Con considerable retraso, pero con firmeza, nuestros hermanos vascongados se han dado cuenta por fin de que el asunto de las inmatriculaciones de la Iglesia no era una cosa que afectaba sólo a los navarros, sino también a ellos y a todo el estado español. La información que conseguimos hace ocho años en Navarra sobre […]
Con considerable retraso, pero con firmeza, nuestros hermanos vascongados se han dado cuenta por fin de que el asunto de las inmatriculaciones de la Iglesia no era una cosa que afectaba sólo a los navarros, sino también a ellos y a todo el estado español. La información que conseguimos hace ocho años en Navarra sobre lo apropiado por la Iglesia al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, recientemente derogado por inmoral y (aunque no lo reconozcan) por inconstitucional, supuso el inicio de un gran movimiento municipalista y ciudadano de respuesta, que al final se ha extendido a otras comunidades, creándose nuevas plataformas y recibiendo apoyos tanto de grupos laicos como de cristianos consecuentes.
Sabedor del escándalo que produce, el Gobierno de PP se ha negado reiteradamente a dar más información sobre lo inmatriculado. Ha tenido que ser el Parlamento de Gasteiz el segundo de todo el Estado en conseguir los datos de su territorio, lo cual no puede menos que alegrarnos: Euskal Herria sigue siendo vanguardia en la defensa de lo público y lo comunal.
Un vistazo somero a los datos de la CAV, nos produce la misma reacción que tuvimos en Navarra hace siete años, y que resumimos en un título de largo recorrido: Escándalo Monumental. Aunque algunos medios de comunicación daban cifras mayores, podemos decir que, desde 1978, al menos 508 bienes se han inmatriculado en las tres provincias por el artículo 206, lo que es tanto decir que por la santa voluntad de los Monseñores convertidos en fedatarios públicos: «Esto es mío porque lo digo yo y punto».
Como ocurrió en Navarra, no todos son lugares de culto: más de 200 bienes son casas, huertas, solares, montes y pastizales, generalmente de origen comunal o público, a veces cedidos de buena fe al cura del lugar para su uso temporal (como al médico o al maestro) y que ellos lo han arramplado para la eternidad. Y la apezetxea que construyó el pueblo, y la huerta aledaña que se le cedió, y la ermita vecinal, pasan a ser propiedad privada porque, según declara el obispo y apunta fielmente el registrador, «la Iglesia era dueña en plena, pacífica y no interrumpida posesión, ignorándose de quién y en qué forma fueron adquiridas». Santa Rita rita, lo que se cede ya no se quita. Y de paso, una torre, un aparcamiento en Arrate, un horno de panadería en Santurtzi o los 800 metros cuadrados en la punta del monte Oiz, quizás para estar más cerca del Cielo. Acaparar, lo que sea y donde sea, por un procedimiento opaco, sin información pública y por un costo de risa: unos diez mil euros les ha costado todas las inmatriculaciones de la CAV. Ni el precio de una campana.
Sorprende lo de los 21 cementerios (¿por qué sólo 21?) lo que indica que, como en Navarra, no tenían claro su interés y sólo han echado mano a los que presuponen que tienen alguna rentabilidad, como hicieron con los de Itoiz, Nagore, Artozki, Muniain y Orbaitz, para cobrar las indemnizaciones millonarias de las obras del pantano que los cubrió.
El reparto territorial muestra también el despropósito y la incoherencia del procedimiento inmatriculador: Gipuzkoa sola tiene 364 bienes, frente a las 69 de Bizkaia de 75 de Araba. Prueba evidente de que un Monseñor que se moviera por los registros podía inmatricular más que sus vecinos, lentos de reflejos o quizás menos codiciosos. Eskoriatza, con 46 bienes, entre ellos cuatro cementerios, es el pueblo de Euskal Herria más expoliado, superando el récord que tenía Eslaba, en Navarra, con 35. Oñati, Bergara o Arrasate también superan las 20 inmatriculaciones.
El autor de ese milagro guipuzcoano no es otro que «nuestro» obispo Setién, que tuvo además la genial ocurrencia de sortear la ley que prohibía expresamente, hasta 1998, la inmatriculación de los lugares de culto. ¿Cómo? Pues inmatriculando el terreno donde estaban emplazadas las parroquias y ermitas, terrenos que sin duda fueron públicos y comunales desde el día de la Creación y que hoy pertenecen a la inmobiliaria vaticana.
La rapiña ha durado hasta el último momento. El PP, gracias a la presión general, se dio cuenta de que no podía seguir defendiendo el esperpento de que los obispos inmatricularan a su antojo, y anunció el cambio de la ley Hipotecaria. Había que darse prisa y hasta el final, julio de 2015, anduvieron ratoneando por los registros.
La Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro tenía razón. Los obispos no tenían por qué actuar de ese modo ventajista y en lo sucesivo se tendrán que someter al mismo procedimiento que todos los mortales. Pero si todo el mundo reconoce ahora que era una ley injusta y además inconstitucional, ¿Qué pasa con todo apropiado hasta ahora?
En Navarra lo tenemos claro y son ya más de 200 ayuntamientos y el propio Parlamento, los que apoyan las demandas de la Plataforma. Ahora les toca el turno a los hermanos vascongados. Concejales y alcaldes, ciudadanos laicos y creyentes, deben hacer bueno eso de dar a Dios lo que es de Dios y a los pueblos lo que es de los pueblos. Este martes 19, en Gazteiz, en el Memoriagunea de la calle Fermín Lasuen, tenemos la primera cita.
Jose Mari Esparza Zabalegi. Editor y Miembro de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro.
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