A la gente que lucha por la despersonificación de las corporaciones le gusta verse como heredera de la Revolución americana. «Los colonizadores se dieron cuenta de que necesitaban extirpar las raíces del colonialismo, incluyendo el imperio de las grandes empresas», dice Jeff Milchen, director del Montana-based Reclaimdemocracy.org http://www.reclaimdemocracy.org/, un grupo joven cuyo objetivo es la lucha contra el poder corporativo. En efecto, la Revolución fue parcialmente una insurrección contra entidades como la East India Co., cuyas tácticas monopolísticas desencadenaron el Boston Tea Party en 1773. Milchen y otros piensan que las ordenanzas aprobadas por los municipios de Pensilvania son la versión moderna de dicha reacción
Barry Yeoman escribe sobre las consecuencias políticas, económicas y ecológicas del creciente uso que las grandes corporaciones vienen haciendo en las últimas décadas de uno de los grandes misterios del derecho constitucional estadounidense: las cláusulas que protegen a las grandes corporaciones empresariales como si de personas físicas se tratara. Y narra la rebelión de una democracia local que está recuperando a ojos vista su tradicional vitalidad republicana en los EEUU.
En la Pensilvania rural, los alcaldes de los municipios que combaten los vertederos de lodo de aguas residuales y abono de cerdo tropiezan con uno de los mayores misterios de la ley constitucional.
El municipio de Licking, en Pennsylvania, es una ondulada extensión de campos y pastos de soja situada en el condado de Clarion, dos horas al noreste de Pittsburg, con 500 residentes y seguramente con un número algo mayor de reses. Conduce más allá de la entrada del pueblo, pasada la pequeña escuela reformada, y deberás ver un carro tirado por caballos estacionado enfrente, con una familia Amish apiñada alrededor de la cabina telefónica. Bajando por la carretera notarás una línea de carbón oxidada que se adentra en los bosques, encallada como el casco de un antiguo buque de carga, un recuerdo del apogeo de la industria minera del siglo veinte. Entre los eventos más relevantes que se dan cada año en el condado de Clairon están los «Días del Ladrón de Caballos», donde se realizan carreras de camas y máquinas cortacésped. En esos parajes, la diferencia en votos entre republicanos y demócratas es de 2 a 1. «Si pudieras dibujar el corazón del país de Bush al norte de Mason-Dixon Line, sería este», dice Mike Robertson, un campesino y uno de los tres supervisores electos del municipio.
Hace cuatro años, Robertson y los otros supervisores estuvieron debatiendo una ordenanza para restringir la expansión de los sedimentos con carga tóxica de las aguas residuales en los campos locales -uno de los temas más preocupantes en una zona que se ha convertido en el destino de los desperdicios de Pittsburg. Los supervisores sabían que bromear con los grandes negocios podía tener un alto precio: tres años antes, otro municipio de Pennsylvania aprobó una ordenanza contra los sedimentos residuales, y sólo consiguió ser demandado por un transportista de residuos llamado Synagro, quien argumentó que el municipio había infringido sus derechos, recogidos en la Enmienda 14, escrita tras la Guerra Civil con el fin de garantizar la «igual protección» para todos. Synagro podía acogerse a dicho razonamiento porque desde finales del siglo XIX la Corte Suprema ha definido a las empresas como «personas» jurídicas, confiriéndoles muchos de los derechos que ostentan los ciudadanos de carne y hueso. Y así, los supervisores de Licking hicieron algo que fue descrito por muchos como creativo, fútil, o totalmente revolucionario: aprobaron una ordenanza declarando que. de aquí en más, en su municipio, «las empresas no serán consideradas como personas protegidas por la Constitución de los Estados Unidos.»
