Los nuevos gobiernos locales se enfrentan al reto de paliar las consecuencias más graves de la crisis. ¿Puede un ayuntamiento ir más allá de pagar algunas facturas y repartir unas comidas?
A partir de septiembre, en Madrid, se espera que todos sus habitantes tengan los suministros básicos garantizados. O eso podría pensar una optimista después de revisar las cinco medidas que el Gobierno local de Madrid, encabezado por la alcaldesa Manuela Carmena, de Ahora Madrid, quiere poner en marcha en sus primeros cien días de gobierno, casi todas relacionadas con la atención a la emergencia social. Agua y luz para todos, «medios y recursos» para paralizar desahucios, poner fin a la privatización de servicios públicos, garantizar el acceso a prestaciones sanitarias de competencia municipal y desarrollar un plan de inserción laboral para jóvenes son las otras medidas de la lista.
Algunas intenciones ya han pasado por los órganos locales de gobierno y, así, el mismo día de su investidura, Carmena anunció que el Ayuntamiento de Madrid garantizaría «desayuno, comida y cena» a menores sin recursos a través de comedores infantiles. La medida se concretó unos días más tarde: el Consistorio aumentó el presupuesto de 258.000 a 388.500 euros hasta septiembre para llevar comidas a domicilio a 2.071 menores, aumentando la partida presupuestaria para un recurso que ya existía.
Pero lo cierto es que muchos ayuntamientos gobernados por los partidos de siempre han puesto en su lista de medidas partidas para luz y agua o, más recientemente, iniciativas antidesahucios.
Perfiles olvidados
En el Ayuntamiento de Valencia (Compromís, Valencia en Comú, PSPV) también creen que, además de responder a las situaciones más precarias con prestaciones económicas, se debe contemplar la emergencia social «como una nueva cuestión social en el calendario de acción social». Consol Castillo, de Compromís y concejala de Desarrollo Humano en Valencia, ve una diferencia de enfoque con respecto a los anteriores gobiernos municipales: «Donde antes se gestionaba una clara deconstrucción del Estado de bienestar y del sistema de protección, ahora deberíamos promoverlos», explica.
Para Castillo, lo más urgente es «demandar a la Generalitat mayor dotación y cobertura de la Renta Garantizada de Ciudadanía, prestación que debería cubrir las necesidades básicas de la población excluida de las redes de protección» y que, según explica, hasta ahora no era posible resolver antes de 18 meses.
Desde la Red Europea Contra la Pobreza (EAPN) en la Comunidad Valenciana advierten de que los nuevos perfiles de pobreza generados por la crisis no son los únicos, pese a que son los más visibles en los programas electorales. «La pobreza tiene muchas caras, muchos perfiles, muchas realidades que se han de tratar de forma específica: no nos sirven las mismas soluciones para una persona parada de larga duración que para una persona que está en situación de calle desde hace muchos años», explica Nuria Tendeiro, coordinadora técnica de esta red, que agrupa a 23 organizaciones que trabajan en la erradicación de la pobreza y la exclusión en el País Valenciano, donde la tasa de personas en riesgo de pobreza o exclusión social es del 34,7%. Este dato del INE coloca a la región por encima de la media estatal del 29,2% y 15 puntos por encima de la tasa anterior a la crisis, cuando se situaba en torno al 20%, según cifras que maneja EAPN.
Aunque se van dando pasos, es pronto para hacer valoraciones de cuánto se puede hacer desde un Ayuntamiento
Castillo asegura que la Concejalía de Desarrollo Humano tiene como objetivo «no sólo cubrir necesidades puntuales, sino también asegurar que hay medidas que son un derecho y no una limosna para las personas«. Pese a que EAPN considera que es pronto para valorar la actividad de los nuevos gobiernos del Ayuntamiento y del País Valenciano, lo que sí pueden hacer ya es demandar que «las entidades del tercer sector, igual que otros agentes sociales reconocidos como los sindicatos, la patronal o la universidad, seamos interlocutoras para las políticas de inclusión social». «Creemos que las becas de comedor o los comedores escolares son una medida de urgencia, pero más allá de eso hay que superar estas medidas y apostar por derechos básicos de las personas, como es el acceso a una renta mínima para todas aquellas personas que la necesiten y un acceso al trabajo y a la vivienda», dice Tendeiro.
