En España, 2015 va a ser el año del cambio político e institucional. La incógnita es su profundidad, las características del nuevo ciclo sociopolítico y sus consecuencias sociales y económicas. Existen datos que vienen anunciando esta tendencia transformadora: fuerte desgaste del PP, falta de suficiente credibilidad del PSOE y amplitud de un electorado indignado con […]
En España, 2015 va a ser el año del cambio político e institucional. La incógnita es su profundidad, las características del nuevo ciclo sociopolítico y sus consecuencias sociales y económicas. Existen datos que vienen anunciando esta tendencia transformadora: fuerte desgaste del PP, falta de suficiente credibilidad del PSOE y amplitud de un electorado indignado con el ascenso del voto estimado a Podemos. Ha entrado en declive el bipartidismo y la simple alternancia de la gestión gubernamental entre los dos partidos representativos del establishment, y se consolida una dinámica alternativa.
Distintos estudios demoscópicos evidencian que hoy se daría un triple empate entre las tres fuerzas principales. De momento, señalan un límite de cada una de ellas, situado, en el mejor de los casos, en torno a un tercio del electorado (y sin llegar ninguna a ciento cincuenta diputados). Ello supone la imposibilidad de una mayoría absoluta en el Parlamento de PP y PSOE por separado y tampoco de Podemos, aun contando con la deseable convergencia con el resto de grupos de la izquierda plural y alternativa (IU, ICV, Anova, Batzarre… y Compromís, Equo, Chunta…). Cada uno de ellos tampoco garantizaría suficiente estabilidad parlamentaria con solo apoyos de otras fuerzas minoritarias (centro, derecha nacionalista e izquierda nacionalista); aunque sí es más probable en los ámbitos municipales y autonómicos, con más posibilidades de acuerdos postelectorales con geometría variable.
La estrategia política de cada una de las tres grandes formaciones (y en otro plano, del resto) durante este año tiene el objetivo de romper a su favor ese techo, conquistar una posición representativa hegemónica que le ofrezca una ventaja relativa en la responsabilidad de la composición y gestión institucional, las alianzas y la aplicación de su programa. Antes de exponer los factores que condicionan esos planes veamos el punto de partida actual.
Podemos y las bases sociales para el cambio
El hecho más novedoso del año 2014 es el fenómeno Podemos, con la cristalización de un amplio electorado indignado. Desde los resultados de las elecciones europeas y, sobre todo, a tenor de las encuestas posteriores, se ha hecho evidente la configuración de un electorado crítico y alternativo que modifica el panorama político. Ya no se puede infravalorar su amplitud y solidez, como se ha hecho hasta hace poco desde ámbitos socialistas y de derechas. No es una burbuja o flor de un día, destinada a desaparecer de forma inmediata, sino una realidad con bases populares arraigadas. Es reflejo, en el campo político-electoral, de la amplia y persistente ciudadanía indignada conformada estos cinco años frente a la desigualdad social, la política de austeridad y el autoritarismo político de las élites económicas e institucionales dominantes.
El vigor participativo y democrático en el rechazo a los recortes sociales y la desafección política hacia sus gestores no conllevaba la despreocupación por la política o los asuntos públicos de este heterogéneo movimiento popular progresista, como de forma interesada apuntaban los analistas afines al establishment. Todo lo contrario. La ciudadanía descontenta se fue conformando con la exigencia de responsabilidades hacia los causantes de la crisis económica y sus graves consecuencias sociales y de empleo. La indignación creció contra la gestión regresiva y el incumplimiento de sus compromisos democráticos y sociales del Gobierno Zapatero, con sus planes para hacer recaer los principales costes de la crisis entre las capas populares (reforma laboral, recortes de las pensiones…). Era justo hace cinco años, cuando la dirección socialista empezó a elaborar la estrategia de austeridad, tras la primera crisis de la deuda griega, la reunión de Davos y las sugerencias de los representantes comunitarios y del sistema financiero, y que aplicó con determinación. Luego vinieron los posteriores recortes del Gobierno de Rajoy, todavía más agresivos. Pero junto con la mayoría social crítica y la visión popular de la clase política gobernante como problema, no como solución, se iniciaron las resistencias y movilizaciones sindicales y ciudadanas (sobre todo, con el movimiento 15-M y dinámicas afines), que han mantenido gran legitimidad social.
