I. LA SITUACIÓN GENERAL a) Un mundo globalizado Vivimos en un mundo donde campa sin ningún tipo de límites el capitalismo globalizado, donde operan cada vez con mayor agresividad las políticas neoliberales y las empresas transnacionales. Se ha convertido el mundo en un gigantesco supermercado donde sólo importa comprar y vender, para obtener el mayor […]
I. LA SITUACIÓN GENERAL
a) Un mundo globalizado
Vivimos en un mundo donde campa sin ningún tipo de límites el capitalismo globalizado, donde operan cada vez con mayor agresividad las políticas neoliberales y las empresas transnacionales. Se ha convertido el mundo en un gigantesco supermercado donde sólo importa comprar y vender, para obtener el mayor beneficio posible, sin respetar nada. Ello da lugar a un aumento de las desigualdades entre los países desarrollados y los no desarrollados, de las desigualdades sociales, al aumento de la explotación de los trabajadores y, más aún, de las trabajadoras, de los ataques a la protección social donde la hay, del deterioro medioambiental. En este último aspecto, es muy preocupante el ritmo de agotamiento de los recursos y materias primas, el cambio climático, los elevados niveles de contaminación y la destrucción acelerada de la biodiversidad.
La búsqueda del máximo beneficio y la despiadada lucha por los mercados, hace que se recrudezca la desregulación, el chantaje neoliberal sobre los trabajadores y los Estados que intentan priorizar otras políticas económicas más sociales. Un fenómeno claro en esa dirección y que se está multiplicando en los últimos tiempos son las deslocalizaciones de empresas. Otra manifestación de las agresiones neoliberales es la estrategia de privatizaciones de los servicios públicos a través del Acuerdo General del Comercio de Servicios de la OMC, y que pretende que todos los servicios públicos sean tratados como mercancías, sean liberalizados, privatizados y desregulados. De esta forma los servicios públicos que tienen la función de asegurar una vida mejor a los ciudadanos, se convierten en un inmenso negocio para las multinacionales.
Se produce así la paradoja del aumento de la pobreza, precisamente, cuando mayor capacidad tiene la ciencia y el desarrollo tecnológico para aumentar la producción, la generación de riqueza y, por consiguiente, la satisfacción de las necesidades de la población mundial. Pero las cosas no suceden por una maldición bíblica; por ejemplo, está demostrado que la mayor causa del crecimiento de la pobreza en África es el desarrollo de las políticas neoliberales impuestas por el FMI.
El terremoto y el «tsunami» en el sudeste asiático, con un terrible balance de cerca de 300.000 muertos y millones de víctimas, ha dejado en evidencia la inseguridad de la población como consecuencia de la pobreza y la falta de un desarrollo socioeconómico suficiente. Las catástrofes naturales se pueden predecir mejor, pero sobre todo, es posible aminorar sus trágicas consecuencias como sucede en países ricos como Japón. Desgraciadamente, como se han preocupado de recordar la ONU y distintos expertos, cada quince días se produce una catástrofe de la misma magnitud que la del SÉ asiático en África, continente asolado por el hambre, las guerras y el SIDA.
La resolución de las contradicciones que tiene el capitalismo global en su lucha por los mercados y las materias primas se expresa a través de los conflictos armados. Las guerras imperialistas y ocupaciones como la de Irak (que ha costado ya 100.000 muertos y que está abocada al fracaso), el permanente conflicto de Palestina, las guerras civiles en diferentes países de África, Asia y América latina, consiguen que la industria y el comercio de armamentos sea uno de los negocios más florecientes. La calamitosa reelección de Bush hace temer el endurecimiento de esta agresiva estrategia que supone guerra y violación de los derechos humanos, tal y como ha denunciado Amnistía Internacional en relación a Guantánamo, Afganistán e Irak.
Otra consecuencia de todo lo anterior es el fuerte aumento de los movimientos de población en el mundo, siendo muchas decenas de millones de personas las que se desplazan huyendo del hambre o de las guerras, especialmente en los países no desarrollados, aunque la percepción es mayor en los países desarrollados.
El movimiento sindical tiene el gran reto de construir un auténtico internacionalismo, conjuntamente con los movimientos alterglobalización, que permita avanzar hacia una mayor unidad, organización y capacidad de lucha en el ámbito mundial para influir en los grandes procesos económicos y mundiales, luchar contra el hambre y el subdesarrollo, la explotación y la crisis medioambiental, a través de la condonación de la deuda externa y la radical reforma de los organismos internacionales.
b) Los riesgos de crisis económica
Hay claras amenazas para la economía mundial. Provienen fundamentalmente de la situación de Estados Unidos (USA), que pretende descargar los costes de su política imperialista y a favor de los más ricos sobre el resto del mundo. La política de Bush que ha multiplicado los gastos militares y ha bajado los impuestos a los ricos ha incrementado el déficit presupuestario hasta medio billón de dólares y casi otro tanto con el déficit externo. Para cubrir dichos déficits necesita la entrada de más capital en USA y ello les obliga a subir los tipos de interés. No se hizo antes de las elecciones presidenciales para no influir negativamente en la campaña de Bush, pero inmediatamente después la Reserva Federal ha procedido a tres subidas de tipos (noviembre y diciembre de 2004 y febrero de 2005). Si continúa en esta línea, podría internarse la economía en un escenario de recesión que afectaría muy negativamente a los países con fuertes deudas externas (tipo Brasil) y repercutiría negat ivamente en una economía mundial muy debilitada por las políticas neoliberales, los altos precios del petróleo, el empleo precario y unas volátiles finanzas. Para 2006 los presupuestos USA siguen aumentando el gasto militar a costa de u gran recorte del gasto social.
En esa misma línea de recuperar la economía norteamericana está la política de debilidad consciente del dólar que ha llevado a un récord en la apreciación del euro y a graves perjuicios para los países exportadores. Tan es así que el crecimiento mundial depende en bastante medida de la evolución del dólar, de la política de control del déficit y de la evolución de los tipos de interés en USA.
En cuanto a la Unión Europea, se está resintiendo en su crecimiento del aumento del euro, que amenaza la reactivación de la industria europea y dificulta su competitividad. Se pueden apreciar las políticas de ajuste de empleo y de congelación de salarios en importantes multinacionales como OPEL, Lufthansa, Deutsche Bank, etc. A nivel de gobiernos, el alemán ha aplicado una dura reforma laboral que ha reducido la protección social, especialmente las prestaciones a los parados. El gobierno francés pretende retirar la ley de 35 horas o abordar un proceso de privatizaciones y ajustes en el sector público, con fuerte contestación sindical. En Italia los presupuestos del estado han hecho que los sindicatos convocaran el pasado otoño una huelga general contra Berlusconi.
c) El referéndum de la constitución europea
El Sector Crítico de Comisiones Obreras nos oponemos al tratado de la constitución europea, porque entendemos que consolidaría una Europa menos social, menos democrática y menos solidaria. Con ello coincidimos con amplios sectores sindicales europeos (incluida la CGT francesa), movimientos y foros sociales y partidos de la izquierda. Intentaremos impulsar un debate -que hasta ahora no ha existido en el seno del sindicato- entre los afiliados/as y los trabajadoras/as. Sustentamos nuestro rechazo por los siguientes motivos:
1. No es una auténtica Constitución ya que no nace de la soberanía de los pueblos, que es la fuente de los poderes democráticos, sino de instituciones indirectas hegemonizadas por los sectores conservadores. Por ello no tiene la autoridad política, legal y moral de las constituciones democráticas ni capacidad de limitar y regular los poderes políticos. El texto profundiza en la lógica neoliberal de los tratados anteriores.
2. No es la Constitución para la Europa Social. La mal llamada constitución europea insiste en los contenidos de la Europa de Maastricht: reformas laborales, ataques a los servicios públicos, recorte de presupuestos sociales para imponer el déficit cero. Esta constitución se pretende aprobar en un momento en que las pensiones, los sistemas de protección social, los servicios públicos y los recursos naturales están amenazados. En toda Europa se fomenta la deslocalización, la prolongación de la jornada laboral y su flexibilización, y los derechos de las personas en activo y paradas se ven en peligro.
El texto de constitución no reconoce la existencia de servicios públicos, sino que los sustituye por unos llamados «servicios de interés general», que pueden ser prestados por cualquier entidad o empresa privada. Se intenta por medio de la conocida como «Directiva Bolkenstein», cuyo proyecto se debatirá en el 2005 en aplicación de la filosofía de la constitución y del AGCS, e imponer exclusivamente su rentabilidad económica sin valorar la rentabilidad social.
Aunque la Carta de Derechos Fundamentales haya sido integrada en la constitución, no crea derecho social europeo susceptible de compensar la degradación que impulsa la competencia, siendo ésta la única que se preserva y adquiere un carácter realmente comunitario. En general prevalece la legislación de cada país sin que se armonicen y regulen unos derechos laborales y sociales mínimos. Sustituye el derecho al trabajo por el derecho a trabajar, no reconoce el derecho de huelga a escala europea y rechaza la igualdad de derechos de quienes residen en Europa y no poseen la nacionalidad de un estado miembro. En la denominada «cláusula social» que informa la parte tercera, se sustituye «pleno empleo» y «nivel elevado de protección social» por la más descafeinada e inconcreta de «nivel de empleo elevado» y «protección social adecuada».
La supresión de la posibilidad de decidir por mayoría cualificada medidas de cooperación administrativa y de lucha contra la evasión y el fraude fiscal hace imposible políticas conjuntas en este importante campo. Como en toda la política fiscal, cualquier decisión deberá tomarse por unanimidad. Ello convierte en casi imposible desarrollar medidas de armonización fiscal que permitan luchar contra el movimiento especulativo del capital y contra la deslocalización industrial.
