Conocí a Cándido Conde-Pumpido Tourón, hoy flamante Gran Jefe de la Fiscalía General del Estado (¡cuidado, Carlos, que pisas la raya¡), cuando era uno de los letrados encargados de defender los asuntos de la Federación de Televisiones Locales, o sea, una agrupación bastante humilde de medios audiovisuales, que hoy en día pertenece al grupo Prisa […]
Conocí a Cándido Conde-Pumpido Tourón, hoy flamante Gran Jefe de la Fiscalía General del Estado (¡cuidado, Carlos, que pisas la raya¡), cuando era uno de los letrados encargados de defender los asuntos de la Federación de Televisiones Locales, o sea, una agrupación bastante humilde de medios audiovisuales, que hoy en día pertenece al grupo Prisa (faltaría más), enmarcada bajo el rimbombante y nada inteligente nombre de Localia (se supone que al inventor del término le han colocado en un despacho ventilado y con vistas a la sierra madrileña).
Era un señor algunos años más joven que yo, meticuloso y bonachón, de esos que uno sospecha ha aprobado las asignaturas, además de por hincar los codos, por gozar en su hogar de un ambiente repleto de olor a leyes, códigos y boletines oficiales, que normalmente ayuda bastante a comprender esas cosas tan enrevesadas del Derecho.
Siempre me intrigaron los nobles apellidos como el de este sesudo abogado, otrora portavoz de Jueces para la Democracia, en cuyo colectivo trabajaban desinteresadamente algunos de los más honestos profesionales del mundo del derecho. Un apellido como ese no es fácil de olvidar, y me dediqué unas horas a investigar los orígenes de tan lustrosa familia, para conocer de cerca a la saga de Cándido, quien, a las órdenes de una de las más elegantes diputadas del Parlamento español, cumple lo que le dictan, pero humildemente pienso que en pocas ocasiones se detiene a meditar sobre si «en una estricta y pura aplicación del derecho«, ciertas medidas legislativas que se proponen y aprueban en el Parlamento son, cuando menos, merecedoras de una inmediata derogación, que, como en el lamentable caso de la Ley de Partidos Políticos, ha llevado al ejecutivo de Zapatero a plantear la ansiada ronda de conversaciones con ETA (para lograr el final la violencia en el País Vasco), y a dudar sobre su constitucionalidad, magníficamente desvelada hace ya unos años, en toda su oprobiosa ilegalidad, por el honestísimo y experto catedrático Javier Pérez-Royo.
Cándido nació hace 56 años en A Coruna. Terminó de forma brillante dos carreras: Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, bajo la tutela de su padre, Manuel Conde-Pumpido Ferreiro (Pontevedra, 1927), abogado de cierto renombre en toda Galicia y que detentó cargos de cierta relevancia durante la dictadura de Franco, o del abuelo, que había nacido en El Ferrol y se dedicó, como coronel auditor del ejército del Caudillo, a estampar su firma en decenas de sentencias de muerte (militantes de la UGT, CNT, etc.) como quien firma cheques sin fondos (Causa 50/37. sobre la captura del mercante republicano «Mar Cantábrico»), e incluso condenar a cadena perpetua a tres menores de edad en el mismo proceso.
Ignorante de las hazañas del abuelito, el joven Cándido ingresa en la carrera judicial trabajando duramente, primero como es menester en pequeñas localidades, luego en San Sebastián, donde fue Magistrado de la Audiencia Provincial. En 1984 es uno de los fundadores del colectivo Jueces para la Democracia (ahora sí que sería imprescindible esa plataforma), del que fue portavoz un par de años. Poco más tarde llega a Segovia como Presidente de la Audiencia de esa provincia, siendo nombrado en 1995 magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y por fin Fiscal General del Estado en el 2004. Entre sus mejores amigos figuran Manuel Fraga, Juan Luis Cebrián, Felipe González y Jesús Polanco. Nada que objetar ante tal plantel de primeras figuras del travestismo político y la desinformación generalizada.
Los Fiscales Generales del Estado siempre me han parecido una gente que necesita parecer estupenda, muy profesionales, pero algo pusilánimes cuando hay que aplicar el derecho con la mayor de las generosidades. ¿Para qué el «habeas corpus«?, ¿para qué «in dubio pro reo«? o ¿no está muy anticuado eso de «la presunción de inocencia«?.
Recuerdo al desaparecido compañero Luis Burón Barba (chico, desde que vivo en La Habana se me pega mucho ese apelativo), Fiscal General del Estado, quien me denunció por escándalo público en 1983, tras haber leído en el diario ABC la letra de una adaptación del tema de Iggy Pop «I Wanna Be Your Dog», en una divertida versión del cuarteto femenino Las Vulpess, cuyo clip videográfico grabé en Bilbao, entre el jolgorio de los cámaras y la sorpresa del grupo, que no creía que en la TVE fuera capaz de emitir la canción «Me gusta ser una zorra«. Tras la denuncia, me vi obligado a dimitir como responsable del programa «Caja de Ritmo«, no sin antes encargar mi defensa a un buen letrado.
