Los dieciséis magistrados de la Sala Especial tomaron la decisión por unanimidad
Sin desmarque alguno, los dieciséis magistrados que componen la Sala Especial del Tribunal Supremo español decidieron anoche que la iniciativa popular Aukera Guztiak tampoco puede concurrir a las elecciones del 17 de abril, como hizo antes con Batasuna, AuB, más de 200 plataformas vecinales y HZ. Los magistrados dan así carta de naturaleza a los supuestos indicios obtenidos a través de espionaje de candidatos y promotores, y esgrimen además como prueba lo que denominan como «actitud pasiva frente a ETA, a pesar de las incitaciones a sus candidatos a pronunciarse».
La decisión de vetar a Aukera Guztiak se tomó ayer tras dos días de reuniones mañana y tarde entre los dieciséis jueces que componen la Sala Especial (entre ellos tres militares), que pusieron en empeño en lograr una decisión unánime. Finalmente lograron este objetivo, y el fallo se dio a conocer pasadas las 20.30. El plazo expiraba a medianoche.
Según el avance de la sentencia hecho por algunos medios que accedieron a la sentencia completa, el Supremo considera que los indicios existentes «infieren suficientemente la existencia de una continuidad entre el entramado Batasuna y Aukera Guztiak». Entre ellos destacan sobre todo el hecho de que AG no haya pronunciado la palabra «condena» contra ETA.
«Cuando son preguntados directamente, sus candidatos se limitan a formular contestaciones retóricas y carentes de posicionamiento alguno de condena o rechazo. Dicha actitud pasiva se produce a pesar de la existencia de múltiples declaraciones de instancias políticas, sociales y mediáticas calificando a AG de ‘mero instrumento’ de ETA o Batasuna e incitando a esta agrupación a posicionarse al respecto».
Entre otros supuestos indicios a los que el Supremo da validez se cita una conversación grabada en prisión, la difusión de los puntos de recogida de firmas para AG en la manifestación de Bilbo contra el «sumario 18/98» o una reunión mantenida por dos mahaikides y algunos promotores de esta iniciativa.
Aukera Guztiak tuvo que elaborar sus alegaciones en un plazo de sólo quince horas, por lo que no pudo entrar en detalles sobre los supuestos «indicios» acumulados en una intensa labor de espionaje a candidatos e impulsores de la iniciativa y también a través del cotejo de los datos de los casi 30.000 firmantes con sus fichas policiales. Las alegaciones fueron presentadas en el Juzgado de Guardia de Bilbo a las 14.40 horas del viernes.
Las dos impugnaciones se diferenciaban de las presentadas en su día contra AuB y las plataformas municipales hace dos años y contra HZ hace un año en que esta vez se apoyaban sobre todo en datos relativos a las personas que acudieron a firmar a las notarías. Por lo que respecta a los candidatos, los únicos datos aportados hacían referencia a cuestiones tan nimias como el hecho de que algunos de ellos se autoinculparan en su día en apoyo a las personas imputadas por su relación con la Fundación Joxemi Zumalabe.
«Los hechos son tercos»
El portavoz de la asociación Jueces para la Democracia, Edmundo Rodríguez Achútegui, indicó anoche que la sentencia debe ser «enormemente delicada» ya que «ha tenido que basarse en indicios para excluir una candidatura electoral», algo que tildó de «excepcional en un Estado democrático». Por contra, para el fiscal-jefe de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal español, Mariano Fernández Bermejo, «el material probatorio era muy serio y probaba hasta la saciedad que la candidatura era una continuidad de Batasuna». Por ello, instó al Constitucional a no desmarcarse:»Los hechos son tercos, no hay más remedio que aceptarlos».
La decisión de ayer había sido ya claramente avanzada por la misma Sala Especial el viernes, día en que determinó paralizar la entrega de una copia del censo electoral a AG.
La legislación electoral prevé que todas las candidaturas obtengan el censo de los distritos en que se presenten, a partir del día siguiente a la proclamación de las listas. Sin embargo, la Abogacía del Estado pidió que no se concediesen los listados aludiendo a un supuesto «potencial y elevadísimo riesgo para la seguridad» de los votantes identificados.
Esta tesis fue aceptada por el Tribunal Supremo, que alega que Aukera Guztiak podrá acceder al censo si finalmente es admitida por el Tribunal Constitucional, es decir, pocas horas antes de la campaña.