3. No es la Constitución de la Europa Democrática. Supone dar plenos poderes a instancias al margen de todo control democrático, como la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, cuya única misión es mantener la estabilidad de precios y bloquear las políticas presupuestarias en detrimento de los servicios públicos, los ingresos sociales, y el empleo. A estos ámbitos les ceden soberanía tanto los gobiernos como los Parlamentos nacionales, sin que el Parlamento Europeo tenga control sobre ellas. De hecho, el Parlamento queda vacío de poder. Ni siquiera puede proponer leyes (la competencia legislativa plena es de la Comisión Europea).
4. No es la Constitución para la Paz. No supone el fortalecimiento de Europa, sino la sumisión a la OTAN y a la política exterior y militar de los EE.UU., así como el desarrollo del militarismo y el crecimiento del gasto militar en cada país miembro, detrayendo inevitablemente recursos de los que se deberían invertir en aumentar la convergencia económica y social entre los actuales 25 países de la UE.
Por todo lo anterior, este tratado constitucional debe ser rechazado, sabiendo que hay alternativas que deben de tener en cuenta el sentir de los ciudadanos para avanzar en otro modelo de construcción europea. En una Europa social, de progreso y más democrática, basada en la ciudadanía plena y sin restricciones de todas las personas residentes en su territorio (los ciudadanos de los nuevos países del Este y los 20 millones de inmigrantes); una Europa que se movilice contra el paro, la precariedad y la degradación de las condiciones de vida, reforzando las garantía sociales, coordinando las políticas económicas y armonizando las fiscales, que refuerce el sector público y el gasto social; una Europa que defienda la paz, se oponga al nuevo imperialismo y fomente la cooperación entre todos los pueblos del planeta; una Europa comprometida con el medioambiente y el desarrollo sostenible.
Para que esta Europa de los ciudadanos y de los pueblos, basada en los valores del progreso social, la paz y la democracia sea una realidad, llamamos a todos los trabajadores y trabajadoras, a todos los sindicalistas, a que se movilicen y organicen en defensa de los derechos y conquistas sociales y de los servicios públicos y a trabajar activamente más allá incluso del 20 de febrero de 2005.
II. LA POLÍTICA SINDICAL EN ESPAÑA
2.1. La situación de clase trabajadora
Es necesario realizar un somero análisis de la situación sociolaboral en España y de los principales problemas que sufren los trabajadores y trabajadoras.
2.1.1. Paro
Gracias al crecimiento de la economía española en la última década, el paro ha sufrido un descenso. No obstante el carácter positivo de esta evolución, hay que destacar varias circunstancias: seguimos teniendo un desempleo muy alto y constante (por encima de los 2 millones de personas, tanto a través de la EPA como del paro registrado), la tasa de paro (11%) más elevada de la Europa de los 15, la calidad del empleo sigue siendo muy baja por la elevada precariedad, se observa una desaceleración en el ritmo de crecimiento del empleo en 2004 y las previsiones gubernamentales para 2005 no son muy creíbles (ha crecido en 53.000 personas en enero). La tasa de actividad femenina es baja y, como acaba de resaltar la Comisión Europea, España no avanza en la reducción del paro y de la temporalidad femenina.
Quizá por todo ello el paro sigue siendo la preocupación principal de los ciudadanos españoles, según las encuestas del CIS. Preocupación que no puede ser menor para el sindicalismo de clase y que nos obliga a no bajar la guardia y a formular propuestas para la reducción del desempleo y la mejora de la calidad del empleo. A las incertidumbres que pesan sobre nuestra economía derivadas del débil modelo productivo, hay que sumar el impacto que va a tener la ampliación de la UE y la pérdida de fondos, que alcanzan los 12.000 millones de euros desde 2007.
2.1.2. Precariedad
La insostenible precariedad del mercado de trabajo español (un total de 4,2 millones de trabajadores, un 30,6% de temporalidad frente a un 12,8% en la UE) y la ineficacia de las medidas adoptadas en los últimos años (pactadas la mayoría de las veces e impuestas en otras), exige cambios sustanciales y la adopción de medidas de choque que la disminuyan sustancialmente. Hay que llamar la atención sobre el fuerte aumento de la temporalidad cuando las administraciones públicas hacen de empleadoras, hasta el punto que se ha duplicado en los últimos siete años y afecta al 23% de los empleados públicos.
La regulación de las ETT, desde la ley 14/94 ha representado un factor más de precarización de nuestro mercado laboral. La posterior reforma parcial de dicha ley así como la negociación colectiva en dicho ámbito, aunque han supuesto alguna mejora con relación a la situación anterior, subsisten graves problemas que es necesario afrontar. Las empresas de servicios están tratando de eludir las obligaciones impuestas a las ETT, para dar continuidad a la misma situación anterior. Los falsos autónomos y la subcontratación en cadena son factores que incrementan la precariedad y la desregulación del mercado laboral.
No podemos olvidar las profundas diferencias y el conflicto interno que se desató por la cesión de derechos, como el coste del despido a 33 días por año en vez de a 45 y la inclusión de nuevos motivos para el despido procedente, a cambio de una reducción de la temporalidad que al final ha tenido una repercusión mínima pues ésta sigue por encima del 30%.
2.1.3. Protección social
La realidad demuestra que nuestro país mantiene un elevado diferencial en gasto social con la UE y que además esta diferencia aumenta constantemente en los últimos años. Hemos de denunciar como desde 1994 con el PSOE, pero especialmente y de forma más acusada con el gobierno del PP nos hemos ido alejando de Europa en protección social. El gobierno de la derecha ha aplicado una política fiscal que ha provocado una disminución de impuestos a las rentas más elevadas y a los rendimientos del capital y ha reducido el déficit público a costa de agudizar los déficits sociales.
El ciclo económico expansivo que comenzó en 1995 y se ha extendido hasta la fecha no se ha aprovechado para disminuir las diferencias que nos separan de Europa en este campo, sino que han aumentado, provocándose una real «desconvergencia» social. El gasto en protección social representaba en España el 24% del PIB en 1993, y en la UE el 28,8% (con un diferencial de 4,8 puntos). A partir de esta fecha se produce en paralelo una reducción del gasto social europeo, (producto de más políticas antisociales) mucho más acentuado en España, Así en el 2000 se gasta en protección social en España el 20,1% por un 27,3% en la Unión Europea, con una diferencia de 7,2 puntos porcentuales. La política realizada está haciendo que España continúe siendo el país con el gasto público social más bajo de la UE-15 (junto con Irlanda).
El «milagro» del déficit cero se ha conseguido así con una reducción del gasto social en un contexto de crecimiento económico, y una utilización escandalosa del superávit de la Seguridad Social para cuadrar las cuentas del Estado, tapando el agujero de la reforma fiscal. Se han transferido recursos de la protección social a las clases más privilegiadas.
Si comparamos todas las prestaciones con la media europea, España está muy por debajo en pensiones, sanidad y educación. En un reciente estudio comparativo entre 15 países con un nivel de desarrollo económico similar realizado por una aseguradora se concluye que los jubilados españoles son de los que más tarde se jubilan (63 años) y de los peor retribuidos. Las dos cosas están directamente relacionadas y explican porque los jubilados españoles pasean, mientras que los franceses, ingleses, alemanes o canadienses viajan. En materia de sanidad, los problemas de financiación están deteriorando el servicio, de tal manera que se observa una caída de la valoración del sistema de salud por los usuarios en más de un 7% en los últimos 8 años. No es ajeno a ello el hecho de que el gasto público se haya congelado en el 5,4% desde 1997.
Es más acentuada la diferencia en atención a la infancia y en servicios públicos de atención de personas mayores: en España sólo un 1,5%, por el 30% en Suecia, 20% en Dinamarca, 28% en Finlandia, 7% en Francia, 8% en Holanda y 9% en Reino Unido. Esta situación además de injusta socialmente, es un lastre para una política de pleno empleo, de incremento de la tasa de actividad (jóvenes y mujeres). Otro efecto negativo es la aparición de sectores privados de negocio semiclandestino con condiciones de trabajo inhumanas y unos servicios con un nivel de atención y calidad inaceptables. Es urgente la necesidad de conquistar el pilar de la dependencia para cubrir a 1,5 millones de personas que necesitan protección.
La pobreza y la exclusión social no afectan a sectores minoritarios de la población, sino a cerca de diez millones de personas, según los indicadores europeos. Aumenta la dualidad social por la fuerte precarización laboral, la distribución desigual del empleo, la propiedad y las rentas. Sectores importantes de la población trabajadora, especialmente mujeres, se ven en el riesgo de caer en una situación de vulnerabilidad social. Millones de personas permanece en situación precaria y sufre las incertidumbre de la falta de seguridad para sus proyectos vitales. Ello genera una tendencia hacia la fractura y la pérdida de cohesión social.
2.1.4. Salarios
La riqueza que se crea está mal repartida si nos atenemos a algunos indicadores como los salarios o la fiscalidad que ha experimentado una clara regresividad con los gobiernos del PP.
En cuanto a los salarios, los datos de 2004 hablan por sí solos: incrementos de un 2,9% frente a una inflación prevista del 2% y real del 3,5%, crecimiento de la economía de un 2,7 puntos del PIB, el mayor aumento en los últimos veinte años de los beneficios empresariales con un 18,6 % (según el Banco de España), y los beneficios de la banca de un 36,3%.