La medida fue la creación de un desenvuelto abogado de 37 años llamado Thomas Linzey, quien se hizo un nombre en todo el país gracias a su ataque al principio de personificación de las empresas, una idea y precedente legal en que se fundamenta buena parte del crecimiento que el poder empresarial experimentó en el último siglo. Linzey, director de Community Enviromental Legal Defense Fund de Pennsylvania, ve la acción del pueblo de Licking como uno de los disparos de salida de un movimiento que redefinirá la democracia americana. «Es una cuestión de pasar a la ofensiva,» dice. «El sueño es que dentro de treinta años -y se me cae el alma a los pies, porque no se si realmente tenemos 30 años desde una perspectiva medioambiental- otros lugares unirán sus fuerzas, y contribuirán a una reformulación de la Constitución de los Estados Unidos.»
Linzey acababa de recibirse como abogado en 1995 cuando creó la Defense Fund, un grupo que trabajaba principalmente con las comunidades afroamericanas luchando contra incineradoras y vertederos de residuos. Los activistas podían rastrear una solicitud de licitación de una empresa buscando en la misma errores técnicos, y a menudo persuadir a las autoridades para denegar las autorizaciones. «Podríamos tener un partido de la victoria,» dice Linzey. «Todo el mundo se felicitaría y se daría palmaditas en la espalda. ¿Qué pasaría tres meses más tarde? Los chicos de las empresas estarían de vuelta, y nos dirían, ‘Muchas gracias.’ Estábamos identificando realmente las lagunas en sus solicitudes.»
Con un aspecto muy cuidado, bajo, fornido, y de ojos azules, Linzey da una impresión de persona temperada, tal vez un poco distante. Pero delante de una muchedumbre, su voz toma un timbre de predicador. Su verbo preferido es «impulsar», en el sentido más agresivo del término: como cuando dice: «Los verdaderos movimientos de personas buscan impulsar los derechos en la Constitución»
Como Linzey continuaba acumulando derrotas a lo largo de los años 90, concluyó que el sistema de regulación era una distracción, o peor. «Estábamos trabajando en un guión que no había sido escrito por nosotros. Después de billones de horas invertidas por los grupos de la comunidad en toda la nación.»-y aquí su cara se enrojece y su mano golpea la mesa- «nada mejoró; nada». Los activistas, pensaba él, estaban siendo canalizados hacia un proceso que no podían ganar «como ganado en un vertedero». Desde el momento en que la ley daba el mismo valor a los derechos de las empresas que a los derechos de los individuos, las corporaciones siempre triunfarían.
Aunque, actualmente, la personificación de la corporación está completamente arraigada en la ley constitucional de los Estados Unidos, lo cierto es que para los fundadores había sido una noción ajena. Durante la mayor parte del primer siglo de la nación, las corporaciones fueron vistas como medios para alcanzar un fin, claramente diferenciadas de una asociación. Fueron «registradas», impulsadas, por los estados, y sus registros podían ser revocadas en cualquier momento (una posibilidad legal de nuevo en boga entre los activistas en varios estados); no fueron consideradas «personas» hasta después de la Guerra Civil, cuando los magnates de los negocios empezaron a atricherarse tras las protecciones antidiscriminatorias de la Enmienda 14. En el famoso caso Santa Clara vs. Southern Pacific de la Corte Suprema de 1886, una compañía ferroviaria rechazó pagar una tasa regional especial en California, argumentando (de una manera similar a como la transportista de lodo Synagro quería hacer en Pennsylvania más de un siglo después) que ser tratado diferente que los demás violaba sus derechos constitucionales. Hablando desde el estrado, el Presidente del Tribunal Supremo Morrison Waite anunció, «La corte no desea escuchar el argumento sobre la cuestión de si la disposición de la Enmienda 14 es aplicable a las empresas. Todos somos de la opinión que lo es.»
Tras «Santa Clara», los juzgados federales empezaron a garantizar más y más derechos a «personas no vivas». En 1922, la Corte Suprema falló a favor de que la Pennsylvania Coal Co. tuviera derecho a una «compensación justa» amparándose en la 5ª Enmienda, ya que una ley estatal, destinada a resguardar las casas del derrumbe que los túneles construidos por las compañías mineras bajo éstas podían producir, limitaba la cantidad de carbón que podían extraer. En 1967 y 1978, los negocios prevalecieron en los casos de la Corte Suprema apelando a las disposiciones de búsqueda y confiscación de la 4ª Enmienda como la protección contra el despido y las inspecciones para la seguridad del puesto de trabajo.
