El 5 de junio pasado, Día Mundial del Medio Ambiente, el Gobierno hizo público el segundo borrador de Real Decreto de Autoconsumo, que impone más tasas a la autoproducción energética. La normativa mantiene el llamado «impuesto al sol» y pretende gravar las instalaciones renovables, sobre todo las fotovoltaicas, no sólo las nuevas, sino las que […]
El 5 de junio pasado, Día Mundial del Medio Ambiente, el Gobierno hizo público el segundo borrador de Real Decreto de Autoconsumo, que impone más tasas a la autoproducción energética. La normativa mantiene el llamado «impuesto al sol» y pretende gravar las instalaciones renovables, sobre todo las fotovoltaicas, no sólo las nuevas, sino las que ya están funcionando, que deberán adaptarse a los nuevos peajes.
El borrador se ha tramitado con mucha rapidez a pesar de la oposición con la que cuenta. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, solicitó que esta normativa se tramitara con carácter de urgencia, aunque hay otras a la espera. Tras 15 días de información pública, se han presentado cerca de 200.000 firmas de rechazo y 34.000 alegaciones, aunque éstas no tienen carácter vinculante. Pero todo indica que en los próximos Consejos de Ministros, antes de la convocatoria de las generales, quedará aprobado el Real Decreto de Autoconsumo.
Particulares, pequeñas empresas, productores de renovables, cooperativas y grupos ecologistas han denunciado este nuevo gravamen a las renovables y argumentan que beneficia al oligopolio eléctrico. Soria argumenta que es necesario que «todos los consumidores estén en igualdad de condiciones». Mientras, todos los partidos de la oposición, excepto PNV y CiU, ya se han comprometido a derogar el real decreto en caso de que sea aprobado.
Ataque a las renovables
Tras varias reformas legales y decretos, las renovables en el Estado español están paralizadas. Las puertas giratorias han situado a expolíticos de los gobiernos del PSOE y PP en los consejos de administración de las eléctricas. Hasta 43 excargos están en nómina de las multinacionales eléctricas españolas, incluidos los expresidentes José María Aznar, que sigue en Endesa, y Felipe González, que ha estado varios años en Gas Natural.
«A este tipo de borradores sólo les falta poner la firma de las eléctricas», señala Javier García Breva, exdirector del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), miembro de la Fundación Renovables.
En sólo dos años, el Ministerio de Industria ha redactado dos borradores de autoconsumo. «Ante la amenaza del impuesto al sol, aunque el primer borrador no se ha convertido en norma, se ha paralizado el autoconsumo», dice Cote Romero, directora de Ecooo. En 2013, Soria y el secretario de Energía, Alberto Nadal, suprimieron las primas a las renovables, 3.000 millones de euros, en contra de todos los informes técnicos que no avalaban la decisión. La medida está en los tribunales gracias a la iniciativa de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y la Fundación Renovables. Ahora el Ejecutivo, antes del fin de la legislatura, amenaza con dejar todo atado a favor de las grandes eléctricas con la aprobación del Real Decreto de Autoconsumo.
Para la responsable de Ecooo, hay que apostar por el empoderamiento de la ciudadanía en materia de energía, en ahorro y eficiencia energética. «Está claro que el Gobierno y el oligopolio de las eléctricas están haciendo un ataque furibundo contra el autoconsumo. Porque el parque tecnológico se ha abaratado mucho y ven amenazado su negocio», señala Romero.
Este borrador de ley salió a la luz cinco días después de que la empresa Tesla, especializada en acumuladores y coches eléctricos, anunciara una revolucionaria batería mucho más barata y más eficiente que los modelos actuales. Esta batería permite almacenar durante más horas la energía que se consigue en las horas de sol para usarla después. Una demanda de los defensores del autoconsumo que solicitan el llamado balance neto -poder usar la energía que se ven obligados a verter a la red durante las horas de sol-. El borrador del Gobierno penaliza a los productores que se enganchen a las baterías. Muchas familias se animaron a invertir en renovables gracias al decreto de 2007 que pretendía reducir las emisiones de CO2 tras la Cumbre de Kioto. Hoy, gran parte de esas casi 60.000 familias que compraron los equipos fotovoltaicos para huertos solares o placas en sus tejados tienen problemas económicos e incluso han sido desahuciadas de sus viviendas al empeñarlas en esta inversión.