En 2004 se han moderado las subidas salariales con relación a 2003 (3,5 % de aumento) con lo que el poder de compra se sigue deteriorando año a año. Hay que señalar que España es el país donde la inflación más ha subido desde la entrada en vigor del euro: un 10,2% desde 2002, casi el doble que la media de la UE. Los sindicatos reconocemos que con la inflación de 2004 solo el 40% de los trabajadores recuperaría plenamente el poder adquisitivo perdido por la desviación de la inflación (El País, 18-1-05). Además se mantienen las discriminaciones salariales hacia la mujer.
Pero lo más preocupante es que la participación de los salarios en la Renta Nacional ha seguido perdiendo peso. Más en concreto, de 2001 a 2004 ha pasado del 50 al 49,5% el peso de los asalariados. Éste no es ningún tema menor, al menos por tres razones: los salarios se sitúan por debajo del 50% de la Renta Nacional cuando crece la economía y los beneficios empresariales; marca una tendencia muy peligrosa de seguir firmándose AINC; y supone una transferencia de recursos de los trabajadores a los empresarios de 3.513 millones de euros, es decir 580.000 millones de las antiguas pesetas. Guarda relación con lo anterior, y con el elevado precio de la vivienda, el alto endeudamiento de las familias españolas que el propio Banco de España ha calificado de insostenible. El 55% de las familias reconoce que tiene dificultades para llegar a fin de mes.
2.1.5. Siniestralidad
Los datos sobre accidentes laborales siguen siendo muy elevados. En 2004 ha habido un total de 871.000 accidentes con resultado de baja y han muerto 946 trabajadores en sus puestos de trabajo. A ello hay que sumar más de 500 trabajadores que perdieron la vida en el trayecto a su trabajo, estimándose en 1456 los muertos. Afortunadamente, el año pasado se registró un ligero descenso, pero aún así seguimos estando muy por encima de la media de la UE y los muertos y los accidentados graves y menos graves, siguen siendo un altísimo tributo que paga la clase trabajadora española en sus puestos de trabajo o camino de ellos. La última Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo del INSHT refleja que la satisfacción por las condiciones de trabajo ha caído desde 1999 del 63% al 59% y que tres de cada cuatro trabajadores teme sufrir un accidente laboral.
Los elementos estructurales que favorecen la siniestralidad laboral son:
o La falta de cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos y su desarrollo reglamentario. o La externalización de la prevención. La inmensa mayoría de las empresas apuesta por contratar un Servicio de Prevención Ajeno como posibilidad de comprar prevención, sin que implique cambio organizativo o de condiciones de trabajo. o La externalización de los riesgos laborales y de la actividad propia de la empresa hacia otras empresas contratadas o subcontratadas. Las responsabilidades empresariales se incumplen en las subcontratas, donde hay más accidentes. o El modelo de contratación basado en la temporalidad y la rotación han instaurado nuevas condiciones de trabajo para aumentar la productividad y rentabilidad empresarial, prevaleciendo el interés económico sobre la salud de las personas. o Las ETTs. obstaculizan la prevención, ya que combinan los problemas de las PYMES (empleos precarios y falta de formación), con la falta de coordinación de la actividad empresarial, lo que favorece la dilución de la responsabilidad preventiva. o El aumento de la intensidad del trabajo, el horario flexible, el trabajo a turnos y el trabajo a destajo, tiene una profunda incidencia sobre la salud en el trabajo.
2.1.6. Educación
Las reformas educativas realizadas por el PP en la última legislatura (LOU, LOCE y Ley de FP) han representado un ataque al sector público en general y a nuestro modelo educativo en particular. El fin último de todas las reformas es adecuar la educación a las necesidades del mercado. De ahí que las reformas educativas tengan una dimensión que trasciende al conjunto de la sociedad y que debemos relacionar con el resto de las reformas que se vienen imponiendo. Si las reformas laborales fijan las condiciones de precariedad en el mercado del trabajo, las reformas educativas diseñan los modelos de enseñanza acordes con ellas. En todas ellas se pretende:
ü Desprestigiar la educación pública y fomentar la privada. ü Potenciar el estilo autoritario, jerarquizado y competitivo frente a la gestión participativa y democrática de los centros. ü Adecuar la educación a las necesidades del mercado
2.1.7. Otros indicadores
Sin ánimo de ser exhaustivos hay que señalar el proceso de deterioro industrial, las privatizaciones, la reducción de la capacidad industrial instalada y las deslocalizaciones. Destaca la lucha de los trabajadores de los astilleros públicos IZAR frente al chantaje de la UE y de la SEPI y que se ha cerrado con unos acuerdos que, para salvar parte de los astilleros, implica la privatización de varios centros de trabajo y una fuerte reducción de empleo aunque sea por vías de las llamadas no traumáticas. (4.100 puestos de trabajo perdidos en el ERE), con la consiguiente hipoteca de futuro para algunas comarcas que se ven más afectados por los ajustes. Hay que recordar que entre 1984 y 2005 se habrá pasado de 39.200 empleos a 6.970.
Una amenaza similar se cierne sobre la minería del carbón, donde pueden estar en juego 11.430 empleos, la mayoría en las comarcas asturianas, con una reducción de plantilla de 4.300 mineros en HUNOSA. Reseñar también el proceso de liberalización del ferrocarril que se ha puesto en marcha y que ha dividido la empresa pública RENFE en dos, estando a la expectativa la iniciativa privada para entrar en el sector a la búsqueda de oportunidades de negocio. Otras situaciones que tienen que ver con reducciones de empleo y con los procesos de deslocalización se producen en la General Motors de Figueruelas, la Miniwatt de Barcelona, Telefónica, Iberia, etc.
Por último, resaltar el proceso de deterioro medioambiental que sufre nuestro país y que nos ha llevado a suspender en la clasificación mundial que mide el Índice Mundial de Sostenibilidad Medioambiental elaborado por varias universidades norteamericanas, la Comisión Europea y el Foro Económico Mundial y que mide 76 variables, desde la calidad del agua y del aire, las políticas y la legislación y las infraestructuras hasta el reciclaje. Ocupamos el puesto 76 de una lista de 146 países.
2.2. El cambio político del 14 de marzo de 2004
El Partido Popular perdió las elecciones de marzo del año pasado como consecuencia de un amplio abanico de causas que comprenden desde las multitudinarias movilizaciones contra la guerra y la ocupación de Irak, la huelga general del 20 de junio de 2002, el cansancio por las políticas conservadoras o el terrible atentado del 11 de marzo de 2004 y la manipulación que de él hizo el gobierno.
El triunfo del PSOE, aunque sin mayoría absoluta le permitió configurar un gobierno de nuevo cuño, con el apoyo de algunas fuerzas minoritarias como IU, ERC y otros grupos menores del grupo mixto. Las primeras medidas fueron esperanzadoras y en línea con el cumplimiento de su programa electoral, como la retirada de las tropas españolas de Irak, la paralización de la LOCE y del Plan Hidrológico Nacional o una ley sobre la Violencia de Género. Posteriormente ha iniciado una serie de medidas de modernización social y de avance de derechos civiles.
Pero donde no se ha notado el cambio ha sido en materia de política económica y presupuestaria, como veremos más adelante al analizar los PGE para 2005. Es inquietante que el máximo responsable de la economía, el ministro Solbes, esté pronunciándose día sí y otro también en las tesis más reaccionarias. Por ejemplo: contra la cláusula de revisión salarial, a favor de los descuelgues de las empresas en los convenios, a favor del copago de los servicios públicos, en contra de una reforma fiscal que aumente la presión sobre las rentas de capital, etc. La coincidencia con la CEOE es suficientemente significativa.
III. EL DIALOGO SOCIAL. PRIMEROS RESULTADOS
3.1. La Declaración del Diálogo Social
En julio de 2004 se suscribió la Declaración política entre Gobierno, Sindicatos y Patronal como inicio del diálogo social. Desde el punto de vista de las formas, como de costumbre se volvieron a violar las competencias de los órganos de dirección del sindicato al enviar un documento al Gobierno que no había sido discutido ni aprobado por la Ejecutiva. En el documento se nota claramente que la patronal logró imponer muchas de sus condiciones. Conviene recordarla, porque intentará condicionar las futuras negociaciones entre los agentes sociales. La valoración que hicimos en su día no fue positiva por los siguientes motivos:
1. Resalta el objetivo de mejorar la competitividad de las empresas y el incremento de la productividad para mantener el crecimiento económico, eliminando de la definición de principios inicial la necesidad de empleo estable y cohesión social. 2. En materia de investigación y desarrollo no aparece el compromiso de alcanzar el 3% del PIB en el 2010. Parece que se sigue apostando porque la competitividad se alcance a través de la moderación salarial y recortando derechos laborales. 3. Se han reducido notablemente las materias que desde CC.OO. considerábamos como prioritarias y otras han perdido la fuerza que deberían tener, por ejemplo educación, vivienda o sanidad. 4. La referencia a los servicios públicos es quizá la parte más satisfactoria de todo el documento, reconoce la necesidad de reforzar los derechos de negociación y participación de los empleados públicos y de recortar la alta tasa de temporalidad 5. En mercado de trabajo, se han eliminado las cifras comparativas con la Europa de los 15, las propuestas que contemplaban los documentos iniciales sobre temporalidad, las referencias a la subcontratación, y el compromiso de promover una Ley de Igualdad. Se valora positivamente la reforma de 1997 y se expresa la voluntad de continuar por ese camino, es decir, seguir abaratando el despido. El punto de inmigración laboral es claramente insuficiente, sin aportar soluciones. 6. En el texto referido a los Servicios Públicos de Empleo, no hay ninguna referencia a la necesidad de aumentar los recursos (humanos y materiales), y se establece la necesidad de cooperación y coordinación entre los agentes públicos y privados. 7. Se acepta la desvinculación del SMI del sistema de protección por desempleo. 8. En relación con los derechos de información, participación y consulta de los trabajadores, se compromete a analizar la transposición de las Directivas Europeas. 9. En materia de prevención de riesgos no hay avances, lo único resaltable se había producido fuera de este marco: un presupuesto de más de 300 millones de euros para formación de delegados/as de prevención en PYMES durante 2005. 10. La línea marcada por los AINC será el referente para la negociación colectiva. Es un gran error profundizar en moderación salarial y empobrecimiento de convenios. 11. El apartado de Seguridad Social es el más preocupante: seguir desarrollando el Pacto de Toledo, reforzando la contributividad con mayor correspondencia entre aportaciones y prestaciones (sigue la presión para una ampliación del periodo de cálculo); revisión de las cotizaciones sociales (en esta línea, Fidalgo afirmó en una intervención en la Fundación que preside Aznar que es necesario rebajar las cotizaciones sociales para aliviar la carga de las empresas); potenciación de los sistemas complementarios de pensiones (se ha adjudicado al BBVA el plan de pensiones de los empleados públicos de la Administración General del Estado, y donde CC.OO. y UGT van a participar en la gestión a través de la empresa GPP). 12. Ninguna referencia a la mejora del sistema de protección al desempleo.
