La mayoría de los grupos apoyan crear un fondo de compensación, excepto el PP
Concentración frente a Sanidad en Donostia en defensa de las víctimas del amianto. (Gorka Estrada)
MADRID – Los grupos PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, PNV, Compromís, EH Bildu y Foro Asturias avanzaron su apoyo a la toma en consideración de una proposición de ley para crear un fondo de compensación para víctimas del amianto, frente a la que el PP anunció su abstención.
La iniciativa, impulsada desde el Parlamento Vasco, establece la creación de un fondo de compensación para víctimas de este material cancerígeno, que ha causado numerosas muertes y enfermedades a personas que han estado expuestas al mismo. Según la propia iniciativa, entre 1994 y 2008 murieron en España 3.943 personas por enfermedades vinculadas directamente al amianto y la previsión es que hasta 2023 siga aumentando el número de casos, aunque a partir de esa fecha se estabilizarán las cifras. Esta sustancia, que hace años era muy utilizada en la construcción y en la industria, ha sido prohibida debido a su carácter cancerígeno.
El proyecto recoge la naturaleza y organización del fondo, especificando «fines, procedencia de recursos económicos y la estructura organizativa», y determina a los empresarios, las mutuas y las personas titulares de derechos como aquellos que están obligados a cotizar al fondo». También reserva aportaciones vía presupuestos o de consignaciones o transferencias previstas en otras leyes y establece un plazo de seis meses para que las personas afectadas tengan derecho a la indemnización efectiva.
Durante el debate de ayer en el Pleno del Congreso, el diputado del PP Gerardo Camps precisó que no se trata de un debate «nuevo ni en fondo ni en forma» y señaló algunas «lagunas» y puntos de los que, a su juicio, «adolece» la proposición de ley relativos a la cotización adicional o los trabajadores por cuenta propia, que «impide» a su grupo votar a favor, por lo que se abstuvo. En cualquier caso, destacó la «relativa pero positiva sorpresa» que les ha causado que «en los tiempos que se viven» un parlamento autonómico lleve a la Cámara Baja una iniciativa «que persiga la creación de un fondo estatal con una estructura centralizada».
GENOCIDIO LABORAL
Por su parte, la diputada del PSOE María del Rocío de Frutos celebró esta iniciativa que viene a reconocer «un problema de justicia y solidaridad frente a una historia de pasividad de la administración, irresponsabilidad de las empresas y ocultación», lo que se ha definido, según indicó, como «un genocidio laboral».
En todo caso, instó a que la compensación vaya unida a la prevención y alertó de los daños que en la salud de la población puede provocar ahora la retirada del amianto.
Por su parte, el diputado de Unidos Podemos, Juan Antonio López de Uralde, indicó que consideran que esta situación debería haberse resuelto «hace mucho tiempo» y recordó que 700 trabajadores mueren al año como consecuencia de la exposición al amianto.
En cuanto al día para votar la toma en consideración de esta proposición de ley, el diputado de Ciudadanos Francisco Igea defendió que no hay «ningún día mejor» que el de ayer, ya que coincidió con la comparecencia del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el Pleno del Parlament. Además, el diputado de PNV Iñigo Barandiaran se centró en las características que ha de tener este fondo, como que también cubra a aquellas personas que han estado expuestas por motivos familiares.
Por parte de Compromís, el diputado Enric Bataller i Ruiz, subrayó que crear este fondo es «reconocer el derecho de resarcimiento al daño». La diputada de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia recordó los «largos procesos judiciales» a los que se ven abocadas las víctimas. – E.P./Efe
LA CIFRA
Víctimas. El Estado español ha registrado casi cuatro mil fallecimientos, según la iniciativa.