Las Oficinas de Información y Denuncia de SOS Racismo han registrado 247 situaciones de discriminación o delitos de odio en 2015, según el informe que hecho público esta semana por la entidad. El balance anual «Sobre el racismo en el estado español», que se realiza desde 1995, detalla 112 casos en Aragón, 80 en Cataluña, […]
Las Oficinas de Información y Denuncia de SOS Racismo han registrado 247 situaciones de discriminación o delitos de odio en 2015, según el informe que hecho público esta semana por la entidad. El balance anual «Sobre el racismo en el estado español», que se realiza desde 1995, detalla 112 casos en Aragón, 80 en Cataluña, 19 en Gipuzkoa, 18 en Madrid, 12 en Navarra y 6 en Galicia. SOS Racismo aclara en los primeros párrafos del informe que se trata de una «mera fotografía», que en ningún caso abarca todos los casos de discriminación por motivos de odio o xenofobia. La mayoría de las denuncias recogidas en las oficinas corresponden a conflictos y agresiones racistas (27,5%), seguidas por las atribuibles al racismo institucional (21,8%), problemas con la seguridad pública (17,8%), denegación de acceso a prestaciones y servicios públicos (11,7%), discriminación laboral (10,5%), denegación de acceso a servicios privados (6,4%), «problemas» con agentes de seguridad privada (3,2%) y relacionados con la extrema derecha o el discurso de odio (0,8%).
La mayoría de los 68 conflictos y agresiones racistas que se constataron en las OID se situaron en el ámbito vecinal. Un vecino de Madrid y su familia nigeriana, quienes residen en situación considerada «regular» en España, recibieron insultos de otra vecina -«esclavos», «dejad en paz a los españoles»- además de golpes en la pared aledaña. La denunciada se ha visto en conflictos con otros muchos propietarios de la finca y, al parecer, tiene alteradas las facultades mentales. También en Madrid W.H., un español de origen peruano, se encontró con dificultades para participar en las reuniones de la comunidad de vecinos por su ascendencia latinoamericana. El Administrador de la Comunidad de Propietarios no le permitía asistir a las juntas. A estos ejemplos de discriminación se agregan los de «racismo institucional» (54), la mayoría relacionados con los trámites de extranjería para regularizar la situación administrativa, los problemas para la concesión de la nacionalidad y la situación en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE). Por ejemplo, las oficinas de SOS Racisme en Cataluña gestionaron el caso de Daina, que vive en España desde hace ocho años y solicitó la nacionalidad hace uno. Debido a los cambios legislativos, se produjo una cancelación de la solicitud sin que ésta se le notificara. En consecuencia Daina no sólo ha tenido que reiniciar el procedimiento, sino también superar un examen de integración. Además de la dificultad del examen (sobre la Constitución y la realidad social y cultural españolas), la afectada ha de abonar 85 euros para su realización y no tiene plaza hasta 2017.
En octubre de 2015 la oficina de SOS Racismo en Aragón informó del caso de M.C.D., agredida por un vecino al confundirla con otra persona. La policía nacional acudió al lugar de los hechos y, al no disponer de documentación, la trasladaron a comisaría e iniciaron un expediente de expulsión. Además le retuvieron el pasaporte en las dependencias policiales. La policía llamó también a los empleadores de M.C.D., que procedieron a despedirla. La afectada trasladó su lugar de residencia a Bilbao. En cuanto a la realidad de los CIE, SOS Racismo-Madrid difundió en 2015 el informe «Fronteras en los barrios», en el que se dio cuenta de los 257 atendidos por la entidad en el centro de Aluche. Se señalaba la circunstancia de que los internos procedían mayoritariamente de Marruecos, Argelia, Camerún, Colombia, República Dominicana y Senegal, «nacionalidades que tienen una vinculación directa con las redadas racistas y los vuelos de deportación», denuncia SOS Racismo. Además, doce de los internos en el CIE de Aluche declararon ser menores de edad, y el 30% fueron detenidos en el espacio público. Este porcentaje, concluye la organización antirracista, pone de manifiesto los controles de identidad basados en el perfil étnico.
Las asociaciones de SOS Racismo se hicieron eco asimismo de 44 denuncias relacionadas con la seguridad pública: acciones discriminatorias, insultos, agresiones o vejaciones a personas extranjeras por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. En marzo la delegación en Navarra informó del caso de una persona que, cuando salía del despacho de su abogada (donde tramitaba una solicitud de arraigo), vio cómo dos agentes policiales le daban el alto. Le pidieron la documentación, registraron y, ante las preguntas del afectado, respondieron que se trataba de un control rutinario. El denunciante atribuye la identificación y el registro a motivos étnicos. La OID de Aragón explica además el caso de F.F.M., a quien al salir de su casa la policía nacional le solicitó la documentación. Después de preguntar si existía algún problema, fue objeto de comentarios como «te vamos a mandar a tu país». Los agentes también le pidieron que vaciara sus bolsillos y sacara una supuesta arma. De los hechos no hay testigos. Los policías le colocaron contra la pared, cachearon, empujaron y redactaron la correspondiente sanción. Por último, entre seis agentes procedieron a esposarle y le dañaron las muñecas mientras le espetaron «te vamos a joder». En comisaría le devolvieron sus objetos personales, pero faltaban 50 euros. Fue trasladado a continuación al hospital.