No obstante esta valoración, apostamos decididamente por el dialogo social para avanzar en derechos laborales y si bien lo realmente importante es el resultado de las negociaciones que se han empezado a abrir, no es menos cierto que este tipo de documentos nos dejan mal situados ideológicamente para frenar la voracidad del neoliberalismo que reclama continuos recortes de derechos.
3.2. Los PGE para 2005 y las tendencias en la política económica
Los presupuestos generales del Estado para 2005 han sido elaborados por el ministerio de Economía y aprobados por el Gobierno sin que apenas se note la aportación del movimiento sindical. De hecho, son unos presupuestos de continuidad, justificado por el propio PSOE por el poco tiempo disponible para preparar una alternativa y por el poco margen existente para ello, si se tienen en cuenta los compromisos de gasto contraído por el gobierno anterior y las limitaciones del Pacto de Estabilidad.
No obstante, hay que hacer varias consideraciones. Por un lado, los PGE de 2005 plantean unas proyecciones macroeconómicas discutibles, tanto por los supuestos en que se basan como por posibles errores de análisis sobre la situación económica. El pronóstico del gobierno sobre el crecimiento del PIB, del 3%, descansa sobre un precio medio del barril del petróleo de 35 dólares, cuando parece más probable que roce los 50. Algunos organismos internacionales han corregido a la baja las previsiones del gobierno, interpretando correctamente que la evolución de la economía española arrastra problemas complejos, como una inflación muy por encima de la media de la UE, un acusado déficit exterior, un muy elevado grado de endeudamiento de las familias o el desmesurado peso del sector de la construcción. Por todo lo anterior, es bastante improbable alcanzar el crecimiento previsto y más aún el voluntarista aumento del empleo del 2% proyectado, lo que implica un crecimiento mínimo de la p roductividad -del 1%- cuando el gobierno repite que uno de los objetivos cruciales de su proyecto económico es el avance de la productividad. En estas condiciones, el presupuesto, aun dentro de los estrechos márgenes que permite el Pacto de Estabilidad, debía haberse diseñado más expansivo, para compensar el declive de la demanda privada.
Por otro lado, el presupuesto no contempla esfuerzo alguno por mantener el sector publico productivo, a lo que se une el nulo o muy escaso avance en políticas sociales básicas o en los recursos destinados a I+D+i, por poner algunos ejemplos de lo que han sido banderas propagandísticas del PSOE desde su llegada al gobierno. En relación con las primeras, tras un simple recorrido por las partidas presupuestarias del Ministerio de Trabajo referidas a este último capítulo, podemos señalar que nos parecen enormemente graves: la congelación de las partidas del Plan Concertado para el desarrollo de los Servicios Sociales; del Plan Gerontológico, y del Plan Alzheimer o de las ayudas a familiares cuidadores; del Plan de Inclusión Social, para luchar contra la exclusión y la pobreza; del Plan de Acción de la Discapacidad. O que no haya ninguna variación respecto a 2004 en cuanto a la asignación a la creación de plazas de escuelas infantiles, para la atención a menores, apoyo a las famil ias en situación de riesgo o para la llamada conciliación de la vida familiar y profesional, etc.
Respecto a lo segundo (I+D+i), baste revisar el informe de la Fundación por la Paz (o las múltiples manifestaciones públicas de científicos e investigadores) sobre el predomino de las inversiones en I+D militar que se llevan la «tajada del león», señalando que se produce un retroceso en términos relativos porcentuales, ya que en 2005 este gasto representa un 9,9% del presupuesto total de este ámbito (frente a casi el 27% de la I+D militar), mientras en 2004 representaba el 10,4%. Recordemos que seguimos en un gasto del 1,03% del PIB frente al 2,26% de la OCDE y el 3% de la UE.
El tratamiento favorable que se da a algunos gastos es más bien simbólico, por representar partidas poco significativas cuantitativamente. Nos referimos, por ejemplo a fondos para la inspección dedicada a seguridad en el trabajo, integración de inmigrantes, desarrollo de la Ley de Violencia de Género, el Fondo para la Ayuda al Desarrollo, contratación de becarios de investigación o mejoras para los «niños de la guerra». Pero el presupuesto deja intactos problemas acumulados tan graves como el de la vivienda o el de la insuficiente cobertura del desempleo, mientras se sigue destinando el superávit del INEM no a mejorar las prestaciones sino a subvencionar las cotizaciones empresariales.
Más importante aún que el presupuesto es valorar la dificultad que tendrá el PSOE en los próximos años para implantar una alternativa de política presupuestaria que permita un cambio profundo que supere los retrasos, limitaciones, debilidades y retrocesos del sector público. El rasgo continuista del presupuesto de 2005 tendrá que cambiar de forma muy significativa para poder abordar los problemas descritos, partiendo de las limitaciones asumidas con el Pacto de Estabilidad. No podemos olvidar que el Parlamento ha aprobado un Objetivo de Estabilidad Presupuestaria para 2005, 2006 y 2007, que comprenden superávits del 0,1%, 0,2% y 0,4%, respectivamente. Presionar al PSOE para cambiar la política actual tiene que ser un objetivo para el movimiento sindical.
Como es bien sabido, los ingresos y gastos públicos en nuestro país representan en términos del PIB entre 6 y 7 puntos menos que la media de la UE, con lo que ello significa de restricciones a la hora de mantener los servicios públicos, dotar de infraestructuras y favorecer la redistribución de la renta. Sin embargo, el PSOE hace gala, como todos los gobiernos -de cualquier signo- en la hora actual, de no estar dispuesto a incrementar la presión fiscal, y ha llegado a ponerse como objetivo que el gasto público, en relación con el PIB, no supere el 40%, tal como ya había establecido el PP. Efectivamente, no está entre los proyectos del PSOE una reforma fiscal que refuerce la capacidad de recaudación del sistema y que al mismo tiempo promueva la progresividad del mismo, gravemente dañada en los últimos tiempos por las sucesivas modificaciones fiscales llevados a cabo tanto por el PP (con un coste de al menos 7.800 millones de euros anuales), como antes también por el propio PSOE, en sus etapas de gobierno. Tampoco tiene bosquejada una verdadera campaña de lucha contra el fraude fiscal que, decididamente ejecutada, aportaría unos ingresos al Estado nada desdeñables.
En esas condiciones, y aún contando con algún grado de flexibilidad a través de aplicar el Pacto de Estabilidad no año a año sino a lo largo del ciclo coyuntural, no cabe pensar que el Presupuesto para 2005 es de transición, sino que se trata de un presupuesto que se prolongará a lo largo de toda la legislatura. En resumen, nuestra responsabilidad es modificar la política económica con nuestra presión y no dar ninguna batalla por perdida, pero si no queremos caer en la ingenuidad hay que afirmar que, hoy por hoy, con el gobierno del PSOE y con Solbes muy poco ha cambiado en la economía.
3.3. El acuerdo de los empleados públicos
La Declaración para el diálogo social en las Administraciones Públicas, firmado el 21 de septiembre de 2004 como continuación al firmado por el Gobierno, CC.OO., UGT y CEOE, fue valorada por el sector crítico del Área Pública como una simple operación de maquillaje del Gobierno que no compartimos por: no aportar nada a la negociación colectiva de los empleados públicos al ser una simple declaración de intenciones, obviar temas tan importantes como el salarial, y porque no hubo ninguna participación en la toma de la decisión de las estructuras de CC.OO., de los afiliados/as y de los trabajadores/as.
Para nosotros cualquier acuerdo debe contemplar la cláusula de revisión salarial, la recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años, el cumplimiento de la Sentencia de la Audiencia Nacional, la jornada máxima de 35 horas, la desaparición del límite de la tasa de reposición de efectivos para poder convocar Ofertas de Empleo que permitan cubrir las vacantes, acabar con las externalizaciones y la temporalidad.
