Después de un verano marcado por los incendios en Galicia, una oleada de pateras en Canarias y la decisión de desplegar a las tropas españolas en el sur del Líbano, el Gobierno del PSOE se prepara para la tarea esencial de todo Gobierno al final de su legislatura: ganar las próximas elecciones. El problema es […]
Después de un verano marcado por los incendios en Galicia, una oleada de pateras en Canarias y la decisión de desplegar a las tropas españolas en el sur del Líbano, el Gobierno del PSOE se prepara para la tarea esencial de todo Gobierno al final de su legislatura: ganar las próximas elecciones.
El problema es que Zapatero enfrenta este reto sin otro proyecto político que la solución de temas abiertos en la primera parte de esta legislatura, en ruptura con las políticas heredadas del PP: la reforma estatutaria, el proceso de paz en Euskal Herria, la emigración. En todos ellos se enfrenta con la oposición cerrada y frontal del PP -que, sin embargo, condiciona los ritmos de aplicación y el alcance de las políticas del PSOE-, mientras tiene que hacer frente al desgaste del bloque social de izquierdas surgido el 14-M del 2004.
El clima económico y social
La crispación del clima político, resultado de una estrategia de polarización del electorado de derechas del PP, no se responde con el clima social, instalado, a pesar de todo, en el mejor de los mundos posibles. Por un lado, los beneficios del capital, de las grandes empresas y bancos, vuelven a alcanzar un record histórico, en un ciclo expansivo basado en la construcción y la deuda familiar que, no por insostenible, lleva ya doce años. Esta lluvia de beneficios está favoreciendo una nueva reestructuración del capital financiero e industrial, cuyo episodio ejemplar es Endesa, pero que se extiende a los sectores económicos más importantes.
Al mismo tiempo que la tasa de explotación relativa de los trabajadores aumenta proporcionalmente a los beneficios, el Ministro de Economía Solbes garantiza unos presupuestos del 2007, «100% de izquierdas», apropiándose de la marca de identidad de la LCR francesa, sin romper por ello con la lógica del modelo económico productivo heredado del PP. Un crecimiento del 3,4% que sigue doblando la media de la eurozona a pesar de su tímida recuperación, le permite aumentar los gastos sociales en 1,5 puntos con respecto a los presupuestos ya expansivos del 2006 y prever un superavit de cierre de ejercicio del 0,7% -prometido pero inalcanzado por el PP- y que, por aquello de que la caridad comienza por uno mismo, sin duda será invertido en posibles males futuros de la octava economía mundial.
A pesar del déficit social en relación con la media de la eurozona -que sigue aumentando ligeramente en vez de recortarse-, de los procesos de deslocalización industrial, del aumento de las hipotecas y del endeudamiento familiar, la promesa es que para final de legislatura se habrán alcanzado la media de renta de la eurozona y el 0,5% de ayuda oficial para el desarrollo. La crisis, por el momento, no vendrá por el lado económico, a pesar de seguir sumando contradicciones en el modelo productivo: no en vano el parque de viviendas dobla ya al de habitantes, pero el acceso a las mismas es imposible para casi un 20% de los mismos, en especial los jóvenes.
Tampoco es previsible que la crisis venga de la calle. La movilización extraparlamentaria del PP de los primeros dos años de legislatura ha tenido que ser reconducida a las instancias institucionales habituales. La puesta en cuestión de la legitimidad de la victoria del PSOE el 14-M con las teorías conspirativas sobre la conexión eta-islamista, han sido desmontadas definitivamente por Garzón. Y la Iglesia Católica ha preferido llegar a un compromiso bastante ventajoso con el Gobierno en los dos temas esenciales del mantenimiento de su control sobre la enseñanza de las clases medias y la asistencia social -bloqueando la expansión y modernización del estado del bienestar- y de su financiación. Sin por ello tener que rebajar sus críticas a las reformas democráticas para la igualdad de derechos del Gobierno.
Las tres pruebas pendientes del gobierno
Las crisis, por el contrario, parecen despuntar por los tres temas ligados directamente a la propia identidad institucional y poblacional del Estado español. La gestión de la reforma del Estatuto catalán a través del pacto Zapatero-Mas, puenteando y marginando a las fuerzas del Tripartito catalán, han acabado con este sin permitirle rentabilizar su principal activo político y dejando detrás un halo de frustración. La fractura se ha situado en el mismo PSC, que parece condenado a arrastrar el dilema hamletiano de «ser o no ser», perdiendo votos a un lado y a otro, amenazado por el espectro de una CiU renovada en solo tres años de ausencia de la Generalitat y apoyada por sectores del PSOE de Madrid para imponer un gobierno socio-convergente en Catalunya. Mientras ERC, castigada por sus propios electores por su incapacidad política, puede acabar cargando con el sambenito de responsable de la no resurrección del Tripartito de izquierdas y catalanista.