Desahucios
En Madrid, junto al aumento de la partida para comidas a domicilio para menores, las pocas semanas del nuevo Gobierno han sido suficientes para estrenar, el 20 de julio, una de las medidas estelares de Carmena. La Oficina de Intermediación Hipotecaria elaborará estudios de la capacidad económica de las personas que tengan dificultad para pagar la hipoteca y elaborará un informe para las autoridades financieras para que «se pueda llegar a acuerdos», según explicó la concejala de Equidad, Marta Higueras, en la presentación de la oficina. Si no se llega a un acuerdo, la oficina se encargará de buscar una alternativa habitacional para las personas afectadas.
Para la PAH, una Oficina de Intermediación Hipotecaria que se centre en quitas y reestructuraciones puede desvirtuar su lucha al obviar la dación en pago
Pero la Plataforma de Afectados por la Hipoteca no sólo no aprueba la iniciativa, sino que cree que desvirtúa las luchas de las PAH. «La lógica que hay detrás es evitar el desahucio a toda costa, incluyendo hacer una mediación con el banco de modo que la situación de impago de la hipoteca quede más o menos solucionada sin optar por la dación en pago; la concejala defiende quitas y reestructuraciones de deuda, que es una política que ya están haciendo los bancos», explica un portavoz de PAH Vallekas. «Puede suceder que acepten con la mediación institucional soluciones peores que las que podemos obtener desde la plataforma«, añade. El enfoque, así, tergiversaría el espíritu de una lucha que «es por el derecho a la vivienda», recuerdan. Porque poner solución a los desahucios es lo urgente, pero una política de vivienda debe ser más ambiciosa: «Sin hablar de expropiación, que es la solución más efectiva, está la vía fiscal a través del IBI, y las sanciones a los bancos para lograr un fondo de viviendas destinadas al alquiler social». ¿No es eso mucho esperar de un Ayuntamiento? «No, no es mucho esperar, y de hecho el Ayuntamiento de Ada Colau va en otra línea, y en nuestra opinión se está haciendo mejor», concluye.
En Cádiz, el anterior Gobierno, del PP, asegura haber evitado 185 desahucios en 2014 «gracias a las ayudas sociales». ¿Cuál es entonces la marca de un Gobierno como el de Por Cádiz Sí de Puede, surgido de movimientos ciudadanos, en sus medidas contra los desahucios? Ana Fernández, delegada de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz, se explica: «No ponemos en duda que se hayan parado desahucios en esta ciudad gracias a la gestión del Ayuntamiento, pero nuestro objetivo final es más ambicioso: es que Cádiz se convierta en una ciudad libre de desahucios«. Fernández reconoce que para ello el Gobierno local necesita «el trabajo conjunto de varias entidades a nivel local y regional». Pero la emergencia social tiene otras prioridades en una ciudad de 121.000 habitantes en la que 42.265 personas se encuentran en situación «desfavorecida o muy desfavorecida» y donde hay un 40% de desempleo.
Por eso, mientras Cádiz pretende avanzar en el objetivo de convertirse en una «ciudad libre de desahucios», el Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con la Junta de Andalucía para continuar durante el verano el programa de emergencia alimentaria destinado a menores. La ambición es, sobre el papel, ir más allá: el programa de Por Cádiz Sí Se Puede promete «dar sentido a la asistencia social como un servicio público que favorezca la redistribución y adjudicación equitativa de los recursos».