Los PGE para 2005 fijan, con el acuerdo de CC.OO., UGT y CSIF, un incremento del 2% más un 0,7% para el incremento de las pagas extraordinarias y para la Administración General del Estado un fondo de un 0,3%. Incrementos claramente insuficientes que no recogen las aspiraciones de los empleados públicos ni la plataforma inicial de CC.OO., que provocarán nuevas pérdidas de poder adquisitivo para un colectivo que viene soportando un castigo continuado en materia retributiva, y que tampoco recoge las promesas electorales del partido en el Gobierno.
El sector crítico seguirá defendiendo la necesidad de tomar las decisiones de forma democrática dentro de nuestra organización y con la participación de los trabajadores y trabajadoras del sector.
3.4. El reglamento de la Ley de Extranjería
El PSOE ha dado algunos pasos que hay que valorar positivamente en relación a la inmigración, especialmente a través del reglamento de la Ley de Extranjería pactado con los sindicatos y la patronal, pero en lo esencial ha habido una continuidad de fondo con las políticas desarrolladas por el PP. Como es lógico, el reglamento estaba condicionado por el carácter negativo de la Ley, que es ya la gran olvidada, aunque desde CCOO se apoyó el recurso de Inconstitucionalidad.
El Sector Crítico se abstuvo en la comisión ejecutiva confederal en relación al reglamento. Además, no podemos dejar de tener en consideración la postura de toda una serie de ONGs, asociaciones y entidades de solidaridad con los inmigrantes, que siguen criticando el reglamento de Extranjería porque no atiende a la realidad de la inmigración y puede seguir aumentando las bolsas de irregulares. Estos organismos consideran que sigue siendo un hecho restrictivo el que sólo se admita el certificado de empadronamiento como única prueba para obtener permiso de residencia y trabajo.
Hay que valorar positivamente aspectos del reglamento como el propio proceso de regularización que puede llegar a afectar a unas 800.000 personas. El reglamento contiene mejoras en el ámbito de los derechos humanos de refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes e incluye avances positivos como la mayor precisión en los requisitos para renovar permisos, la disminución de la discrecionalidad por parte de los funcionarios, la aclaración de los requisitos para el arraigo y la posibilidad de los estudiantes de cambiar su tarjeta a un permiso de trabajo a los 3 años.
Pero el proyecto mantiene el espíritu de lo hecho por el PP, enfatizando aquellos aspectos referidos a la eficacia tanto en el control de fronteras, como en la ejecución de expulsiones. Se basa en una concepción centrada sólo en la dimensión laboral, que aun siendo muy importante, no deja de ser discriminatoria, esquemática y escasamente respetuosa con los derechos humanos. Hay que criticar, que la prueba sea el empadronamiento y que se deje la iniciativa en manos de los empresarios.
Es verdad que los márgenes de la Ley son pocos, pero se podría haber dado pasos más valientes y decididos con el reglamento para restituir o ampliar los derechos que la ley restringe de forma injusta e innecesaria. Por ello ha sido, para muchos, una nueva oportunidad perdida para mejorar la protección de quienes huyen de violaciones de derechos humanos, así como garantizar de forma mas adecuada los derechos humanos de las personas inmigrantes que viven en España, en especial de los colectivos más vulnerables: los de situación irregular, mujeres y menores. Es bastante grave que se limite el derecho de asilo y la libertad de circulación, la limitación de derechos como el poder de representación, agravamiento de la burocracia, vulneración de derechos de los menores y, finamente, el requisito que se pone para conseguir permiso cuando se sufre violencia doméstica a la existencia de una sentencia condenatoria. El reglamento no persigue regularizar a inmigrantes indocumentados (lo q ue sería de justicia y democrático), sino legalizar puestos de trabajo no declarados, de la economía sumergida. En resumen, hay que valorar que el reglamento precisa cosas, mejora algunas y empeora otras, dentro de una ley, que, no hay que olvidarlo, no compartimos.
Desde el Sector Crítico, debemos trabajar para que el reglamento tenga una aplicación lo más amplia y positiva posible, para que los compañeros inmigrantes puedan legalizarse. También hay que plantearse un gran esfuerzo para organizar, afiliar e incorporar a la participación sindical al millón largo de inmigrantes afiliados a la Seguridad Social. Ello implicaría una actividad no solo hacia ellos, sino también hacia nuestros delegados para que se vuelquen en el proceso. Sigue quedando un inmenso trabajo para los sindicatos y las organizaciones sociales de solidaridad con los inmigrantes. Por último, planteamos la posibilidad de organizar un encuentro de compañeros del Sector Crítico para debatir, ajustar y homogeneizar nuestras posiciones. Los cambios necesarios no van a venir desde una concepción utilitarista de la inmigración y de una política que va a seguir generando exclusión social y ciudadana, violación de derechos para los inmigrantes, mucho sufrimiento y no pocas muer tes y una fractura social que legitima la desigualdad en función del origen.
3.5. El conflicto del SMI
En cumplimiento del programa electoral del PSOE, el Salario Mínimo Interprofesional ha tenido un par de subidas para que a lo largo de la actual legislatura alcance los 600 euros. Hay que recordar que el SMI es el segundo más bajo de Europa, que viene acumulando sucesivas pérdidas de poder adquisitivo al indiciarse sobre la base de la inflación prevista y no cumplirse la revisión establecida por el Estatuto de los Trabajadores. Los incrementos aplicados han situado el SMI en 513 euros para 2005. A pesar de las subidas, seguimos estando lejos de lo establecido en la Carta Social Europea que referencia el SMI en el 60% de los salarios medios.
Pero para aplicar una evolución mayor del SMI se ha creado un nuevo concepto, el IPREM un indicador de rentas que sirve para referenciar cuestiones tan importantes como las prestaciones al desempleo, las ayudas, becas o posibilidades de acceso a viviendas sociales. Esta indicador va a seguir una evolución desvinculada del SMI; de hecho solo ha subido un 2%, se sitúa en los 460 euros para 2005 y seguramente perdiendo poder adquisitivo. El Sector Crítico mostró su desacuerdo con este tema al considerar que era imprescindible mejorar las prestaciones, especialmente cuando hay un excedente todos los años en el INEM.
Cuando se había pactado el establecimiento de una cláusula de garantía del SMI para que evolucione al mismo ritmo que la inflación y que se incluiría en el Estatuto de los Trabajadores, la oposición tanto el ministerio de Economía como la CEOE, ha hecho que el gobierno rompa lo acordado con los sindicatos. Es evidente que no se sostiene la afirmación de que es inflacionista la revisión del SMI, que apenas afecta a un par de cientos de miles de trabajadores y que no entraría en vigor hasta el año 2009. Pero la CEOE (que ha obtenido del Gobierno la rebaja de la cuota patronal a la Seguridad Social en el SMI) ha chantajeado con el bloqueo de la negociación del Acuerdo para la Negociación Colectiva de 2005.
Las iniciales protestas sindicales han dejado paso -para que no se rompa el diálogo social- a dejar en manos del gobierno el tema de la cláusula de revisión salarial. El gobierno parece dispuesto a ceder ante la presión de Solbes y CEOE y se apuntan fórmulas como ligar el SMI a la productividad, a la evolución de la economía o a la inflación subyacente (sin energía ni alimentos frescos). Cualquiera de estas fórmulas es inaceptable, como lo es que se rompa un acuerdo alcanzado con los sindicatos. Mal empezamos el diálogo social si se toleran estas cosas.
IV. NUESTRAS PROPUESTAS
CCOO debe de desarrollar una estrategia autónoma en base a sus propuestas decididas en el seno del sindicato. Deberá buscar que éstas tengan una fuerte proyección hacia la sociedad y especialmente hacia las organizaciones y movimientos sociales con los que se debería de establecer una política de alianzas que contribuya a impulsar el cambio social que este país necesita. Ello también debe permitir movilizar a la organización y a los trabajadores en torno a nuestras propuestas evitando la decepción y malestar que se podrían empezar a producir si el gobierno del PSOE intentase seguir con la misma política económica. En ningún caso CCOO debe asumir una estrategia con rasgos de subalternidad, ya que la autonomía del sindicato, valor histórico y fundamental, debe de prevalecer por encima de cualquier consideración de tipo tacticista. De lo contrario, la coherencia sindical y el compromiso con las demandas sociales se pondría en entredicho.
Las líneas que enmarcan las propuestas del Sector Crítico de CC.OO. ante el diálogo social son:
ü Implicar al Gobierno desde el primer momento en las negociaciones, sin que se quite de en medio en materias donde inexcusablemente tiene responsabilidad. ü Las propuestas de CC.OO. deben relativizar la obsesión por la competitividad y la productividad, introduciendo temas como la cohesión social, vivienda, inmigración, educación o sanidad. ü Debe abrirse un periodo de negociación antes de la aprobación por las Cortes Generales de los PGE de cada año, en el que se pudieran tratar temas, además de los relacionados con los empleados públicos, como fiscalidad, gastos sociales (educación, sanidad, protección al desempleo, pensiones, etc.). ü Apuesta clara por abordar reformas legislativas que mejoren el mercado de trabajo acabando con la temporalidad y la desregulación. ü Compromiso de aumentar el gasto en educación de forma prioritaria en la enseñanza pública. ü Rechazo en materia de negociación colectiva de la continuidad de los Acuerdos Interconfederales, modelo fracasado para la mejora salarial, de las condiciones de trabajo y del empleo, y que coloca a la negociación en una situación mortecina. ü En relación con la inmigración, una nueva Ley que reconozca la igualdad de derechos sociales y laborales tras el desarrollo del actual proceso de regulación. ü Respecto a la Seguridad Social defensa del sistema público frente a los planes complementarios, mejora de las pensiones y rechazo de mayor contributividad, entendida como el aumento del periodo de cálculo de las pensiones. ü Creemos que deberían incluirse materias como el aumento de gasto en protección social, la necesidad de mejorar los salarios, jornada laboral, las indemnizaciones por despidos y el Estatuto de la Función Pública para 2,3 millones de empleados. ü Por último, la proyectada reforma fiscal que piensa acometer el gobierno debe ser objeto de negociación para asegurar su progresividad y suficiencia (aumentando la presión fiscal hasta la media europea, presionando a las plusvalías y rentas de capital) de cara a mejorar la redistribución de la riqueza y la protección social.
