El pasado sábado, 18 de febrero, organizado conjuntamente por el Gobierno de Navarra, el Parlamento Foral y la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), se celebró en Iruñea-Pamplona un acto oficial en reconocimiento a las víctimas de motivación política ocasionados por la violencia de grupos de extrema derecha, Policía y Guardia Civil. En el […]
El pasado sábado, 18 de febrero, organizado conjuntamente por el Gobierno de Navarra, el Parlamento Foral y la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), se celebró en Iruñea-Pamplona un acto oficial en reconocimiento a las víctimas de motivación política ocasionados por la violencia de grupos de extrema derecha, Policía y Guardia Civil.
En el acto, al que acudieron cuatrocientas personas, se encontraba presente una importante representación del Gobierno, Parlamento y la FNMC, además de setenta y cinco alcaldes/as de las principales localidades navarras, numerosos familiares de las víctimas y una representación de los diferentes colectivos de memoria histórica que trabajan en Nafarroa.
Entre las fuerzas políticas presentes se encontraban Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, PSN e I-E (Izquierda-Ezkerra). El PP y UPN rechazaron expresamente acudir al acto.
En el transcurso del mismo, previo a las intervenciones oficiales del Gobierno, Parlamento y FNMC y hablando en representación de los familiares de una docena de personas muertas, asesinadas y desaparecidas como consecuencia de la política de represión vivida en Nafarroa (1), Fermín Rodríguez, hermano de Germán Rodríguez, joven de LKI asesinado por la policía en los sanfermines de 1978 y Eneko Etxeberria, hermano de José Miguel Etxeberria -«Naparra»-, militante de los CAA (Comités Autónomos Anticapitalistas), secuestrado y desaparecido en 1980, leyeron el comunicado que se transcribe a continuación.
-texto leído-
«Presidenta del Gobierno de Navarra
Presidenta del Parlamento de Navarra
Presidente de la Federación de Municipios y Concejos de Navarra
Familiares y congregados/as
Eguerdi on, guztioi:
Este acto que nos ha reunido hoy aquí era absolutamente inimaginable no hace mucho tiempo. Queremos, por tanto, comenzar agradeciendo a quien ha sido agente activo y máximo responsable de que viera la luz.
Gracias a toda la sociedad navarra que, mediante la expresión libre de su voluntad reflejada en las instituciones aquí representadas, ha hecho realidad aquello que un día parecía una utopía.
Muchas de las personas aquí presentes tenemos un familiar o allegado asesinado por violencia de motivación política. La Ley Foral de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas por Actos de Motivación Política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos está recurrida prácticamente en su totalidad por el estado, salvo precisamente, en la parte que se recoge la realización de un evento como éste.
A pesar de esa suspensión de facto, hoy es un día memorable para
nosotras porque las más altas instituciones navarras proclaman en este mismo acto la existencia de víctimas a manos de agentes del estado o grupos de extrema derecha.
Desgraciadamente, esta declaración no viene acompañada del
reconocimiento de unos hechos concretos, sufridos por personas concretas, a manos de personas concretas. Pero todos y todas las que hoy estamos aquí sabemos a ciencia cierta, que esos hechos existir, existieron; que grupos de extrema derecha, en algunos casos, o funcionarios públicos del estado, en otros, han ejercido violencia contra nuestros familiares, hasta el punto de causarles la muerte.
Así pues, este reconocimiento que en otras ocasiones se contempla
como el fin de un proceso, es para nosotros/as el principio. Porque nuestro objetivo es que este acto, hoy genérico y simbólico, se transforme en un minucioso trabajo que saque a la luz esta realidad encubierta durante largos años. Es decir, poner negro sobre blanco, datos sobre la mesa, nombres y apellidos, detalles, acciones, actores, razones, objetivos… en definitiva, la verdad de lo sucedido en cada uno de los casos.
Entre nuestros familiares había cargos electos, activistas políticos, otros que no tenían filiación política concreta, los había miembros de ETA o simplemente comprometidos con la causa de la insumisión. Los hay desaparecidos, muertos por tortura, por accidentes de tráfico a causa de la dispersión, abatidos a tiros en controles, encerronas o en plena calle, incluso quien decidió acabar con su vida ante situaciones de represión y hostigamiento.
