El gobierno de Estados Unidos pretende que a los prisioneros en cárceles de la CIA y el Pentágono se les prohíba revelar los métodos de interrogación utilizados por sus captores, destaca hoy el diario The Washington Post. Según el rotativo, la petición fue presentada por el Ejecutivo ante un juez federal, tras el argumento de […]
El gobierno de Estados Unidos pretende que a los prisioneros en cárceles de la CIA y el Pentágono se les prohíba revelar los métodos de interrogación utilizados por sus captores, destaca hoy el diario The Washington Post.
Según el rotativo, la petición fue presentada por el Ejecutivo ante un juez federal, tras el argumento de que las técnicas de indagación son consideradas en la actualidad uno de los secretos de seguridad nacional más sensibles.
Para la administración, la revelación de esos métodos causaría un grave daño, ya que los terroristas podrían utilizar la información para entrenarse y hacer resistencia a las técnicas utilizadas en los interrogatorios por los servicios de inteligencia norteamericanos.
Esas consideraciones aparecen recogidas en documentos oficiales remitidos en días recientes al juez federal Reggie B. Walton, en los cuales se sugiere que ni siquiera los abogados de los reos tengan conocimiento de tales procedimientos.
El debate sobre las prisiones de la CIA y el Pentágono se acentuó a mediados de octubre último, cuando el presidente, George W. Bush, rubricó la Ley sobre Comisiones Militares, documento que da luz verde a los interrogadores norteamericanos para practicar la tortura.
La legislación permite a la Casa Blanca y sus servicios de espionaje continuar con el programa de cárceles secretas en ultramar, las cuales han sido criticadas por diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos.
El texto, aprobado por el Congreso tras reiteradas presiones de la mansión ejecutiva, legitima la obtención de testimonios y otras evidencias a través de métodos coercitivos, contrarios a las Convenciones de Ginebra sobre el tratamiento a los prisioneros.
Además, elimina el derecho de hábeas corpus para cualquier persona detenida por el gobierno.
La ley deja a criterio de Bush decidir si un determinado método de interrogatorio es considerado tortura o no. La aplicación e interpretación de las Convenciones de Ginebra sobre esta problemática quedan a juicio del Presidente.
Según la legislación, una persona puede ser acusada, condenada y sentenciada a muerte por tribunales militares sin tener el derecho a saber de qué se le acusa.
Michael Ratner, presidente del Centro de Derechos Constitucionales, dijo que el documento inmuniza a personal de la CIA y militar contra procesos legales por violaciones anteriores de esas convenciones.
«El simple hecho de que el Presidente designe a alguien como combatiente enemigo, permitirá que lo encierre, su inocencia sería irrelevante», enfatizó Ratner.
Por su parte, Martin Scheinin, relator especial de la ONU para la promoción y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en el enfrentamiento al terrorismo, consideró el documento incompatible con la ley humanitaria internacional.
En un comunicado, el funcionario finlandés destacó que algunas de las provisiones de esa legislación contradicen los principios universales y fundamentales sobre el derecho a un juicio justo y a un proceso basado en el articulado de las Convenciones de Ginebra.