En el orden interno, seguiremos planteando la creación de un grupo de trabajo amplio (incluida una representación sectorial y territorial) para abordar las negociaciones en el que se incorporaren compañeros de todos los sectores del sindicato, algo que hasta ahora ha rechazado la actual mayoría que monopolizan la negociación.
4.1. La reforma laboral
Seguimos a la cabeza en cuanto a temporalizad se refiere y muy alejados del resto de los países de la UE, sin que las sucesivas reformas llevadas a cabo hayan logrado avances significativos en este aspecto. El intentar combatir esta situación sólo desde la negociación colectiva, se ha demostrado igualmente ineficaz.
Nos vamos a enfrentar en los próximos meses a una nueva negociación sobre el mercado de trabajo y tenemos sobre la mesa el informe de los Expertos, recientemente hecho público. Este documento aunque no recoge propuestas acabadas, si que apunta en algunas de sus conclusiones aspectos muy preocupantes en el sentido de mayor desregulación y menores costes laborales para las empresas.
El sindicato debe tener una gran firmeza en la negociación y claridad en sus propuestas para conseguir que los cambios que se introduzcan supongan avances en los derechos y condiciones de los trabajadores.
Es necesaria una reforma profunda para conseguir reducir la temporalidad y avanzar en la estabilidad y seguridad en el trabajo. La consecución de este objetivo exige incidir en tres planos que actúan interrelacionadamente en nuestro mercado de trabajo:
1. Reforma de las modalidades de contratación temporal. 2. Reforma de la normativa de las ETT y regulación rigurosa de las empresas de servicios para evitar que precaricen más el empleo y ataquen los derechos laborales. 3. Reforma de la regulación de las contratas y subcontratas (descentralización productiva y externalización)
La adopción de medidas de modificación o reforma en cualquiera de los tres planos, sin tener en cuenta el conjunto de ellos, no permitirá resolver el grave problema de la precariedad laboral, ya que a mayores restricciones para el uso irregular de la contratación temporal interna o directa, se producirá un incremento de la contratación externa y de la cesión de la mano de obra.
Algunas propuestas que serán ampliadas próximamente:
¨ Prohibición de la contratación temporal para tareas o actividades estacionales que sean cíclicas, regulares o permanentes en las empresas. Para cubrir dichas tareas, se utilizarán las modalidades de fijo-discontinuo o fijos de plantilla, eliminando la posibilidad de ampliar el periodo de los contratos «eventuales por circunstancias de la producción» en la negociación colectiva. ¨ Incremento de la cuota empresarial a la Seguridad social en todos los supuestos de utilización de la contratación temporal. ¨ Establecimiento de indemnizaciones al término del contrato temporal cuya cuantía será proporcional al tiempo de duración del contrato, con un mínimo legal, en todo caso e independiente de su duración, de 20 días de salario. ¨ Adquisición de la condición de fijos de plantilla de todo trabajador temporal, que no sea dado de alta en la Seguridad Social en el plazo reglamentario ¨ Exigencia de forma escrita en todos los contratos temporales ¨ Establecimiento de un plazo legal máximo de duración, en el contrato de interinidad por cobertura de vacante. ¨ Adquisición de la condición de fijo de plantilla de todo trabajador sometido a sucesión ilícita de contratos temporales, aunque se produzcan interrupciones. ¨ Establecimiento legal de la declaración de nulidad de las extinciones de los contratos temporales ilícitos y de los ceses producidos al margen de la duración del contrato, con la consecuencia de readmitir al trabajador como fijo. ¨ Reforma de la regulación de las ETTs. Hasta tanto no se consiga su desaparición, urge un cambio drástico del modelo establecido, que suprima su carácter generalista, limite sus efectos precarizadores y reduzca el uso y abuso de la contratación temporal y de la externalización.
Aparte de la contratación, nos parece fundamental seguir insistiendo en la necesidad de repartir el trabajo como medida de creación de empleo. Para ello proponemos la:
Ø Reducción legal de la jornada máxima legal a 35 horas semanales, en cómputo semanal, sin reducción de salarios, como paso a posteriores y más ambiciosas reducciones, como la propuesta del CES de llegar a 32 horas semanales. Ø Supresión de las horas extraordinarias, excepto las de «fuerza mayor», así como la eliminación de las ampliaciones de jornada Ø Reducción de la edad de jubilación a 60 años con todos los derechos, y que el puesto de trabajo sea cubierto por un trabajador/ara en desempleo.
4.2. La negociación colectiva
El Sector Crítico de CCOO venimos rechazando los Acuerdos Interconfederales para la Negociación Colectiva ya que han servido para congelar los salarios en el sector privado, al moverse los incrementos en torno a la tasa de inflación (IPC previsto y, en el mejor de los casos, con revisión salarial para la desviación), sin participar del crecimiento de la economía ni de los grandes beneficios empresariales.
Además de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, los AINC han impedido frenar la perdida de capacidad de negociación y de poder sindical. Los AINC firmados con la patronal han supuesto exclusivamente moderación salarial y se han demostrado inútiles a la hora de mejorar los contenidos: empleo, contratación, reducción de jornada o poder de intervención sindical. Por ello, no se deberían repetir los AINC, unos acuerdos que nacieron para evitar el intento del gobierno del PP de legislar una reforma de la negociación colectiva (Estatuto de los Trabajadores) y que los sindicatos han convertido de necesidad en virtud, a pesar de su carácter oneroso para los trabajadores.
Actualmente la CEOE hace su teatro para endurecer la posición y sacar un mejor acuerdo. El fondo de la actitud de la CEOE (abiertamente apoyada por Solbes y Almunia) es negar la cláusula de revisión salarial tanto del SMI como de los convenios colectivos, lo que supone cuestionar el simple mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios. Para cargarse la revisión plantea fórmulas como remitirla al incremento salarial medio de la UE. Esta actitud reaccionaria se puede entender por razones políticas, pero sobre todo se explica por la arrogancia de una patronal crecida por la paz laboral gratuita de la que ha disfrutado desde hace tres años a través de los AINC.
La respuesta sindical al chantaje de la CEOE no puede ser otra que el lanzamiento urgente de una campaña unitaria de negociación colectiva para 2005. No pueden esperar los siete millones de trabajadores afectados por 4000 convenios que se tienen que negociar en 2005. La campaña debe dar un nuevo enfoque de la negociación de los convenios colectivos como fuente de nuevos derechos, que haga frente al proceso de desregulación; que dé cobertura para todos los trabajadores y trabajadoras; mantenga e incremente el empleo y su estabilidad; mejore el poder adquisitivo de los salarios; fomente la igualdad de oportunidades; proteja la salud laboral; aumente la participación de los afectados por la negociación, desde la elaboración de las plataformas, hasta la toma de decisiones final, recuperando el papel de las asambleas de afiliados y de delegados/as; impulsando las movilizaciones y coordinando las luchas en sectores y grandes empresas.
4.3. La protección social
La protección social, suficiente y de calidad para todas las personas, debe ser nuestro objetivo fundamental para el S. XXI. Asimismo el proceso de convergencia real con la Unión Europea debe permitir que las economías menos desarrolladas, como España se equiparen en términos de bienestar de la población a la media comunitaria. Frente a la estrategia neoliberal que pretende reducir la protección, se debe oponer otra política, igualitaria, democrática, progresista, redistributiva, basada en el aumento del gasto público para corregir y compensar las desigualdades del mercado.
Por tanto, se debe actuar en los dos planos: en el del derecho a un trabajo estable y a una protección social plena, fortaleciendo los diferentes sistemas de protección social, pensiones, prestaciones y subsidios de desempleo o rentas mínimas de inserción. Propuestas:
§ Defensa del sistema público de pensiones y de su suficiencia. Mejora de las pensiones mínimas, equiparándolas al Salario Mínimo Interprofesional. El gasto en esta prestación ha reducido en dos puntos su participación en la Renta Nacional, no alcanza ni de lejos la media de la Unión Europea (sólo representa el 59%). Una mayor privatización del sistema público aumentaría las desigualdades sociales ante la jubilación. § Rechazo de la agresión pretendida por el Pacto de Toledo de realizar una reforma basada principalmente en la modificación del sistema de cálculo de la pensión, (que podría llegar a suponer hasta un 30% de recorte) El sindicato debe adquirir el compromiso público de no aceptar el aumento del periodo de cálculo de las pensiones y realizará una Campaña que rechace radicalmente dicha ampliación, la privatización del sistema y el aumento de la edad de jubilación. Defendemos la jubilación anticipada para todos los trabajadores/as. § Ante el ataque a las pensiones en el ámbito europeo, deberían coordinarse acciones lideradas por la CES. § El sistema debe permitir, dentro del concepto de caja única para pensiones contributivas y no contributivas, la mejora de estas últimas con recursos de las comunidades autónomas. (Sistema complementario) § Reforzar el sistema público frente al impulso de los planes privados de pensiones, por lo que no deben potenciarse son las bonificaciones fiscales a las aportaciones individuales. Hay que señalar que la patronal está recrudeciendo las presiones al gobierno para que reforme las pensiones. Fomento del Trabajo ha planteado (La Vanguardia, febrero de 2005) que debe actuar ya el gobierno, incluso sin consenso con los sindicatos, y propone: ampliar el período de cómputo, retrasar la jubilación a los 70 años y reformar la sanidad. . 4.3.1. Protección al desempleo.
