Hacia la aprobación de la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional

El proyecto de ley aprobado en Comisión durante la pasada legislatura fue presentado ante el Plenario del Congreso generando una fuerte discusión sobre parte de su contenido, como la prohibición a aceptar ayudas alimentarias que contengan Organismos Genéticamente Modificados (OGM). Finalmente, el proyecto fue reenviado a una Comisión especial para su revisión y para buscar consenso entre las diferentes bancadas.

Sirel conversó con la diputada Mónica Baltodano para conocer en detalle los contenidos del proyecto de ley, y cuáles van a ser los siguientes pasos para llegar a su rápida aprobación.

-¿Cuáles son los ejes fundamentales de esta ley que se pretende aprobar?

-Es una ley que tiene un enfoque fuertemente defensor del derecho y de la obligación del Estado nicaragüense de propiciar la soberanía alimentaria. Es decir, de procurar que los nicaragüenses produzcan los alimentos esenciales para su propia vida de manera autónoma y sin estar subordinados a la producción mercantil que proviene del exterior.

Hace también énfasis sobre los derechos de los nicaragüenses a tener una alimentación adecuada, y el de los niños a recibir las calorías necesarias para su pleno desarrollo. En Nicaragua los índices de pobreza extrema son muy elevados, lo que implica que existan muchos casos de desnutrición con consecuencias que inciden directamente en las oportunidades y dignidad de vida de las generaciones futuras. La ley promueve además un tema muy polémico como es el «principio de precaución».

-¿De qué se trata exactamente?

-En el mundo hay toda una corriente de investigadores y de impulsores de la soberanía y la seguridad alimentarias que estiman que no se puede afirmar de manera categórica que los OGM son beneficiosos para la salud, pero tampoco que sean dañinos. Cuando se modifica el ADN de un organismo, incluyendo genes de otro organismo, nadie puede todavía demostrar que esto no acarrea consecuencias. Se debería experimentar e investigar a fondo el tema, pero sabemos que las grandes transnacionales no lo están haciendo y prefieren utilizar de cobayos a los pueblos que padecen de hambre y pobreza. El principio precaución establece que cuando no está demostrado científicamente que algo no hace daño, un Estado responsable debe procurar que su pueblo no lo consuma hasta que se hayan despejado las dudas. En este caso, la carga de la prueba recae en quien quiere vender y hacer proliferar el consumo de las variedades genéticamente modificadas. Son estas empresas las que tienen que cargar con el costo del proceso investigativo para demostrar que no hay peligro. Es un principio que nos lleva a proponer la prohibición de la importación y el consumo de alimentos genéticamente modificados, y esto ha provocado mucha discusión e hizo que la aprobación de la ley se trabara.

-¿Por qué se origina esta resistencia?

-Hay mucha desinformación en el país, muy poco conocimiento acerca del tema, y nunca se ha abierto un debate a fondo por lo que se ha originado mucha confusión. Aún así, creo que el artículo en donde se detuvo la discusión está mal formulado, porque plantea únicamente que el país no debe aceptar donaciones que contengan OGM, cuando en realidad debería ser más amplio e incluir también las importaciones, porque de la forma en que está redactado el artículo, el comercio quedaría abierto a la importación de transgénicos.

-¿Qué más plantea la ley?

-Hay otro punto que consideramos muy importante. Además de la soberanía alimentaria, articulamos el tema de la seguridad alimentaria. Por nuestra cultura milenaria, por la cultura de nuestros antepasados y por la experiencia de la producción tradicional campesina, tenemos suficientes variedades de semillas criollas y suficientes experiencias para generar una buena producción, que además es segura. Por eso no tiene sentido querer reemplazar esta cultura y experiencia milenaria con un tipo de producción que afecta a la población y a su cultura. Lo que decimos es que hay que combinar la capacidad y los incentivos del Estado con las tradiciones y las capacidades campesinas, para que la producción propia de cada nación se desarrolle sin ser aplastada por importaciones de semillas y productos que definitivamente no son una respuesta a las necesidades de las poblaciones.

La ley debe incorporar una concepto integral que defienda la cultura y las variedades que constituyen la biodiversidad de un pueblo.

-Otro punto que ha generado problemas es lo relacionado a la propiedad de la tierra.

-Hay una parte del art. 5 que plantea «promover procesos para acelerar la legalización de tierras al pequeño productor o productora, a las comunidades indígenas y facilitar el acceso a la tierra a la mujer campesina, como titular de la misma de forma individual o mancomunada». En Nicaragua el tema de la propiedad aún no está resuelto, y quedan litigios importantes alrededor de la tierra. Siempre hay prejuicios entre los miembros de las bancadas liberales en relación con el tema de la propiedad. Es probable que haya que hacer algunos ajustes para facilitar el consenso, pero hay que tomar en cuenta que el verdadero problema es que el dictamen de esta ley fue aprobado en Comisión en la pasada legislatura, y de los diputados que participaron en su discusión y aprobación ahora quedan sólo dos. Muchos diputados liberales manifestaron la necesidad de conocer más los contenidos de esta ley y la Comisión especial que se formó tendrá este objetivo, es decir, revisar los puntos más delicados y acercar posiciones para aprobarla lo más pronto posible.

-¿Se piensa consultar a las organizaciones de la sociedad civil que han impulsado la aprobación de esta ley?

-Ya fueron consultadas en el pasado para la elaboración del actual dictamen, pero no todo lo que aportaron fue incluido. Yo voy a proponer que se consulten nuevamente, pero esto va a depender también de la decisión de la Comisión.

-¿Cuándo podría regresar al Plenario para su aprobación?

-Si la Comisión trabaja aceleradamente podría regresar a fin de agosto.