El problema del uso y abuso de agrotóxicos en Nicaragua es algo que ha despertado la preocupación de muchos sectores de la sociedad, incluyendo a las instituciones que están directamente vinculadas a la protección de la salud humana y el medio ambiente. La trágica historia de los ex trabajadores azucareros y bananeros del occidente de […]
El problema del uso y abuso de agrotóxicos en Nicaragua es algo que ha despertado la preocupación de muchos sectores de la sociedad, incluyendo a las instituciones que están directamente vinculadas a la protección de la salud humana y el medio ambiente.
La trágica historia de los ex trabajadores azucareros y bananeros del occidente de Nicaragua y su lucha por el respeto de sus derechos, es algo que ya dio la vuelta al mundo, cautivando el interés y la solidaridad nacional e internacional. Sin embargo, representa solamente una pequeña expresión de una problemática mucho más compleja y amplia.
Es en este contexto que los técnicos de los ministerios de Salud, Agricultura y Ambiente consensuaron una resolución para la prohibición o restricción de una larga lista de herbicidas, agrotóxicos e insecticidas, clasificados entre los más peligrosos.
Sirel accedió a una entrevista exclusiva con el Dr. Jesús Marín, director del Centro Nacional de Prevención y Control de Sustancias Tóxicas del Ministerio de Salud (MINSA), para conocer la situación que se vive en Nicaragua y los contenidos de esta resolución.
-¿Cuál es la dimensión del fenómeno en términos de afectaciones e intoxicaciones por agrotóxicos?
-En los últimos años en Nicaragua las intoxicaciones por agrotóxicos se han vuelto una epidemia. Relacionado con eso, tenemos un gran problema con los intentos de suicidio con estos químicos. La cantidad de fallecidos ha aumentado mucho, pasando de 140 en el 2006 a 207 el año pasado. Uno de los problemas que hubo es que entró y se vendió sin permiso en todo el país la Fosfina. Cuando nos dimos cuenta que el número de fallecidos y de afectados estaba aumentando, pedimos la intervención del Ministerio de Agricultura (MAGFOR) y se prohibió totalmente su venta y se decomisaron miles de tabletas. En general, lo que hemos constatado es una muy pobre fiscalización sobre la venta de estos agrotóxicos y al mismo tiempo, se trata de productos altamente tóxicos. En el caso de las intoxicaciones por aplicación de agrotóxicos a cultivos, el año pasado tuvimos una ampliación de las áreas sembradas y también un aumento de los periodos de siembra. Esto fue originado por los daños causados por los fenómenos naturales que obligaron a volver a sembrar más de una vez los cultivos que se habían perdido. Por eso el uso de agrotóxicos fue mucho mayor que en los años pasados. Afortunadamente, los casos de intoxicaciones que detectamos se mantuvieron casi iguales que en los años pasados, llegando a un total aproximado de 1.265 casos. En esto ayudó mucho el programa de capacitación para usuarios de agrotóxicos, el manejo adecuado, los signos de riesgo, la seguridad en la casa y cómo usar las bodegas. En total capacitamos a 22.700 personas y a más de 250 médicos en la atención a personas que llegan a la emergencia por intoxicación.
-Hay un estudio de la OPS que calcula en un 98 por ciento el subregistro del MINSA en casos de intoxicaciones por agrotóxicos. ¿Qué tan cierto es ese dato?
-Fue un estudio descriptivo en el cual llegaron a preguntar a las personas si tenían algún síntoma de intoxicación y si habían acudido a un Centro de Salud. Es por eso que criticamos estos resultados, porque lo ideal hubiese sido acompañar la entrevista con análisis de laboratorio para confirmar las declaraciones de las personas entrevistadas. Para calcular el subregistro real hay que tomar en cuenta varios aspectos. De todas las intoxicaciones las que llegan a buscar asistencia son las de moderadas a severas, mientras que las intoxicaciones leves son auto tratadas o auto reversibles y no se registran. Además, muchas intoxicaciones son atendidas en los servicios privados y en el Seguro Social. Al final creemos que el subregistro real es entre un 10 y 15 por ciento.
-Frente a esta situación alarmante diferentes ministerios decidieron estudiar una nueva resolución. ¿De qué se trata exactamente?
-Tenemos años de querer sacar una resolución que prohiba los agrotóxicos que más daños provocan a la salud y al medio ambiente. En todo el año pasado estuvimos trabajando con el MAGFOR y el MARENA, y en el pasado mes de diciembre se consensuó la forma técnica de una resolución ministerial, la cual ya se pasó al Ministro de Agricultura para su publicación.
-¿Cuáles son los elementos novedosos de esta resolución?
-Lo que buscamos es prohibir el Metil Paration y el Metamidofos, mientras que el Etoprofos ya está prohibido. Queremos también restringir totalmente la venta libre de Paraquat, Fosfina, Endosulfan, Clorpirifos y con eso completar la resolución anterior que se sacó hace cuatro años. Hay otros cincos productos que ya casi no tienen presencia en Nicaragua por falta de importación, que son Aldicarb, Carbofuran, Monocrotofos, Metomil y Terbufos. En el caso de los 17 agrotóxicos que conforman la docena sucia 1 ya están totalmente prohibidos 2 .
-Uno de los problemas que diferentes organizaciones han señalado no es sólo que haya una resolución que prohíba o restrinja la venta de esos productos, sino la falta de mecanismos de fiscalización y de control para que estas resoluciones se cumplan. ¿Qué tipo de medidas van a implementar?