El desenlace de las elecciones catalanas del 1 de noviembre determinarán toda la situación política hasta el fin de la legislatura. Sin el Tripartito catalán, el cambio de gobierno en Madrid el 14-M hubiera sido impensable. Su desaparición definitiva como proyecto político implicaría la consolidación definitiva de un giro a la derecha en todo el Estado y la sustitución de la alianza preferente del PSOE con IU y ERC, que han marcado los cambios progresistas en la primera parte de la legislatura, por un nuevo sistema de alianzas basado en CiU y Coalición Canaria, con el apoyo puntual -según la situación en Euskadi y Navarra- del PNV. Este nuevo escenario en el fin de la legislatura puede ser determinante para condicionar el proceso de paz en Euskal Herria y volver a un modelo emigratorio más preocupado por la seguridad que por la integración.
De hecho, en este compás de espera, el Gobierno Zapatero se adelanta a los acontecimientos. Su estrategia es hasta ahora volcar los problemas de creación de las condiciones para el proceso de paz en Euskal Herria en Batasuna. Es Batasuna la que tiene que resolver su ilegalidad, consecuencia de la Ley de Partidos PSOE-PP. Es Batasuna la que tiene que aceptar que no se cumpla la ley en relación con el traslado de los presos vascos a Euskal Herria. Es Batasuna la que tiene que comprender la falta de control por parte del Gobierno del aparato judicial, en manos de la derecha gracias al Pacto Antiterrorista. Mientras, el Gobierno se limita a mantener el consenso alcanzado -a excepción naturalmente del PP- en sede parlamentaria, sin dar nuevos pasos. No es de extrañar que la capacidad de gestión de la dirección de Batasuna esté llegando a sus límites, que las manifestaciones «controladas» se multipliquen y que empiecen a reaparecer las «descontroladas». Todo ello alimenta un ciclo de erosión y desconfianza de la base social del PSOE, bloquea la capacidad de iniciativa de este y desespera a la de la izquierda abertzale en una especie de eterno retorno a las fuentes del conflicto.
Un bloqueo similar, pero acompañado de un peligroso cambio de discurso, tiene lugar en la gestión de la emigración. La alarma y la crisis no vienen, como es bien sabido, de los 200.000 emigrantes que entran anualmente por la frontera norte o por los aeropuertos, respondiendo a las necesidades de crecimiento de la economía española y la bajísima tasa demográfica local. No, la crisis es producto de la llegada de una decena de miles de africanos subsaharianos en cayucos a las Islas Canarias -una vez que se han hecho inexpugnables las vallas de Ceuta y Melilla-, del espectáculo de su agonía y de la absoluta incapacidad institucional de acoger y distribuirlos, en medio de la demagogia alarmista y racista del Gobierno regional de Coalición Canaria y del PP.
El efecto no ha podido ser más inmediato: se rechaza el discurso de Sarkozy y de Rajoy sobre el efecto llamada del proceso de regulación, recordándoles la insurrección de los suburbios franceses, para a continuación aceptar su mismo enfoque basado en la «seguridad» y poner el acento no en la lucha contra el mercado negro de trabajo sino en las repatriaciones forzadas.
La competencia por el centro político
Lo que tiene de común el tratamiento de estas tres crisis larvadas, más la solución adoptada en la negociación con la Iglesia Católica y la propuesta del Gobierno de una ley de la memoria histórica que mantiene la continuidad jurídica y la legalidad de la represión franquista, es la opción estratégica de buscar votos para las próximas elecciones no en la movilización de la izquierda -desechada desde el comienzo de la legislatura- sino en el centro, en competencia con el PP, aprovechando la propia polarización creada por la movilización de la derecha política y social.
El mejor de los mundos posibles parece condenarnos a una larga campaña electoral basada en rentabilizar los errores y las deficiencias del PSOE en el Gobierno y del PP en la oposición para la movilización de los sectores abstencionistas del centro político, más que en un nuevo impulso del proyecto de cambio político y social iniciado el 14-M del 2004. Plantear la necesidad y las condiciones de ese nuevo impulso -que solo será posible con un nuevo ciclo de movilizaciones sociales- es la tarea de la izquierda.
* G. Búster es miembro del Consejo Editorial de SINPERMISO. Este artículo ha sido publicado originalmente en dicho portal el 1 de octubre de 2006.