El irritante olor del desinfectante, el sudor y el terror saturaba los poros de Carlos Mauricio, que con los ojos vendados oía los quejidos de otros prisioneros políticos en los cuarteles de la policía nacional de El Salvador. Se oían gritos de dolor y preguntas sin respuesta, acompañados por el sonido hueco de los golpes […]
El irritante olor del desinfectante, el sudor y el terror saturaba los poros de Carlos Mauricio, que con los ojos vendados oía los quejidos de otros prisioneros políticos en los cuarteles de la policía nacional de El Salvador.
Se oían gritos de dolor y preguntas sin respuesta, acompañados por el sonido hueco de los golpes y un ruido que le recordaba sus días de trabajar con ganado: el chispazo de un bastón eléctrico, seguido por quejas guturales y el golpeteo de cuerpos agitándose.
«Comprendí que estaba en una cámara de tortura. En ese momento acepté mi muerte», recuerda Mauricio.
Era 1983 y El Salvador se encontrada en medio de una guerra civil de 12 años que costó unas 75 mil vidas. Mauricio, profesor de agronomía de la Universidad de El Salvador, había sido sacado de su salón de clases por hombres armados.
Sentado en la oscuridad y esposado a una tubería, sus extremidades se sacudían por un pánico creciente. «Sabía que yo era el siguiente», dice.
Mauricio soportó 15 das de cautiverio y tortura, perdiendo su dignidad, su capacidad de confiar en alguien y su fe en la justicia. Sin embargo, parte de esta última le fue restituida luego de un largo proceso legal que terminó el verano pasado.
Mauricio y otros dos prisioneros políticos en El Salvador demandaron ante la justicia estadounidense a los jefes militares que alguna vez controlaron la nación centroamericana. Junto con la trabajadora eclesiástica laica Neris González y Juan Romagoza Arce, médico que prestaba servicios voluntarios a los pobres, Mauricio obtuvo una indemnización por unos 54.6 millones de dólares, un pago pendiente en tanto se resuelve una apelación de los acusados.
Los tres han recibido hasta ahora alrededor de 300 mil dólares, los cuales han donado para causas humanitarias. Este es uno de los primeros casos en que sobrevivientes de tortura pueden hacer pagar a los responsables de los abusos que sufrieron en su país.
Mauricio, quien reside en San Francisco, considera que el caso sienta un precedente mucho más importante que el dinero recibido.
«Ellos nunca reconocieron su responsabilidad. Nosotros los desenmascaramos como unos criminales», se expresa el profesor acerca de los militares.
Alguna vez entre los hombres más poderosos de El Salvador, los generales José Guillermo García y Carlos Eugenio Vides Casanova comparecieron ante un tribunal de West Palm Beach, en el estado de Florida, como una muestra de su disminuida influencia.
Los dos ahora son abuelos y viven retirados en Estados Unidos, el país que apoyó la lucha de su régimen contra la oposición de izquierda.
Sin embargo, seguían comportándose como si fueran intocables, dice Mauricio.
«Fueron arrogantes. Nos miraban como diciéndo; ¿qué pueden hacer tres salvadoreños en nuestra contra?», expone.
Cerca de 400 mil sobrevivientes de tortura viven en Estados Unidos y alrededor de mil perpetradores residen entre ellos, de acuerdo con informes de Amnistía Internacional (AI). En ambos casos provienen de naciones como Haití, Camboya, El Salvador, Nicaragua, Afganistán y otras naciones, y en muchas instancias sus pasados violentos no son conocidos por las autoridades estadounidenses.
Alrededor de una docena de casos como el de Mauricio han sido tratados en las cortes estadounidenses, muchos de ellos manejados por el Centro por la Justicia y Responsabilidades, con sede en San Francisco, que condujo el caso en Florida en nombre de Mauricio, González y Arce.
No todos los que han sido sometidos a tortura pueden enfrentar un juicio, afirma Moira Feeney, abogada del grupo.
«Algunas personas necesitan cerrar esa puerta para nunca volver a pensar en eso. Pero para otros, la idea de que el perpetrador se pasea libremente refuerza sus traumas. Algunas veces el buscar justicia es parte del proceso de recuperación del individuo», dijo.
El caso de Mauricio se basó en dos leyes: la Ley para Acusaciones de Tortura en el Extranjero, de 1789, originalmente adoptada para proteger a los comerciantes de los piratas y que les permite a los extranjeros presentar ante la justicia estadounidense demandas contra violadores de las leyes internacionales. La otra es la Ley de Protección a las Víctimas de la Tortura, promulgada en 1992, que permite demandar a extranjeros responsables de tortura o asesinatos.
El abogado Kurt Klaus, que representó a los dos generales, dice que el caso, presentado luego de décadas de haberse cometido sus supuestos crímenes, representaba una manifestación del «revisionismo histórico» y que la idea de la responsabilidad en el mando, según la cual eran acusados sus clientes, era una mera «ficción legal».
«Hicieron parecer que todo estaba bajo control [en El Salvador] durante la guerra y que éste era un plan de terror organizado. Mis muchachos únicamente trataban de salvar sus propias vidas e implementar los planes de Estados Unidos para la región, lo cual tuvo éxito. Ahora, El Salvador es una democracia en funciones», dice el abogado Klaus.