Más de 100.000 víctimas del franquismo y la Guerra Civil continúan en paradero desconocido. Amnistía Internacional recuerda que lejos de buscar mecanismos de reparación, el Gobierno español ni investiga ni deja investigar los crímenes.
«Una noche sacaron a mi madre de casa y se la llevaron mientras mi hermano y yo dormíamos. A mi padre le habían matado un mes antes; hoy sigue enterrado en una fosa común». Antonio Narváez tenía tres años cuando su madre desapareció. Ahora, a sus 83, sigue pidiendo justicia: «A ver si puedo juntarles y darles un entierro digno».
Los padres de Antonio forman parte de un registro fantasma, inexistente. No aparecen en ningún lado ni como víctimas ni como fallecidos. España tiene el dudoso honor de ser uno de los países con más víctimas de desapariciones forzadas. Según Amnistía Internacional, de los más de 114.000 crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo y denunciados ante la Justicia, la mayoría corresponden a desapariciones forzadas.
Cifras que, según el investigador de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha Miguel Ángel Rodríguez Arias, sitúan a España en segundo lugar en número de desaparecidos, sólo por detrás del régimen de Pol Pot en Camboya. Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora este miércoles, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha convocado una protesta en Ponferrada a las 19.30 horas para denunciar que «no se puede llamar reconciliación a la decisión de abandonar los cadáveres de más de 100.000 personas asesinadas por los franquistas en las cunetas».
Por su parte, Amnistía presenta también este miércoles la campaña Nada es igual, si alguien desaparece con la que denuncia que en España se sigue privando del derecho a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas. «En los últimos años, al menos cinco mecanismos de Naciones Unidas han constatado y expresado que España ni investiga ni deja investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo», destaca la ONG en un comunicado.
La organización recuerda que durante una visita a España en 2013, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas «se mostró especialmente preocupado por el cierre, archivo, paralización o mínima investigación de cualquier proceso para esclarecer y juzgar estos crímenes e instó al Estado español a investigar de oficio y juzgar todas las desapariciones forzadas, así como a eliminar todos los obstáculos que pudieran impedir dichas investigaciones».
Con el Partido Popular en contra, el Congreso aprobó el pasado mes de mayo una Proposición No de Ley (PNL) con la que se instaba al Gobierno a «revitalizar» el contenido de la ley de la Memoria Histórica de 2007 y que, entre otros aspectos, asumiera las labores de localización y exhumación de fosas e identificación de los cadáveres de víctimas de desaparición forzada. Como todas las PNL, esta tampoco tiene fuerza jurídica.
Amnistía también destaca la querella contra el franquismo interpuesta en 2010 en Argentina y cómo España ha evitado colaborar con la justicia argentina. «En dos oportunidades ha rechazado extraditar a los procesados a Argentina, ha negado información a la justicia de ese país y ha impedido que la jueza argentina María Servini a los 19 acusados, así como la toma de declaración de algunas víctimas y testigos», denuncia la ONG.
Para dar cuenta de los efectos en los familiares de los desaparecidos, la organización ha recurrido a series de ficción para preguntarse qué ocurriría si faltara alguno de sus personajes más emblemáticos, como Marge en Los Simpsons. Dentro sus acciones, Amnistía también ha puesto en marcha una recogida de firmas, que ya suma más de 189.000, para recordar al Gobierno y al ministro de Justicia, Rafael Catalá, en particular que los casos de desaparición forzada siguen vigentes.
Con la campaña, la ONG también quiere poner el foco en otros países como Siria ─75.000 desaparecidos entre 2011 y 2016─ o México, donde, de acuerdo a datos del Gobierno, 32,096 personas se hallaban en paradero desconocido en junio de este mismo año. No son, ni mucho menos, los únicos con cifras alarmantes de desapariciones forzadas. Según datos de la ONU, desde 1980 siguen abiertos 44.159 casos en 91 estados. Sólo entre el 16 de mayo de 2015 y el 18 de mayo de 2016, se registraron 766 nuevos casos en 37 Estados.
Manifestación ante el Congreso
Coincidiendo con el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, las víctimas de bebés robados y adoptados ilegales han convocado una concentración a las 10.30 horas ante el Congreso para reivindicar que su causa se convierta en una «cuestión de Estado» con el propósito de que prime «la verdad, la justicia y la reparación».
En un comunicado, la plataforma «Camino de la Justicia», la asociación AVIDNA y el Observatorio Internacional para la defensa de los Derechos Humanos «Nuevo Ágora», explican que es la segunda concentración que convocan y destacan que la de este miércoles se celebrará tras «un año muy duro», en el que no han dejado de trabajar para lograr que se escuche su voz.
Denuncian que han tenido que «ejercer de detectives privados» para recopilar los documentos sobre sus causas y critican que no sea el Ministerio de Justicia y la Iglesia los que les entreguen documentos relativos a «nacimientos, historias clínicas u otros asuntos». Además, reiterarán su demanda de que se cree un banco de ADN y un censo de afectados y de víctimas, según las diferentes situaciones, entre las que figuran las de bebés robados, falsos biológicos o adopciones ilegales.