Mientras nuevos informes revelan más abusos cometidos por soldados de Estados Unidos contra prisioneros en Afganistán e Iraq, se libra una batalla en Washington sobre la inclusión de un principio de las Convenciones de Ginebra en las reglas de interrogatorio. El Departamento de Defensa presiona para que se omita de las políticas de detenidos un […]
Mientras nuevos informes revelan más abusos cometidos por soldados de Estados Unidos contra prisioneros en Afganistán e Iraq, se libra una batalla en Washington sobre la inclusión de un principio de las Convenciones de Ginebra en las reglas de interrogatorio.
El Departamento de Defensa presiona para que se omita de las políticas de detenidos un sección central de las Convenciones, que explícitamente prohíbe el «trato humillante y degradante». Por el otro lado, el Departamento de Estado (cancillería) quiere que se incluya esa protección.
Las Convenciones de Ginebra son la base legal del derecho internacional humanitario, referido a la defensa de los civiles afectados por conflictos armados y a la protección de los prisioneros de guerra.
Mientras, frente a las crecientes críticas sobre el trato de los soldados estadounidenses a los presos, funcionarios del Pentágono decidieron hacer públicas sus técnicas de interrogatorio, a pesar de que altos mandos militares habían alertado que eso ayudaría a «combatientes enemigos» a entrenarse para resistir durante un período de detención.
El Pentágono tomó esta decisión luego de que la Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU) divulgó dos informes militares internos sobre abusos a prisioneros, apelando a la Ley de Libertad de Información.
Las más de 1.000 páginas entregadas a la ACLU incluyen un informe del general Richard Formica sobre las fuerzas de operaciones especiales en Iraq y otro del general Charles Jacoby sobre detenidos en Afganistán.
El informe de Formica estudia tres acusaciones de abusos cometidos por las fuerzas de operaciones especiales, y señala que detenidos iraquíes estuvieron hasta siete días seguidos con los ojos tapados en celdas tan pequeñas que se tenían que sentar con las rodillas contra sus pechos, mientras se los obligaba a escuchar música a todo volumen y eran alimentados sólo con pan y agua.
Uno de los detenidos aseguró que la primera vez fue recluido en la celda dos días, luego cinco y la tercera hasta siete. También señaló que, antes de ser ingresado a la celda, le sacaban la ropa, y que en varias ocasiones le echaron agua fría, lo golpearon y lo sometieron a choques eléctricos.
Formica admitió que el trato a los prisioneros «no se ajustaba al espíritu de las Convenciones de Ginebra», pero negó que hayan sido torturados. Además, recomendó que no se sancionara a los soldados estadounidenses.
El militar sostuvo que las fallas se debieron a una «inadecuada política de orientación» a los soldados, y subrayó el peligroso ambiente en que las fuerzas especiales luchan contra la insurgencia iraquí.
Mientras, el informe Jacoby, realizado en mayo de 2004, estudia el trato dado a los detenidos en cárceles de Afganistán.
El documento asegura que no hubo «maltrato sistemático ni propagado», pero reconoce que hay «una consistente falta de conocimiento» sobre las técnicas adecuadas para detener e interrogar, y que éstas varían según las diferentes cárceles.
Jacoby también concluyó que la falta de reglas claras crea oportunidades de abusos e impide obtener información de inteligencia en tiempo y forma adecuada.
«Es tiempo de que la administración (de George W. Bush) se pregunte a sí misma si la humillación y la tortura de detenidos musulmanes en todo el mundo nos están protegiendo del terrorismo o avivan las llamas del resentimiento y facilitan que los combatientes de la ‘jihad’ (guerra santa) encuentren reclutas», dijo a IPS el activista Reed Brody, asesor especial de Human Rights Watch.
Por su parte, Amrit Singh, abogada de la ACLU, señaló que «tanto el informe Formica como el Jacoby demuestran que el gobierno (estadounidense) no está dispuesto a tomarse en serio la investigación de los abusos contra detenidos».
La administración Bush ha sido criticada internacionalmente, incluso por sus aliados, por el trato a sus prisioneros acusados de terrorismo, sobre todo luego de que se hicieran públicas hace dos años fotografías documentando torturas en la cárcel iraquí de Abu Ghraib.
Asimismo, varias organizaciones han llamado a la clausura de la cárcel en la base militar estadounidense de Guantánamo, Cuba, donde semanas atrás tres detenidos se suicidaron.
El año pasado, el Congreso legislativo estadounidense aprobó una enmienda contra la tortura promovida por el senador John McCain, del gobernante Partido Republicano.
La administración Bush desde un comienzo se opuso a la enmienda, pero ésta fue aprobada y se convirtió en ley. No obstante, la Casa Blanca señaló que tenía la autoridad para hacer caso omiso de la norma en caso de una necesidad militar o en aras de la seguridad nacional.