Expertos jurídicos, en aquellos años de miedo y recelo por el intento de golpe de Estado del payaso Tejero, tranquilizaron mi ánimo asegurándome que los artículos a los que se refería el Fiscal General, iban a desaparecer tras su oportuna derogación del Código Penal español, pero el ambiente que desencadenó la estúpida cantinela fue tan incómodo y chusco que me dije: o al Fiscal General del Estado le importa un comino el ridículo profesional asumiendo esta denuncia, o se le ha ido la olla. La solución era sencilla. Se querelló contra las chicas y contra mí, «sólo para contentar (así me lo confesó su propia hija) a los militares que pedían la liberación de Tejero y Armada«, argumentando que mi persona era un baldón para el país, mientras que los golpistas no habían cometido otro delito que «intentar salvar a la patria del desastre«. Y el monarca, encantado de la vida. Carlos Tena era un peligro público al que había que neutralizar, aunque la máxima autoridad judicial quedara en pelota viva cuando el asunto quedó sobreseído.
Me da en la nariz que Cándido es pelín demócrata, pero no creo que recibiera una formación muy liberal, dada la trayectoria de sus ancestros más directos. Ese es el problema. Su familia le acostumbró a otros códigos, otras leyes y fronteras, de las que debe ser muy difícil escapar por mucho que se pronuncien cada dos por tres slogans como «Así es la democracia», «Esto es democracia», «Este es un estado de derecho», y otras lindezas que, hasta un nazi convencido como José María Aznar, acostumbra a soltar ante los indefensos estudiantes de las enloquecidas universidades que tienen la desfachatez de invitarle a parlotear. Dime de qué presumes y aclararé cuáles son tus carencias.
El Fiscal General del Estado y los miembros del Tribunal Constitucional, aplauden de forma artera y sibilina el atropello, la aberración jurídica que supone la Ley de Partidos Políticos que, de facto, está parida en pura contradicción con la llamada Carta Magna. Pero da lo mismo, Cuando un Presidente como Bush se pasa por debajo de los orígenes su propia Constitución, todas las leyes y tribunales internacionales, las convenciones contra la tortura, la Carta de las Naciones Unidas, la opinión pública mundial, y el resto de los dirigentes europeos babean de miedo, como perros falderos ante el gran payaso que reside en la Casa Blanca, parece que ya no hubiera remedio. No hay valentía suficiente, el coraje necesario de presidentes como Chávez o Castro, que sin tapujos en la lengua llaman pan al pan y fascista al fascista. Esa es la envidia que corroe a Chirac, Berlusconi, (¡ojo, Zapatero que te vas al pilón¡) o Blair. Algunos de éstos lamen las posaderas (y lo que haga falta) del mayor asesino y terrorista del siglo XXI. Se postran de hinojos y practican servilmente una fellatio política al clown George W. Bush, que para sí hubiera querido Bill Clinton con la Levinsky.
Sin embargo, Conde-Pumpido III ha tenido, durante el ejercicio de su cargo, algún gesto de probada bonhomía, puede que curiosos, pero que sin duda le honran, como cuando estuvo en Palma de Mallorca, dentro de una ronda de visitas que realizó por las fiscalías de todo el Estado, diciendo que es un hecho incontestable que España ha vivido «un proceso constitucional que la ha situado en primer nivel de desarrollo del derecho y del proceso democrático«. Esto hacía que, siempre según Conde-Pumpido, la sociedad española fuera «lo suficientemente madura« como para afrontar la «rehabilitación moral» de las víctimas del franquismo. Han leído bien. Tras más de 26 años de «democracia», es hora de levantar el ánimo a los que lucharon por la libertad. Rehabilitación sí, pero sólo moral. La económica, que es el nudo gordiano, la dejamos aparcada. ¿Para qué cabrear a los de siempre?. Y si además hay que aflojar el bolsillo, mejor lo dejamos.
En otra ocasión, Conde-Pumpido III comunicó al Tribunal Supremo su oposición a que el Gobierno concediera el indulto al ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera, condenado a siete años de prisión por la malversación de 3,5 millones de euros de fondos públicos, por «no existir razón alguna para ello«. No es aventurado suponer que poco antes, un anónimo personaje consultó al Señor X (el sevillano), y éste a las letrinas donde residen quienes tramaron el terrorismo que supusieron los GAL, para decidir si había o no perdón para el delincuente.
Por eso los Fiscales Generales no me inspiran demasiada confianza. Saben obedecer. No discuten. No debaten. Callan sumisos ante injusticias piramidales, desplegando argumentos y «considerandos» que podrían rebatirse en cualquier aula de 3º Curso de Derecho en cualquier facultad. ¿Será desidia, hartazgo, o simplemente que se les ha olvidado la deontología profesional, aquella en la que creyeron cuando eran jóvenes y no tenían tantos amigos en las cloacas del poder?.
Creo que el Derecho existe en algunas partes. Estoy seguro de que la justicia no se quita la venda en ciertos países. Pero dudo mucho de quienes tienen que defenderla por encima de sus propios intereses, y menos si ello conlleva la dimisión del cargo. Dimitir por motivos de conciencia es tan inhabitual en España, como la ausencia de malos tratos en algunas comisarías y cuartelillos de las Fuerzas de Seguridad del Estado.