Por alguno de los casos se ha abierto causa judicial, por otros
no; de los abiertos, apenas ninguno ha concluido con responsabilidad penal de sus autores y la mayoría han quedado archivados y sin resolución. Unos han tenido gran repercusión mediática y otros son prácticamente desconocidos. Pero todos nuestros familiares murieron como consecuencia de
alguna vulneración de los derechos humanos.
Hemos vivido durante muchos años su muerte en silencio, abocados a la más absoluta exclusión oficial e institucional. En este tiempo nos han querido hacer creer que podían haber sido merecedores e incluso culpables de lo que les ocurrió. Durante todo ese tiempo se les ha negado el derecho a la verdad y a la justicia, así como a otras muchas personas que también han sufrido
vulneraciones de derechos fundamentales: controles y detenciones
indiscriminadas, brutales cargas policiales, torturas … Nos sentimos de alguna manera, y con su permiso, portavoces de todas ellas.
Últimamente asistimos a un nuevo repunte de manifestaciones
tendentes a categorizar las víctimas en función de quiénes han sido sus responsables. La tragedia que todos hemos vivido, independientemente de la militancia o ideología de la victima e independientemente de la militancia o ideología del agresor, ha marcado para siempre nuestras vidas y nuestro futuro. En ese sentido todos somos partícipes de un inmenso dolor. Un dolor que no se puede cuantificar, un dolor que nadie tiene derecho a calibrar.
Pero es innegable que los que hoy estamos aquí no sólo hemos sufrido la pérdida de nuestros familiares, además hemos tenido que soportar mentiras y manipulaciones que se han ido vertiendo intencionadamente y que han atacado la dignidad de su persona y memoria.
Tampoco olvidemos que la mayoría de ellos/as han sufrido la más ilegítima de todas las violencias, la que procede de manos de quien se supone garante de nuestra seguridad. La violencia de Estado.
Y esto ha redundado en nuestro día a día durante largos años, como una carga añadida a su pérdida irreparable.
Por fortuna, eso sí, en todo este tiempo hemos contando con el calor y cariño de una sociedad que siempre ha sido sabedora de cuan lejana estaba la realidad de los hechos del relato oficial.
En el día de hoy queremos dirigirnos a la sociedad civil navarra para
solicitar de ella que siga apostando por el respeto y la defensa de los derechos humanos de todas las personas, exija el conocimiento de la verdad y la depuración de responsabilidades a través de una investigación rigurosa e imparcial de todos los casos y mantenga la memoria de lo sucedido que es un derecho para las víctimas y un deber para la misma sociedad.
Apelamos también a las instituciones y responsables políticos, pues
nosotras/os como familiares no tenemos la capacidad ni los medios
necesarios para llegar al fondo de la verdad. Creemos que son los gobiernos, estamentos judiciales y legislativos los únicos que tienen facultad real para tomar iniciativas encaminadas a ello. Os nvitamos, pues, a actuar con valentía e imaginación ante este reto.
El acto de hoy no debiera ser entendido exclusivamente como un mero trámite de obligado cumplimiento por imperativo legal. Nos gustaría además oír defenderlo por ser una cuestión de justicia, de derechos humanos, ajena a cualquier ideología. Porque los derechos humanos no son patrimonio exclusivo de nadie y son absolutamente para todos/as, incluso para aquellos/as que los vulneran, y si no es así, dejan de ser humanos y de ser derechos.
Queremos cerrar heridas y mirar al futuro. Que las sucesivas
generaciones puedan aprender de nuestros aciertos y sobre todo de nuestros errores. No deseamos que nadie viva de nuevo lo que a nosotros nos ha tocado vivir. Y para ello no hay otro remedio que la verdad y la justicia.
Tenéis nuestras manos tendidas para encaminarnos en esta labor.
Gracias sinceramente por este acto. Ahora esperamos el mayor de los reconocimientos: la verdad.
Mila esker guztioi.»
Nota:
1. Suscribieron el texto leído las familias de Midel Arregi Marín, Angel Berrueta Legaz, José Luis Cano Pérez, Mikel Castillo Furtado, Rafael Delás Aizkorbe, Angel Gurmindo Lizarraga, Sara Fernández Esparza, José María Izura Sanz y Josu Zabala Salegi, personas que desde la década de los setenta han resultado muertas, asesinadas o desaparecidas como consecuencia de la actuación policial, bandas paramilitares o política penite
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