Desde hace una década el sistema de protección por desempleo viene sufriendo un continuo proceso de recorte y limitación de sus prestaciones. Este desarrollo normativo contrario al principio constitucional de suficiencia de las prestaciones, se enmarca en el discurso neoliberal que cuestionando los niveles de gasto público social está debilitando los cimientos de nuestro débil Estado de bienestar. Se produce además en un marco financiero de superávit presupuestario del INEM.
Reivindicamos una reforma de la protección al desempleo que mejore el actual sistema tanto en cuanto a perceptores como a cuantía, en la siguiente línea:
§ Las prestaciones al desempleo deben de dejar de financiar las bonificaciones a las cuotas empresariales de la Seguridad Social. El destino de la cuota al desempleo debe ser única y exclusivamente el pago de las prestaciones. § Creación de un fondo de reserva, al igual que sucede con la Seguridad Social, con los excedentes de recaudación, que garanticen prestaciones suficientes en ciclos recesivos. § Se deben aumentar la cuantía de las prestaciones al desempleo, así como reducir el tiempo mínimo necesario de cotización, para adaptarse a los cambios en el mercado de trabajo (contratos de corta duración) § Restringir drásticamente las modalidades de contratación bonificadas. § No podrán utilizarse fondos procedentes de la cuota del desempleo para financiar ERE de empresas con beneficios. Los EREs que tengan por objeto jubilaciones anticipadas con cargo al desempleo, tanto la prestación contributiva como la asistencial deberán basarse solamente en causas económicas claras y probadas.
4.3.2. Lucha contra la pobreza
La lucha contra la pobreza y exclusión social es uno de los grandes retos de nuestra sociedad. En este sentido, y para garantizar ingresos suficientes para todos los ciudadanos, se debe implantar un sistema de rentas básicas para todas las personas sin recursos suficientes que les ayude a mantener unas condiciones de vida dignas.
Proponemos una ley de amplio contenido social, que contemple principalmente las situaciones de quienes están excluidos del mercado laboral y de aquellos ciudadanos socialmente más desfavorecidos.
4.3.3. Fiscalidad
Luchar contra las desigualdades sociales y una más justa distribución de la renta, por un lado, y la defensa y mejora de los servicios públicos, por otro, exigen de modo imprescindible un sistema fiscal dotado de una gran capacidad de recaudación y de una fuerte progresividad. El gobierno de la derecha ha acometido en los últimos años cambios profundos que van en sentido contrario a través de un conjunto de medidas que han propiciado un incremento de los impuestos indirectos, de impacto regresivo, y una pérdida de importancia de los directos, habiéndoseles concedido a las rentas del capital (plusvalías) un tratamiento fiscal privilegiado insólitos. En particular, el IRPF -la figura impositiva en que descansa la imposición directa y la progresividad impositiva- ha sufrido dos reformas con el PP que reducen su poder recaudatorio y acentúan su regresividad, con una disminución importante de los tipos impositivos máximos.
El que los impuestos no se hayan resentido sensiblemente en los últimos años a pesar de las reformas fiscales se debe a unas circunstancias favorables de la economía, con la construcción como sector básico productivo y el consumo como principal motor de la demanda; pero cuando cambien las condiciones económicas el sector público resentirá las reformas llevadas a cabo. Si a ello se une la insistencia en mantener el déficit cero, todo nuevo cambio fiscal regresivo sentaría las bases para que en el futuro se argumente la necesidad de realizar recortes en las prestaciones y en los servicios públicos. Defender el estado del bienestar es defender un sistema impositivo poderoso y justo, y para el sindicato debe suponer una atención prioritaria.
4.4. Lucha contra la siniestralidad laboral
Algunas propuestas para evitar los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales:
§ El modelo de externalización de la acción preventiva a través de las Mutuas y los servicios privados de prevención debe de ser impugnado bajo la idea de que la prevención no es delegable. § Plan General para la Prevención de Riesgos Laborales, que abarque a toda la población laboral del país. Los planes de prevención que estable la ley deben ser «obligatorios», su inexistencia igual que cuando existe un riesgo grave y claro para la salud, debe ser motivo de paralización de la actividad por el trabajador afectado, o los representantes de los trabajadores. Ello sin ninguna consecuencia. § Un mayor asesoramiento, información, formación a los representantes de los trabajadores, especialmente delegados de prevención. § Creación legal de la figura del delegado/da territorial de prevención, con acceso a todas las empresas, prioritariamente las de menos de 10 trabajadores, y a toda la documentación y datos relacionados con la Salud y Seguridad. Tendrá capacidad para requerir la intervención de la Inspección de Trabajo o la autoridad laboral. § Los delegados/as de prevención no deben de tener ningún límite a su función, acceso a toda la información de la empresa (producción, organización del trabajo, acceso a los puestos de trabajo e instalaciones, etc.) Cuando no haya representante legal las horas sindicales pasarán a los delegados de prevención. § Elaboración de un registro específico de los accidentes mortales. Constitución de un Observatorio de siniestralidad laboral en los ámbitos autonómicos § Modificación de la ley penal, para tipificar que cuando hay un accidente grave o mortal se produce la comisión de delito a investigar. Intervención sistemática y de oficio de la fiscalía en todos los accidentes graves y mortales. Igualmente la Inspección de trabajo hará un seguimiento sistemático del mapa de siniestralidad. § Exigir la responsabilidad de las Administraciones Públicas en materia de prevención de riesgos laborales cuando actúen como empleadoras, como promotoras y responsables de contratos a terceros y del cumplimiento de la LPRL. § Planes de actuación preferente a las empresas con mayores índices de siniestralidad y a favor de los colectivos laborales con dificultades de inserción. § Especial atención a colectivos como: los inmigrantes; las mujeres y los jóvenes que soportan con frecuencia condiciones de riesgo, muchos trabajan sin contrato, de forma precaria o en ETTs. Habitualmente desconocen sus derechos o el miedo a perder el empleo los hace poco exigentes en cuanto a sus condiciones de trabajo.
4.5. La reforma educativa
La propuesta de reforma de la Ley de calidad educativa que propone el Gobierno se limita a modificar determinados elementos organizativos, pero elude analizar los fines de la educación, para, en función de ellos, plantear las medidas y los medios necesarios, con lo que la reforma es insuficiente. Por otra parte, no era esto lo que el PSOE proclamaba en las movilizaciones contra la LOCE en cuestiones como la religión o la participación democrática de los centros. Además de mantener la religión como elemento del currículum y de mantener una alternativa a la religión para asegurar la práctica de la primera, se inhibe en cuestiones de las que sí hablaba antes como importantes: el análisis de la realidad educativa actual, la mejora de las condiciones de trabajo o la necesidad de una ley de financiación. No podemos ser neutrales.
Es necesario defender un modelo de enseñanza pública y de calidad, basado en la solidaridad, en la educación como factor para superar las desigualdades sociales y para favorecer la convivencia entre las diferentes culturas, en una educación no sexista, laica, científica, crítica, participativa e impulsora de valores como la paz, el respeto, la no violencia, la conservación de la naturaleza e integrada en la realidad sociocultural del país.
Más en concreto, y en relación a la reforma de la LOCE proponemos que la mejora de nuestro Sistema Educativo tiene que estar basada en estos ejes prioritarios:
Ø Ley de Financiación adecuada para llevar a cabo las reformas previstas, que contemple la equiparación del gasto educativo en % del PIB con el de la UE y el desarrollo de fondos para la compensación de desigualdades. Ø Educación Infantil. La consideración de la esta etapa como gratuita y la implantación escalonada de dicha medida en los centros públicos. Ø Educación de adultos. Satisfacción de la demanda a través de plazas públicas. Ø Igualdad de oportunidades y atención a la diversidad. Ø Estatuto Básico de la Función Pública Educativa. Que defina y reconozca la labor del todo el personal educativo: docente, personal de administración y servicios. Ø Participación y Gestión democrática de los Centros. Recuperar la elección democrática de la Dirección de los Centros Públicos y regular la participación de la comunidad escolar en los concertados. Ø La enseñanza de las religiones. Garantizar una escuela laica, de tal forma que la educación religiosa no tenga cabida dentro del currículo y del horario lectivo. Derogación de los acuerdos firmados con el Vaticano. Ø El carácter público de todos los servicios educativos. La sociedad actual con la incorporación de las mujeres al trabajo, la atención a personas con discapacidad y a los jóvenes, precisa la oferta de unos servicios complementarios de calidad. Ø Las condiciones de igualdad de todos los centros sostenidos con fondos públicos: en la escolarización del alumnado, en la participación y la gestión de los centros, en las condiciones laborales y de acceso a los puestos de trabajo entre todas las personas que trabajan en centros sostenidos con fondos públicos. Ø Posibilitar la incorporación de centros privados a la red pública que voluntariamente quieran integrarse. Ø La coeducación en la nueva ley educativa. Es necesario educar en valores incluyendo la igualdad entre hombre y mujeres y la prevención de la violencia contra estas últimas.
4.6. Medios de Comunicación
El Gobierno encargó a un comité de notables el estudio de un nuevo modelo de la Radiotelevisión Publica del Estado, que verá la luz el 21 de febrero iniciándose a partir de esa fecha el debate Parlamentario.