A los abogados de las corporaciones también les ha gustado la 1ª Enmienda. En 1978, la Corte Suprema se unía a la exigencia de las corporaciones para que el estado no pudiera poner límites al gasto político de las empresas en una campaña contra los impuestos. Casi dos décadas más tarde, la apelación ante una corte federal revocó una ley de Vermont que requería que la leche de vacas tratadas con hormonas de crecimiento bovino debía ser etiquetada como tal. A los productores lácteos les asiste el derecho amparado por la 1ª Enmienda de «no hablar», dice la corte. En California, Nike invocó la 1ª Enmienda para defenderse en un pleito que la acusaba tergiversar, en su propaganda de relaciones públicas, las terribles condiciones laborales imperantes en sus fábricas.
Más recientemente, la Retail Industry Leaders Association ha basado en la cláusula de igual protección de la Enmienda 14 su defensa frente a la ley que en Marylando obligaba a la empresa Wal Mart a aumentar su gasto en la asistencia sanitaria de los empleados. El grupo de vendedores ha demandado también al condado de Suffolk, Nueva York, en el que se falló una ordenanza similar dirigida a los supermercados no sindicalizados.
Los defensores de los derechos corporativos razonan que aunque que el concepto de personificación de la empresa puede ser contraintuitivo, la alternativa es peor: «Si los fines de lucro no tuvieran el amparo de los derechos de la 1ª Enmienda, el Congreso podría aprobar una ley para requerir a todos los vendedores enarbolar una bandera americana en el frente de sus empresas,» apunta Kent Greenfield, un profesor de derecho del Boston College que ha escrito extensamente sobre la responsabilidad de las empresas. Y lo mismo para la 4ª Enmienda: «¿Podríamos realmente pensar que es bueno queel FBI pudiera entrar en los establecimientos sin una orden de registro?»
Pero debido a los enormes recursos de las corporaciones, la «igualdad de derechos» para la industria puede transformarse en ventajas formidables -especialmente en la arena política. El último año, por ejemplo, Wal-Mart invirtió al menos 400.000 dólares en una iniciativa de voto para levantar la prohibición contra determinadas grandes superficies comerciales en Flagstaff, Arizona. Incluso en la campaña mediática hubo un anuncio diario comparando a los oponentes de Wall-Mart con los nazis que quemaban libros. La gran empresa minorista acabó disculpándose, pero ganó: 365 votos contra más de 17.000 contabilizados. «Lo que hemos visto es la sumisión del proceso político a la agenda de las corporaciones», dijo Thom Hartmann, autor de Unequal Protections, un libro acerca de la personificación de las corporaciones.
Desde finales de los años noventa, el temor y la ira despertados por el manejo de los vertederos de sedimentos en la Pennsylvania rural fue creciendo -avivados por las muertes de un niño de once años que cayó enfermo después de atravesar montado en su mugrienta bicicleta un campo tratado con sedimentos, y de la de un chico de 17 que enfermó tras exponerse a los sedimentos de una granja-. Thomas Linzey recibió un alud de llamadas de funcionarios locales que trataban de lidiar con las empresas que licitaban por el procesamiento de «biosólidos», sí como con las grandes granjas corporativas porcinas, cuyo hedor causaba náuseas a miles de personas en su torno. Los ayuntamientos se han enfrentado inveteradamente a eso con sus propias ordenanzas municipales sobre la basura; pero en 1997, en respuesta al grupo de presión de los empresarios agricultores, el estado empezó a hacer respetar una ley que invalidaba las normas locales. Los residentes se reunieron en las escuelas y se lanzaron sobre emisoras radiofónicas, a fin de para airear sus quejas. «Estas son las personas con los pateadores de mierda y los sombreros de John Dree,» dice Linzey. «Estas son las gentes que saltan a las carreteras en el invierno y que las reparan en verano. Tenemos granjeros que vienen a las reuniones comunitarias con la Declaración de Independencia en el bolsillo trasero de sus pantalones.»
