Cualquier español medianamente informado ha leído y escuchado en numerosas ocasiones en los últimos años unas palabras extrañas que aunque guarde de forma difusa y apagada en su mente, es capaz de relacionar inmediatamente con otras palabras cercanas cuyo significado le resulta claro y potente como la luz del día: tortura, horror, muerte, grave injusticia […]
Cualquier español medianamente informado ha leído y escuchado en numerosas ocasiones en los últimos años unas palabras extrañas que aunque guarde de forma difusa y apagada en su mente, es capaz de relacionar inmediatamente con otras palabras cercanas cuyo significado le resulta claro y potente como la luz del día: tortura, horror, muerte, grave injusticia y Estados Unidos.
Las más conocidas son Abu Ghraib, Camp Delta y Bagram. Son los nombres de prisiones que están en Irak, Cuba y Afganistán, respectivamente, aunque en zonas ocupadas por ese país. No hace falta ser un enemigo acérrimo del gobierno de Estados Unidos para oponerse a su actuación en esas prisiones. El Parlamento Europeo acaba de pedirle en este mes de junio que cierre el Centro de Detención de Guantánamo.
Esto es como pedir a un asesino violador en serie del que se sabe que lleva actuando cinco años, que deje en paz a las mujeres que ha violado y aún no ha matado, pero sin pedirle responsabilidad alguna en el mal hecho. Se trata de una forma de entender la justicia que resulta indolora para el que la promueve pero no para las víctimas. Por su parte, el gobierno español -junto con políticos de varios partidos-, como los demás gobiernos europeos, sin prisa y con mucho circunloquio, se ha sumado al coro internacional de los «justos sui generis».
Si a esa lista de prisiones añadimos la de Black Beach, lo más probable es que la gente crea que se trata de otra cárcel estadounidense. Sin embargo, es una cárcel mucho más cercana a nosotros que las otras. En ella los torturadores amenazan en español y las víctimas se lamentan en español. La han visitado autoridades españolas y la residencia del embajador del Reino de España en Malabo, capital de la República de Guinea Ecuatorial, le queda a un tiro de piedra.
No consta que a los ministros del gobierno español les quite el sueño que algunos de los torturadores entran y salen de España cuando quieren sin ser siquiera molestados por la policía, tienen en este país propiedades inmobiliarias, pasean por sus calles con sus novias, compran ¡cómo no! en sus grandes almacenes más famosos y… se ríen de que España sea Estado Parte de la Convención contra la tortura.
Quizás Maquiavelo redivivo sería capaz de justificar en otro libro la actuación del gobierno español, pero lo que no podrían ni aquél ni los miembros de éste es convencer a presos como Weja Chicampo, que ha pasado dos años, tres meses y dos días en Black Beach sin juicio, sin recibir noticia de sus supuestos delitos y sin asistencia de un abogado, de que su política respecto de Guinea Ecuatorial no es tan cruel como las torturas sufridas tras ser detenido en Malabo:»Comenzaron a golpearme hasta que en un primer momento quedé ciego; posteriormente, fruto de más golpes, perdí el conocimiento. Mi familia y niños estaban aterrorizados. Desde ese momento se inicia una prolongada agonía que durará días, semanas etc. (…) Por poner un ejemplo puedo decir que estuve cuatro meses con las esposas puestas y como este ejemplo, otras muchas formas de tortura.» (Rueda de prensa de Weja Chicampo de 22 de junio de 2006 en Madrid. Texto completo en http://www.asodegue.org/junio2306.htm)Como afirma Chicampo en su rueda de prensa, «seguir narrando las vejaciones y malos tratos no conduce a nada más que a exacerbar el posible morbo que estas situaciones producen y no es mi intención que esto se produzca», así que es mejor centrarse en la actuación de los responsables y en la de los que pueden ser considerados cómplices de aquellos. La ley internacional es clara sobre la tortura y sobre la obligación de los Estados Partes de la Convención contra la tortura adoptada por Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984.Como mínimo el artículo 5 de la convención obliga a actuar jurídicamente a los países firmantes en cuyo territorio se encuentren los presuntos torturadores, es decir, que han de proceder a detenerlos. El gobierno español, que detiene todos los días a manta de Dios a africanos indocumentados que vienen a ganarse el pan, mediante su Sistema Integral de Vigilancia Exterior de millones y millones de euros, no ha detenido a uno solo de los torturadores a las órdenes de Teodoro Obiang, que entran en España con su pasaporte y visado en regla cómodamente sentados en aviones de la compañía de bandera.
Algunos políticos denuncian ante la sociedad española los vuelos secretos a cárceles igualmente secretas organizados por Estados Unidos. Con eso creen limpiar la conciencia nacional, mientras que olvidan convenientemente que en la cárcel de Black Beach los carceleros negaron una y otra vez que Chicampo estuviese en ella: «Traslados de prisión para evitar a la Cruz Roja Internacional cuando ésta llega de visita a las cárceles. A mí se me trasladó a la cárcel de militares (Campamento Acacio Mañé) el día 5 de abril de 2004 y a otros que tampoco debían ser vistos se les trasladaba a otros lugares como Punta Fernanda.» (Texto completo en asodegue.org)
La cárcel de Black Beach en Guinea Ecuatorial no causa entre la clase política española la preocupación que dicen que le causa las cárceles secretas donde Estados Unidos y sus secuaces torturan a sus presos. El gobierno español sabe perfectamente lo que ocurre allí, conoce perfectamente sus obligaciones ante la ley internacional, pero mantiene buenas relaciones de todo tipo con el gobierno del dictador y jefe de los torturadores Teodoro Obiang. ¿Qué hay detrás de esta política infamante? ¿Es ésta la actuación de un partido «cuya razón de ser es contribuir a hacer una sociedad mejor»? (http://www.psoe.es/ambito/elpartido/index.do)