El derecho internacional establece el derecho de toda persona a no ser sometida a tortura o trato o pena cruel, inhumano o degradante. Es deber de los Estados demostrar su condena absoluta a tales actos, tanto en el plano de su legislación interna como en las actuaciones de todos sus funcionarios. Además de respetar la […]
El derecho internacional establece el derecho de toda persona a no ser sometida a tortura o trato o pena cruel, inhumano o degradante. Es deber de los Estados demostrar su condena absoluta a tales actos, tanto en el plano de su legislación interna como en las actuaciones de todos sus funcionarios. Además de respetar la prohibición de la tortura y los malos tratos, es obligación de los Estados investigar de forma inmediata tales actos, someter a los responsables a un proceso justo, imponerles un castigo y ofrecer a las víctimas una reparación adecuada.
Amnistía Internacional trabaja para la erradicación de la tortura en todo el mundo. En España le preocupa en particular la detención de personas en régimen de incomunicación, los casos de tortura y malos tratos de personas extranjeras por parte de las fuerzas de seguridad y la falta de investigaciones imparciales y mecanismos efectivos de rendición de cuentas y reparación a las víctimas cuando se producen estos hechos. Ver el informe Sal en la herida: la impunidad efectiva de agentes de policía en casos de tortura y otros malos tratos.
El régimen de incomunicación
Amnistía Internacional se opone a la detención en régimen de incomunicación por ser una práctica que facilita la tortura y los malos tratos y que aumenta el riesgo de violaciones de derechos humanos contra los detenidos.
Actualmente en España se puede mantener detenida a una persona en régimen de incomunicación por un periodo de hasta 13 días, los primeros 5 sin tener la posibilidad de ser llevado ante un juez, lo que viola normas internacionales de derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La preocupación de Amnistía Internacional es compartida por organismos como el Comité contra la Tortura, el Relator contra la Tortura de Naciones Unidas o el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura.
Amnistía Internacional pide al Gobierno español que o bien elimine la detención en régimen de incomunicación o se aseguren todas las garantías para los detenidos, como el derecho a la asistencia letrada y médica de libre elección.
Tortura y malos tratos a personas extranjeras
En los últimos años Amnistía Internacional ha documentado detenciones ilegales y malos tratos con componente racista, especialmente a ciudadanos extranjeros, y ha denunciado también la impunidad que parece amparar a los que cometen esta violaciones de derechos humanos.
El informe de la organización España: Crisis de Identidad. Torturas y malos tratos de índole racista a manos de agentes del Estado , documenta más de 320 casos de torturas y malos tratos con un componente racista en los que estaban involucrados agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, así como de las policías autonómicas y locales.
En el caso de los extranjeros indocumentados existe el temor a denunciar a agentes de policía o guardias civiles por miedo a ser expulsados del país. Otros aspectos destacables son el temor a presentar denuncias debido a la práctica común entre los funcionarios de denunciar a su vez a la víctima o amenazar con tomar otras represalias, y la posible dificultad para contar con traductor o intérprete y para ser asistido por un abogado. Amnistía Internacional ha instado al Gobierno español a establecer un órgano imparcial e independiente con capacidad para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad.
Reparación a víctimas de la tortura
El derecho internacional establece que las víctimas de tortura y malos tratos tienen el derecho a recibir del Estado una reparación inmediata que incluya la restitución, una indemnización justa y adecuada, así como atención medica y cuidados apropiados para su rehabilitación.
Amnistía Internacional ha manifestado su pesar por la impunidad que parece amparar en España a los funcionarios responsables de tortura y malos tratos y por la falta de garantías para las víctimas de estos delitos de obtener una reparación satisfactoria.
En su informe España: Acabar con la doble injusticia: Víctimas de tortura y malos tratos sin reparación, Amnistía Internacional denunciaba la larga duración de los procesos por tortura y documenta casos en los que víctimas de tortura han tenido que esperar entre 15 y 20 años para obtener una sentencia firme que determine una indemnización. El informe también ilustra numerosos casos en los que, a pesar de que las torturas o malos tratos han resultado probados, las víctimas no obtienen indemnización alguna. También constata que la cuantía de las cantidades concedidas en concepto de indemnización ha sido, por regla general, muy baja.