También entre las primeras medidas tomadas por el nuevo Gobierno de la ciudad de A Coruña, compuesto por diez ediles de Marea Atlántica, está la aprobación de bonos-compra de alimentos por un importe máximo de 480 euros al mes. Los desahucios han estado en la agenda de gobierno en estas primeras semanas, y ya ha habido «una interlocución con los juzgados, que se han mostrado colaborativos», aseguran fuentes municipales. «Creemos que con las políticas de emergencia social se tendía al asistencialismo, a conceder ayudas para resolver urgencias, pero sin resolver la causa principal del problema», asegura Silvia Cameán, concejala de Justicia Social y Cuidados, un nombre con mucha intención que «se llenará de contenido conforme vayamos avanzando en las medidas que apliquemos y nos aproximemos al objetivo de una justicia social», explica la edil.
El Ayuntamiento pretende, además, crear una Renta Social Municipal que garantice el acceso a los recursos básicos y posibilite unas condiciones dignas de subsistencia, pero, aunque el proyecto está ya redactado, de momento la urgencia es asegurar el acceso a los recursos más básicos. «Nosotros consideramos que las ayudas necesariamente deben ir acompañadas de unas políticas integrales que abarquen lo social, el empleo, la educación, la sanidad… Sin esta percepción, intervencionista e integral, las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social terminan cronificándose», explica Cameán.
Laia Ortiz, teniente de Alcaldía de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, hace una relación directa entre crisis y pobreza: «La emergencia social que vivimos es el fruto de los impactos de una crisis salvaje, agravados por las políticas austericidas impulsadas por gobiernos que han puesto los mandatos de la troika por encima de las necesidades de la gente». Como en A Coruña, en los planes del nuevo gobierno de Barcelona figura la creación de una renta municipal, algo que prevén hacer después de evaluar el coste de vida en la ciudad, para definir cuál debería ser el umbral del salario digno, explica. Además, en una ciudad en la que se producen 30.000 cortes de agua por imposibilidad de pago, pretenden «hacer corresponsables a las empresas suministradoras, que acumulan beneficios millonarios».
En cuanto a los desahucios, Ortiz explica que en los primeros días de mandato se convocó a la Comisión Mixta contra los Desahucios, en la que participan entidades sociales y vecinales, así como los bancos, «que nunca hasta ahora habían acudido a la cita». «Pese a que la emergencia habitacional es acuciante, el anterior Gobierno no celebraba reuniones de esta comisión desde hacía más de un año. Es, pues, una cuestión de voluntad política», añade.
Entonces, ¿puede un Ayuntamiento ir más allá de pagar algunas facturas y repartir unas comidas? Consol Castillo considera que es algo que «hasta ahora no sólo no se ha hecho, sino que creemos que ni siquiera se ha intentado». Pese a que las ambiciones son muchas, las primeras semanas de gobierno han puesto sobre la mesa las limitaciones, no sólo por el escaso margen de las competencias locales, sino también en algunos casos por la composición de los plenos -el alcalde de Cádiz no pudo sacar adelante la propuesta de reducción de sueldos-, que pueden hacer difícil la toma de decisiones. Para hacer valoraciones, repiten desde la EAPN, es aún muy pronto.
Un nuevo lenguaje para las nuevas concejalías
Justicia Social, Desarrollo Humano, Cuidados… Las concejalías que se disponen asumir las tareas de Asuntos Sociales hacen referencia al «empoderamiento» o al «apoyo mutuo» y muestran intención ya en el nombre. Sin embargo, sus responsables reconocen que las limitaciones son grandes. Consol Castillo, concejala del Ayuntamiento de Valencia, indica que una de las medidas más urgentes, como es la agilización de la Renta Garantizada de Ciudadanía, pasa por azuzar al Govern. Silvia Cameán, desde A Coruña, reconoce desde la concejalía de la que es responsable, Justicia Social y Cuidados, que «las competencias locales son limitadas».
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/global/27421-lo-urgente-desde-lo-local.html