Las acusaciones se extienden desde los famosos casos de tortura practicadas por las fuerzas estadounidenses en Iraq, Afganistán y Guantánamo (Cuba). Se basan en la controvertida visita que George W. Bush realizó a Canadá en noviembre de 2004. Las acusaciones se encuadran en las secciones del Código penal canadiense promulgadas de conformidad con la Convención […]
Las acusaciones se extienden desde los famosos casos de tortura practicadas por las fuerzas estadounidenses en Iraq, Afganistán y Guantánamo (Cuba). Se basan en la controvertida visita que George W. Bush realizó a Canadá en noviembre de 2004. Las acusaciones se encuadran en las secciones del Código penal canadiense promulgadas de conformidad con la Convención contra la tortura de Naciones Unidas, que exige la jurisdicción extraterritorial para ejercer la justicia contra oficiales, incluso jefes de estado que autoricen o, de alguna forma sean responsables de actos de tortura.
El lunes [17 de octubre] la Corte Suprema de la Columbia Británica revocó una orden prohibiendo la publicación de cualquier cosa que tuviera que ver con las acusaciones presentadas la primera vez. En una sesión a puertas cerradas, celebrada el 6 de diciembre de 2004 en el Tribunal provincial de la Columbia Británica, el tribunal rechazó las acusaciones contra Bush sobre la base de las alegaciones realizadas por el Fiscal general de la Columbia Británica respecto a que la visita del presidente estaba protegida por su inmunidad diplomática. Se impuso también una prohibición de publicar cualquier cosa que tuviera que ver con el procedimiento. El secretismo, la reivindicación de inmunidad y la prohibición fueron recurridas con toda la contundencia por Abogados contra la Guerra, que rechazaron todos los aspectos de tal decisión.
El lunes, el juez Satanove, del Tribunal Supremo de la Columbia Británica, revocó la prohibición después de que los abogados del estado fueran incapaces de presentar ninguna argumentación para defenderla. La Asociación de Libertades Civiles de la Columbia Británica se personó contra la prohibición junto con Abogados contra la Guerra.
«Es una victoria muy importante», manifestó Gail Davidson, quien presentó las acusaciones, y que junto con Howard Rubin, defendió el caso en nombre de Abogados contra la Guerra, «porque ello asegura que el proceso será controlado por la gente en Canadá y en todo el mundo, para estar seguros de que la ley se aplica con justicia y debidamente y, sobre todo, para estar seguros de que Bush no quede impune de las acusaciones de tortura.»
«El sistema legal estadounidense parece incapaz de hacer justicia y no hay ningún tribunal internacional con jurisdicción. Así, es responsabilidad de Canadá hacer cumplir la ley que todos los países del mundo han ratificado pero que ninguno parece tener ganas de aplicar».
La próxima audiencia tendrá lugar el 25 de noviembre a las 10 de la mañana en el Tribunal Supremo (3) . Los abogados del estado han manifestado que argumentarán que el caso ya no es «discutible» porque el fiscal general de Canadá todavía no ha admitido a trámite la demanda. El catedrático de derecho de la Universidad de Toronto, Michael Mandel, co-presidente de Abogados contra la Guerra ha calificado de «vago» este argumento: [Bush] todavía es culpable de [actos de] tortura ; todavía está libre y nosotros todavía tenemos la obligación de llevar ante la justicia al os torturadores, de acuerdo a la convención contra la tortura de Naciones Unidas.»
Contactos
Michael Mandel, Tel: +1 416 736-5039: Fax: +1 416-736-5736; [email protected]
Gail Davidson, Tel: +1 604 738 0338; Fax: 604 736 1175; [email protected]
Notas
(1) El texto completo en inglés puede leerse en http://www.globalresearch.ca/index.php?context=viewArticle&code=20051019&articleId=1115
(2)1. Lawyers Against the War (LAW, que componen en ingles la palabra «Ley»)
(3) 800 Smithe Street, Vancouver (British Columbia)