Los trabajadores y profesionales de RTVE se pronuncian por la potenciación de los medios públicos necesarios para el desarrollo de la nueva televisión que tendremos como único soporte técnico a partir del 2010 (televisión digital terrena).
El mercado televisivo se va a multiplicar exponencialmente con la aparición de varias decenas de nuevos canales de régimen abierto, lo que debería producir la creación de nuevos puestos de trabajo y la dignificación de muchos existentes que se encuentran en absoluta precariedad, ya que los empresarios de muchas televisiones locales ilegales están mas preocupados por el reparto de la tarta publicitaria que por el respeto de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
Los medios de comunicación son una pieza esencial de cualquier sistema democrático, por ello nuestra actividad debe centrarse en la protección de su carácter de servicio público garantizando la pluralidad como medio de expresión de la diversidad de nuestra sociedad, y la defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras del sector con especial dedicación a conseguir un empleo estable y de calidad.
V. EL SECTOR CRÍTICO
5.1. El VIII Congreso
El VIII Congreso Confederal se ha caracterizado, una vez más, por el déficit en el debate de las ideas y por la división. Todos recordamos que al finalizar el VII Congreso pareció generarse un clima diferente que podía suponer el inicio de un camino que ayudara a superar la crisis interna. Desgraciadamente pronto pudimos comprobar que en el sector oficial no se producía ningún cambio y que mantenían la política de exclusión hacía el sector crítico. Cualquier esperanza se vio definitivamente truncada con la quiebra de la propia mayoría y la crisis producida en el secretariado de la Comisión Ejecutiva Confederal. En estas condiciones el VIII Congreso certificó una división más profunda con la presentación de tres candidaturas a la Comisión Ejecutiva y dos a la Secretaría General, y con un resultado que debería hacer meditar al sector oficial al no alcanzar el 60% de la representación.
Las cosas no han sido fáciles para el sector crítico al unirse a la represión, que en estos últimos cuatro años ha sido más selectiva pero igual de efectiva, la aparición de un nuevo sector desgajado de la mayoría (y que contaba con una parte importante del aparato como Madrid, Castilla-La Mancha, Canarias, Construcción y Alimentación), y un intento de romper el sector crítico especialmente desde el aparato confederal. A pesar de todo ello hemos aguantado bien todas las adversidades y dimos la talla en el Congreso: se defendieron con brillantez por parte de todos los compañeros y compañeras las enmiendas que recogen la política del sector crítico, demostramos un alto grado de organización y coordinación durante el Congreso sobreponiéndonos a la ausencia de medios y facilidades por parte del aparato, y logramos salir con un grado de unidad por el que muchos no habrían apostado nada. Todo esto fue posible porque compartimos un tronco común muy importante a lo que se une un comp romiso inequívoco por la pluralidad y la participación, lo que nos llevó a renovar nuestra apuesta por el sector crítico.
La representatividad del sector crítico, a pesar de que el porcentaje haya sido inferior al del VII Congreso, sigue siendo muy importante. Creemos que hay razones más que suficientes para justificar este descenso en la representación en el Congreso, pero vamos a centrarnos exclusivamente en tres: la represión sigue castigándonos con dureza (recordemos telefónica, Córdoba, Castilla-León o el Transporte), la exclusión de la dirección diaria que intenta impedir el contacto con los afiliados/as y trabajadores/as y la imposibilidad de utilizar los recursos del sindicato dificultando sensiblemente nuestro trabajo, y la aparición de una nueva sensibilidad que produce gran confusión entre muchos compañeros y compañeras al asumir algunas de las posiciones que nosotros veníamos defendiendo desde hace años.
Para nosotros el sector crítico sigue siendo tan necesario como hace diez años porque la política de nuestro sindicato necesita un giro a la izquierda, porque el modelo organizativo está cada vez más alejado de los centros de trabajo y de los afiliados y afiliadas, y porque seguimos reclamando la participación, la pluralidad y la democracia interna.
5.2. Los Congresos de Rama y Territorio
Se han celebrado la mayoría de los Congresos de rama y territorio, aunque todavía quedan pendientes algunos de la importancia de la Federación Minerometalúrgica, Banca y Química. Sin hacer una descripción exhaustiva podemos afirmar que el sector crítico tiene presencia en casi la totalidad de las organizaciones confederadas, incluso hemos logrado representación en algunas donde antes no lo habíamos conseguido como Castilla-La Mancha, y hemos mantenido las organizaciones donde éramos mayoría (Asturias, Rioja, Baleares, Pensionistas, Sevilla, Granada o el Barcelonés).
No ha existido un patrón de comportamiento único en todos estos procesos, en cada ámbito se han adaptado a sus propias circunstancias provocando situaciones muy dispares. Nos hemos encontrado organizaciones donde se ha reflejado la misma división que en la Confederación, otras donde se han llegado a acuerdos de todas las sensibilidades y otras con acuerdos de dos de las tres sensibilidades existentes en la actualidad. Lo que podría parecer una falta de criterio es, desde nuestro punto de vista, una prueba de la pluralidad y diversidad que existe realmente en nuestro sindicato que afortunadamente ha superado el inmovilismo instalado en la Confederación.
Lejos de devaluarse el sector crítico, a pesar de que las cifras en algunos casos hayan supuesto una pérdida de representatividad, ahora somos más necesarios y determinantes que en ocasiones anteriores porque no podemos obviar que somos imprescindibles en ámbitos tan importantes como Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón o Actividades Diversas. Los acuerdos alcanzados en muchas organizaciones y nuestro carácter determinante en otras, nos compromete en el objetivo de lograr una mayor capacidad para influir en la política del sindicato y en ejercer presión hacia aquellos ámbitos que se mantienen en posiciones inmovilistas como la propia Confederación.
5.3. Ampliar y consolidar el Sector Crítico
Uno de nuestros objetivos prioritarios debe seguir siendo consolidar y ampliar el sector crítico, para ello debemos recuperar la iniciativa política en los debates que realmente importan a los trabajadores y trabajadoras e invertir en pluralidad y participación.
Una vez superada la vorágine de los procesos congresuales, al menos en la mayoría de las organizaciones, tenemos que conseguir mantener activos al máximo de compañeros y compañeras a través del debate y la participación en la toma de decisiones del sector crítico. Debemos trasladarles que la responsabilidad de nuestra política no es una cuestión exclusiva de los que forman parte de los órganos de dirección: las decisiones en el sector crítico se toman de forma colectiva y son responsabilidad de todos y todas. En muchos ámbitos tenemos, o vamos a tener, compañeros y compañeras que van desarrollar responsabilidades directas en el sindicato, esto tiene que servirnos también para motivar a la gente comprometida con el sector crítico al comprobar que se pueden hacer las cosas de forma distinta y que merece la pena seguir militando en CC.OO. y en el sector crítico.
VI. CONCLUSIONES.
6.1. Acción Sindical
Los documentos, resoluciones y propuestas del sector crítico, adoptadas previo debate interno, son un instrumento no sólo para difundir entre afiliados/as y trabajadores/as sino que deben marcar nuestra línea de trabajo en los órganos de dirección de CC.OO. y en los centros de trabajo. Nuestros objetivos tienen que centrarse en:
o Apoyar individualmente y como sector crítico la campaña por el NO en el referéndum sobre el Tratado de la Constitución Europea que se celebrará el próximo día 20. o Plantear iniciativas que dinamicen la acción sindical, el debate y la participación para influir en el desarrollo del Diálogo Social que tiene que traducirse en avances en materia de empleo, protección social, salarios y capacidad de control de los trabajadores/as en las empresas. o Impulsar la movilización ante los problemas concretos intentando coordinar reivindicaciones de diversos colectivos. El Área Pública es un ejemplo claro de colectivos con reivindicaciones sectoriales pero que tienen un tronco común esencial en la defensa de los servicios públicos, por eso debemos poner un especial interés en su coordinación. o Debemos comprometernos ante afiliados/as y trabajadores/as en la defensa de la participación en la toma de las decisiones que les afectan.
6.2. Sector Crítico
En el interno del sector crítico debemos esforzarnos por mejorar la coordinación y la información, especialmente en unos momentos en los que nuestra presencia y participación puede resultar determinante en algunas organizaciones.
Nuestra participación en los órganos de dirección tiene que ser utilizada para influir en la política del sindicato y en conseguir que se amplíe la participación y la democracia interna. El desempeño de funciones concretas en nuestra organización debe servir para que los compañeros/as vean que hay otra forma de hacer las cosas y para extender nuestra capacidad de influencia.
6.3. Apuesta por la pluralidad y la participación
Hemos comprobado que el desarrollo de los Congresos y Asambleas en las diferentes organizaciones de CC.OO. se ha caracterizado por la diversidad, algo que lejos de plantear un problema lo hemos valorado como positivo porque es una prueba de que afortunadamente se están abandonando las posiciones encorsetadas.
Nuestra apuesta sigue siendo el respeto de la pluralidad, la participación, la democracia interna y el cese de la represión interna recuperando a todos los compañeros y compañeras que han sido sancionados injustamente por defender posiciones alternativas.
Todas/os somos conscientes de la dificultades que sufrimos para defender nuestras posiciones, fundamentalmente porque el contexto general no es precisamente el mejor para la defensa de los intereses de la clase trabajadora. El esfuerzo merece la pena y seguro que con el trabajo de todos y todas vamos a ser capaces de influir en el interno de nuestro sindicato y en el conjunto de los trabajadores para conseguir un mundo más justo.