El Rector de la Universidad de León, Ángel Penas, en el último año que le queda al frente del equipo de gobierno de esta Universidad, ha emprendido una política de privatización de buena parte de los servicios de este centro. Esta política no es nueva, ya que a lo largo de los últimos seis años […]
El Rector de la Universidad de León, Ángel Penas, en el último año que le queda al frente del equipo de gobierno de esta Universidad, ha emprendido una política de privatización de buena parte de los servicios de este centro. Esta política no es nueva, ya que a lo largo de los últimos seis años ha venido manteniendo esta misma línea. Pero ahora ha decidido profundizar en ello, o así lo ha expuesto al menos a los tres Secretarios Generales de los Sindicatos más representativos de la ULE en la reunión a la que fueron convocados el pasado 17 de enero.
La Universidad es un servicio público que pagamos entre todos los ciudadanos y ciudadanas. Privatizar un servicio público supone introducir empresas privadas a gestionar sus servicios, lo cual implica que estas empresas quieran obtener un beneficio económico por un servicio que antes no tenía este «coste añadido». Coste añadido que sólo beneficia a los dueños o propietarios de esas empresas. No a todos. No olvidemos que lo público es de todos y lo privado sólo es de unos pocos.
El gran problema es que los beneficios económicos que esas empresas esperan obtener gestionando esos servicios no deben recaer en un aumento de los costes de los mismos para la propia Universidad, de lo cual se enorgullece el actual rector. ¡Nos sale más barato!, proclama a quien le quiera oír. Entonces ¿a costa de quién obtienen ese «plus» añadido de beneficios? Como nos podemos imaginar, por simple sentido común, se saca de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras que contratan esas empresas: bajos salarios, precariedad de los empleos, ausencia de negociación colectiva, etcétera. De esta forma las empresas abaratan los servicios que prestan sin recortar sus beneficios. No hace falta más que revisar las condiciones laborales de los empleados y empleadas que tienen las empresas que gestionan actualmente determinados servicios en esta Universidad y que Penas conoce o debería conocer.
Sabiendo que a Penas le queda año y medio a Penas como rector, parece que ha decidido emprender una campaña, a sangre y fuego, profundizando en su política neoliberal de privatización al servicio de unos pocos.
Sin hablar de la denominada Fundación Empresa-Universidad (su nombre inicial era Universidad-Empresa), de la que prácticamente nadie es capaz de obtener información sobre su gestión, hay toda una serie de servicios que estos años han sido «externalizados» o «deslocalizados», como ahora se llama a la privatización y precarización para ser «políticamente correctos»: el servicio de mantenimiento, el servicio de transporte y conductores, el servicio de maquinaria de la imprenta, determinadas conserjerías, el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), ciertos servicios de la Biblioteca Central (que se hacen mediante contratos mercantiles), etcétera.
Pero ahora «amenaza» con más de lo mismo y a un mayor nivel y profundidad. En la reunión mantenida con los Secretarios Generales informaba que su intención es privatizar también el futuro servicio de guardería, el gabinete de prensa, el hospital veterinario, poniendo estos como ejemplos, entre otros, de una línea que ya viene de lejos. La primera y gran privatización que hizo nuestro Rector, en su primer mandato, fue vender los terrenos públicos de la Universidad de León para edificar viviendas en el campus universitario. Lo cual ha hipotecado el futuro de la misma a medio y largo plazo, puesto que ya no le quedará recurso económico alguno en caso de necesidad ni espacio para una posible expansión de sus instalaciones. Sabemos que el Rector está preocupado ahora, cuando ya no queda más remedio, porque los pisos que se están construyendo (algunos a casi treinta metros de las Facultades por empresas que han hecho su «agosto» particular) nos van a dar «buena sombra».
En todo caso, ya se ha advertido desde Comisiones Obreras de la distancia que existe entre el equipo rectoral y los trabajadores y trabajadoras en su conjunto, como un serio inconveniente para cualquier entendimiento. El actual clima de desconfianza motivada por la decepcionante actuación del equipo rectoral no es el mejor escenario para próximas negociaciones ni acuerdos, pues todo lo relativo a relaciones de puestos de trabajo y privatizaciones son materias contaminadas en esta Universidad por cuanto ha ocurrido en episodios anteriores.
Podríamos entender que, excepcionalmente, determinados servicios puedan ser desempeñados por empresas. Pero siempre y cuando la ULE salvaguarde y exija en los pliegos de condiciones del contrato no sólo un presupuesto ajustado, sino que la empresa contratada cumpla con la normativa laboral vigente de forma escrupulosa evitando contratos precarios, sueldos miserables, duplicidad de funciones, respeto a la salud laboral, etcétera. Y se comprometa a articular las medidas necesarias y efectivas para que esas empresas lo respeten.
Esto no sólo supondrá un beneficio para los trabajadores y trabajadoras de estas empresas, sino para la propia Universidad de León y la coherencia entre sus principios de justicia, equidad, solidaridad, etcétera, que siempre proclama, y las prácticas reales que mantiene. Una enseñanza universitaria de calidad sólo es posible cuando el contexto en el que se desarrolla también es de calidad.
Recordaremos, finalmente, que lo privado es de unos pocos y lo público es de todos y todas. Queremos una ULE al servicio de toda la comunidad universitaria, que respete los derechos de todas las personas que en ella están desempeñando su labor y que promueva unos valores y unas prácticas en esta dirección.