Al empezar el año 2005 tenemos ya los suficientes elementos de juicio con los que evaluar el mundo unipolar en el que nos ha tocado vivir. Un mundo, bajo signo estadounidense, al que desde que comenzó el siglo y especialmente desde el atentado del 11 de septiembre de 2001, se le ha querido imponer lo […]
Al empezar el año 2005 tenemos ya los suficientes elementos de juicio con los que evaluar el mundo unipolar en el que nos ha tocado vivir. Un mundo, bajo signo estadounidense, al que desde que comenzó el siglo y especialmente desde el atentado del 11 de septiembre de 2001, se le ha querido imponer lo que en otro lugar he llamado la ley del imperio, es decir, de la fuerza, frente al imperio de la ley, a saber, del derecho internacional.
Convencida de la enorme superioridad militar norteamericana, la actual Administración neoconservadora del presidente Bush, ha tratado de garantizarse, por décadas, un abastecimiento energético seguro, abundante y barato. Para ello, ha puesto en práctica, primero en Afganistán y después en Iraq, una política que bien puede
calificarse, sin exageración, de neoimperialista y recolonizadora. El gobierno Bush partió de la idea de que, en un mundo unipolar, ningún rival militar iba a estorbar sus planes de ocupación y explotación de los recursos y ventajas estratégicas de los países-objetivos señalados. Además, el poder de destrucción mostrado y demostrado, en el último decenio del siglo XX, en Iraq y en los Balcanes parecía suficiente tarjeta de presentación para desanimar cualquier oposición a su fuerza militar. Y, sin embargo, el poder militar americano ha tropezado, por segunda vez en su historia, con la misma piedra de la resistencia popular que ya le derrotó en Vietnam.
Por otra parte, en estos cuatro primeros años del siglo, el gobierno Bush se ha desentendido de todo lo que no fueran sus objetivos militares, económicos y políticos. Ha practicado una política irresponsable e insolidaria, ignorando o boicoteando los avances logrados en materia de seguridad ecológica colectiva ( Protocolo de Kioto ), protección universal de los derechos humanos ( Corte Penal Internacional ), etcétera. En suma, ha demostrado su incapacidad para dirigir el mundo y, ni siquiera, ha podido hacer efectiva su superioridad militar en Iraq.
Ante el fracaso de un mundo unipolar así, tan violento y caótico, las fuerzas sociales y políticas responsables del mundo tendrían que reaccionar ya. Hay señales que manifiestan la necesidad de un orden global, inspirado en el derecho, que dé más confianza y seguridad al planeta. Cada día resulta más intolerable que las catástrofes coyunturales, como el reciente maremoto del Océano Índico, o estructurales, como la situación de hambre y pobreza extrema de cerca de 1000 millones de personas en el Tercer Mundo, no se aborden, con los medios ya disponibles, desde ópticas de previsión y solución. En un mundo globalizado hay que arbitrar medidas globalizadoras. Incluso en el caso improbable de que la Administración estadounidense hubiera estado en manos de gobernantes más benévolos, no se garantizaría un orden mundial más justo y seguro. Se trata de responsabilidades colectivas, internacionales. Ningún Estado, por su misma naturaleza nacional, podrá perseguir el interés colectivo, general de toda la humanidad. Ni aún cuando fueran seráficos, que no lo son, los dirigentes de los poderosos países que forman el núcleo duro de la gobernación del mundo, a través del G8, podrían pilotar acertadamente la nave universal. No, la opinión pública mundial tiene que saber y tiene que convencerse de que es preciso impulsar el papel de unas Naciones Unidas reformadas, con un poder más equilibrado y con capacidad real para hacer frente a los desafíos ecológicos, económicos y sociales que ensombrecen el futuro de la humanidad. Esa opinión pública es la que puede y debe expresar, a sus gobernantes nacionales, su voluntad de confiar a los organismos democráticos internacionales, con la ONU a la cabeza, la resolución de los graves problemas que aquejan a la mayoría de los habitantes de nuestra pequeña aldea global. Significativamente, la comunidad internacional ha preferido confiar a las Naciones Unidas y no a los Estados Unidos, cada día con menos autoridad política y moral, la tarea de organizar la ayuda solidaria del mundo a los países devastados por el terrible maremoto del fin del año pasado.