Todo lo que va mal puede empeorar. El axioma es aplicable a casi todo y, desde luego, a las emisiones de gases de efecto invernadero en España. El Gobierno afirmó en mayo pasado que en 2004 las emisiones superaban en un 45,61% el nivel de 1990, pero el recuento final enviado a la Comisión Europea […]
El incremento, que el Gobierno atribuye a un cambio metodológico, significa que el próximo plan de asignación de derechos de emisión tendrá que ser aún más restrictivo con las empresas. La aparición de estas 8,5 millones de toneladas costará a España entre 40 y 80 millones de euros.
España es el país industrializado que más se aleja del cumplimiento del Protocolo de Kioto. La primera cifra de emisiones de 2004 que dio el Gobierno ya era un mal resultado, pero la definitiva es aún peor. Medio Ambiente pensaba que en España se emitía un 45,61% más que en 1990, el año de referencia del Protocolo, pero finalmente se emite un 47,87% más, según cuenta El País.
La primera cifra sale del estudio que cada año realiza Comisiones Obreras y la organización Worldwatch con métodos oficiales, y que suele coincidir con la cifra oficial. Pero este año han aparecido dos puntos porcentuales de subida, que suponen que en 2004 el aumento de emisiones fue un 29,82% superior al que se dijo inicialmente. El desfase es de 8,5 millones de toneladas de CO2, lo que emite España durante una semana.
El secretario general para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri, atribuye el aumento de emisiones a un «cambio metodológico». Los gases de efecto invernadero -principalmente el dióxido de carbono- se acumulan en la atmósfera y dificultan la salida del calor que emite la Tierra en forma de radiación. El resultado es que el planeta se calienta en el llamado cambio climático.
La importancia del aumento radica en que cada tonelada de CO2 cuesta dinero. Si España sobrepasa el máximo permitido, tendrá que acudir a los mecanismos que fija el Protocolo para penalizar el exceso. Gonzalo Aizpiri afirma que, de mantenerse el desfase, «España tendría que pagar entre 40 y 80 millones de euros».
El ministerio ha visto que, en realidad, las emisiones de óxido nitroso de la agricultura y de CO2 de las centrales térmicas de carbón son mayores de lo estimado inicialmente.
El resultado es que: «La situación para cumplir con el Protocolo de Kioto es incluso más difícil de la esperada»
Esto significa que el Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión que el Gobierno debe aprobar en junio para el periodo entre 2008 y 2012 debe ser aún más restrictivo. En este plan, el ministerio fija el cupo que cada empresa puede emitir. Si sobrepasa el tope, las empresas deben comprar derechos de emisión a un precio que actualmente ronda los 28 euros por tonelada.
El reto es enorme porque el actual plan de asignación, aprobado en 2004 y de aplicación hasta 2008, dejaba el grueso del trabajo para 2008. Es decir, el objetivo de Medio Ambiente es reducir un 0,4% las emisiones entre 2005 y 2007 para terminar ese año emitiendo un 40% más que en 1990, muy lejos todavía de Kioto. El plan dejaba el grueso del trabajo para la próxima legislatura, para el periodo 2008-2012, en el que hay que rebajar las emisiones de forma que España emita un 24% más que en 1990. Eso sólo se podrá conseguir con un plan de asignación que reduzca drásticamente las emisiones a las empresas y compensar el exceso con la compra de derechos de emisión. Gonzalo Aizpiri admite que «hará falta un esfuerzo adicional» en el reparto de emisiones para cumplir con Kyoto.