Para ayudar a los municipios, Linzey redactó modelo de ordenanza tras modelo de ordenanza. Una prohibía a las corporaciones tener tierras de labranza, una idea encontrada en los libros de nueve estados; 12 gobiernos locales en Pennsylvania la aprobaron. Otra prohibía a las corporaciones con antecedentes en violaciones medioambientales hacer negocios en un municipio; 5 municipalidades adoptaron esta última. Una ordenanza que exigía a las empresas hacer pruebas extra sobre los peligros de los residuos para la salud de los ciudadanos fue aprobada en más de 70 municipios.
Las empresas tomaron nota. El boletín informativo de la Cámara de Comercio e Industria de Pennsylvania escribía un editorial contra una «fuerza más poderosa que los malvados invasores del espacio: la agenda radical de los ecologistas que parece haberse posesionado de los alcaldes de los municipios». Una corporación realizó una demanda, argumentando que las restricciones de los municipios violaban sus derechos «igual protección, proceso debido, justa compensación y otros derechos garantizados por la cláusula de comercio». El pasado año, los empresarios del sector agrícola emprendieron la lucha en la Legislatura del estado, apoyando una ley, según la cual el fiscal general del estado podría demandar a cualquier gobierno local por aprobar una ordenanza que «prohíba o limite una operación agrícola normal.» (Los primeros cuatro pleitos fueron archivados el pasado junio.) Durante el debate sobre la medida, dijo Linzey, «las demandas se dieron con mucha fuerza. Fue uno de los tipos de lobbying más poderosos jamás vistos.»
En esta escalada de ataques se vio inmerso el alcalde Robertson, un antiguo voluntario de los Cuerpos de Paz que había regresado al pueblo de Lincking en 1999 con su mujer para cultivar tomates, bayas y ajos en una granja de 95 acres fertilizada con excrementos de llama y de cabra. En el pueblo de Licking, la principal calificación para un alcalde es saber conducir una niveladora de carreteras -los funcionarios electos se encargan de tapar los baches-, y con 42 años Robertson fue nombrado para cubrir una vacante del tablón. Fue elegido dos veces desde entonces, sin oposición. «No hay gente que se mate para hacer este tipo de cosa,» comenta irónicamente.
En el año 2002, Robertson se enteró de que algunos granjeros en Licking estaban planeando esparcir sedimentos y residuos en sus campos, y llamó a Linzey. Discutieron a fondo sobre la regulación local de los desperdicios, y entonces Linzey mencionó un modelo de ordenanza que había escrito para privar a las corporaciones de su condición legal de personas. «Cuanto más miro esta ordenanza, más me gusta», dice Robertson, «y más entiendo que tiene buenas implicaciones en el tratamiento de las aguas residuales y los sedimentos. Este es un tema realmente fundamental para el gobierno de América.» La medida se aprobó por unanimidad. Licking fue el segundo municipio de Pennsylvania que se sumó a esa postura.
A la gente que lucha por la despersonificación de las corporaciones le gusta verse como heredera de la Revolución americana. «Los colonizadores se dieron cuenta de que necesitaban extirpar las raíces del colonialismo, incluyendo el imperio de las grandes empresas», dice Jeff Milchen, director del Montana-based Reclaimdemocracy.org http://www.reclaimdemocracy.org/, un grupo joven cuyo objetivo es la lucha contra el poder corporativo. En efecto, la Revolución fue parcialmente una insurrección contra entidades como la East India Co., cuyas tácticas monopolísticas desencadenaron el Boston Tea Party en 1773. Milchen y otros piensan que las ordenanzas aprobadas por los municipios de Pensilvania son la versión moderna de dicha reacción.