Portavoces de AG se sienten «criminalizados por la cara» Aukera Guztiak valorará hoy en una rueda de prensa convocada al mediodía en Donostia la decisión de ayer del Tribunal Supremo español. Sin embargo, su cabeza de lista por Araba, Ana Arbulu, ya indicó el viernes que no esperaban gran cosa de esta instancia judicial, pero que sí mantienen «una pequeña esperanza» en que el Tribunal Constitucional manifieste ahora que «no se puede criminalizar por la cara. Tiene que haber alguien con un poco de luz, moral y raciocinio que diga: ‘bueno, esto es una barbaridad, a esta gente no le podemos decir lo que le estamos diciendo'». Arbulu realizó estas declaraciones después de que el Tribunal Supremo decidiera el viernes no facilitar el censo electoral a Aukera Guztiak aludiendo a «motivos de seguridad».
El Constitucional decidirá entre el martes y el jueves
El ciclo judicial que tienen que atravesar estas candidaturas vascas impugnadas por los tribunales españoles es bien conocido. A Aukera Guztiak le queda ahora la opción del Tribunal Constitucional, que analizará el recurso contra la decisión tomada ayer por el Tribunal Supremo y tendrá que posicionarse también en un plazo muy corto de tiempo.
La incógnita se mantendrá seguramente hasta las horas previas al inicio de la campaña electoral, que arranca en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa a las 0.00 del próximo viernes, 1 de abril. Esa es la única fecha tope con que cuenta el Constitucional para tomar la decisión final, inapelable ya en el ámbito judicial del Estado español.
La plataforma ciudadana por el derecho de todas las opciones a concurrir dispone de un plazo de dos días para presentar su recurrir a partir de la notificación de la sentencia de ayer. Con el fin de dar la mayor agilidad al proceso, el Tribunal Supremo tenía intención de facilitar el texto de la sentencia a las partes, incluido el procurador designado por Aukera Guztiak, en la noche de ayer.
El ministro López Aguilar ya presiona a los jueces del Tribunal Constitucional
Poco después de conocerse la decisión del Tribunal Supremo, el ministro español de Justicia ya posó su mirada sobre el recurso que Aukera Guztiak presentará ante el Tribunal Constitucional.
Juan Fernando López Aguilar reconoció que no había leído todavía el contenido de la sentencia del Supremo, pero que el abogado del Estado le había dicho que era «muy extensa y muy bien argumentada». Tras subrayar que la tarea del Constitucional es «la de examinar si se ha producido alguna violación de las garantías procesales», el ministro aseguró que «en la medida en que existe un razonamiento sólido, una argumentación consistente y, sobre todo, un voto por unanimidad, pues lógicamente el caso queda muy bien perfilado».
A su juicio, estos ingredientes sirven «para estar muy confiados en que no se ha producido ni una sola conculcación de garantías procesales que deba ser vista con preocupación por el Tribunal Constitucional». Respecto a la decisión del Supremo, la consideró «un éxito de las reglas del juego fijadas por la Ley de Partidos Políticos».
«Negra y sucia»
López Aguilar alabó asimismo el trabajo de la Abogacía del Estado, que «construyó una argumentación muy sólida y convincente, que revelaba la película que ponía de manifiesto que la llamada ‘lista blanca’ no lo era, sino que era una lista negra y sucia como todas las que provienen del entorno de Batasuna».
Ya en las horas previas a conocerse la decisión del, dirigentes de PPy PSOE expresaron pocas dudas sobre el sentido de la misma. La candidata a lehendakari María San Gil instó al Alto Tribunal a «zanjar esta polémica estéril» para que «se pueda decir ya que los terroristas no van a poder estar en el Parlamento Vasco». Para Ignacio Astarloa, actualmente secretario de Libertades Públicas del PPy antes número dos del Ministerio de Interior de Angel Acebes, con la decisión del Supremo se muestra que «las instituciones funcionan bien».
Una vez conocido el fallo de los dieciséis magistrados de la Sala Especial, desde el PSOE se evitaron mayores valoraciones, y únicamente se escucharon palabras de «acatamiento y respeto» a la decisión. Estos fueron los términos exactos utilizados por el secretario de Organización del PSOE, José Blanco.