En medio de la crisis de Gobierno generada tras la ruptura con sus socios del PSC-PSOE, el presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, anunciaba este martes que el nuevo Consejero de Sanidad de su Gabinete será, nada más y nada menos que José Manuel Baltar, director gerente de Clínicas San Roque y uno de los […]
En medio de la crisis de Gobierno generada tras la ruptura con sus socios del PSC-PSOE, el presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, anunciaba este martes que el nuevo Consejero de Sanidad de su Gabinete será, nada más y nada menos que José Manuel Baltar, director gerente de Clínicas San Roque y uno de los vicepresidentes de la Alianza por la Sanidad Privada Española (…).
El progresivo deterioro de la Sanidad Pública canaria en el curso de los últimos años se ha producido de forma paralela al continuado transvase de fondos hacia el sector privado, realizado a través de los conciertos sanitarios. Ya en el año 2008 el gasto en estos conciertos ascendía a 233 millones de euros, unos 39.000 millones de las antiguas pesetas, de los cuales las clínicas privadas percibían la friolera de 214 millones de euros.
Advertíamos entonces, desde las páginas de esta misma publicación digital, que el constante incremento de los fondos destinados a estos conciertos respondía a un proceso privatizador encubierto que, con distintos ritmos, se estaba imponiendo implacablemente en el conjunto del Estado español.
Pero, aunque cada día son más evidentes las pruebas de que los sucesivos ejecutivos centrales y los autonómicos ejercen, también en este sector esencial, como fieles representantes de los intereses de las grandes compañías privadas, el pasado martes el presidente autonómico, Fernando Clavijo (CC), protagonizaba un desvergonzado salto adelante en este sendero privatizador que hasta la fecha nadie se había atrevido a efectuar.
En medio de la crisis de Gobierno generada tras la ruptura con sus socios del PSC-PSOE, Clavijo anunciaba que el nuevo Consejero de Sanidad de su Gabinete será, nada más y nada menos que José Manuel Baltar, director gerente de Clínicas San Roque y uno de los vicepresidentes de la Alianza por la Sanidad Privada Española.
De esta manera, el mandatario autonómico se ha decidido a prescindir del papel de intermediario que, en las sociedades capitalistas, desempeña el poder político, para garantizar la consecución del objetivo fundamental de acumulación de las clases sociales hegemónicas, al tiempo que sostiene el orden establecido recurriendo tanto a la «persuasión» de las mayorías como a la represión de los «discrepantes».
A partir de este momento, en Canarias el Consejero de Sanidad no será ya un político al servicio de los grandes empresarios dedicados al negocio de la enfermedad. Este papel será desempeñado, directamente y sin intermediarios, por el alto ejecutivo de uno de los mayores emporios de la Sanidad privada en las Islas y vicepresidente del lobby que, a nivel estatal, se esfuerza para conseguir que la salud sea convertida en una lucrativa mercancía como cualquier otra.
Cabe recordar, en este sentido, que en el pasado reciente, el gerente del Grupo San Roque y ya nuevo gestor de los fondos públicos de la Sanidad canaria ejercía descaradamente esta función de lobbista, proponiendo al Ejecutivo regional que los centros privados sean los encargados -beneficiándose de nuevos conciertos multimillonarios- de atender a los pacientes incluidos en las listas de espera. Un procedimiento – prometía entonces el nuevo consejero – mediante al cual «los hospitales privados acabarían con estas listas en menos de seis meses».
El modelo sanitario que, con toda seguridad, tratará de imponer ahora con mayor celeridad José Manuel Baltar tiene a los EE.UU. como principal paradigma. En dicho modelo, las administraciones se convierten en meras compradoras de servicios a centros privados, que seleccionan pacientes y enfermedades en función del criterio de rentabilidad, rechazando a todos aquellos cuya atención requiere mayores gastos sanitarios. Los que carecen de recursos y sufren dolencias que no son «provechosas» se ven condenados, en el mejor de los casos, a una suerte de institución de beneficencia a la que es reducida la prestación del Estado, prácticamente incapaz no ya de curarlos, sino incluso de aliviar sus padecimientos.
La lógica de la rentabilidad se apodera así de forma voraz de todo el sistema sanitario. Solo lo que es rentable cobra sentido en las cuentas del debe y el haber del negocio de la salud, en el que cualquier consideración humanitaria es desechada por su «irracionalidad».
Quienes acusaban de alarmistas a los que, hace casi una década, advertíamos de que este era el camino que, aunque de forma incipiente, se había comenzado a recorrer en Canarias, quizá ahora sean capaces, por fin, de verles las orejas al lobo. Queda por comprobar, no obstante, si habrá organizaciones sindicales, políticas y sociales capaces de impedir que este escenario de distopía llegue a convertirse en una sangrante realidad en el Archipiélago.