El PSOE ha recurrido al TC la capacidad del Gobierno de vetar iniciativas de la oposición por considerarla abusiva. En materia sanitaria, el Ejecutivo ha mostrado su disconformidad con varias proposiciones de ley.
El artículo 134.6 de la Constitución Española (CE) establece que «toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestos requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación». En otras palabras, esta herramienta permite al Ejecutivo vetar propuestas de la oposición sin considera que éstas pueden poner en serio compromiso las cuentas estatales.
Este instrumento, que ha sido utilizado por la mayoría de Gobiernos anteriores, está siendo usado en exceso por el actual, dirigido por Mariano Rajoy. Así lo cree el PSOE, formación política que ha presentado un recurso de amparo al Tribunal Constitucional (TC) al considerar que se realiza un uso abusivo de esta capacidad, lo que les impide sacar adelante diferentes iniciativas.
En relación al ámbito sanitario han sido dos propuestas las que han recibido la «disconformidad» del Gobierno para su tramitación, poniendo como motivo el artículo 134.6 de la CE: la proposición de ley sobre la creación de un fondo de compensación a las víctimas del amianto y las proposiciones para recuperar la universalidad de la asistencia sanitaria pública.
La primera de ellas, fue presentada en el Congreso de los Diputados por el Parlamento Vasco. Varios diputados vascos acudieron en septiembre a la Cámara Alta para denunciar que en España, entre 2003 y 2009, podrían haberse producido más de 7.000 casos en los que se puede relacionar el tumor mesotelioma con el consumo o exposición de amianto. Por ello, reclamaban un fondo para la compensación económica a estas víctimas.
En un primer momento, esta proposición de ley pasó el primer trámite administrativo, pasando a ser tomada en consideración gracias a los votos a favor de los diferentes grupos parlamentarios, a excepción del PP que se abstuvo. Sin embargo, en diciembre de 2016, la propuesta decayó por la disconformidad del Gobierno.
UNIVERSALIDAD
Por otra parte, el Gobierno ha vuelto a practicar el veto a iniciativas legislativas encaminadas a recuperar la universalidad de la asistencia sanitaria. En este caso, fue en mayo de 2017 cuando la Junta General del Principado de Asturias presentó esta proposición de ley para la «universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública». No obstante, tan sólo un mes después el Gobierno presentó su disconformidad a tramitarla, apuntando de nuevo al artículo 134.6 de la CE.
Anteriormente, el PSOE también había presentado una iniciativa similar, la cual está «bloqueada» por la Mesa del Congreso que ha practicado el «veto», según ha denunciado en varias ocasiones el portavoz de Sanidad de la formación socialista en el Congreso, Jesús María Fernández.
Esta propuesta ha sido presentada por el PSOE en varias ocasiones durante la primera legislatura del Gobierno de Mariano Rajoy a raíz de que este aprobara el Real Decreto-ley 16/2012, norma que limitaba la asistencia sanitaria a los extranjeros que no estuviesen registrados ni autorizados como residentes en España.