Demuestra la existencia de una brecha sociopolítica y cultural de una ciudadanía activa, con gran conciencia cívica, democrática y de justicia social, respecto de la gestión regresiva y antisocial de la crisis sistémica, primero del Gobierno socialista y luego del gobierno conservador. Ese impulso sociopolítico de profunda regeneración democrática, de crítica a la corrupción y las ventajas de las élites y de exigencia de un giro social y económico, finalmente, ha cristalizado en el campo electoral e institucional. El desarrollo de ese proceso cívico, con diversos altibajos y una heterogénea representación social, ha culminado en una nueva articulación política.
La dirección de Podemos ha sido hábil para enlazar con esa conciencia social, democratizadora en lo político y progresista en lo social y económico. Ha conseguido su delegación representativa en el ámbito electoral y está aprovechando la oportunidad de facilitar su conversión en capacidad política transformadora y fortalecer las expectativas de cambio.
Esta experiencia popular explica la dinámica de un cambio cualitativo del escenario político. Se abre la oportunidad histórica de iniciar un ciclo progresista en el ámbito institucional que acometa un programa alternativo básico: una gestión equitativa de la crisis socioeconómica y la profunda democratización del sistema político, en el marco de una Unión Europa más solidaria.
Los dos componentes sociopolíticos construidos han sido muy importantes y decisivos: un fuerte movimiento popular, progresista, democrático y con amplia legitimidad ciudadana, frente a los poderosos que pierden credibilidad social; una articulación política alternativa, cuya representatividad le permite disputar la hegemonía institucional a los dos grandes partidos gobernantes.
No obstante, la principal dificultad empieza ahora con dos retos fundamentales y combinados. Uno, obtener la suficiente mayoría social tras un proyecto de cambio sustantivo. Dos, ser capaz de una gestión institucional que garantice el avance, inmediato y a medio plazo, en los dos planos clave para la mayoría de la población. En primer lugar, de profundización democrática, empezando por la acción firme contra la corrupción y el fraude, la eliminación de privilegios de las capas gestoras y grandes propietarios y el impulso a la participación ciudadana. El segundo lugar, con la derogación de las leyes y medidas más regresivas (laborales, educativas, protección pública…) y el refuerzo de las prestaciones sociales, los servicios públicos y los derechos sociales; y en el medio plazo poniendo las bases para la creación de empleo decente, la modernización del aparato productivo y su sostenibilidad medioambiental, una profunda reforma fiscal progresiva y la regulación económica y financiera al servicio de la sociedad. El breve periodo de nuevas responsabilidades municipales y autonómicas constituye un ejemplo y una prueba a superar.
Además, hay otros dos desafíos complicados. Primero, la colaboración con las fuerzas progresistas, particularmente del sur europeo, con el horizonte de derrotar la austeridad dominante en la Unión Europea, avanzar hacia una salida mancomunada y solidaria de la crisis y evitar el acoso y aislamiento del bloque de poder conservador y los mercados financieros.
Segundo, ofrecer una gestión democrática al conflicto territorial, particularmente de Cataluña y País Vasco, superando el bloqueo existente desde una posición de respeto a los derechos nacionales legítimos, incluyendo el derecho a decidir y mayor autogobierno, desde una óptica integradora y solidaria frente a los intereses corporativos y las prácticas abusivas de las élites dominantes respectivas. Ese talante social y respetuoso y la apuesta por el cambio global, institucional y socioeconómico, es lo que ha incrementado el apoyo social a Podemos en esas dos Comunidades (junto con Navarra), y crea un nuevo marco o proceso constituyente para abordar mejor una solución dialogada y satisfactoria para todos, más allá del frentismo nacionalista.
La construcción de una mayoría social suficiente es necesaria para conseguir el aval y la estabilidad del cambio institucional, pero también para consolidar una base popular y un tejido asociativo que, necesariamente, se habrán de activar para defender la dinámica transformadora y profundizar la acción política alternativa desde las instituciones. Existe una triple responsabilidad. En primer lugar, la dirección de Podemos, como grupo político hegemónico y dada la complejidad y diversidad de estas tareas, deberá desarrollar sus cualidades democráticas, integradoras y de respeto al pluralismo, en el ámbito interno, para aprovechar todas sus potencialidades, y respecto del resto de grupos alternativos, políticos y también sociales. En segundo lugar, los dirigentes de Izquierda Unida (junto con otros partidos políticos de izquierda), como agrupación con una experiencia y estructura militante, afianzar su apuesta por la convergencia, la renovación y la reafirmación en los valores igualitarios y democráticos. En tercer lugar, el conjunto del mundo asociativo y movimientos sociales progresistas, incluidos el movimiento sindical, que debiera apostar por un cambio político favorable a la defensa de los derechos sociales y laborales, y la intelectualidad crítica, tendrían que activarse todavía más por este proyecto y oportunidad de cambio.