Linzey tiene su revolución planeada al dedillo. Primero, los gobiernos locales tienen que seguir aprobando medidas contra la personificación de las empresas, hasta que una de estas medidas provoque un pleito en las cortes federales. Lo cual, a su vez, forzará al poder judicial a reconsiderar los principios constitucionales relacionados con la contienda. Linzey no espera ganar aquí, como si de un caso normal se tratara: «La idea de que recurriendo a los tribunales lograremos el cambio ha colonizado la mente de las gentes», dice Linzey, «algo así como que el juez se dará en la frente, y dirá, ‘Oh Dios mío, estos 200 años de derechos corporativos han sido un error’.» Al contrario, Linzey espera una sentencia a favor de las corporaciones, lo que «arrancará el velo de la incredulidad», generando incluso más organización de base y legislación a escala local. «Consideramos los tribunales como medios para construir un ejército», dice, un ejército que podría finalmente liderar una revisión de las constituciones de los estado, e incluso llegar a la escala federal. La Constitución de los Estados Unidos, dice, simplemente se centra demasiado en la «propiedad y el comercio», y finalmente la presión crecerá en el Congreso tanto como para hacer una llamamiento a una convención y empezar de cero.
Sin embargo, de momento la campaña sigue anclada en el primer paso. «No estoy preparado para decir tenemos un movimiento,» confiesa Milchen. «No estamos tan ahí todavía.» Richard Grossman, quien junto con Linzey ha dado clases en seminarios de activistas en todo el país denominados Escuelas de Democracia, dice: «Los Populistas llegaron a tener [a comienzos del siglo XX] a 40.000 conferenciantes organizando a la gente por todo Estados Unidos. Nosotros tenemos cinco.» Tanto Grossman como Linzey rehúsan hablar con periodistas que no hayan cursado sus sesiones de tres días de adiestramiento; yo fui el primero que se recuerda que acató dicha norma y atendió al seminario en el que una docena de concienzudos activistas combinaron lecciones de historias particulares de distintas gentes con terapia política de choque.
El último año, Linzey perdió su mayor batalla hasta ahora: en un caso que implicaba a un empresario de Pensilvania, una juez federal calificó de «torturados» e «ideológicos» sus argumentos de la personificación y manifestó haber estado «a pique» de someterle a un proceso disciplinario por avilantarse a entablar una demanda tan frívola.
Lawrence Mitchell, catedrático de derecho de la Universidad George Washington y autor de Corporate Irresponsibility, advierte de que la estrategia de Linzey está drenando energía de batallas más importantes. «Trabajo con muchos grupos de activistas, y en esos encuentros tengo que dar más de un puñetazo sobre la mesa», dice. «Esto está profundamente arraigado en la ley constitucional, y nadie va a poder cambiarlo». Mitchell cree que las fuerzas de los activistas estarían mejor empleadas en reformar las leyes estatales, a fin de hacer a las corporaciones más responsables.
Aun así, Linzey, Grossman y compañía siguen aunando conversos. Las secciones del partido demócrata en Maine, New Hampshire y el estado de Washington han aprobado resoluciones oponiéndose a la personificación de las corporaciones y a los derechos constitucionales que ésta confiere. El pasado marzo, los 4.600 residentes de Bernstead, New Hampshire, aprobaron una ordenanza -ideada para proteger el agua del pueblo de las empresas embotelladoras- que anula la personificación de las empresas. Y en el condado de Humboldt, en California, en donde el gigante de la industria maderera Maxxam y sus contratistas gastan más de 350.000 dólares para destituir al fiscal del distrito y acabar con su cruzada, los votantes aprobaron este año una medida electoral que prohíbe la financiación de campañas electorales por parte de empresarios no locales, y en la que se especifica que: «Ninguna corporación tendrá derecho a reclamar derechos corporativos constitucionales o protecciones con el propósito de revocar esta ley.»
Linzey sabe que su empresa parece quijotesca, pero -tal vez como corresponde- no muestra un adarme de incertidumbre. «Los abolicionistas no buscaban crear una Agencia de Protección de la Esclavitud, o mejorar un poco las condiciones de los esclavos,» dice. «Entendieron que no había remedio dentro de la Constitución, y que el único camino era cambiarla».
Barry Yeoman es un analista político y reportero norteamericano que escribe regularmente en la revista de izquierda Mother Jones
Traducción para www.sinpermiso.info: Alex Boso
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