SOS Racismo ha constatado en sus oficinas ocho casos de conflicto entre guardias de seguridad, que vigilan establecimientos privados, y las personas inmigrantes. Por ejemplo en marzo de 2015 se le denegó el ingreso en la discoteca «Penélope» de Madrid a un inmigrante de origen marroquí y en situación «regular» en el estado español. Al mostrar N.T. la documentación que le acreditaba como familiar de empleado consular, uno de los guardias de seguridad le dijo que no se permitía el paso a «extranjeros» ni a «moros», y que el documento era falso. Mientras permanecía en la cola, constató que se les impedía la entrada a dos jóvenes, de nacionalidad marroquí y dominicana. La organización antirracista complementa estas denuncias con informaciones publicadas en los periódicos. En julio de 2015 el diario Público recogió el testimonio de Kiala Manta, detenido en 2009 en El Corte Inglés de Madrid tras intentar robar productos de perfumería. Los guardias le insultaron y golpearon hasta dejarlo casi inconsciente. El agredido considera que se enfrentó a un juicio injusto, en el que la jueza sólo tuvo en cuenta el testimonio del guardia que se lesionó la mano al pegarle. Los medios informativos también se hicieron eco del caso del joven mauritano Cheikh Ould Sid Mohamed, agredido por los vigilantes de un centro comercial de Vitoria al defender su derecho a ser atendido. Debido a la golpiza, fue trasladado en ambulancia y su hija recibió asistencia por un cuadro de ansiedad.
En cuanto a las denuncias por la negativa a prestaciones y servicios públicos, se denunciaron 29 casos en 2015. La mayor parte corresponden a la denegación de asistencia sanitaria (11), tres por discriminación en el empleo, 10 respecto al acceso a la vivienda y cinco a conflictos con administraciones públicas. En Madrid un ciudadano de nacionalidad española y origen colombiano advirtió en un centro de mayores que le servían un plato diferente del resto: contenía una cucaracha. Al mostrar el contenido, uno de los responsables arrojó el plato al suelo y le espetó que era lo que se merecía. Le volvieron a poner la comida en el mismo plato. La directora del centro le remitió a una asistenta social, quien le instó a no darle vueltas al asunto. Por otro lado, SOS Racismo en Gipuzkoa se ha referido a situaciones de discriminación en la Fundación ONCE. Uno de los afectados es una persona invidente a quien la organización informó que podía acceder a braille y orientación, pero que los puestos de trabajo se reservaban para los españoles. Los estatutos de la Fundación ONCE establecen esta situación de exclusión. Además, la Defensora del Pueblo no admitió a trámite la queja planteada.
La mayoría de situaciones de discriminación laboral recogidas por SOS Racismo están relacionadas con el trabajo doméstico. Se trata de «un sector desprotegido y en el que los abusos se producen con relativa frecuencia», apunta el documento. Otras denuncias señalan a los empleadores que se niegan a formalizar los contratos de trabajo prometidos, o las remuneraciones por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI). Una de las 29 denuncias se produjo en las oficinas de SOS Racismo en Aragón, por el intento de tocamientos y preguntas con orientación sexual durante una entrevista para trabajar en el servicio doméstico. La agredida no quiso plantear una denuncia por su situación administrativa «irregular». La oferta se publicó en El Heraldo de Aragón, y la trabajadora señaló que la situación ya se produjo en otras ocasiones con el mismo empleador. En la misma comunidad autónoma, A.D. fue objeto de insultos racistas por parte de la encargada mientras estaba trabajando. A.D. laboraba muchas más horas a la semana que las 30 marcadas en el contrato. Cuenta que llegaba a trabajar hasta 11 once horas, incluidos los fines de semana, por un salario inferior al de compañeras con idéntico contrato. No disponía de una pausa para comer, ni pudo asistir a una cita con el médico comunicada con una antelación de diez días.
Entre las 16 situaciones de denegación de prestaciones y servicios privados, destacan las barreras a personas extranjeras para entrar en locales de ocio y restaurantes, así como el acceso a una vivienda. SOS Racismo realizó en 2015 un estudio titulado «Puertas que se cierran», centrado en el acceso a la vivienda de alquiler. Según las pruebas realizadas por teléfono, las inmobiliarias denegaron la posibilidad de alquilar a un 69,8% de los demandantes de origen extranjero, frente al 30,2% de los nacionales. En el test presencial, la negativa afectó al 86,7% de los inmigrantes (sobre todo de origen subsahariano), a lo que se agregaban diferencias de trato y exigencia de condiciones. En cuanto a los delitos de odio (discriminación con relevancia penal), el informe de SOS Racismo recogió 96 casos en 2015, de los que 47 correspondían a Cataluña y 31 a Aragón. La mayor parte se inscribían en «agresiones, insultos y otras formas de violencia» (47), seguido de abusos policiales (37). La organización antirracista aporta además informaciones periodísticas, como la agresión a una mujer somalí de 21 años y embarazada de ocho meses en Brandemburgo. Cuando la joven fue pateada y golpeada, se hallaba cerca de un albergue para refugiados. Estos centros fueron diana de múltiples ataques e incendios en Alemania.
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