En el país del sol
Según la Unión de Empresas Fotovoltaicas (Unef), la instalación de nueva capacidad fotovoltaica en España en 2014 fue de apenas 22 megavatios (MW). Este ritmo de actividad responde a la «práctica paralización del mercado en España», explican desde la Unef. Mientras que la nueva capacidad fotovoltaica en países como Reino Unido o Alemania, con la mitad de horas de sol que España, es de 2.270 MW y 1.900 MW. Lo mismo sucede en Francia, donde se han instalado 1.000 MW y ya está en marcha reducir el peso de la energía eléctrica de origen nuclear -ahora del 75%- para pasar al 50% y aumentar la cuota de las renovables en el sistema en un 32% en 2030. España también está por detrás de Portugal, que en septiembre de 2014 reguló el autoconsumo, permite vender los excedentes de energía a la red y hace posible que cualquier persona pueda producir su propia electricidad.
Pero la política energética en España tampoco cumple las recomendaciones de la UE. La Comisión Europea, donde el exministro de Medio Ambiente Miguel Arias Cañete es comisario de Acción Climática y Energía, publicó el pasado 16 de julio el documento Mejores prácticas para el autoconsumo de energías renovables, en el que se afirma que «la estrategia de la Unión Europea sitúa a los consumidores en el centro de las políticas energéticas, animándoles a asumir como suya la transición energética (…)». El documento también señala que «el autoconsumo energético puede producir un gran número de beneficios tanto para los consumidores como para el conjunto del sistema eléctrico» y puede aminorar los costes, «especialmente en aquellos países soleados, en los que ayuda a reducir los picos de demanda producidos por el uso de los aires acondicionados».
Los últimos de la fila
Pero la tendencia aquí es otra. Según datos de 2013, España se encuentra en el puesto decimonoveno en el cumplimento de la Directiva Europea 2009/28/CE para alcanzar el consumo del 20% de energía renovable para 2020.
Para García Breva resulta «lamentable» que ni con el Gobierno anterior ni con el actual se haya cambiado la política energética. Todo lo contrario: ambos gobiernos se han dedicado a argumentar que las energías renovables son caras, dice. «En 2010, Miguel Sebastián distribuyó un informe a los medios de comunicación que decía que las renovables nos iban a costar en los próximos 25 años 126.000 millones de euros», explica. «Curiosamente, José Manuel Soria sacó otro documento que decía lo mismo, casi la misma cifra, 125.000 millones», continúa. Pero aclara que si se divide esa cantidad entre los 25 años, el coste medio de las renovables sería de 5.000 millones al año. Y asegura que, el resultado es que si hiciéramos las cuentas, las renovables nos cuestan diez veces menos que lo que vamos a gastar en importaciones de combustibles fósiles, gas y petróleo, en el mismo periodo de tiempo. García Breva lamenta que no se valore que España sea rica en sol.
Según ha declarado recientemente la exministra Cristina Narbona en una conferencia sobre el cambio climático, «el grado de miopía» en España con las renovables es «un problema que viene de atrás: en 2010, Miguel Sebastián fue el primero en recortar las primas a las renovables. Lo que se hizo fue un error», admite. La exministra de Medio Ambiente apunta también que «es necesario recordar que el sol y el viento son combustibles gratuitos. Hay que promocionar las energías renovables y, sobre todo, el ahorro y la eficiencia energética».
A pesar del parón de las renovables, un informe de la Asociación de Empresas Productoras de Energías Renovables da a conocer que el uso de renovables en España en 2013 evitó la importación de 19,7 millones de toneladas equivalentes de petróleo (7.309 millones de euros) y la emisión de 56,5 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera.
En la Cumbre del Clima de París de diciembre próximo volverá a quedar de manifiesto que el objetivo marcado por la ONU de reducir las emisiones un 70% hasta 2050 e impedir que la temperatura media del planeta suba dos grados en lo que queda de siglo es improbable: de seguir al ritmo actual, en 2020 llegaremos al límite de concentración de dióxido de carbono.
«Ya sabemos lo que está pasando y podemos ser la primera generación en hacer frente al cambio climático. Sin embargo, la urgencia no se traduce en la agenda política», concluye Narbona.
Las distintas varas de medir la energía
Para Javier García Breva, experto en renovables, es «curioso» que tanto el Gobierno del PP como el anterior del PSOE no hayan permitido conocer los costes reales de la energía eléctrica: «Son costes reconocidos por el Gobierno de turno, pero a los que no tenemos acceso los ciudadanos». Apunta hacia la auditoría de las cuentas de las eléctricas como demandan organizaciones de consumidores y ecologistas. García Breva explica que las eléctricas se han beneficiado de varios ‘rescates’ en los últimos gobiernos, y que los miles de euros que éstas han cobrado los ha pagado la ciudadanía en el recibo de la luz.
Fuente original: https://www.diagonalperiodico.net/global/27423-gobierno-contra-sol.html