraordinaria organización de sus servicios de orden, mantenía la grandísima protesta popular sin alteraciones del orden público; en abril de ese año era legalizado. Según la Memoria del Fiscal del Reino, ese mismo 1977, que fue ya el de las primeras elecciones parlamentarias, se produjeron 2.042 intervenciones de la policía que realizó 4.394 detenciones.
Son solo algunos ilustrativos recuerdos, mezclados y a vuela pluma, de lo que ocurrió aquellos años. En estos y en todos los demás, estuvo en juego la estrategia contra la dictadura y por la conquista de las libertades democráticas.
LCR-ETA(VI) había mantenido en años anteriores la perspectiva de lo que llamaba “Huelga General Revolucionaria”. Se trataba de una versión bastante doctrinaria de la perspectiva trotskista de la Revolución Permanente que no solo se orientaba a convertir el derrumbamiento de la dictadura en la apertura de un proceso de revolución socialista, sino que consideraba que sin esta perspectiva la propia posibilidad de derrocar el franquismo quedaba cuestionada. No obstante, tras la experiencia de la Huelga General del 11 de diciembre de 1974 en Euskadi y, sobre todo, de las huelgas, manifestaciones y protestas contra los fusilamientos de septiembre de 1975, la perspectiva de la Huelga General de LCR-ETA(VI) puso en primer lugar objetivos de ruptura democrática con el franquismo (presos, libertades políticas, autodeterminación de nacionalidades, elecciones constituyentes…) y reivindicaciones sociales, bajo una dinámica de autoorganización obrera y popular y acuerdos unitarios entre los partidos de izquierda fuera de la dinámica de pactos en que la mayor parte de ellos estaban enfrascados (Plataforma, Junta, y después PlataJunta, ver nota 2).
Frente a esa perspectiva se impuso la estrategia del consenso que no fue sino la abolición de eso que ahora está, afortunadamente, resucitando como memoria histórica. El PCE fue el gran factótum para legitimar esa idea en el movimiento obrero y popular. Sin duda alguna la memoria del Alzamiento que acabó con la 2ª República, de la brutal represión posterior y del miedo ante las reacciones del ejército si se echaba abajo el franquismo, todo eso pesaba en la conciencia popular. Pero la dinámica dominante en todos esos años era que la ilusión de la libertad constituía un movimiento imparable. El PCE lo canalizó mediante el pacto con los reformistas del régimen, con la búsqueda del consenso con ellos como eje estratégico y como valor democrático.
No solo el PCE, por supuesto. Otros, el PSOE en primer lugar, remaron en la misma dirección. La ley de Amnistía de octubre de 1977 es un ejemplo elocuente de aquella dinámica. En la misma, además de la ansiada libertad de los presos políticos se amnistiaban, expresamente, “los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas”. Según consta en el diario de sesiones del Congreso del 14/10/1977, Xabier Arzallus (PNV) dijo que se traba de “una amnistía de todos y para todos, un olvido de todos y para todos” y acabó su intervención con una expresión digna de un epitafio: “¡Olvidemos, pues, todo!”. Bastantes años más tarde (en el diario El País del 6 de agosto de 1995), Txiki Benegas (PSOE) decía esto sin ningún sonrojo:
La única ley de punto final que ha habido la hicimos en octubre de 1977 los demócratas para los franquistas. En ese año decidimos no pedir ninguna responsabilidad referida a 40 años de dictadura, para intentar, de una vez por todas, la reconciliación.
De manera muy acertada el investigador y analista político Josep M. Colomer (1998) ha resumido aquello explicando que fue, sí, la amnistía para los antifranquistas, pero, también, la amnesia sobre los franquistas5.
La declaración del Pleno del Comité Ejecutivo del PCE sobre el atentado contra Carrero Blanco, publicada por L’Humanité el 21 de diciembre de 1973, es muy ilustrativa de esa estrategia de reconciliación nacional incluso ya en esa temprana época en la que formalmente el PCE mantenía su retórica sobre la Huelga General. La declaración finalizaba planteando una doble opción. La primera, obtener un diálogo, una convergencia de todas las fuerzas interesadas en el paso de la Dictadura a la democracia, superando el espíritu de la guerra civil pasada y creando un nuevo clima de entendimiento cívico que acerque España a Europa (¡cómo suena hoy todo eso a los reproches del PP contra el movimiento por la recuperación de la memoria histórica!). Eso, o la segunda opción: “España seguirá, durante mucho tiempo aún, sometida a los golpes de la violencia”. No es casual lo que la declaración incluye en esa segunda opción: “La lucha, incluida la violencia, de las fuerzas populares a las que no se les deja ningún otro medio para manifestarse y defenderse”.
Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, aquí se mezclan muy voluntariamente, bajo la denominación violencia, la estrategia de lucha armada de ETA y la de las resistencias populares más masivas. A partir de ello la argumentación se cierra con la conclusión final de que todos los ciudadanos conscientes, sea cual sea la clase a la que pertenezcan, todas las instituciones de cualquier tipo que consideren que el compromiso con la sociedad va más allá del interés coyuntural de un régimen político, deben hacer lo posible y lo imposible para evitar esta segunda opción.
La reconciliación nacional con quienes tengan un interés coyuntural en el Régimen y no la resistencia social para romperlo como base de un nuevo sistema democrático.
Este era, sin duda, la diferencia de fondo en las izquierdas de aquel entonces, aunque la autoría del atentado o el efecto del mismo en las movilizaciones contra el Proceso 1001 parecieran muy relevantes.
Petxo Idoiaga, catedrático jubilado de la UPV-EHU. Forma parte de la redacción de viento sur.
Notas:
(1) El artículo “El crepúsculo del franquismo” de Ernest Mandel, dirigente de la IV Internacional, fue pu- blicado como editorial de la revista Quatrième Internationale. Tuvo una gran influencia en las perspectivas políticas de la recién creada Liga Comunista Revolucionaria que se adhirió a la IVa Internacional. viento sur volvió a publicarlo en su número 86, en enero de 2006.
(2) En 1976, Coordinación Democrática y la Assemblea de Catalunya se unieron en la Plataforma de Orga- nismos Democráticos para negociar con el Gobierno de Adolfo Suarez el proceso constituyente español. Además la Plataforma incluía a diversas fuerzas nacionalistas. Coordinación Democrática, la conocida como PlataJunta se había creado el 26 de marzo de 1976 gracias a la fusión de la Plataforma de Convergencia Democrática y la Junta Democrática de España. La Plataforma había nacido en junio de 1975, impulsada por el PSOE y apoyada por el MCE y ORT desde la extrema izquierda, por la UGT y por algunas organizaciones y personalidades democristianas y socialdemócratas. La Junta, nacida en 1974 bajo el impulso del PCE, aglutinaba a la organización de extrema izquierda PTE, así como al PSP de Tierno Galván, a CC OO, a ASA y a personalidades independientes de pensamiento liberal. La Assemblea de Catalunya estaba sustentada por la Comisión Coordinadora de Fuerzas Políticas de Catalunya creada en 1969 y donde participaban el PSUC, Esquerra, UDC, el MSC y otras fuerzas que se unieron posteriormente. La LCR mantuvo una posición política contraria a todos esos organismos. Probablemente exageró el distanciamiento con la Assemblea de Catalunya que, pese a todo, fue un organismo de impulso real a la confrontación con la dictadura. Pero acertó en lo esencial; esos organismos fueron, de hecho, quienes legitimaron la ruptura pactada con el franquismo, pactada con el Gobierno de Adolfo Suárez que, alegando el riesgo (real) de una involución antidemocrática permitió contener la acción social y evitar una ruptura democrática, radical por tanto, con las instituciones heredadas del franquismo.
(3) Preston, P. (2011). El holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y después. Madrid: Debate.
(4) De hecho, una de las diferencias que más terminaron marcando las diferencias entre ETA (V) y ETA (VI), que se fusionaría con LCR, fue el de la actitud ante la violencia armada de vinculación política; y ese tema continuó después en los debates y crisis de ETA (una valoración global del autor de este artículo sobre la historia de ETA puede encontrarse en viento sur 106, noviembre 2009: “ETA(1959-2009) Anotaciones Históricas»). El nacionalismo catalán y el gallego tuvieron también sus experiencias y debates sobre la actividad armada. El FRAP fue además de muy activo en las épocas de las que hablamos, una organización armada que se mantuvo activa muchos años. Una experiencia de menor calibre militar pero políticamente significativa fue Iraultza, vinculada en Euskadi a determinadas referencias radicales del movimiento obrero.
(5) Colomer, J.M (1998). La transición a la democracia: el modelo español. Barcelona Anagrama.
Fuente: https://vientosur.info/y-volo-volo-20-de-diciembre-de-1973-2/