El bipartidismo no es la solución
El PSOE tiene un dilema estratégico: o continuismo, aun con la retórica de cambio ‘seguro’, o giro hacia la izquierda por un cambio progresista real. Su orientación actual no reúne suficiente credibilidad social para asegurar una significativa recuperación electoral y constituirse en el eje principal del nuevo Gobierno. Sus nuevas propuestas, como la anunciada reforma constitucional -incluido el artículo 135-, las condiciona al consenso con el PP; es decir, a quedarse en nada. Sus críticas principales y, especialmente, sus insultos (populistas, leninistas, ilusos, autoritarios…) van dirigidos contra Podemos.
Sus referencias europeas no le vienen bien. Son el italiano M. Renzi, que enseguida ha demostrado su cara antisocial (eliminación de derechos laborales) y antidemocrática (ley electoral discriminatoria y pactada con la derecha), y el francés M. Valls, volcado en unas medidas regresivas para la población. Por no seguir con el Pasok griego, en plena descomposición por su cogestión de la austeridad, o el SPD alemán, colaborador con la derecha de Merkel en la austeridad para el sur europeo para salvar los intereses de los acreedores del norte.
Todo indica que, ante el fracaso de su objetivo de conseguir una ventaja electoral respecto del PP o, al menos, de Podemos, sus compromisos con la ‘estabilidad institucional’, su ‘responsabilidad de Estado’ y su posibilismo le inclinen hacia un acuerdo con la derecha. Para su aparato sería una opción menos mala que la de avalar una alternativa de progreso, opción más factible para su base social pero que entrañaría el ‘riesgo’ de enfrentarse con los poderes fácticos.
En el caso del PP está por ver, para activar a su favor el voto desafecto de centro-derecha, el alcance de su doble plan: embellecimiento de su gestión económica y estrategia del miedo. En el primer aspecto, salvo algunos elementos que favorecen a las grandes empresas y las élites pudientes, aumentando la desigualdad, la realidad es la persistencia y el agravamiento de las condiciones sociales, salariales y de derechos de la mayoría de la población. No hay cambio de tendencia, las capas populares seguimos en el pozo y la incertidumbre y con su prolongación se incrementa el sufrimiento, particularmente de la gente parada y más desfavorecida. Ni el nuevo plan inversor europeo, ni la flexibilidad monetaria del BCE son suficientes para garantizar la creación de suficiente empleo decente. La estrategia del miedo pretende amedrentar y activar a su potencial electorado con el supuesto caos que vendría con el ascenso de Podemos y el cambio político o por el movimiento independentista catalán.
Su plan es una salida lenta y regresiva de la crisis, el fortalecimiento del bloque liberal-conservador, con regímenes más autoritarios, una débil democracia y la subordinación del sur, la disminución de derechos sociales y laborales y el desmantelamiento del Estado de bienestar. Es un proceso que, aun con los ligeros retoques promovidos por la socialdemocracia europea, condena a la mayoría de la sociedad, particularmente en los países periféricos, a un deterioro de su bienestar social y la calidad democrática de sus sistemas políticos.
Ambos discursos, así como las medidas autoritarias y demagógicas que conllevan, son dudosos que le permitan una recuperación electoral significativa, aunque cabe que obtengan una mayoría relativa. Existe una base social conservadora y de gente acomodada, estimada en un tercio (a repartir con otros partidos de centro-derecha) que constituye su suelo. No obstante, supone una minoría respecto de la mayoría progresista o de centro izquierda y es insuficiente para garantizar la continuidad de su estrategia. De ahí los emplazamientos del PP (y las presiones de los grupos económicos y comunitarios) a la dirección socialista para que acepte un pacto de gobierno con la derecha, en posición subordinada, para reforzar la gestión del bipartidismo declinante con el consenso y apoyo de la Unión Europea.
En definitiva, existen obstáculos poderosos y grandes dificultades para un cambio político sustantivo. Pero el aspecto principal para avanzar hacia él y conformar gobiernos e instituciones de progreso, con suficiente representatividad, es la capacidad de las fuerzas alternativas para acertar en la orientación social, la vinculación con la ciudadanía crítica y la dinámica articuladora democrática.
Antonio Antón. Profesor honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid
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