Los ecologistas denunciaron, hasta en diez ocasiones, a los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente que el monte de Santa Bárbara estaba siendo arrasado por los trabajos de construcción del futuro aeropuerto de Castellón. El Gobierno central archivó a principios de año las denuncias, pero ahora una juez de Castellón investiga la comisión de varios delitos contra el medio ambiente y prevaricación.
Durante todo el 2005, el Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales (GECEN) elevó una decena de escritos a los Ministerios de Medio Ambiente y Fomento advirtiéndoles de que las obras del aeropuerto de Castellón en el monte de Santa Bárbara incumplían la declaración de impacto ambiental.
Izquierda Unida preguntó en el Congreso de los Diputados al Gobierno por esta situación. El Ejecutivo inició una investigación pero aseguró que no se habían detectado irregularidades en los trabajos que se realizaban en esa zona de alto valor ecológico.
IU alerto también del peligro ambiental
Incluso la diputada de la coalición, Isaura Navarro, se reunió con el director de aviación civil para alertarle del peligro que corría el monte de Santa Bárbara. En declaraciones a la Cadena SER, Navarro señala que se «ha reunido en reiteradas ocasiones con el director general de aviación civil y le he planteado lo que los ecologistas y los ciudadanos de Vilanova d’Alcolea veían que estaba ocurriendo con las obras del aeropuerto de Castellón».
Añade que «todas estas cuestiones se han ido denunciando a medida que se iban produciendo ante la dirección general de aviación civil pero la respuesta que hemos recibido es que todo estaba correcto». La diputada concluye que «incluso hemos preguntado al Gobierno por escrito y nos ha contestado que no detectan ninguna irregularidad en el monte de Santa Bárbara» .
Fomento asegura que se ha cumplido con la ley
La Cadena SER se ha puesto en contacto con el Ministerio de Fomento. Señalan que han cumplido con la ley en todo momento y que las obras del aeropuerto de Castellón se ajustan al Estudio de Impacto Ambiental. Así lo corroboran, concluyen desde el Ministerio, los estudios encargados a dos empresas externas. A pesar de ello, una juez paralizó los trabajos, una paralización que decidió revocar después de comprobar ‘in situ’ que el daño medioambiental era ya irreversible. Ahora esta magistrada investiga la comisión de varios presuntos delitos contra el medio ambiente y prevaricación.
Desde GECEN lamentan que hayan fallado todos los mecanismos de control del Estado y que se haya perdido un monte entero, el de Santa Bárbara, en el que se han talado más de 34.000 árboles y ha desaparecido una ermita del siglo XIX.