-El principal instrumento que trae la resolución es que la fiscalización no va a ser sólo del MAGFOR. El problema que tuvimos en el pasado es que el MAGFOR es la única institución que tiene el mandato de la ley para ir a fiscalizar, mientras que ahora van a participar también el MINSA y el MARENA. Ahora también estas instituciones van a tener esta potestad.
-¿Van a contar también con el apoyo de las fuerzas policiales para controlar la entrada ilegal en el país de estos químicos?
-Esta es una de las grandes falsedades que tenemos. Lo que entra en el país y lo que se vende ya está debidamente registrado y la cantidad de contrabando es mínima. El verdadero problema es la venta ilegal y el mismo sistema de cómo se trabaja en Nicaragua para vender agrotóxicos es una total barbaridad. Hay aproximadamente 15 empresas que importan y tienen representación en las principales ciudades. Solamente 5 de ellas llegan a todos los Departamentos y solo 1 tiene representación en todos los municipios. Pero al final en cada municipio hay por lo menos 50 vendedores de agrotóxicos, de los cuales solo el 20 por ciento está registrado. Estos son compradores de las grandes empresas importadoras, las cuales prefieren vender el producto en Managua y que se los lleven para los municipios, no importa a quien después se los venda. Es por eso que la mayoría de las ventas a nivel local son ilegales.
-¿Qué se puede hacer frente a esta situación?
-Es lo que mandata la nueva resolución, o sea que podrán vender agrotóxicos sólo los que están legalizados. A los otros se les va a cerrar la actividad y decomisar el producto. En este caso van a intervenir diferentes sujetos, como la alcaldía y la fuerza pública.
-Otro gran problema es qué se va a hacer con todos estos agrotóxicos decomisados, porque para su eliminación se necesita de una tecnología con la que Nicaragua no cuenta y que además, es muy costosa.
-Actualmente tenemos aproximadamente 5 toneladas de químicos y no sabemos que hacer con ellas. El MARENA tiene contactos para enviarlas a Finlandia a través de un proyecto para su eliminación, pero es un problema que se va a presentar todos los años. Lo más importante ahora es comenzar a arreglar todo el sistema. Por ejemplo, la ley mandata que sea el dueño de estos agrotóxicos a cargar con los costos de su eliminación, pero con este sistema de venta el producto se va a decomisar en los municipios a vendedores que no tienen representación arriba.
-Hay instancias muy importantes, como son el Comité de Seguridad Química y la Comisión Nacional de Agrotóxicos, que tengo entendido no se han reunido todavía desde que asumió el nuevo gobierno. ¿A qué se debe este atraso?
-El Comité de Seguridad Química lo dirige MARENA y ya hubo una primera reunión en enero y tenemos previsto darle seguimiento en este mes. La que no se ha reunido es la Comisión Nacional de Agrotóxicos, donde están también las organizaciones de la sociedad civil. Ha sido un problema de burocracia y de actualización de los representantes de cada ministerio, que todavía no se ha dado. Nosotros hemos solicitado esta reunión, pero por el momento no se pudo.
-Cuando hablamos de agrotóxicos no podemos dejar de mencionar los casos de los afectados del Nemagón y de la Insuficiencia Renal Crónica (IRC). ¿Qué se ha hecho en este primer año de nueva administración de Salud?
-Como MINSA nos toca dar atención y también participar en las actividades de Salud Ocupacional del MITRAB y en las investigaciones que se están haciendo, pero el presupuesto no siempre nos lo permite. En cuanto a la IRC, logramos hacer lo que nunca se hizo en el pasado. Cinco hospitales -León, Chinandega, Estelí y dos en Managua- están preparados para tratar con diálisis y hemodiálisis lo casos que se presentan. Hay capacidad para tratar 30 pacientes semanales en cada uno de estos hospitales y suficiente medicamentos para cumplir con la demanda. Pero el problema es que la gente no quiere llegar porque le tiene terror a la diálisis y tiene la razón. En los años anteriores se les ofrecía la diálisis intermitente por crisis y se atendían solamente los casos en fase terminal, evitando que fallecieran en este preciso momento. Lo que se está ofreciendo ahora es darles la diálisis antes de que lleguen a esta etapa y estamos hablando de un tratamiento tres veces a la semana, llegando hasta la casa de las personas para darles seguimiento y también el tratamiento.
Otra cosa que se hizo es un estudio de la situación de todos los pacientes. Lo que detectamos es que sólo entre el 5 y el 7 por ciento necesita diálisis y calculamos unas 200 a 300 personas que podríamos perfectamente atender, pero en nuestros centros no estamos atendiendo a esta cantidad de personas, porque, a pesar de estarlos invitando, no llegan. El restante 95 por ciento necesita solamente de tratamiento médico, pero como están en una fase inicial y se sienten bien, tampoco llegan. Existe una gran desinformación y desconfianza hacia el sistema de Salud y en este caso necesitamos también de la ayuda de la sociedad civil, para que se informe a la gente de esta nueva oportunidad.
-¿Existe la posibilidad de detectar exactamente la causa de esta epidemia de IRC?
-Necesitamos de la ayuda de los afectados, porque en la fase inicial de la enfermedad hay la posibilidad de detectar exactamente cuál fue la causa. Pero no están llegando. La UNAN León está desarrollando una investigación para detectar nuevos casos y se han encontrado con el mismo problema.