Septiembre de 2013. Una serie de pequeños sismos sacuden la costa de Castellón y Tarragona, generando un estado de alarma entre la población que se extiende definitivamente el 1 de octubre, cuando el Instituto Geográfico Nacional registra un terremoto de 4,2 grados en la escala Richter. Los movimientos de tierra -más de 400 en total […]
Septiembre de 2013. Una serie de pequeños sismos sacuden la costa de Castellón y Tarragona, generando un estado de alarma entre la población que se extiende definitivamente el 1 de octubre, cuando el Instituto Geográfico Nacional registra un terremoto de 4,2 grados en la escala Richter. Los movimientos de tierra -más de 400 en total entre las localidades de Alcanar (Tarragona) y Vinaroz (Castellón) en apenas unos días- parecían estar directamente relacionados con las actuaciones de la plataforma Castor, el almacén de gas subterráneo situado a unos 20 kilómetros de la costa frente al delta del Ebro.
La tensa incertidumbre, las protestas ciudadanas y la presión de los grupos ecologistas aceleraron lo que parecía el desenlace lógico: el proyecto quedó paralizado, a pesar de que sus promotores aseguraban que la sismicidad era mínima y no entrañaba peligro alguno para la población. Finalmente, en 2014 el Gobierno puso fin a la concesión, y accedió a pagar una cuantiosa indemnización a la empresa promotora del proyecto, Escal UGS, controlada en un 67,7% por el gigante de Florentino Pérez, ACS: 1.350 millones de euros que la empresa ya ha cobrado, y que los españoles estarán pagando en su factura del gas durante los próximos 30 años. Sumando los intereses (unos 100 millones al año), la cantidad total que le tocará asumir la ciudadanía asciende a 4.300 millones de euros. Las desorbitadas cifras llamaron la atención en Europa: el pasado abril, el Parlamento Europeo censuraba la indemnización pagada a Escal UGS y solicitaba al Defensor del Pueblo Europeo una investigación para esclarecer si el gobierno español incurrió en una ayuda estatal prohibida al autorizar el pago.
Kayaks vigilados de cerca
Bajo el lema Coste inútil, Greenpeace ha denunciado este jueves in situ un proyecto que, según los ecologistas, ejemplifica como pocos la inoperancia del Gobierno en materia medioambiental y la cultura del despilfarro que ha dominado la vida política española, además de una nueva demostración de que determinadas técnicas, como el fracking o la propia inyección de gas, dan lugar a episodios de movimientos de tierras de consecuencias impredecibles. «La sismicidad inducida es la consecuencia lógica de modificar el balance de fuerzas de un macizo rocoso: corres el riesgo de que se reactiven fracturas o pequeñas fallas», explica Julio Barea, geólogo y responsable de campaña de Greenpeace. «Hay infinidad de ejemplos, como el embalse de Itoiz (Navarra), donde se ha registrado actividad sísmica perfectamente perceptible».
El emblemático Arctic Sunrise, en el que viaja La Marea, llegaba a las inmediaciones de Castor a las diez de la mañana. Los activistas se han echado al agua en modestos kayaks hasta la milla permitida que impone seguridad marítima. La estructura permanece inactiva, pero dos barcos la vigilan permanentemente. De hecho, durante toda la acción, los activistas han permanecido vigilados de cerca por las dos embarcaciones, una de ellas a escasos metros. A pesar de la ausencia casi total de oleaje, dominar un kayak en alta mar no es tarea sencilla. Los activistas han sufrido para desplegar dos pancartas. En la primera de ella, se podía leer el lema de la acción, «Castor= coste inútil». En la segunda, la frase central de la campaña con la que Greenpeace quiere concienciar a la población sobre algunos de los puntos negros de la geografía española: «El medioambiente importa».
Al hablar de Castor surge una pregunta inevitable. ¿Qué hubiera sucedido de no haberse producido los terremotos? Probablemente, nada. Escal UGS hubiera seguido inyectando gas con el argumento de que España necesita almacenarlo, a pesar del desorbitado precio, que incluso llegó a triplicar el presupuesto inicial. «Desgraciadamente ha tenido que ocurrir algo así para que se den cuenta de lo mal que se hicieron las cosas desde el mismo estudio de impacto ambiental, que fue absolutamente deficiente», apunta Barea. Greenpeace, sin embargo, hace autocrítica. «En su momento no fuimos lo suficientemente beligerantes con el Castor», reconoce. Quizá por eso esta parada era un momento clave en el viaje del Arctic Sunrise por el Mediterráneo. Un momento para volver a visualizar un problema que, probablemente, seguirá ahí durante mucho tiempo. Quizá, el suficiente para que alguien decida intentar resucitarlo sin pensar en las posibles consecuencias.
Fuente: http://www.lamarea.com/2015/06/25/castor-el-despilfarro-que-pagaremos-todos/